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POLITICA

Círculo rojo: postales detrás del triunfo por la reforma laboral, interna latente y el peronismo en estado crítico

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Javier Milei bajó la orden de negociar con el sindicalismo y cerrar el mejor acuerdo posible en torno a la reforma laboral. El Presidente transmitió que su único objetivo era bajar los costos laborales, y que no hacía falta ir a la guerra contra los gremios. “Las discusiones gorilas me tienen sin cuidado”, fue el mensaje que transmitió el Presidente a los funcionarios y operadores que negociaron el proyecto antes y durante la sesión del miércoles en el Senado, previo a la madrugada en la que el Gobierno se adjudicó la primera victoria legislativa del año al que le siguieron, horas después, la media sanción del nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Un triunfo político clave en medio de luces de alerta en la economía, que sirvió además para maquillar la interna oficial y que exhibió, por primera vez de manera palpable, la ruptura dentro del peronismo.

Milei demostró otra vez que, por fuera del marketing público, está dispuesto a ser un político pragmático siempre y cuando su centralidad no se vea opacada, ayudado por una oposición sin brújula, carente de liderazgos, y un sindicalismo que, en pleno debate por la reforma laboral, a duras penas pudo movilizar a la plaza frente al Congreso. El interlocutor principal de los gremios fue Gerardo Martínez, en los hechos uno de los jefes de la CGT, que negoció a dos puntas con el sector de Santiago Caputo y con “los primos”, como llama a Eduardo y Martín Menem, cada vez más enfrentados a Las Fuerzas del Cielo. Es cierto que la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y la instauración de la “mesa política” ordenó parcialmente la interna, pero no es menos cierto que la disputa entre los Menem y Caputo, es decir, entre el consultor y Karina Milei no cejó ni un milímetro. Más bien lo contrario: la hermana del Presidente y el asesor estrella no se hablan de manera franca hace meses, por fuera de los ámbitos institucionalizados como esa mesa en la que se define la estrategia oficial.

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Milei pidió tener el proyecto de reforma laboral aprobado antes del domingo 1 de marzo, cuando inaugure por tercera vez las sesiones ordinarias del Congreso. La media sanción de la madrugada del jueves fue el primer paso. Festejó el Presidente en Olivos, el gabinete en pleno y Patricia Bullrich, que publicó un video en sus redes en el que se presenta como la figura excluyente del triunfo, un auténtico spot publicitario. “Esto es campaña permanente”, la justificó un dirigente de su riñón.

Gerardo Martínez, Secretario General de la UOCRA (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la CGT no hubo festejos airados, pero sobrevoló en la sede de Azopardo una sensación ambivalente frente a la redacción original. Se cocina, de todos modos, un paro general frente al debate en diputados, para mostrar públicamente los dientes. La central obrera elevó a los interlocutores del Ejecutivo un pliego de condiciones a negociar. Se les concedió cerca de la mitad, en particular aquellos ítems vinculados con las cuotas sindicales. El sindicalismo había peticionado elevar el monto que los monotributistas de las escalas más bajas, en torno a los $20.000, aportan para la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) que las obras sociales deben cubrir de manera obligada. En la CGT existe una creciente preocupación por el desfinanciamiento de las obras sociales. Ese reclamo no fue concedido, tampoco la derogación de la ultraactividad, uno de los principales pedidos. “Eso se va a judicializar”, aventuran desde la central obrera. Es una posibilidad.

Los gobernadores también recibieron pulgar hacia arriba al reclamo colectivo para quitar del proyecto el capítulo fiscal que reducía aún más la coparticipación por la rebaja en Ganancias para aquellas empresas que contrataran nuevo personal. A Luis Caputo, “Toto”, no le dio para festejarlo públicamente, pero aceptó enseguida retirar ese capítulo por la caída sostenida en la recaudación que elevó los niveles de zozobra en gobernadores e intendentes, a los que les llega cada vez menos coparticipación. Con un agravante: la motosierra permanente.

