El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno llamará a licitación pública nacional e internacional para la “construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones”. El esquema comprende más de 2.500 kilómetros de rutas estratégicas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y estará dividido en cuatro tramos: Mediterráneo (672 km), Puntano (720 km), Portuario Sur (637 km) y Portuario Norte (528 km), corredores clave para la logística, el transporte de cargas y la conexión con los principales polos productivos y portuarios del país.

Según precisó el funcionario en la red social X, las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008 y apuntan a reemplazar un modelo deficitario por otro sin subsidios, con mayor transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial. El objetivo, agregó, es modernizar la infraestructura, mejorar el estado de las rutas, fomentar la inversión privada y preservar los recursos del Estado.

Se les nota en la cara la nostalgia de enero. En apenas diez días de febrero, la Justicia madrugó a los funcionarios de Javier Milei −y al propio Presidente− con el procesamiento por delitos de corrupción en la función pública de un exintegrante del Gobierno (y exabogado del jefe del Estado), Diego Spagnuolo, y el Indec marcó una inflación de enero demasiado cercana al 3 por ciento.

La inflación ha subido en los últimos ocho meses; el último índice políticamente valioso para el oficialismo fue el de mayo de 2025, en el que se registró el 1,5 por ciento. Como consignó el lunes último, la sociedad percibe, para peor, que la suba de precios es superior a la información que suministra el Indec, aunque nadie cuestionó la gestión de Marco Lavagna al frente de la agencia de estadísticas oficiales ni la de su actual director, Pedro Lines, un economista que ya era un alto funcionario del organismo. El método de medición es muy viejo (Lavagna se fue porque no lo dejaron cambiar) o los salarios quedaron muy atrasados o suceden las dos cosas, pero lo cierto una mayoría social sostiene que su situación económica es mala y que con sus ingresos no puede llegar a fin de mes.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó, además, que su agencia constató un índice de inflación del 3,1 por ciento en enero. La diferencia con la del Indec es pequeña, como sucede siempre, aunque otro mundo lo habría aguardado a Milei si la inflación nacional hubiera comenzado con el número 3. Se trata de la simbología que forma parte de la política.

Vale la pena detenerse en la cifra creciente de inflación porque la baja del costo de vida, comparado con los meses finales de Alberto Fernández y Sergio Massa, es el capital político más importante de Javier Milei. Todavía hay un porcentaje importante de seguidores suyos que solo están a su lado porque el kirchnerismo está en la vereda de enfrente y porque esperan que el Presidente, un economista que rompió con el histórico círculo entre populismo económico o ajuste gradual del gasto público, encuentre una solución para el escaso consumo de la mayoría de los argentinos. Milei aplicó una política de shock en el ajuste fiscal y logró en poco tiempo el superávit en las cuentas del Estado. Esas cosas no se hacen sin cierta aflicción social y, no obstante, el Presidente cuenta con el apoyo de casi la mitad de la sociedad. Más le vale a Milei, entonces, dar vuelta cuanto antes la tendencia inflacionaria.

La política esperaba que los jueces del fuero Contencioso Administrativo se pronunciaran no bien comenzara febrero sobre el decreto de necesidad y urgencia 941/2025, firmado el 31 de diciembre pasado y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, sobre fundamentales modificaciones en las funciones del servicio del espionaje estatal. Ese decreto admite, en algunas circunstancias, la aprehensión (detención, para decirlo con palabras sencillas) de personas por parte de la SIDE. ¿Aceptarían los jueces no ser ya en adelante los únicos funcionarios con derecho a detener a personas, además de las fuerzas de seguridad en casos de flagrancia? ¿Es constitucional un DNU que roza cuestiones penales, cuando la Constitución prohíbe que esos decretos legislen sobre cuestiones penales, tributarias o electorales? Pero la Justicia nunca aparece por la puerta donde se la espera.

La primera decisión destacada fue el procesamiento del exdirector de la Andis nombrado por Milei, Spagnuolo, quien figura también entre las cuatro personas con más accesos a la casona presidencial de Olivos en los domingos de óperas y milanesas. También procesó a otros operadores de Spagnuolo, que supuestamente llevaban y traían sobornos de proveedores farmacéuticos. ¿Estaban cobrando sobornos por la atención de los discapacitados? Mayor insensibilidad es imposible.

El juez Sebastián Casanello escribió un dictamen de 307 páginas para fundamentar su decisión, aunque la investigación la tiene delegada en el fiscal Franco Picardi.

Una primera novedad de la resolución de Casanello es que tanto ese magistrado como el fiscal establecieron que Spagnuolo también cobraba coimas; hasta el lunes se creía que el exfuncionario era un hombre preocupado por la corrupción en su oficina en áreas que él no controlaba. Debe recordarse que todo comenzó cuando trascendieron audios de Spagnuolo que denunciaban la existencia de sobornos en la Andis, en los que aludía a Eduardo “Lule” Menem como destinatario final (¿era el final?) de las coimas. Este Menem es el colaborador más cercano de la influyente y decisiva hermana del Presidente, Karina Milei. Spagnuolo argumentó luego ante la Justicia que esos audios se hicieron con inteligencia artificial, pero la organización Chequeado, que carece de adscripciones partidarias, hizo un peritaje con la empresa especializada BlackVOX y esta comprobó que la voz de los audios de Spagnuolo es la voz de este. De todos modos, y para evitar un eventual derrumbe de toda la causa, el fiscal Picardi no tuvo en cuenta en su investigación a esos audios.

