POLITICA
Claudio “Chiqui” Tapia pidió anular su citación a declarar como sospechoso de evasión
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, reclamó anular su citación a prestar declaración indagatoria como sospechoso de evasión fiscal ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, que estaba prevista para el 5 de marzo.
Amarante había citado a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, y a los dirigentes Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, en una causa por evasión pues la ARCA les reclama 19.000 millones de pesos en aportes patronales e impuestos.
Tapia presentó hoy un escrito en el juzgado con el patrocinio de su abogado Lucio Simonetti. En su presentación, el titular de la AFA sostuvo que la citación a declarar “vulnera gravemente las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa en juicio”.
El abogado dijo que declarar sin que se resuelva una apelación pendiente podría anular todo el proceso, pues aún resta que la Cámara en lo Penal Económico (Sala A) resuelva si corresponde desestimar la denuncia por inexistencia de delito.
Tapia planteó una “excepción de falta de acción por atipicidad manifiesta”, argumentando que el hecho investigado no constituye un delito, lo que el juez rechazó y fue apelado en Cámara.
“Avanzar con la indagatoria en este contexto es un error procedimental grave”, dijo la defensa, y agregó que “la convocatoria cuestionada importa la consolidación formal del ejercicio de la acción penal contra mis defendidos mientras se encuentra sub judice la propia habilitación jurídica de dicha acción”.
Insistió en que la citación no es un mero trámite ni una recolección de pruebas y dijo que está en duda si la acción penal es lícita. “Forzar este paso procesal anticipado afecta el orden del expediente procesal”, argumentó Tapia, a través de su defensor.
El abogado del dirigente advirtió que “si el tribunal de alzada revocara la resolución impugnada y admitiera la excepción articulada, la indagatoria y las decisiones que de ella pudieran derivarse quedarían privadas de sustento jurídico”.
Tapia se quejó de que la indagatoria fue solicitada solo por ARCA y no el fiscal. Para la defensa, permitirle a la querella impulsar un acto que formaliza la imputación, en un escenario donde el fiscal no lo promovió y la acción penal en sí misma está bajo revisión de la Cámara, “implicaría desnaturalizar el diseño legal” del Código Procesal Penal y rompería el equilibrio entre las partes. Por eso pidió declarar la nulidad de la citación a indagatoria.
Amarante ya resolvió en esta causa aplazar la indagatoria de Toviggino para el 13 de marzo porque designó a Marcelo Rocchetti como su nuevo abogado. La AFA decidió llamar a un paro del fútbol la fecha que correspondía con la citación original a indagatoria del 5 y 6 de marzo.
Asimismo Tapia, y los demás dirigentes citados apelaron la prohibición de salida del país que les impuso Amarante, y el tema será resuelto por la Cámara de Apelaciones. Ya el juez permitió a Tapia viajar a Brasil y a Colombia a cambio de pagar una caución de 5 millones de pesos.
El juez además rechazó un planteo de Pablo Toviggino para realizar la declaración indagatoria mediante una videoconferencia, sin asistir en persona al juzgado de Retiro.
En la causa penal se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, querellante en el caso, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Toviggino, en tanto, pidió postergar su indagatoria para el 11 de marzo en lugar del 5 del mismo mes.
el juez en lo penal económico Diego Amarante,Hernán Cappiello,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,,Del Grupo Sushi al Colón. Darío Lopérfido y la política, un recorrido que lo llevó a la cima del poder y a la polémica por los desaparecidos,,Sorpresivo reencuentro. Pichetto visitó a Cristina Kirchner y hablaron de 2027: “Fue fraternal»,,AFAGate. Apareció otra cuenta de Javier Faroni en EE.UU. que desvió más de US$3 millones a cinco sociedades fantasma,AFA,,Público visitante. Lanús festeja con invitados: el campeón de la Recopa venderá entradas para hinchas de Boca,,»Igualdad ante la Ley». El Colegio de Abogados porteño le contestó al comunicado de Chiqui Tapia,,Las definiciones de Carrió. Un Toviggino “presidenciable”, su “grave error” con Macri y una advertencia por la ley de glaciares
POLITICA
En estampida, los clubes de fútbol dejan de pagar aportes sociales y previsionales, con una única excepción
Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se produjo un fenómeno nuevo en la administración de las asociaciones del fútbol: 29 de los 30 clubes de la Primera División dejaron de pagar aportes y contribuciones de la seguridad social.