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Un intendente del interior que estuvo en estos días en Buenos Aires, y fatigó despachos oficiales, se volvió a su municipio alarmado por la falta de respuestas. Para colmo, la rebelión policial de Santa Fe, que Maximiliano Pullaro buscó dar por cerrada a fines de esta semana con los últimos aumentos salariales, puso en alerta al resto de los gobernadores. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se monitorea de manera permanente si las consignas que se desparraman en redes sociales no surgen desde adentro de la fuerza, lo cual está prohibido. El recuerdo de la rebelión del 2020, que terminó con la quita de un porcentaje de la coparticipación a la capital, sigue latente. En un tema tan sensible como la seguridad y el monopolio del orden, una demanda que el Gobierno quiere capitalizar con el nuevo régimen penal juvenil que obtuvo media sanción este jueves en la Cámara baja. Lo conoce de cerca la ministra Alejandra Monteoliva, que tuvo que dejar su cargo provincial en el 2013 tras el acuartelamiento policial en Córdoba, que terminó en saqueos. Un dato: los salarios de los policías federales empezaron a quedar rezagados en comparación a las provincias, al revés de la serie histórica.

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

Caputo cerró la semana con una noticia agria: tres diputados del peronismo presentaron una denuncia penal en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi para que investigue si se manipularon datos del INDEC y se violó el secreto estadístico tras la salida sorpresiva de Marco Lavagna del organismo después de que Milei se opusiera a convalidar el cambio en la metodología que mide el IPC, un traspié innecesario. En Economía recibieron con satisfacción la baja del riesgo país y un retroceso del dólar, y empezó a acelerarse la compra de reservas, pero persisten luces rojas en el tablero que preocupan a los funcionarios más racionales, en particular por la caída del consumo y la actividad que no repunta. Algo de eso se habló en la reunión de estas horas con la Unión Industrial Argentina (UIA): la capacidad instalada de la industria está apenas por encima del 50%, a niveles de la pandemia de COVID-19. Para colmo, la inflación, que arrojó 2,9% en enero, se incrementó por quinto mes consecutivo. El fantasma de una posible estanflación desvela al Ejecutivo. Fue uno de los puntos destacados de un informe económico muy leído que se distribuyó esta semana en la city.

Interna y PJ resquebrajado. No se sabe quién introdujo la modificación, o al menos hasta ayer nadie se la había atribuido, pero la redacción final de la media sanción del artículo 44 de la sección sobre “accidentes y enfermedades inculpables”, que Federico Sturzenegger ejemplificó desacertadamente con algo tan popular, y tan poco colosal, como jugar a la pelota -“Si te lastimaste jugando al fútbol y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó el ministro-, dejó un signo de interrogación en la previa de la discusión de la semana entrante en Diputados para una ley que se encaminaba a aprobarse sin mayores sobresaltos. “Este es un caso similar al del capítulo 11 del Presupuesto. ¿Para qué meten ruido innecesario y nos complican las cosas a los que estamos a favor de la modernización laboral?“, se preguntó en las redes el diputado Eduardo Falcone frente a un posteo de Julián Alvez, que recogió la inquietud oficial por los cambios en las licencias por enfermedad que podrían complicar las negociaciones. Falcone integra el MID, un bloque de dos, pero la misma pregunta sobrevuela al resto de los aliados que deberían acompañar al Gobierno para la sanción definitiva de la reforma.

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el presidente Javier Milei dialogan en un acto oficial rodeados de asistentes. (@maxipullaro)

Ese interrogante, que será develado esta semana, es de todos modos incipiente en comparación al nivel de disputa interna que mantiene a La Libertad Avanza en estado de asamblea permanente. Después del momento de mayor ebullición, hacia fines del año pasado, se consignó una tregua. Se especuló entonces con la posibilidad de que Santiago Caputo pasara a integrar formalmente el gabinete, y que dejara su condición de monotributista, pero ese plan naufragó. Tras ese naufragio, las teorías giraron en torno a la opción de que el consultor se desprendiera de algunas posesiones y que, en paralelo, los Menem expandieran su influencia sobre otros casilleros del gabinete. Por ejemplo, en la Jefatura de Gabinete. No pasó. Caputo, en simultáneo, no solo mantuvo la SIDE y la UIF tras el recambio en la cúpula de ambas oficinas, sino que agrandó su influencia en ARCA con el ascenso de Andrés Vázquez y avanzó en los últimos tiempos sobre el rubro nuclear con la incorporación de Federico Ramos Napoli, que le responde, en la Secretaría de Asuntos Nucleares. La entrada de este abogado decretó el principio del fin de Demian Reidel al frente del plan nuclear y de Nucleoeléctrica Argentina, una empresa que el gobierno quiere privatizar.