La segunda revelación de Casanello es que dejó en el aire la posibilidad de que haya más complicidades empresarias y políticas, sobre todo en el aire que circula por arriba de los procesados. Como consignó en la periodista Paz Rodríguez Niell, Casanello advirtió que el “esquema delictivo” develado “pareciera tener márgenes aún difusos”. Los buenos entendedores no necesitan mucho más para interpretar al juez. Si bien se mira todo lo que rodeó a Spagnuolo y al escándalo en la Andis, agencia luego disuelta por Milei y convertida en una secretaría del Ministerio de Salud, tanto Casanello como Picardi están observando, aunque ellos lo nieguen por ahora, la complicidad de la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, y principal proveedora de la entonces Andis. Esta empresa farmacéutica no tiene ninguna vinculación con la clínica Suiza Argentina, cuyos propietarios son otros.

El más arriba político llega hasta “Lule” Menem. Aunque se habla de “los Menem” en alusión también a Martín Menem, en el expediente no existe ninguna mención al presidente de la Cámara de Diputados. Sucede que los dos Menem son muy allegados a Karina Milei. Ese es el problema político que el caso de la Andis está creándole al Gobierno. Es difícil, si no imposible, imaginar un gobierno de Milei sin su hermanísima. El fiscal Picardi está llevando la investigación por tramos, según todas las evidencias. Por ahora, orientó la investigación al primer nivel de recaudadores, para otros y para sí mismos. Pero es posible conjeturar que su pesquisa continuará para esclarecer los “márgenes difusos” del “esquema delictivo”, según la fórmula indirecta de Casanello. El juez terminará mañana su gestión al frente de esta causa porque está subrogando un juzgado vacante. Otro juez, también suplente, será sorteado para que lo reemplace a Casanello. Aunque continuará el fiscal Picardi con la investigación del caso Spagnuolo, no deja de ser lamentable que abandone la causa un juez que fue capaz de escribir más de 300 páginas en su primer dictamen sobre este caso.

El problema de la enorme cantidad de vacantes en la Justicia, que es lo que aparta a Casanello de esta investigación, es el conflicto de fondo en la Justicia. De hecho, la Corte Suprema, integrada por cinco miembros, tiene solo tres jueces; faltan dos. El máximo tribunal de justicia del país está obligado, así las cosas, a buscar la unanimidad para alcanzar la mayoría de tres. No siempre lo consigue, y en tales casos debe recurrir a conjueces, que por lo general son sorteados entre los presidentes de las Cámaras Federales. El gobierno de Milei, según el testimonio de varios senadores, estableció la prioridad de nombrar a esos dos jueces de la Corte, los únicos magistrados (junto con el procurador general de la Nación y también jefe de los fiscales) que necesitan que sus nombramientos tengan el acuerdo de los dos tercios del Senado. Hasta las elecciones de octubre último, esas designaciones parecían imposibles sin un acuerdo con Cristina Kirchner, que controlaba al bloque peronista, que tenía, a su vez, un número mayoritario de senadores. La viuda de Kirchner proponía los nombres de dos mujeres: la exsenadora santafesina María de los Ángeles Sacnun o la actual senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Las dos son simpatizantes fanáticas de Cristina Kirchner. Digámoslo sin elipsis: la expresidenta se sentaría en la Corte si una de esas candidatas lograra una poltrona en el tribunal.

Según senadores cercanos al Gobierno, aunque no oficialistas, el Presidente está en condiciones ahora, después del triunfo electoral de octubre pasado, de prescindir de un acuerdo con Cristina Kirchner, que solo controlaría ahora a 12 senadores de un total de 72. “Va a prescindir de ella”, asegura un senador radical que escucha al oficialismo más que a su partido. Se necesitan, en caso de que todos los senadores estuvieran en el recinto, 48 votos para alcanzar los dos tercios necesarios. Tampoco Milei tiene esa cantidad de votos. Pero podría alcanzarlo con senadores radicales amigables, con lo que quedó de Pro y con peronistas que responden ahora más a sus gobernadores que a Cristina Kirchner. El Gobierno, según senadores que antes militaban en el cristinismo, les ofreció que propongan un nombre, mientras Milei colocaría el segundo juez en la Corte para integrarla totalmente.

Los peronistas propusieron al juez Javier Leal de Ibarra, un camarista federal de Comodoro Rivadavia que es muy cercano al expresidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti; este lo nombró en su momento entre los jueces que supervisaban la oficina de escuchas telefónicas bajo control de la Corte. La confianza es enorme entre ellos. Esa antigua relación, según senadores oficialistas, alertó al Gobierno, porque no quieren repetir la experiencia de Ariel Lijo, otro juez propuesto por Lorenzetti para integrar la Corte Suprema que terminó con un amplio rechazo del Senado. También cuestionaron la edad de Leal de Ibarra, porque está cerca de los 70 años y los jueces deben jubilarse a los 75 años, según la Constitución. Los senadores oficialistas les propusieron a los peronistas que elaboren una terna de candidatos, según el gusto y paladar de ellos o de sus gobernadores, aunque les pidieron que esos eventuales candidatos cuenten con prestigio y tengan una edad no mayor a los 60 años. Milei elegiría a uno de esa terna (que es lo que sucede con los jueces de instancias inferiores), mientras el Gobierno se reservaría la nominación del otro juez supremo. El oficialismo se mantiene hermético en cuanto al nombre de su candidato, si es que ya lo tiene. El peronismo calla. Podría decir que sí o que no o perseverar con Leal de Ibarra. El año político acaba de comenzar.