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Círculo rojo: Hidrovía auditada, versiones post octubre en el Gabinete y cierres provinciales

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Unos meses después de que el Gobierno diera de baja el concurso por la hidrovía, y denunciara a la empresa DEME, de origen belga, que buscó frenar el proceso con una serie de denuncias judiciales -se sigue en los tribunales de Defensa de la Competencia-, el Poder Ejecutivo volvió a la carga para intentar avanzar, hacia el último trimestre del año, en un nuevo llamado a licitación para la vía que se utiliza para transportar el 80% de los bienes exportados de la Argentina.

Después de una intensísima disputa público y privada, con altísimos intereses cruzados entre el gobierno y Mauricio Macri, y de que desde el propio Ejecutivo se acusara al ex presidente de orquestar una “operación sin precedentes desde equipos técnicos que fueron parte de su gobierno”, la Casa Rosada reeditó una ronda de consultas con mesas sectoriales y con visitas a todas las provincias involucradas, con una novedad: por primera vez desde que la administración libertaria tuvo que bajar el fallido proceso licitatorio, habrá una auditoría externa a cargo de la UNCTAD, la oficina de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo que ya había firmado un contrato con la anterior gestión de Cambiemos para supervisar el procedimiento que, tanto antes como ahora, es seguido con especial atención por actores de peso del establishment local, detrás de un negocio mega millonario.

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En el Gobierno dicen que la instrucción de Javier Milei fue justamente atar el proceso a una revisión internacional como el caso de la ONU, pero lo cierto es que en Casa Rosada reconocen que fue el PRO el que “metió ruido” en la licitación, es decir, que fueron el propio Macri y parte de su entorno los encargados de poner la lupa en un procedimiento que fue cuestionado y que el Ejecutivo no tuvo margen para no darlo de baja.

La licitación está a cargo de Iñaki Arreseygor, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, un funcionario técnico que ya había trabajado para el PRO, que está abocado casi a tiempo completo al proceso: sus colaboradores explicaron que, una vez que se cayó el pliego, en febrero pasado, se incorporaron “técnicos del PRO” y que “la idea es convocar a audiencia pública” hacia octubre, una vez que finalicen la ronda de consultas que ya fueron supervisadas, en reuniones recientes, por técnicos españoles de la UNCTAD que viajaron especialmente para la ocasión. “El pliego que salga va a estar auditado”, opinaron desde el Gobierno. Desde la cúpula del PRO sigue la desconfianza.

Es que la licitación por la hidrovía, a cargo de Puertos y concesionada actualmente por la empresa Jan de Nul, con fuertes vínculos locales, se presentó a la luz del día como la primera gran disputa entre La Libertad Avanza y el PRO cuando la relación entre Milei y Macri empezó a crujir. “Mauricio, por décima vez: no te vamos a dar la hidrovía”, se escribió en noviembre del año pasado en la cuenta de X de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación de Santiago Caputo, que tiene una influencia directa sobre Arreseygor. El posteo se publicó después de que se cayera por primera vez el proyecto de Ficha Limpia en Diputados y el vínculo entre el ex presidente y el “triángulo de hierro” empezara a mostrar serias señales de quiebre.

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Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei

Octubre, ¿y después? Serias son las disputas que se libran en el territorio bonaerense entre el sector de Caputo y el bando de Karina Milei, representado en la figura de Sebastián Pareja, el armador provincial de la secretaria General que se complementa, a nivel nacional, con la familia Menem como sus principales operadores.

Condenada y presa Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, el Gobierno diseña su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires con una premisa: la lapicera para las listas seccionales de septiembre tendrá a la hermana presidencial como su única dueña, y se especula con que la influencia de Caputo, el consultor estrella, sea algo menos relevante sin la ex presidenta en el campo de juego electoral.