Reidel fue desvinculado formalmente esta semana, y su salida no fue más escandalosa porque el propio Milei y su hermana Karina se encargaron de que corriera lo más bajo del radar posible. El ex funcionario fue el último en darse cuenta de que tenía los días contados. Las supuestas irregularidades publicadas en la prensa -fuentes dentro de la empresa aseguran que existen antecedentes que contrastan los trascendidos y que hay otros procesos del personal histórico de planta que habría que seguir con atención- fueron solo la excusa para correrlo, una movida que Santiago Caputo promovió incesantemente y que se la explicó al propio presidente. La hermanísima, sin embargo, no hizo nada para que que Reidel siguiera en su puesto. Solo Milei sostenía a su consejero nuclear y amigo, por esa amistad de estos años. En estos meses hubo escenas desopilantes del ex funcionario en Casa Rosada.

Demian Reidel

Karina Milei y Caputo suelen tener algunas miradas similares sobre diversos temas, pero existe entre ellos, y en especial entre allegados de ambos, una persistente desconfianza que se buscó maquillar en estos últimos tiempos con el ordenamiento de las negociaciones parlamentarias y la jerarquización de los interlocutores con los aliados y el círculo rojo: Diego Santilli, Adorni y “Lule” Menem con los gobernadores, Bullrich en el Senado -a propósito, el mes pasado hubo ruidos entre la Casa Rosada y la Cámara alta por el senador Enzo Fullone, que reemplazó a Lorena Villaverde, al que le endilgan algunos deslices por su obsesión por posicionarse y tener visibilidad de cara al año próximo en la provincia-, Martín Menem con los diputados, y Karina Milei por encima de todos, con la supervisión final y definitiva junto a su hermano. Ese nuevo esquema, sin embargo, no corrió, en los hechos, a Caputo de las negociaciones, al menos tras bambalinas.

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Puertas adentro aseguran que la interna puede tener un nuevo capítulo próximamente, en un área sensible: la Justicia. La hermanísima ya exhibió su decisión de avanzar en ese rubro, aconsejada especialmente por “Lule”, cuando avaló que el diputado Gonzalo Roca, un abogado con nula experiencia en la rosca judicial, se incorporara por Diputados al Consejo de la Magistratura. Adorni, del riñón de Karina Milei, tuvo además un gesto con la Corte Suprema cuando aumentó en un 280% el presupuesto del Poder Judicial para este año. La próxima puja, en ese sentido, será alrededor del ministerio que lidera Mariano Cúneo Libarona.

El ministro le avisó al presidente y a su hermana que daría un paso al costado para dedicarse a asuntos personales. El mes pasado, por caso, estuvo de licencia, de viaje por Alemania. Por pedido de la hermana presidencial, que vio la posibilidad de planear un desembarco para su sector en esa área, el ministro siguió en el cargo. El mes próximo podría tal vez ser definitivo. Es una de las hipótesis que se maneja puertas adentro.

Mariano Cúneo Libarona

En ese contexto, circuló en la semana otra vez el nombre de Guillermo Montenegro, un dirigente con experiencia en el rubro, con buena relación con Caputo pero con entidad propia, del sistema, con múltiples relaciones y llegada directa, sin intermediarios, a los tribunales. Cerca del senador bonaerense dicen que no recibió ninguna oferta ni nada parecido, y que volvieron a mencionarlo con el único objetivo de erosionarlo. El ex intendente busca hacer equilibrio, si es que es posible: días atrás se reunió con el presidente de la Cámara baja.

