POLITICA
Círculo rojo: Hidrovía auditada, versiones post octubre en el Gabinete y cierres provinciales
Unos meses después de que el Gobierno diera de baja el concurso por la hidrovía, y denunciara a la empresa DEME, de origen belga, que buscó frenar el proceso con una serie de denuncias judiciales -se sigue en los tribunales de Defensa de la Competencia-, el Poder Ejecutivo volvió a la carga para intentar avanzar, hacia el último trimestre del año, en un nuevo llamado a licitación para la vía que se utiliza para transportar el 80% de los bienes exportados de la Argentina.
Después de una intensísima disputa público y privada, con altísimos intereses cruzados entre el gobierno y Mauricio Macri, y de que desde el propio Ejecutivo se acusara al ex presidente de orquestar una “operación sin precedentes desde equipos técnicos que fueron parte de su gobierno”, la Casa Rosada reeditó una ronda de consultas con mesas sectoriales y con visitas a todas las provincias involucradas, con una novedad: por primera vez desde que la administración libertaria tuvo que bajar el fallido proceso licitatorio, habrá una auditoría externa a cargo de la UNCTAD, la oficina de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo que ya había firmado un contrato con la anterior gestión de Cambiemos para supervisar el procedimiento que, tanto antes como ahora, es seguido con especial atención por actores de peso del establishment local, detrás de un negocio mega millonario.
En el Gobierno dicen que la instrucción de Javier Milei fue justamente atar el proceso a una revisión internacional como el caso de la ONU, pero lo cierto es que en Casa Rosada reconocen que fue el PRO el que “metió ruido” en la licitación, es decir, que fueron el propio Macri y parte de su entorno los encargados de poner la lupa en un procedimiento que fue cuestionado y que el Ejecutivo no tuvo margen para no darlo de baja.
La licitación está a cargo de Iñaki Arreseygor, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, un funcionario técnico que ya había trabajado para el PRO, que está abocado casi a tiempo completo al proceso: sus colaboradores explicaron que, una vez que se cayó el pliego, en febrero pasado, se incorporaron “técnicos del PRO” y que “la idea es convocar a audiencia pública” hacia octubre, una vez que finalicen la ronda de consultas que ya fueron supervisadas, en reuniones recientes, por técnicos españoles de la UNCTAD que viajaron especialmente para la ocasión. “El pliego que salga va a estar auditado”, opinaron desde el Gobierno. Desde la cúpula del PRO sigue la desconfianza.
Es que la licitación por la hidrovía, a cargo de Puertos y concesionada actualmente por la empresa Jan de Nul, con fuertes vínculos locales, se presentó a la luz del día como la primera gran disputa entre La Libertad Avanza y el PRO cuando la relación entre Milei y Macri empezó a crujir. “Mauricio, por décima vez: no te vamos a dar la hidrovía”, se escribió en noviembre del año pasado en la cuenta de X de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación de Santiago Caputo, que tiene una influencia directa sobre Arreseygor. El posteo se publicó después de que se cayera por primera vez el proyecto de Ficha Limpia en Diputados y el vínculo entre el ex presidente y el “triángulo de hierro” empezara a mostrar serias señales de quiebre.
Octubre, ¿y después? Serias son las disputas que se libran en el territorio bonaerense entre el sector de Caputo y el bando de Karina Milei, representado en la figura de Sebastián Pareja, el armador provincial de la secretaria General que se complementa, a nivel nacional, con la familia Menem como sus principales operadores.
Condenada y presa Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, el Gobierno diseña su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires con una premisa: la lapicera para las listas seccionales de septiembre tendrá a la hermana presidencial como su única dueña, y se especula con que la influencia de Caputo, el consultor estrella, sea algo menos relevante sin la ex presidenta en el campo de juego electoral.