El relevamiento de registros oficiales de ARCA, realizado por , muestra que la interrupción fue casi simultánea y atravesó a instituciones grandes, medianas y recién ascendidas.
La única excepción detectada es Estudiantes de La Plata, que figura con cumplimiento total.
La mayor parte de los clubes interrumpieron los aportes en diciembre. En ese mes dejaron de pagar Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Barracas Central, entre muchos otros.
Algunos clubes se adelantaron y los interrumpieron en noviembre, como Banfield, Instituto de Córdoba y San Lorenzo.
Otros extendieron el incumplimiento hasta enero, como Racing Club y Tigre.
En el caso de Deportivo Riestra va más allá y aparece incluso con falta de pagos en febrero.
Lo que muestran los registros es algo más delicado que una mera demora administrativa. El empleador, en este caso cada club, actúa como agente de retención: descuenta del salario de los trabajadores un 11% destinado a jubilación, un 3% para obra social o prepaga y otro 3% para el PAMI. A esto se deben sumar las contribuciones patronales —que rondan el 24%—. Son todos recursos que nunca deberían permanecer en la caja de la institución.
Sin embargo, según la documentación analizada por , durante ese período la conducción del fútbol se quedó con fondos que provenían de los sueldos y que debían financiar la cobertura de salud de los empleados o aportar a sus futuras jubilaciones.
En términos legales, no depositar esos montos en los plazos establecidos puede configurar el delito de retención indebida. La normativa prevé que, si transcurren diez días hábiles sin regularización desde la fecha límite, el incumplimiento puede escalar al plano penal.
El incumplimiento masivo se produce en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino.
La cúpula de la AFA aparece, además, apuntada por denuncias de desvíos millonarios de fondos a empresas fantasma, vínculos con una mansión en Pilar a nombre de un monotributista y una jubilada, y manipulación de causas judiciales para evitar que avancen las investigaciones.
El 28 de julio de 2025, la administración de Javier Milei dispuso por decreto una actualización de la alícuota de contribuciones del fútbol para, según la comunicación oficial, “equilibrar el déficit del sistema jubilatorio”.
El encargado de comunicar la medida fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien lanzó duras críticas contra la conducción de Claudio Tapia. “Los directivos del fútbol son millonarios subsidiados por los jubilados”, afirmó públicamente, en referencia a la flaqueza de los aportes.
El origen de la tensión se remonta al régimen especial creado por el Decreto 1212/03 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que reemplazó el esquema general de aportes por un porcentaje aplicado sobre entradas, transferencias y derechos de TV.
Según la visión oficial, ese sistema se volvió deficitario. La nueva disposición fijó una alícuota del 13,06% más un adicional transitorio del 5,56% por doce meses. De acuerdo con datos oficiales citados por el ministro, el régimen había cubierto solo el 57% de sus obligaciones y acumuló un rojo de $7.000 millones entre noviembre de 2023 y abril de 2024.
El Gobierno también cuestionó maniobras para reducir la base de cálculo, como la venta de abonos en lugar de entradas.
El Ejecutivo intentó directamente derogar el régimen especial mediante el Decreto 939/24 para que el fútbol volviera al sistema común, pero la AFA obtuvo una cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que frenó el cambio. Según Sturzenegger, si Vélez Sarsfield y River Plate hubieran tributado bajo el régimen general, sus aportes jubilatorios habrían sido 26 y 22 veces mayores, respectivamente.
La extensión del incumplimiento resulta llamativa. En Huracán e Independiente el corte aparece entre diciembre y enero; en Central Córdoba de Santiago del Estero se combinan interrupciones de seguro con contribuciones; Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba exhiben pagos parciales.
Incluso instituciones con fuerte estructura profesional, como Newell’s Old Boys o Vélez Sarsfield, figuran con interrupciones.