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La Justicia es un tema medular, susceptible a sensibilidades, en el que el Presidente nunca se interesó y que puede tener un rol central en este 2026 por la posibilidad, todavía verde, de completar la integración de la Corte y hasta designar a un nuevo Procurador. El resultado de la media sanción de la reforma laboral, con 42 votos positivos, dejó al Gobierno a seis adhesiones de los dos tercios.

Es un antecedente amargo para el peronismo, que atraviesa horas de penurias. El jueves, en Diputados, el bloque de Unión por la Patria exhibió por primera vez un quiebre ostensible en la votación del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea: 47 legisladores colaboraron con la media sanción -solo 38 en contra-, en línea con el Gobierno y contrario a la decisión de Cristina Kirchner, que bajó la orden de votar en contra al igual que en la discusión del nuevo régimen penal juvenil. La ex presidenta llamó en persona a algunos diputados. Entre esos 47 estuvieron Germán Martínez -jefe de bloque-, Agustín Rossi, Luis Basterra -ex ministro K-, Kelly Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, y legisladores identificados con Sergio Massa como Cecilia Moureau o Sebastián Galmarini. La ex presidenta se comunicó con algunos gobernadores, pero no tuvo respuestas positivas.

Fotografía del 26 de octubre de 2025 de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner. EFE/Matías Martin Campaya

Cristina Kirchner cerró la semana con novedades poco auspiciosas. En el plano judicial, la sala IV de la cámara de Casación rechazó sus planteos para prescindir de la tobillera electrónica, suavizar el régimen de visitas a San José 1111 y ampliar el horario para utilizar la terraza. En lo político, La Cámpora y el kirchnerismo duro quedaron en minoría dentro del bloque en la Cámara baja, y esta semana podría haber noticias desalentadoras en el Senado.

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Dentro del bloque en diputados hay un gran debate sobre cómo seguir hacia adelante. “El peronismo del interior rompió el dique del kirchnerismo y La Cámpora”, explicó un legislador del interior. El jueves existió, en tanto, una particularidad: la ex presidenta y el gobernador Axel Kicillof, enfrentados en duros términos, quedaron en la misma vereda cuando ordenaron votar en contra del acuerdo con la Unión Europea. “¿Cómo pretende Axel conducir al peronismo con una visión del mundo que atrasa 20 años?“, se preguntó otro diputado.

En la Cámara alta, la conformación reciente de comisiones puede allanarle el camino al Gobierno. Más aún con la casi segura segregación de los bloques peronistas: hubo en los últimos días contactos exitosos con gobernadores como Raúl Jalil u Osvaldo Jaldo, y con legisladores como María Carolina Moises que podrían empezar a colaborar con el Gobierno casi como si estuvieran dentro del bloque de LLA.

Martín Menem y Germán Martínez

Si esos movimientos resultan satisfactorios para el Ejecutivo, la hipótesis de completar la integración de la Corte Suprema con los aliados estaría algo más cerca. El karinismo se aseguró en ese sentido a Juan Carlos Pagotto, cercano a Martín Menem, al frente de la estratégica comisión de Justicia y Asuntos Penales.

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Es un proceso tortuoso, en términos políticos y judiciales, para Cristina Kirchner, que, de todos modos, sigue firme en su tesis en torno a las consecuencias negativas del actual programa económico. “Hubiera apoyado a Ariel y no tendría este problema”, dijo en estas horas un dirigente del peronismo con terminales en la Justicia. Ariel es Lijo.

Gerardo Martínez,Infobae en Vivo

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El Gobierno fusionó temporalmente dos secretarías clave del Ministerio de Economía hasta que designen un nuevo titular

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En el contexto de una reconfiguración administrativa en el Ministerio de Economía, el Gobierno nacional resolvió reasignar temporalmente las competencias de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa a Pablo Lavigne, titular del área de Coordinación de Producción.