En ese contexto, las alquimias electorales para septiembre y octubre, y el acuerdo entre el Gobierno y el PRO en territorio provincial, tendrían un impacto directo en el gabinete libertario, que casi seguro sufrirá modificaciones después de las elecciones. No solo por los funcionarios-candidatos, sino porque puertas adentro del Ejecutivo reconocen que la administración libertaria necesitará más temprano que tarde una refrescada. Desde las propias Fuerzas del Cielo son conscientes de que la gestión empezó a mostrar señales de fatiga, y que la narrativa ya no entusiasma como hace algunos meses atrás.
En ese sentido, ya se empiezan a especular con algunos nombres. Uno de ellos es el de Luis “Toto” Caputo: en Economía comenzaron a trascender versiones para después de las elecciones de octubre para “el mejor ministro de la historia”. Dentro de la ARCA lanzaron, en paralelo, a Juan Pazo como virtual reemplazo, aunque cerca del funcionario desmintieron categóricamente cualquier tipo de destino, más allá del reconocimiento a todo tipo de especulaciones.
Cualquier modificación en el Gabinete estará relacionada, además, con la decisión que el triángulo de hierro vaya a tomar en virtud de la habilitación, o no, de potenciales candidaturas testimoniales. Es un debate desatado alrededor de Patricia Bullrich, que tiene todos los boletos para subirse en octubre como postulante a senadora por la ciudad de Buenos Aires: la ministra debe definir de manera paralela si tiene o no intenciones de intentar un camino hacia la Jefatura de Gobierno en el 2027, y aprovecharse de la debacle del PRO en la casa matriz.
En ese hipotético plano, se menciona a Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad, de su riñón, como posible reemplazo de Bullrich. En ese listado anotan, en tanto, al intendente Diego Valenzuela, el compañero de facultad de Milei, asiduo visitante de Olivos. Algunos aportaron el nombre de Cristian Ritondo, actor principal de las negociaciones LLA-PRO en territorio bonaerense, pero el puesto no sería ahora del interés del diputado. En cambio, a Guillermo Montenegro, de Mar del Plata, casi seguro cabeza de lista de la quinta sección electoral de una alianza violeta, le tienta volver a vivir a la capital, y tener una oportunidad en el Gabinete, en ese caso en Justicia si es que los Milei deciden desprenderse de los servicios de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, de la escudería de Caputo, acepta a un peso pesado como el intendente.
Las negociaciones en territorio provincial no se circunscriben solo a LLA y el PRO: el radicalismo también presiona para tener influencia. Y hay movimientos también en el peronismo no K. El miércoles, por lo pronto, podría haber una foto entre el intendente Julio Zamora, de Tigre, y un grupo de jefes comunales de la UCR. ¿Zamora podría encabezar una boleta referenciada en Facundo Manes en la primera sección electoral en septiembre? Podría ser. El diputado neurocientífico armaría una puesta en escena esta misma semana en La Plata con el cordobés Juan Schiaretti.
En simultáneo, en el seno del Gobierno, existen todavía trascendidos alrededor de Manuel Adorni, legislador electo porteño, a pesar de que las posibilidades de que asuma su banca en diciembre siguen siendo altísimas. Al vocero presidencial, sin embargo, podrían guardarle para después de que desembarque en la Legislatura un puesto de muchísima más relevancia que el actual en el gabinete. Al menos eso es lo que se comenta en usinas porteñas.
Es una incógnita aún el caso de Luis Petri, sobre quien también se especuló, porque el ministro de Defensa, que acumuló tensiones con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, prefiere mantener la atracción pública del gabinete nacional y no recalar otra vez en el Congreso, para tener que pelear por la vidriera junto a 257 diputados.