Al partir del análisis de , también hay señales de una creciente debilidad financiera en algunos casos. Argentinos Juniors acumula 74 cheques rechazados por más de $1.051 millones; Atlético Tucumán presenta un pico de deuda de $843 millones; Aldosivi registra un rojo de $6,5 millones en noviembre.
En Independiente Rivadavia se consigna que el año pasado llegó a situación 5 de deudor, el escalón más crítico del sistema financiero.
Para los trabajadores, las consecuencias son directas: aportes jubilatorios que no impactan en su historia previsional, cobertura de salud en riesgo y posibles conflictos al momento de tramitar prestaciones.
Para los clubes, el cuadro puede derivar en reclamos de la seguridad social, intereses acumulados, ejecuciones fiscales e incluso responsabilidades penales si se confirma la retención indebida. .
Camila Dolabjian,Conforme a
En una entrevista para Infobae en vivo, la abogada laboralista Elisa Cerri sostuvo que “la nueva ley laboral no va a crear trabajo, solo va a regular lo que ya existe”. Su análisis apuntó a los vacíos legales y a las dificultades prácticas que enfrentará el sistema laboral argentino tras la aprobación de la reforma impulsada por el oficialismo de Javier Milei.
Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Cerri describió el escenario de incertidumbre que atraviesan tanto empleados como empleadores frente a la inminente entrada en vigencia de la ley. “El DNU 73/2026 fue judicializado y está frenado, pero no tiene nada que ver un decreto de necesidad y urgencia con una ley aprobada por ambas cámaras”, explicó. “Si nosotros tenemos artículos de una ley que va en contra de la Constitución Nacional, se puede judicializar. La CGT lo podrá hacer en representación de todos los trabajadores, pero cada persona que tenga un conflicto puntual deberá ir a la justicia y plantear que esto le afecta y va en contra de la Constitución”.
El reemplazo de la ley para despidos e indemnizaciones
Cerri fue enfática respecto al impacto inmediato de la reforma: “La ley que aplica para el cálculo indemnizatorio es la que esté vigente al momento del despido. Si a la persona la despiden después de que entre en vigencia la reforma laboral, le va a aplicar la ley reformada”. Ante la consulta sobre la posibilidad de reclamar la aplicación de la ley anterior, la especialista fue tajante: “Si vos querés empezar un proceso judicial para reclamar la aplicación de la ley anterior, lo podés hacer, pero no te lo recomiendo porque lo vas a perder”.
La abogada desmitificó los rumores sobre topes indemnizatorios: “El tope de diez salarios fue un mito que circuló, pero no es real. Lo que sí cambió es qué incluye o no el cálculo indemnizatorio. El trabajador que va a ver afectada su indemnización es el más jerárquico, sobre todo en multinacionales, porque a ellos sí se les redujo la indemnización al no contemplar bonos ni acciones en la base”.
Inseguridad jurídica y judicialización por los “grises” de la reforma
Elisa Cerri subrayó que la reforma deja grandes zonas de inseguridad jurídica: “Cuando vos dejás muchos grises en una ley, eso aumenta la litigiosidad. Si sacás la obligación del empleador de proteger la dignidad del trabajador, eso ya es litigioso de por sí”. Agregó que “la ley anterior protegía la vida moral y no solo la económica del trabajador. Ahora, la reforma dice que si no hay perjuicio económico, el empleador tiene derecho a cambiar condiciones como el horario, y eso es polémico”.
Sobre el banco de horas, advirtió: “Eso va a aplicar a todos los trabajadores automáticamente. El consentimiento en el contrato de trabajo es polémico porque hay una relación de poder desigual. El trabajador puede firmar para no perder el empleo, no porque quiera, y si logra probarlo ante la justicia, probablemente le den la razón”.
En cuanto al pago en cuotas de indemnizaciones, Cerri aclaró: “El tema de las 12 cuotas es una parte procesal que se aplica inmediatamente. Si estás en juicio, existe la posibilidad de que te paguen la indemnización en cuotas”.