En ese contexto, las alquimias electorales para septiembre y octubre, y el acuerdo entre el Gobierno y el PRO en territorio provincial, tendrían un impacto directo en el gabinete libertario, que casi seguro sufrirá modificaciones después de las elecciones. No solo por los funcionarios-candidatos, sino porque puertas adentro del Ejecutivo reconocen que la administración libertaria necesitará más temprano que tarde una refrescada. Desde las propias Fuerzas del Cielo son conscientes de que la gestión empezó a mostrar señales de fatiga, y que la narrativa ya no entusiasma como hace algunos meses atrás.

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En ese sentido, ya se empiezan a especular con algunos nombres. Uno de ellos es el de Luis “Toto” Caputo: en Economía comenzaron a trascender versiones para después de las elecciones de octubre para “el mejor ministro de la historia”. Dentro de la ARCA lanzaron, en paralelo, a Juan Pazo como virtual reemplazo, aunque cerca del funcionario desmintieron categóricamente cualquier tipo de destino, más allá del reconocimiento a todo tipo de especulaciones.

Cualquier modificación en el Gabinete estará relacionada, además, con la decisión que el triángulo de hierro vaya a tomar en virtud de la habilitación, o no, de potenciales candidaturas testimoniales. Es un debate desatado alrededor de Patricia Bullrich, que tiene todos los boletos para subirse en octubre como postulante a senadora por la ciudad de Buenos Aires: la ministra debe definir de manera paralela si tiene o no intenciones de intentar un camino hacia la Jefatura de Gobierno en el 2027, y aprovecharse de la debacle del PRO en la casa matriz.

Javier Milei junto a su Gabinete en la Casa Rosada

En ese hipotético plano, se menciona a Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad, de su riñón, como posible reemplazo de Bullrich. En ese listado anotan, en tanto, al intendente Diego Valenzuela, el compañero de facultad de Milei, asiduo visitante de Olivos. Algunos aportaron el nombre de Cristian Ritondo, actor principal de las negociaciones LLA-PRO en territorio bonaerense, pero el puesto no sería ahora del interés del diputado. En cambio, a Guillermo Montenegro, de Mar del Plata, casi seguro cabeza de lista de la quinta sección electoral de una alianza violeta, le tienta volver a vivir a la capital, y tener una oportunidad en el Gabinete, en ese caso en Justicia si es que los Milei deciden desprenderse de los servicios de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, de la escudería de Caputo, acepta a un peso pesado como el intendente.

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Las negociaciones en territorio provincial no se circunscriben solo a LLA y el PRO: el radicalismo también presiona para tener influencia. Y hay movimientos también en el peronismo no K. El miércoles, por lo pronto, podría haber una foto entre el intendente Julio Zamora, de Tigre, y un grupo de jefes comunales de la UCR. ¿Zamora podría encabezar una boleta referenciada en Facundo Manes en la primera sección electoral en septiembre? Podría ser. El diputado neurocientífico armaría una puesta en escena esta misma semana en La Plata con el cordobés Juan Schiaretti.

Karina Milei junto a referentes del PRO bonaerense

En simultáneo, en el seno del Gobierno, existen todavía trascendidos alrededor de Manuel Adorni, legislador electo porteño, a pesar de que las posibilidades de que asuma su banca en diciembre siguen siendo altísimas. Al vocero presidencial, sin embargo, podrían guardarle para después de que desembarque en la Legislatura un puesto de muchísima más relevancia que el actual en el gabinete. Al menos eso es lo que se comenta en usinas porteñas.

Es una incógnita aún el caso de Luis Petri, sobre quien también se especuló, porque el ministro de Defensa, que acumuló tensiones con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, prefiere mantener la atracción pública del gabinete nacional y no recalar otra vez en el Congreso, para tener que pelear por la vidriera junto a 257 diputados.