Last dance, ¿next dance? De Mendoza a Corrientes, próxima a elegir gobernador en las elecciones del 31 de agosto, una de las dos provincias -la otra es Santiago del Estero- que eligen sucesor provincial en este calendario. No se sabe cuántos bailes más habrá en los próximos tiempos en el balcón de San José 1111, esquina Humberto Primo, en Constitución, pero el de Corrientes del 7 de junio pasado, 72 horas antes de que la Corte Suprema rechazara el recurso de queja de los abogados y confirmara la prisión a seis años y la inhabilitación perpetua, fue su last dance en un acto público proselitista, en ese caso para apuntalar al candidato Martín Ascúa, al que visitó solo por unas horas: del aeropuerto, viajó 130 kilómetros por tierra hasta el anfiteatro de Paso de los Libres donde se hizo la presentación y, apenas terminado el acto, otros 130 kilómetros de vuelta para embarcarse por aire otra vez hacia Buenos Aires.
Los organizadores, como ya se publicó en esta sección, soñaban con tener a Cristina Kirchner en al menos otras dos oportunidades, en una provincia en la que registra buenas mediciones, de cara a las elecciones del 31 de agosto, para tratar de forzar una segunda vuelta y llegar al 7 de septiembre bonaerense con envión hasta que la Corte hizo trizas esa estrategia de campaña.
Abocados al rediseño de la campaña, en el peronismo se espera, sin embargo, por la negociación entre el gobernador Gustavo Valdés y la Casa Rosada, a un par de semanas del cierre de alianzas. Lo último que se sabe es que Eduardo “Lule” Menem, que habla en nombre de “El Jefe”, le transmitió a Valdés como definición casi inamovible que LLA no está dispuesta a ir como aliada si la decisión final es postular a Juan Pablo, el hermano de Valdés, como se prevé con un alto grado de certeza. “Si eso pasa, y hoy pareciera ser así, no cerramos y vamos solos por afuera”, opinaron fuentes libertarias.
Es una estrategia audaz porque el Gobierno podría correr el riesgo, en ese contexto, de salir tercero. Por el contrario, la Casa Rosada ofreció acordar un postulante común -aún se ilusiona el senador radical Eduardo “Peteco” Vischi, un eterno soñador, también el diputado Lisandro Almirón, y nunca pierde las esperanzas el remero Carlos “Camau” Espínola-. Sigue el humo negro.
Tampoco hubo, hasta ahora, humo blanco en otras provincias, como Entre Ríos, los pagos de Rogelio Frigerio, que trabaja para alcanzar un acuerdo con los libertarios para octubre, en un distrito que además renueva sus tres senadores. La renovación de la Cámara alta posiciona a Entre Ríos en un selecto grupo junto a otras siete provincias, porque, en paralelo, el PJ acaba de cerrar listas internas con una particularidad: encabezados por Adán “Beto” Bahl para el Senado, y Guillermo Michel para Diputados, los peronistas negociaron con los intendentes y todos los sectores del PJ entrerriano listas de unidad. En realidad, con casi todos los sectores: no hubo lugar para La Cámpora.
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Tras las agitadas sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei entre el 10 de diciembre y ayer -inclusive-, el Congreso ya se prepara para el receso y aguarda un nuevo llamado, en principio, para febrero. Para el 1 de marzo quedará la apertura del período ordinario, a cargo del jefe de Estado, y un lote de candidaturas sensibles que deberá tratar el Congreso -la mayoría deben ser enviadas por el Ejecutivo y analizadas sólo por el Senado-, donde la gran incógnita es con quién negociará el Gobierno: la oposición dialoguista o el kirchnerismo.
A las dos butacas de la Corte Suprema de Justicia -hubo un fallido intento de la Casa Rosada el corriente año- se suman el procurador general -jefe de fiscales-, centenares de pliegos judiciales, y los Defensores del Pueblo y del Niño, entre otros. En el último caso, la postulante fue aprobada por Diputados y resta el aval de la Cámara alta. Se trata de María Paz Bertero, quien trabaja en Buenos Aires, y está relacionada con la gestión de Axel Kicillof y con el exjefe del PJ bonaerense Máximo Kirchner.