Omisiones de la ley y comparación internacional
La especialista criticó la ausencia de temas contemporáneos en la reforma: “No hay un solo artículo que hable sobre inteligencia artificial, trabajo remoto o automatización. En Europa, cuestiones como la relación laboral en Uber están resueltas hace años, y acá seguimos discutiendo si un chofer de aplicación es o no empleado”.
Cerri también se refirió a la informalidad estructural en el país: “La queja principal de los empleadores para regularizar el empleo no está satisfecha con esta ley. La rebaja de cargas patronales es solo para quienes contraten a partir de diciembre de 2025 y por dos años. No aplica a los empleadores actuales. No se puede hablar de fomentar el empleo en blanco si no bajamos el costo de contratar formalmente”.
En cuanto al impacto en la litigiosidad, fue contundente: “No creo que baje la litigiosidad. La industria del juicio está sola porque tenemos al 50% de la gente en negro. En 2025 hubo 120 mil juicios laborales cuando hay 20 millones de personas en condiciones de trabajar”.
Para cerrar, Cerri se refirió al traspaso de la justicia laboral a la órbita de la ciudad de Buenos Aires: “Es una decisión política que siempre estuvo atravesada por los intereses de cada sector. En la práctica, muchos jueces y funcionarios están pasando a la ciudad porque les ofrecen convenios. No creo que haya tanta diferencia en el funcionamiento, aunque seguramente se judicializará el traspaso”.
“La ley laboral no tiene el objetivo de crear empleo, sino de regular las relaciones existentes y sancionar las irregulares. Pensar que va a crear trabajo es como decir que la ley penal va a reducir la inseguridad. Las soluciones son mucho más profundas”, concluyó.
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elisa cerri
El gobierno porteño de Jorge Macri abrió el retiro voluntario para personal de planta permanente, como parte de un plan de reforma del Estado porteño.
Con esto, aspira a reducir la plantilla de profesionales y migrar al empleado público hacia perfiles tecnológicos. Estará vigente hasta el 31 de mayo, según fuentes del gobierno de la ciudad.
Desde 2024, Macri cortó más de 10.000 contratos de asesores y cargos políticos.
La medida conocida el jueves se cristaliza en un decreto firmado por Macri, por el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. Se habilita la creación del Régimen de Retiro Voluntario, que dispondrá del pago de una compensación no remunerativa que se determinará en base al sueldo neto, mensual, normal y habitual del trabajador al tiempo de su baja.
De acuerdo al decreto, podrán acceder al plan empleados de la Carrera de Administración Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo se aceptarán a quienes tengan 45 años de edad o más, tengan un mínimo de cinco años de antigüedad y hayan sido planta permanente durante al menos un año.
El pago se hará “en cuotas mensuales y consecutivas” durante un plazo máximo “de hasta cuarenta y ocho meses”. En línea con la reforma laboral que promovió el gobierno de Javier Milei, en el cálculo se excluirán el Sueldo Anual Complementario, o aguinaldo, así como “todo concepto de frecuencia de pago no mensual”.
El gobierno local se reserva la posibilidad de rechazar la solicitud “cuando existan razones de servicio, causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar tal temperamento”.
Tampoco podrán adherirse al programa “trabajadores y trabajadoras que, al 31 de diciembre del 2026, cuenten con sesenta y cinco (65) años de edad o más y cumplan con los requisitos necesarios para obtener el beneficio jubilatorio”. Y quedan excluidos quienes cuenten con un sumario administrativo por causales que pudieran ameritar una sanción expulsiva, hubiera iniciado reclamos o demandas judiciales al gobierno porteño.
Jorge Macri,Reforma laboral,Conforme a,Jorge Macri,,Apuesta oficial. La ciudad giró los US$588 millones de su última colocación de deuda y aumentó las reservas del Banco Central,,Angelici suma poder. Jorge Macri confirmó al frente de Desarrollo Urbano a la hija de Majdalani, exjefa de los espías,,Entrevista. Cristian Ritondo: “Vamos a apoyar la ley de modernización laboral, pero no el régimen de licencias por enfermedad”
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