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La última visita de Cristina Kirchner a Corrientes

Last dance, ¿next dance? De Mendoza a Corrientes, próxima a elegir gobernador en las elecciones del 31 de agosto, una de las dos provincias -la otra es Santiago del Estero- que eligen sucesor provincial en este calendario. No se sabe cuántos bailes más habrá en los próximos tiempos en el balcón de San José 1111, esquina Humberto Primo, en Constitución, pero el de Corrientes del 7 de junio pasado, 72 horas antes de que la Corte Suprema rechazara el recurso de queja de los abogados y confirmara la prisión a seis años y la inhabilitación perpetua, fue su last dance en un acto público proselitista, en ese caso para apuntalar al candidato Martín Ascúa, al que visitó solo por unas horas: del aeropuerto, viajó 130 kilómetros por tierra hasta el anfiteatro de Paso de los Libres donde se hizo la presentación y, apenas terminado el acto, otros 130 kilómetros de vuelta para embarcarse por aire otra vez hacia Buenos Aires.

Los organizadores, como ya se publicó en esta sección, soñaban con tener a Cristina Kirchner en al menos otras dos oportunidades, en una provincia en la que registra buenas mediciones, de cara a las elecciones del 31 de agosto, para tratar de forzar una segunda vuelta y llegar al 7 de septiembre bonaerense con envión hasta que la Corte hizo trizas esa estrategia de campaña.

Abocados al rediseño de la campaña, en el peronismo se espera, sin embargo, por la negociación entre el gobernador Gustavo Valdés y la Casa Rosada, a un par de semanas del cierre de alianzas. Lo último que se sabe es que Eduardo “Lule” Menem, que habla en nombre de “El Jefe”, le transmitió a Valdés como definición casi inamovible que LLA no está dispuesta a ir como aliada si la decisión final es postular a Juan Pablo, el hermano de Valdés, como se prevé con un alto grado de certeza. “Si eso pasa, y hoy pareciera ser así, no cerramos y vamos solos por afuera”, opinaron fuentes libertarias.

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Es una estrategia audaz porque el Gobierno podría correr el riesgo, en ese contexto, de salir tercero. Por el contrario, la Casa Rosada ofreció acordar un postulante común -aún se ilusiona el senador radical Eduardo “Peteco” Vischi, un eterno soñador, también el diputado Lisandro Almirón, y nunca pierde las esperanzas el remero Carlos “Camau” Espínola-. Sigue el humo negro.

La última visita de Gustavo Valdés a Karina Milei

Tampoco hubo, hasta ahora, humo blanco en otras provincias, como Entre Ríos, los pagos de Rogelio Frigerio, que trabaja para alcanzar un acuerdo con los libertarios para octubre, en un distrito que además renueva sus tres senadores. La renovación de la Cámara alta posiciona a Entre Ríos en un selecto grupo junto a otras siete provincias, porque, en paralelo, el PJ acaba de cerrar listas internas con una particularidad: encabezados por Adán “Beto” Bahl para el Senado, y Guillermo Michel para Diputados, los peronistas negociaron con los intendentes y todos los sectores del PJ entrerriano listas de unidad. En realidad, con casi todos los sectores: no hubo lugar para La Cámpora.

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El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

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El proceso de elaboración del Presupuesto Nacional es uno de los momentos más decisivos para la administración pública argentina. Para el ejercicio 2027, la administración nacional mediante la publicación fijó un cronograma específico para la formulación del proyecto de ley de presupuesto y del presupuesto plurianual 2027-2029, estableciendo responsabilidades y fechas que buscan garantizar el cumplimiento oportuno de cada etapa.

La decisión, formalizada mediante la publicación el Boletín Oficial de la Resolución 446/2026, involucra a una serie de áreas técnicas y de gestión que, como integrantes del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), quienes deberán cumplir con actividades y plazos establecidos en los anexos oficiales. El objetivo es asegurar la presentación ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la fecha límite, el 15 de septiembre.

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La organización de los trabajos para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto y del presupuesto plurianual recae en la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Esta dependencia tendrá la misión de coordinar el GAEP y podrá ajustar el cronograma para adaptarse a la marcha de los trabajos, además de requerir colaboración de otras áreas si fuera necesario.