Bertero llegó al final del concurso gracias a un acuerdo del cristinismo/peronismo con la Unión Cívica Radical (UCR) y la otrora macrista María Sotolano, que para ese momento ya había sido electa en las elecciones provinciales -que desdobló Kicillof- en la lista que encabezó, por la Libertad Avanza, el excomisario Maximiliano Bondarenko. Esto ocurrió hace un puñado de meses, nada más.
A cambio de las gestiones que llevó, como presidenta de la bicameral, la entonces diputada radical Natalia Sarapura soñó con ser entronizada como Defensora del Pueblo. Hablamos de estructuras siempre codiciadas para hacer política. Y picardías. Incluso, a pesar los hachazos al gasto público de la administración libertaria. No ocurrió. Además, otros candidatos del centenario partido tuvieron una exposición muy por encima de la jujeña. Los mejores muchísimas veces no llegan, en reiteradas ocasiones, con el Congreso y el Ejecutivo metidos en la trifulca.
Más conocido es el caso de la Corte Suprema, con un sinfín de aparentes ventanas de negociación que no existieron. Y los votos nunca estuvieron. La Casa Rosada aceleró a fondo y se encontró con una muralla opositora, que hierve de furia por la demora de Balcarce 50 para mandar centenares de pliegos judiciales.
En junio pasado, previo a aterrizar en el recinto del Senado, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos informó que había 330 espacios sin ocupar. Es decir, casi un tercio (31,25%) del total. En la Justicia nacional de la Capital Federal, el exfuncionario indicó 178 vacantes de 571; en la federal de la Capital Federal, 46 de 159; y en la federal del interior del país, 106 de 326.
Dos meses más tarde, algunos dialoguistas que integraban la comisión de Acuerdos de la Cámara alta alertaron: “Existen un total de 337 vacantes actualmente distribuidas entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura. Específicamente, 184 de estas vacantes se encuentran ya elevadas al Poder Ejecutivo Nacional y 153 se encuentran en trámite dentro del Consejo de la Magistratura”.
“De las 153 en trámite, 138 corresponden a concursos ordinarios y 15 a concursos anticipados. A su vez, de aquellos en trámite, 136 son para tribunales habilitados y 17 para tribunales no habilitados. En múltiples anuncios el Gobierno Nacional ha declarado que remitiría prontamente al Senado de la Nación los pliegos en cuestión. Por ello la comisión de Acuerdos se ha mantenido atenta a ese envío con el fin de actuar con la mayor celeridad y responsabilidad en la tarea, entendiendo la urgencia y delicadeza que el tema conlleva”, agregaron los legisladores hace casi cuatro meses.
Otras pujas cercanas de definición apuntan a la Auditoría General de la Nación (AGN). En Diputados, los libertarios pactaron con el cristinismo y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, en contra del PRO y la UCR. Se repartieron tres lugares. Perdieron los fervorosos defensores del “consenso” y la “rosca”, que preparaban el desembarco de Emilio Monzó. Resta saber qué hará el Senado.
POLITICA
El titular de la UIF viajará a Estados Unidos para intercambiar información sobre la investigación a la AFA
Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) viajará en enero hacia Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar información sobre la investigación a la AFA.
El funcionario se reunirá con las autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), un organismo norteamericano que se especializa en el control de los delitos financieros. Su objetivo es detectar y prevenir el lavado de dinero.
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El intercambio de información entre la UIF y el FinCEN se da porque existe un convenio de colaboración entre ambos, para que puedan acceder y requerir información sobre inteligencia financiera relacionada con los presuntos delitos en la Argentina y Estados Unidos. El acuerdo también permite la posibilidad de que los propios organismos entreguen de manera repentina datos sobre maniobras de lavado de dinero y otros crímenes financieros.
La decisión de la UIF de reunirse con las autoridades norteamericanas se tomó tras las sospechas sobre TourProdEnter, que es administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni.