Esta decisión, que no conlleva gastos adicionales para el Estado, tiene como propósito garantizar la continuidad operativa de áreas estratégicas vinculadas al desarrollo productivo del país.

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La medida fue adoptada ante la vacancia en la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, lo que obligó a buscar una solución inmediata para evitar interrupciones en la gestión de políticas industriales, comerciales y de apoyo a las pymes.

El Decreto 215/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y Luis Andrés Caputo, especifica que la transferencia de funciones será efectiva hasta que se designe un nuevo titular para el cargo o se disponga un reemplazo específico para la firma de despacho.

Desde el Gobierno se detalló que esta reasignación no afectará el funcionamiento de otras áreas ni implicará superposiciones, ya que quedan exceptuadas aquellas materias para las que ya se haya previsto un reemplazo particular.

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La Secretaría de Coordinación de Producción tiene entre sus funciones asistir al Ministro de Economía en la definición de políticas para la industria, el comercio, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y la economía del conocimiento. Por este motivo, se consideró que es el área más adecuada para asumir de manera provisoria las competencias de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La Secretaría de Coordinación de Producción será responsable de coordinar la gestión operativa de las áreas transferidas, garantizar la continuidad de los programas y políticas en curso, y asistir al Ministro en la toma de decisiones vinculadas a la industria y el comercio.

LA decisión está basada en contexto de una reconfiguración administrativa en el Ministerio de Economía (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El puesto se encuentra vacante desde agosto del año pasado, cuando la cartera económica sufrió dos grandes salidas. Por un lado, el ex titular de la secretaría en cuestión, Marcos Ayerra, y Esteban Marzorati, quien estaba a cargo del área de Industria y Comercio.

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De hecho, ya en ese momento, habían anunciado que Lavigne se haría cargo de ambas funciones hasta que se designe a un nuevo titular. De acuerdo con el comunicado emitido en agosto, “ambos decidieron dejar sus funciones motivados por temas personales y nuevos desafíos profesionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, destaca el esfuerzo, dedicación y talento al servicio del país que tanto Marcos como Esteban demostraron durante su ejercicio del cargo”.

En el caso de la Secretaría Pyme, ya había perdido gran parte de sus programas y fondos, en el marco del plan de ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei.

La secretaría que manejaba Ayerra cuenta con tres subsecretarías: la de Pymes, a cargo de Christian Bauab; la de Emprendedores, que dirige Pablo Gutierrez Oyhanarte; y la de Economía del Conocimiento, cuyo titular es Santiago Pordelanne. En el caso de la Secretaría de Industria y Comercio, tiene cuatro subsecretarías: la de Política Industrial; la de Gestión Productiva; la de Comercio Exterior y la de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

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Corporate Events,South America / Central America

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La UIF intensifica el intercambio de información con entidades locales y del exterior

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La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó una nueva resolución para el intercambio de información entre organismos nacionales y sus equivalentes extranjeros a los efectos de prevenir e impedir delitos económicos y complejos.

La medida, que deroga la normativa anterior, busca coordinar los mecanismos y procedimientos para garantizar la confidencialidad, seguridad y correcta utilización de los datos intercambiados en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP).

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El nuevo régimen regula la colaboración entre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, considerados como Organismos de Contralor Específicos. Los mismos podrán intercambiar información de manera directa, así como hacerlo con entidades de funciones similares en otros países, siempre que cuenten con las “facultades a los efectos de identificar, debidamente, las operaciones sospechosas”.

En su rol de encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información, la UIF estableció mediante la resolución 35/2026, que todo intercambio deberá realizarse bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad, utilizando sistemas de gestión documental electrónica que garanticen el resguardo de los datos.

Los pedidos de información entre los involucrados deberán cumplir una serie de requisitos establecidos por el ente autárquico. Este además, podrá solicitar información actualizada sobre los intercambios realizados y requerir datos con fines estadísticos para análisis nacionales o regionales. La información intercambiada solo podrá utilizarse para los fines específicos para los que fue solicitada y no podrá ser transmitida a terceros sin autorización expresa del organismo que la proveyó.