El proceso de formulación incluye la utilización de sistemas digitales como el Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Entes Excluidos del Presupuesto de la Administración Nacional y Universidades Nacionales (SIFEP). Esta herramienta ha permitido perfeccionar la gestión y la presentación de la información presupuestaria por parte de empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional, integrando múltiples actores bajo un enfoque macroeconómico y fiscal.

El cronograma oficial, cuya versión definitiva forma parte de los anexos de la resolución ministerial, comprende actividades que van desde la recopilación de información de base hasta la proyección de variables, la elaboración de anteproyectos y la redacción final del mensaje de remisión del proyecto de ley. Cada etapa está sujeta a plazos precisos, asignación de responsables y mecanismos de control interno.

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La resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS/Agustin Marcarian)

El cronograma paso a paso

De acuerdo con el Anexo 1 que acompaña la resolución, desde el mes de abril de 2026, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía asumió la coordinación inicial del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP). Esta estructura es responsable de articular los trabajos, emitir instrucciones técnicas y acompañar a las jurisdicciones y entidades en cada una de las etapas fijadas en el cronograma oficial.

Durante los primeros días de este mes, la Oficina Nacional de Presupuesto comunicó las instrucciones y brindó asistencia técnica remota a todas las áreas involucradas. Paralelamente, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros establecieron los criterios de priorización y selección de proyectos de inversión para el periodo 2027-2029. Esta fase inicial incluyó la carga en el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) de los requerimientos recibidos tanto de jurisdicciones y entidades nacionales como de empresas públicas y fondos fiduciarios.

El cronograma establece que la recopilación y presentación de la información relativa a la planta ocupada de cargos y la ejecución mensual del gasto en personal correspondiente al año 2026 debía culminar a principios de mayo. Este insumo es fundamental para proyectar los recursos humanos del sector público.

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Entre el 20 de abril y el 4 de mayo, la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, junto a la Dirección Nacional de Modelos y Proyecciones, trabajará en la proyección de las variables macroeconómicas para el período 2027-2029. Casi simultáneamente, la Subsecretaría de Ingresos Públicos se encargó de estimar los recursos impositivos y las contribuciones a la seguridad social. La Subsecretaría de Financiamiento, por su parte, programará el servicio de la deuda pública interna y externa, desglosando intereses, amortizaciones y comisiones según tipo de acreedor.

Otro de los hitos clave es la programación de los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y convenios bilaterales, tarea que recayó en la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales. Todos estos aportes confluirán en la formulación preliminar del presupuesto, que cada jurisdicción y entidad nacional tendrá que remitir digitalmente entre el 4 y el 29 de mayo.

Tras la integración de la información y la revisión de los avances, el proceso continuará con la elaboración y remisión del Informe de Avance del Proyecto de Presupuesto al Congreso, actividad que se extenderá hasta fines de junio. A continuación, la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto prepararon los techos presupuestarios para el trienio 2027-2029, que serán comunicados oficialmente a las jurisdicciones y entidades entre el 30 de junio y el 3 de julio.

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Durante julio y agosto, las jurisdicciones y entidades nacionales formularán y remitirán sus anteproyectos de presupuesto mediante firma digital, utilizando el sistema eSIDIF-FOP. En paralelo, fondos fiduciarios, empresas públicas y otros entes del sector público nacional no financiero realizaron la misma tarea a través del sistema SIFEP, asegurando la cobertura de todos los componentes del sector público argentino.

La segunda mitad de agosto marcará el inicio de la redacción del proyecto de Ley de Presupuesto, a cargo de la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto. En ese mismo período, se preparrá y remitirá la información macrofiscal al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, dando cumplimiento a la Ley 25.917. Además, se estimarán los resultados primarios y financieros por nivel de gobierno, así como los límites de endeudamiento y la proyección de recursos por provincia y ciudad autónoma.

Entre el 7 y el 11 de septiembre, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía aprobarán y consolidarán el documento definitivo del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027. Finalmente, el 14 de septiembre fue la fecha fijada para la remisión formal del proyecto al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento del plazo legal establecido.