La casa de Faroni fue allanada este martes por la Policía, en medio de la investigación por la empresa vinculada a él que involucra presuntos desvíos de fondos hacia Estados Unidos. Además de la futura visita de Starc, la Justicia -el juzgado de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella-, ya pidió información a cuatro bancos de EE.UU. sobre diversos movimientos financieros.
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En ese sentido, la Justicia investiga si el contrato de exclusividad que TourProdEnter mantiene con la AFA le permite recaudar fondos de los contratos hechos por la Asociación de Fútbol en el exterior.
El detalle de los contratos que encontró la Justicia
Starc viajará en los primeros días de enero a Washington, luego de que la Justicia haya encontrado los contratos entre la AFA y la empresa relacionada con Faroni.
El empresario se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) generó en el exterior durante los últimos cuatro años. La participación quedó establecida en contratos firmados por la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia y alcanzó a los acuerdos internacionales vinculados tanto a la AFA como a la Selección argentina.
Pero el esquema fue más amplio. Además de ese porcentaje sobre los ingresos, Faroni también percibió el 10% de todas las salidas de dinero asociadas a tareas de “logística” incluidas en los contratos que intervino para la AFA desde 2021. Se trata de gastos operativos que formaron parte de los convenios comerciales firmados por la entidad de la calle Viamonte.
La documentación lleva las firmas de Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación de Fútbol. El acuerdo fue rubricado el 9 de diciembre de 2021, apenas un día después de que Erica Gillette, esposa de Faroni, presentara una oferta de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
El contrato, tal como quedó redactado, le otorgó a TourProdEnter LLC la representación comercial exclusiva de la Asociación del Fútbol Argentino en todo el mundo, con la única excepción del territorio argentino. El acuerdo la habilitó a promover, en nombre de la entidad, la firma de convenios vinculados al uso de marcas, emblemas, imágenes y otros derechos comerciales de la AFA.
Además, la empresa quedó autorizada a intervenir en la organización y concertación de distintos eventos deportivos y comerciales relacionados con la AFA y sus selecciones nacionales, como parte del esquema de explotación de los activos de la entidad en el exterior.
AFA, UIF, Estados Unidos
POLITICA
De gestión privada a un traspaso: el Gobierno evalúa alternativas y prepara una medida para cambiar el manejo de cinco hospitales
El Gobierno Nacional planea tomar medidas para resolver la deuda que la provincia de Buenos Aires mantiene con cinco hospitales de responsabilidad compartida, los denominados SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad). Así lo reconoció esta mañana el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue consultado por Infobae luego de que minutos antes hiciera mención de los fondos pendientes que la Provincia debe en diversos centros hospitalarios.
En la introducción de su conferencia de prensa, Adorni marcó que en los últimos años la Gobernación de Axel Kicillof no envió fondos obligatorios para el mantenimiento de cinco SAMIC por un total de $ 507.064 millones. Esta cifra se desglosa en deudas que serían:
- $ 328.432 millones para el Hospital El Cruce
- $ 82.237 millones para el Hospital Cuenca Alta
- $ 45.722 millones para el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría
- $ 42.297 millones para el Hospital René Favaloro
- $ 8375 millones para el Hospital Presidente Néstor Kirchner
“Su Presupuesto es de 34 billones de pesos. Y, a pesar de ser gestión compartida, hoy están totalmente financiados por el Estado nacional”. En ese sentido, el jefe de Gabinete repudió que el gobierno bonaerense haya realizado “gastos en cajas navideñas y en políticas de género”. “Sería bueno que siempre se le dé prioridad a la salud de los bonaerenses”, aseveró.
En conferencia de prensa, Infobae consultó al respecto a posibles cursos de acción ante el panorama descrito por Nación. Desde el 2024 que las autoridades sanitarias marcan la situación de los nosocomios de gestión mixta, aunque sin acciones concretas para resolver el problema.