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Para el caso, el texto publicado en Boletín Oficial indicó que “los requerimientos de información entre los Organismos de Contralñor Específicos deberán tener por objeto información disponible en el respectivo organismo y se deberán efectuar mediante un sistema de gestión documental electrónica que cumpla con estándares de seguridad y de resguardo de información confidencial». Asimismo, deberá indicarse en cada caso el motivo de la solicitud, el detalle de la información solicitada, explicitada con la mayor precisión posible y la indicación del nivel de urgencia.

La resolución también contempla la aplicación de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), tal como lo hizo en la primera resolución publicada al respecto. En este sentido, la normativa señala que se “debe tener en cuenta las 40 Recomendaciones”. A su vez, no limita a los organismos “para celebrar memorandos de entendimiento o convenios de intercambio de información en el marco de sus competencias».

Matías Gabriel Álvarez es el candidato propuesto por Juan Bautista Mahiques para ocupar la titularidad de la UIF

En cuanto a la resolución UIF N° 233/2025, dictada en diciembre pasado cuando Paul Starc se encontraba a la cabeza del organismo, establecía también reglas para el intercambio de datos entre organismos nacionales y sus pares del exterior, aludiendo a las entidades mencionadas anteriormente. El objetivo siempre fue fortalecer la cooperación y mejorar la capacidad de detección y prevención de delitos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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El procedimiento exigía que los pedidos de información se tramitaran directamente entre los organismos involucrados, bajo las mismas condiciones, en donde la UIF debía ser informada sobre cada intercambio y, una vez recibida la información, el organismo responsable tenía un plazo determinado para responder.

La Unidad Financiera ejerce también un rol de coordinador en los niveles nacional, provincial y municipal, y administra los archivos y antecedentes vinculados a su actividad. Entre sus funciones, se encuentra la conformación del Registro Único de Información, que integra las bases de datos de los organismos obligados a reportar y la información que recibe en el ejercicio de sus tareas, asegurando así una gestión centralizada y eficaz en la lucha contra el crimen financiero.

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El Congreso busca prohibir los celulares en cárceles tras la extorsión que derivó en la muerte de un soldado en Olivos

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El Congreso de la Nación pone bajo la lupa el uso de celulares en las cárceles, esta vez con un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Silvana Giudici, que busca prohibirlos de manera total y con rango legal, en un contexto marcado por el crecimiento de las extorsiones digitales, las bandas que operan desde el interior de los penales y el caso de una extorsión desde penales bonaerenses que derivó en el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino, destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.

La iniciativa propone modificar la Ley 24.660, que regula las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad —incluidos sus derechos, obligaciones y el funcionamiento del régimen penitenciario—, para establecer de manera explícita la prohibición del uso de teléfonos celulares en los establecimientos carcelarios de todo el país. “Los delitos cometidos desde las cárceles deben ser erradicados”, planteó Giudici. Y agregó: “Las estructuras del crimen organizado y también las que se dedican a extorsión o estafas digitales se vieron favorecidas por decisiones que, con la excusa de la pandemia, permitieron el uso de celulares en los penales”.

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El proyecto cuenta con el respaldo de más de 50 diputados y apunta a cerrar una brecha que permitió la expansión de delitos complejos con base en las cárceles.

El proyecto de la diputada Silvana Giudici propone cerrar una brecha que permitió la expansión de delitos complejos con base en las cárceles

Prohibición total y sanciones más duras

El texto legislativo propone la incorporación del artículo79 bis que establece: “Prohíbase la tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio, de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la transmisión de voz, datos o acceso a redes de comunicación, por parte de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios”.

El mismo artículo dispone: “Queda exceptuado el equipamiento informático instalado y expresamente autorizado por la autoridad penitenciaria competente, en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, bajo condiciones de uso controlado.”

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Además, se incorporan nuevas faltas graves dentro del régimen penitenciario, como la posesión, ocultamiento o facilitación de dispositivos electrónicos no autorizados, así como el intento de acceder a internet por fuera de los sistemas controlados.

