Agitado fin de año judicial con la expansión de las investigaciones que se desarrollan en torno a la cúpula de la AFA y la multiplicación de causas en los juzgados federales del Gran Buenos Aires y de la Capital, un verdadero desafío al inmenso poder que acumuló en estos años Claudio Tapia, “Chiqui”.

Según fuentes oficiales, el jefe de la AFA no intentó, por el momento, buscar algún tipo de conexión política con el gobierno, en el que tiene algunos nexos subterráneos de años de relaciones. Uno de ellos es Diego Santilli, el ministro del Interior, que hasta esta semana no había recibido ningún mensaje del titular del CEAMSE, el organismo de saneamiento ambiental en el que forjaron el vínculo años atrás, tal vez para no comprometerlo. Lo cierto es que desde el Ejecutivo se sigue con especial interés el derrotero judicial de “Chiqui”, que el viernes sumó la primera embestida oficial por parte del gobierno por la denuncia de la DGI por la apropiación indebida de aportes previsionales por más de $7.000 millones.

El allanamiento de esta semana a la imponente mansión de Villa Rosa, en Pilar, en un vecindario plagado de vecinos poderosos de la política y el ambiente del fútbol, que determinó una colección obscena de autos de alta gama, concluyó además con la decisión de la Cámara Federal que envió la investigación que instruyó en ese operativo el juez Daniel Rafecas al juzgado 10 en lo penal y económico que dejó Diego García Berro y que subroga Marcelo Aguinsky, próximo a volver de un viaje por el exterior. En el sistema judicial se preguntan con qué espíritu liderará el juez la investigación si se tiene en cuenta que, por la subrogancia, se sortea el juzgado cada cuatro meses. Operadores judiciales recordaron además por estas horas que el magistrado sonó con fuerza en su momento como potencial colaborador de Patricia Bullrich si es que la senadora hubiera tenido éxito en su campaña presidencial, en el 2023. Bullrich es tal vez, junto a Federico Sturzenegger, una de las abanderadas de la avanzada contra la conducción actual de la AFA.

En los tribunales federales bonaerenses, la disputa por los expedientes focalizados en las audacias financieras de Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, está a punto de sumar un nuevo capítulo: el martes, el juez Jorge Di Lorenzo de la Cámara Federal de La Plata empezará a decidir si el caso le corresponde a Luis Armella o a Federico Villena, que pausó una serie de medidas de prueba tras la petición de la fiscal Cecilia Incardona, por la conexidad de los expedientes, denunciada en simultáneo por el juez de Lomas de Zamora por el supuesto “forum shopping”. Una pelea a cielo abierto que desnuda solo una de las disputas de facciones en la Justicia federal que el pasado viernes hizo gala de sus relaciones y de las conexiones con el mundillo político con el mega festejo de fin de año organizado por Jorge Rodríguez, el poderoso juez federal de Morón que desplegó hace dos viernes sus dotes de eximio anfitrión en la quinta Vacarezza del CEAMSE, sobre el Camino del Buen Ayre, una fiesta que, como reveló este medio, contó entre sus más de 600 invitados del universo político-judicial con la asistencia de representantes de Las Fuerzas del Cielo, nada menos que en cabeza de su principal referente, el consultor Santiago Caputo, que llegó acompañado por otro renombrado compañero de organización.

Fue extraña la presencia del principal consultor del presidente, que había sido invitado por Rodríguez en varias ocasiones, que siempre respondía con un “la próxima” y que esta vez sí eligió participar del evento. Un buen anzuelo para aquellos malintencionados que suelen ser proclives a las conspiraciones y los movimientos sofisticados. “Conociéndolo, no fue algo muy pensado. A veces se toman decisiones sin pensar demasiado. Lo invitaron, y fue”, arriesgó un integrante de Las Fuerzas del Cielo que tiene cargo formal en el gobierno.

La participación del asesor en un evento de esas características coincidió con la decisión, aparentemente planificada, de Karina Milei de empezar a incursionar en un rubro ajeno e inexplorado por ella, en el que hasta ahora se había mantenido al margen: la vinculación con la Justicia. Como se anticipó en esta sección el domingo pasado, el gobierno presentó formalmente el pedido para quedarse con el asiento que el radicalismo deja libre en el Consejo de la Magistratura, y que era ocupado por Roxana Reyes, que acaba de finalizar su mandato de diputada en el Congreso. Martín Menem postuló el jueves a última hora al cordobés Gonzalo Roca, socio del jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, excusado en la nueva composición parlamentaria. “Karina desembarca en el Consejo de la Magistratura”, resaltaron desde el oficialismo. En paralelo a esa movida, que puede ser judicializada por la UCR, la expresidenta Cristina Kirchner sumó a otra espada más en ese órgano que selecciona, propone y remueve jueces: la senadora Anabel Fernández Sagasti.