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La elaboración y remisión del Presupuesto Plurianual 2027-2029 continuará hasta finales de octubre, con la participación de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Ejecutiva, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Presupuesto, en conjunto con la Oficina Nacional de Presupuesto.

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Tensión en el Senado: bloques dialoguistas advierten que no acompañarán sólo proyectos libertarios

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La relación entre el oficialismo y los bloques dialoguistas en el Senado atraviesa un momento de creciente tensión. En las últimas horas, referentes de espacios aliados dejaron un mensaje claro: no están dispuestos a seguir acompañando una agenda limitada exclusivamente a proyectos impulsados por el Gobierno.

El reclamo surge en medio de negociaciones que buscan destrabar el funcionamiento legislativo y dar mayor dinamismo a la Cámara alta.

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Tras una reunión virtual reciente, las partes acordaron volver a encontrarse el próximo martes, en lo que se perfila como una instancia decisiva para definir el rumbo de la agenda parlamentaria.

Desde los sectores dialoguistas plantean que el Congreso no puede repetir esquemas del pasado donde el oficialismo imponía su propia hoja de ruta sin dar lugar a otras iniciativas.

En ese sentido, una voz con peso dentro del Senado fue contundente, en diálogo con Infobae: “Si seguimos sólo con los proyectos libertarios, sería lo mismo que en épocas pasadas y nadie quiere eso”.

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El planteo refleja un malestar que viene creciendo de manera silenciosa entre senadores que, si bien han acompañado al Gobierno en votaciones clave, ahora buscan mayor protagonismo en la definición de prioridades legislativas.

En este contexto, la figura de Patricia Bullrich cobra especial relevancia. Como jefa del bloque oficialista, se consolidó como la principal interlocutora con los aliados y la encargada de canalizar los reclamos. Su capacidad de negociación será determinante para evitar un quiebre que complique el avance de leyes en el Senado.

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Uno de los principales puntos de conflicto es la cantidad de proyectos impulsados por distintos bloques que permanecen sin tratamiento. Legisladores dialoguistas consideran que llegó el momento de ponerlos en discusión, especialmente aquellos vinculados a educación, minería, regulación del lobby —denominado “gestión de intereses”— y juego.

Sin embargo, el margen de maniobra del Gobierno está condicionado por su política económica, centrada en el equilibrio fiscal. Varias de las iniciativas propuestas por los aliados podrían entrar en tensión con ese objetivo, lo que obliga a negociar cada paso con cautela.

A pesar de las diferencias, dentro del Senado también hay sectores que buscan sostener el diálogo y aprovechar el contexto actual. “La mayoría ya se dio cuenta que hay aprovechar todo lo acordado con Bullrich, a quien consideramos racional y seria, para encender las comisiones y trabajar. Si no es en este año no electoral, ¿cuándo va a ser?”, expresó un referente legislativo.

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En paralelo, también emergen desconfianzas cruzadas. Desde el oficialismo observan con recelo a algunos legisladores que participan de las reuniones pero luego adoptan posiciones divergentes en el recinto. En ese clima, no faltan críticas internas hacia dirigentes que son señalados como “extorsionadores seriales”, una etiqueta que circula cada vez con más frecuencia en los pasillos del Congreso.

De cara a la próxima semana, el Senado podría comenzar a moverse con mayor intensidad. Se espera la convocatoria a comisiones para tratar dos iniciativas clave. Por un lado, un proyecto del Ejecutivo que busca reforzar la protección de la propiedad privada mediante cambios en normas de expropiación, tierras y barrios populares.

Por otro, volverá a escena el debate sobre falsas denuncias, un tema sensible que ya generó fuertes discusiones en el pasado y que ahora intenta retomarse con ajustes para evitar conflictos con marcos legales internacionales.

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Además, en el horizonte inmediato aparece la posibilidad de una sesión para dar ingreso formal a pliegos judiciales enviados por el Gobierno, junto con la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá.