En los últimos meses, hubo funcionarios que mencionaron la intención de traspasar de Nación a la esfera de la Provincia alguno de estos centros. Aunque habría habido conversaciones por uno de ellos, las gestiones no prosperaron.
En la consulta hecha por Infobae fueron mencionadas diferentes opciones: la de judicializar esta situación, la de desprenderse de su manejo o resolver la deuda a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (el cual resuelve deudas que Nación mantiene con distritos subnacionales y viceversa).
“Están sobre la mesa todas las alternativas, incluso algunas que no fueron nombradas, que probablemente sea el curso a seguir”, respondió Adorni.
Importantes fuentes del sector de la salud marcaron a Infobae que el Gobierno realizó consultas con jugadores de peso del rubro para “mantener los hospitales públicos nacionales con gestión privada”. “Están trabajando en eso”, marcaron.
Un funcionario de altísimo peso dentro de la mesa política presidencial aseguró a Infobae que la medida sigue en proceso de depuración y que “se estaban evaluando todas las opciones”.
A mitad de año, el Gobierno publicó el Decreto 460/2025 que deja sin efecto la facultad del Ejecutivo para crear nuevos hospitales SAMIC y disponer la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales. En esa normativa, el Ejecutivo marcó que se debe ir “fortaleciendo la descentralización hacia las jurisdicciones provinciales” y que hay pruebas de “la ineficacia de los entes interjurisdiccionales para garantizar una distribución equitativa de los recursos y responsabilidades”.
El Gobierno reconoce que habrá una medida concreta en cuestión de semanas. “Es muy probable que en enero vayamos a tener novedades”, apuntan fuentes al tanto de los avances.
En su respuesta en vivo, el jefe de Gabinete marcó que lo que se pretende “es que los bonaerenses tengan participación de su Gobierno provincial y que afronte los gastos de salud”. “El Gobierno nacional no está dispuesto a que un bonaerense no se pueda atender. Es por eso es que el Gobierno nacional solventa el 100% de los gastos compartidos. Es algo que está mal”, agregó.
Desde la provincia de Buenos Aires desconocen la cifra que comunicó hoy el vocero presidencial. “Nosotros no tenemos ese número y no sabemos como la construyeron”, afirman, agregando que la disposición al diálogo que existe de parte de la Casa Rosada y del Ministerio de Salud de la Nación es prácticamente nulo.
“No hay articulación ni tienen voluntad de resolver los problemas. Hay una voluntad de prepotear. Es una de las tantas amenazas que venimos recibiendo en los últimos dos años. Nosotros tenemos aproximadamente 100 hospitales a cargo y mucho del funcionamiento de los mismos fue motorizado por esta administración”, explican.
Esto marcaría la pauta de que cualquier medida implementada en el corto plazo por Nación no habría sido extensamente conversada con sus pares bonaerenses. “Si quieren hacer alguna modificación tienen que pasar primero por el Congreso. Si lo quieren cerrar que le pongan llave porque son hospitales principalmente nacionales. Pero cualquier cambio lo tienen que hacer por el Congreso y para eso necesitan otra ley”, afirman.
Los SAMIC se rigen hoy día bajo la Ley 17.102 de Salud Pública, la cual crearon los ”Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad» (SAMIC), unidades hospitalarias que se integrarían al sistema público.
Los hospitales englobados en el SAMIC tienen una participación mayoritaria del Estado Nacional y una minoritaria de las provincias (solo en tres casos hay municipios involucrados -en El Calafate, el Favaloro y el Néstor Kirchner-).
En líneas generales, El Estado Nacional tiene una responsabilidad financiera con los hospitales de entre 80 y 70 por ciento. En años anteriores el aporte nacional era menor. En 2017 se acordó que la CABA dejaría de cubrir el 50% de los gastos del Garrahan y pasaría al 20%. Otro caso es el del Hospital El Cruce, que Nación se elevó las transferencias de 70 a 80 por ciento en 2022.
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