La jugada no tuvo participación activa por parte de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que hasta ahora se había reservado la potestad de intervenir en temas vinculados a la Justicia. En ese órgano que preside Horacio Rosatti tiene un asiento Sebastián Amerio, el representante del Poder Ejecutivo, el delegado formal de Caputo en la Justicia. El secretario de Justicia participó el martes por la noche en la cena de la Asociación de Magistrados, en La Rural, en la que estuvieron los tres jueces de la Corte Suprema -compartieron mesa- junto a cientos de jueces y fiscales, a pesar de una muy escasa presencia de magistrados de primera instancia de los tribunales de Comodoro Py. La cena estuvo atravesada por un tema excluyente, motivo principal de preocupación del sistema: las vacantes acumuladas en estos dos años de gestión libertaria, una problemática que Rosatti abordó en su discurso cuando defendió la gestión del consejo: dijo que, a partir del 2026, habrá un notorio impulso a la aprobación de ternas. El cortesano detalló también los tres sistemas de selección de jueces que imperan en el mundo: a dedo, por elección popular y el formato actual que se introdujo en la reforma constitucional del ‘94. El segundo caso es la variante de México, que tuvo este año su primera prueba tras la reforma impulsada en su momento por Andrés Manuel López Obrador, una elección poco atractiva para los mexicanos -acudió solo un 13% del padrón nacional-, pero seductora para un grupo de dirigentes K que viajó especialmente para la ocasión. De manera pública, Ricardo Lorenzetti también fue contundente respecto a la inacción del Ejecutivo en la designación de jueces: “40% de vacantes” sin resolver, dijo, y “debilidad institucional” del sistema.

En la Rural escuchaban atentamente Amerio y el ministro Mariano Cúneo Libarona, que tiene prevista una licencia para el mes de enero por un viaje a Alemania a acompañar a su pareja, y que también dirigió unas palabras que en algunas mesas apenas se escucharon. “Parece como si le hubieran bajado el volumen”, bromeó un asistente.

¿Regalos de Navidad? El agitado final de año para la Justicia tiene su propio capítulo en la política con la discusión y las negociaciones en torno al presupuesto 2026 y el envío del proyecto de reforma laboral que sorprendió a la cúpula de la CGT por su espíritu antisindical. “Mientras pensábamos que estábamos negociando, ellos estaban ganando tiempo”, se despachó un jefe sindical mientras participaba de la reunión de la central obrera en la sede de Azopardo, en la que se definió la movilización del próximo jueves. No se destacó entre los ausentes Luis Barrionuevo, que hace rato no participa de esos encuentros, y que además mantiene un canal de diálogo con Sturzenegger, que lo visitó hace algunos meses en su despacho del gremio sobre la avenida de Mayo. Al ministro de Desregulación lo sindican como uno de los autores intelectuales del proyecto.

En la CGT hay preocupación. Algunos de los puntos más sensibles del proyecto oficial, como el fin de la ultraactividad, el banco de horas, los acuerdos por empresa y el cálculo para las indemnizaciones, sumaron mayor conflictividad con la inclusión de modificaciones que atacan de manera directa el financiamiento de los gremios, como la cuota sindical y solidaria, que varían entre el 1% y el 4% según cada sindicato. Meses atrás, la jefatura de ARCA ejecutó una acción similar cuando aplicó un mecanismo interno a los empleados de esa dependencia que después terminó judicializado. Por eso se activaron en las últimas semanas sucesivas reuniones con gobernadores y legisladores para empezar a explorar el tipo de posicionamiento que tendrán en el Congreso los distintos sectores. “Hay mucha calentura”, resaltó un dirigente sindical. Ahora se entiende por qué Gerardo Martínez no participó de la última reunión del Consejo de Mayo.

En la central obrera, también en el peronismo, sobrevuela una creciente inquietud por la posición que adoptarán algunos gobernadores que tras la elección de octubre se acercaron más al gobierno. Por ejemplo, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, a los que desde algunos sectores los bautizaron como “El bloque Ja-Ja”. El tucumano acaba de conseguir por ese acercamiento un verdadero regalo de Navidad: una transferencia de $20.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una cifra que, hasta ahora, nunca se había desembolsado de una sola vez durante la gestión de Javier Milei.

En el gobierno dicen que pueden haber hacia fin de año más sorpresas. Incluso hay quienes deslizan puertas adentro que se habla de una cifra cercana a los $150.000 millones que el Ejecutivo estaría dispuesto a transferir a los gobernadores aliados como moneda de cambio por la aprobación del presupuesto, no solo en ATN si no también por otras deudas pendientes. Hay gobernadores muy inquietos porque el pago del medio aguinaldo de este mes llevó en algunos casos a las cuentas en rojo.

Es algo que Santilli habló con varios jefes provinciales. El ministro quiere colgarse la medalla del presupuesto al igual que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fascinado con su cargo: su anuncio de “auditoría” a los ministros no cayó muy bien en el gabinete, aunque tiene el aval de la secretaria general de la Presidencia.

El gobierno quiere resultados cuanto antes en el Congreso, para revalidar el contundente triunfo de octubre y darle aire a una economía que, a pesar de la mejora en algunos sectores, todavía muestra números en rojo en actividades clave como la construcción, el comercio o la industria. Es un tema tabú del círculo rojo empresario, que apoya casi de manera unánime la gestión macro del gobierno, pero que monitorea con muchísima inquietud la actividad económica.

Algo de ese diagnóstico se escuchó en la noche del miércoles en la cena lanzamiento de “La mesa de diálogo para la Argentina que se viene”, una iniciativa con integrantes del ámbito judicial, religioso, empresarial, sindical, académico y de la sociedad civil, que tendrá reuniones mensuales durante el 2026, que fue ideada por Andrés Prieto Fasano, abogado laboral, y Guillermo Marcó, que sumaron al periodista Hernán Reyes Alcaide.

El primer encuentro reunió desde empresarios como Adrián Werthein y Gustavo Weiss a Hilda Kogan, de la Suprema Corte bonaerense, Omar Abboud -acaba de ser elegido para presidir el Diálogo Interrreligioso- y Vicente Gutiérrez, del Banco Galicia y Adeba Joven. Iba a ser de la partida Cristian Jerónimo, uno de los jefes del triunvirato de la CGT, pero se excusó por las reuniones contra reloj en torno al proyecto de reforma laboral que desvela al sindicalismo.