El desenlace de estas negociaciones será clave para definir si el oficialismo logra sostener el respaldo de sus aliados o si, por el contrario, la tensión escala y complica el tratamiento de leyes en los próximos meses.

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El Gobierno oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

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El Gobierno oficializó la inscripción de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión se formalizó mediante una resolución conjunta de los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El Ejecutivo consideró que la organización representa una «amenaza para la seguridad nacional».

Tal y como había adelantado el Gobierno, mediante el anuncio de la medida con un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la norma declara reunidos los requisitos necesarios para avanzar con la incorporación de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro.

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Según se detalla en el texto, la medida se basa en informes reservados elaborados por las carteras de Seguridad y Cancillería, que analizaron el alcance de las actividades de la organización. La conclusión a la que llegaron es que la Guardia Revolucionaria representa una “amenaza externa real o potencial” para la Argentina.

Incluso, la norma sostiene que los integrantes de la organización ponen en riesgo “la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes” del territorio nacional. A su vez, menciona la existencia de evidencia vinculada con su participación en el financiamiento y la ejecución de «atentados terroristas», como fueron los sucedidos en la ciudad de Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la embajada de Israel y la AMIA.

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La decisión del Gobierno fue celebrada y destacada por Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano compartió un mensaje en su cuenta oficial de X en el que destacaba la iniciativa de Casa Rosada, alineada con la política exterior de Donald Trump: «Aplaudimos las acciones de la administración de Milei para combatir al terrorismo”.

Sin embargo, Irán condenó la medida . “No solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico en un comunicado de su embajada en Uruguay.

La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores de los pasdarán.

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Su poder económico también es fuerte, ya que un tercio de la economía del país depende de compañías que controla la Guardia Revolucionaria. Es el principal enemigo de Israel y Estados Unidos en la guerra que ya lleva un mes de existencia para evitar el desarrollo de armas nucleares de parte de la República Islámica.

Su incorporación al RePET implica no solo que son declarados una organización terrorista, sino que también establece consecuencias para la Guardia Revolucionaria.

Tras su incorporación, se puede disponer el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, lo que incluye cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro recurso económico que esté bajo su control. Esto significa que la organización pierde la disponibilidad sobre sus fondos en la Argentina.

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Miembros de la Guardia Revolucionaria en Teherán en 2018the-new-york-times-12354

También prohíbe la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional. Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.

La decisión del Gobierno argentino ocurre mientras se intensifican los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. El presidente Javier Milei se plantó en América Latina como uno de los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sus dos principales socios internacionales. Incluso habló sobre la guerra en uno de sus discursos y afirmó: “Vamos a ganar”.

Además, se declaró el mandatario “más sionista del mundo” y proclamó a Irán públicamente como “enemigo”. Allí mencionó el vínculo de la república islámica con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.

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Esto último tiene relación fundamental con la decisión de la gestión libertaria. A principios de marzo Irán designó como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994. Ahmad Vahidi tiene un pedido de captura de Interpol desde 2007 después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el ataque en el que murieron 85 personas.

El presidente Javier Milei junto al primer ministro de Israel, Benjamín NetanyahuAmos Ben-Gershom – GPO

Vahidi había sido ministro de Defensa de Irán desde septiembre de 2009 hasta agosto de 2013, y ministro del Interior desde agosto de 2021 hasta agosto de 2024. También ascendió en las filas de las fuerzas terroristas Al-Quds, una unidad de élite dentro de la Guardia Revolucionaria que comandó de 1988 a 1998. En esta fuerza participó de actividades terroristas a nivel mundial.

El grupo de los acusados y reclamados por el Estado argentino ante la Justicia internacional lo completan el expresidente de Irán, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani; los exministros Ali Fallahijan y Ali Akbar Veleyati; el excomandante Moshen Rezai; el exjefe de Seguridad Exterior, Imad Fayez Moughnieh; el exconsejero cultural de la embajada, Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.

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