Rodrigo Gómez soldado del regimiento de granaderos que se suicidó por una extorsión proveniente de cárceles bonaerenses  (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es necesario establecer con claridad que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares como parte de las restricciones propias de la pena”, sostuvo Giudici ante una consulta de este medio.

La única excepción prevista en el proyecto de ley que impulsará el bloque de diputados de La Libertad Avanza es el uso de equipamiento informático autorizado para fines educativos, laborales o de reinserción social, siempre bajo control de las autoridades penitenciarias.

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Del control a la expansión del delito

El proyecto también repasa los antecedentes recientes. Hasta 2019, el régimen penitenciario mantenía un criterio restrictivo respecto al uso de celulares. Sin embargo, en 2020, en el marco de la pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández, se habilitó su utilización ante la suspensión de visitas.

Según la autora de la iniciativa, esa decisión derivó en un cambio profundo: “Se alteró el sistema de control y eso generó un crecimiento de estafas, extorsiones, amenazas y delitos organizados desde las cárceles”.

Entre los antecedentes se mencionan desde estafas telefónicas hasta la continuidad de operaciones de bandas criminales desde prisión, incluso en casos vinculados al narcotráfico.

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El caso que expuso el problema

El punto de inflexión fue el caso de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.

Gómez atravesaba una etapa de vulnerabilidad emocional lejos de su familia. En ese contexto, inició una conversación a través de una aplicación de citas con un perfil femenino que se identificaba como “Julieta”, de 19 años. Durante varios días intercambió mensajes, audios y fotos sin advertir señales de peligro.

La Justicia investiga cientos de extorsiones organizadas desde las cárceles

Detrás de ese perfil no había una persona real, sino una organización delictiva que operaba desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos.

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Según se informó oficialmente, la extorsión se inició con la creación de un perfil falso en la aplicación de citas Evermatch, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. A partir de allí, se estableció un contacto destinado a generar confianza con la víctima, mediante mensajes y el envío de imágenes genéricas que no mostraban rostros.

Una vez consolidado ese vínculo, se activaba el mecanismo central de la estafa: la aparición de una supuesta “madre alterada” y la difusión del denominado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años y se la increpaba con insultos y amenazas.

El siguiente paso incluía un llamado telefónico de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien aseguraba que existía una denuncia penal en curso y que era necesario realizar pagos urgentes para evitar consecuencias judiciales graves. Para dotar de verosimilitud al engaño, los estafadores usurparon la identidad de un agente real de la Policía de la Ciudad, identificado como M. N. C., cuya documentación fue utilizada sin su conocimiento.

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El proyecto de ley es impulsado por la bancada de La Libertad Avanza RS Fotos

La escena era completamente falsa, pero estaba diseñada para generar pánico inmediato. Las transferencias de dinero exigidas se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido mediante distintas operaciones para dificultar su rastreo.

Lejos de concluir tras los primeros pagos, la presión continuaba. Las víctimas eran sometidas a nuevas exigencias económicas bajo amenazas reiteradas, con el argumento de que la causa judicial seguía avanzando o que había nuevos costos para “cerrar el problema”.

Según la investigación encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, se trató de una maniobra de extorsión sexual organizada desde el interior de las cárceles, replicada con distintas víctimas.

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En el caso de Gómez, la acumulación de deudas y la sensación de no tener salida quedaron reflejadas en la carta que dejó antes de morir, documento que fue central para comprender el alcance del daño provocado por la banda.

La magistrada dispuso peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias, rastreo de líneas telefónicas e intervenciones simultáneas en cárceles y domicilios de la provincia de Buenos Aires. Así, se estableció que el núcleo de la organización funcionaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.

Para la diputada Giudici, el episodio marca un límite: “Lo que pasó con Rodrigo Gómez demuestra hasta dónde puede llegar el delito organizado desde las cárceles cuando no hay controles efectivos”.

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En ese marco, la ex presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) insiste en la necesidad de una solución estructural: “Es necesario acompañar desde el Congreso con una ley nacional que establezca con claridad y jerarquía que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares”.

Silvana Giudici

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