POLITICA
Coimas de Odebrecht: un acusado de corrupción se ampara en un decreto de Javier Milei para sacar del caso a la unidad antilavado
La Cámara Federal de Casación Penal analiza si corresponde correr a la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo antilavado del Gobierno, como querellante en la causa en la que se está juzgado a empresas constructoras por el supuesto pago de coimas en el caso Odebrecht.
El pedido para sacar a la UIF como querellante lo realizó Carlos Ben, expresidente de AySA durante el kirchnerismo, en medio del juicio oral y público donde analizan los contratos para la construcción de dos plantas potabilizadoras. Ben basó su pedido en un decreto de Javier Milei que restringió la actividad de la UIF en la Justicia.
La salida de la UIF del juicio configuraría un golpe que debilitaría la acusación, ya que quedarían los fiscales como únicos acusadores.
En el juicio se analizan las irregularidades de las licitaciones de las obras de la Planta de Potabilización Paraná de las Palmas y la Planta Depuradora Sistema Berazategui, impulsadas por AySA en 2007.
Fueron adjudicadas a consorcios integrados por empresas como Construcciones Norberto Odebrecht SA, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC, José Cartellone Construcciones Civiles SA, Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.
Ben cuestionó la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante a partir del decreto del presidente Javier Milei que le prohibió tener ese rol en las causas penales. El planteo se apoya en la entrada en vigencia del decreto 274/2025, que derogó el decreto 226/2008, que facultaba a la UIF a intervenir como parte acusadora.
Ben sostuvo que la modificación en los decretos tiene aplicación inmediata y que la UIF no puede seguir en el proceso porque vulnera “el principio de igualdad de armas, el debido proceso y el derecho de defensa”.
En junio de este año, el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, rechazó el apartamiento de la UIF. Argumentó que fue admitida durante la investigación de la causa y que esa resolución está firme.
Indicó el tribunal oral que el nuevo decreto no dispone el cese de participación de la UIF como querellante en las causas en trámite, sino en las nuevas, y dijo que hay otros casos que avalan su continuidad.
Contra ese fallo, Ben interpuso un recurso de casación. Señaló que el decreto revoca de pleno derecho la facultad de querellar y que la interpretación del tribunal es restrictiva y arbitraria.
El recurso fue declarado inadmisible, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva, lo que motivó la presentación de una queja.
Ahora, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, resolvió abrir la queja y analizar el fondo de la discusión sobre la legitimidad de la UIF para actuar como querellante en este caso.
La causa analiza presuntas irregularidades en el proceso de licitación elaborado para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por AySA en 2007.
Se trata, por un lado, de la planta de potabilización Paraná de las Palmas, adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
Por el otro, la planta depuradora Sistema Berazategui, en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.
Se investiga el supuesto direccionamiento ilícito por parte de las autoridades de AySA en los procesos licitatorios de los proyectos de infraestructura vinculada a su competencia.
A su vez, la pesquisa indaga también sobre el presunto pago de coimas por parte de los representantes de todas las firmas involucradas con el objetivo de imponer distintas condiciones de ejecución de las obras, afines a sus intereses particulares.
Entre los acusados figuran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; su mano derecha, Roberto Baratta; el exsecretario de Obras Públicas José López y los exdirectivos de AySA Ben y Raúl Biancuzzo, entre otros, por cohecho pasivo (recibir coimas). Acusados de haber pagado esos sobornos, fueron confirmados los procesamientos de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini.
Con el caso que instruyó el juez Sebastián Casanello elevado a juicio, la fiscal Fabiana León solicitó que se actualizara el monto del embargo, para asegurar la eficacia práctica de la sentencia y teniendo en cuenta la depreciación de la moneda.
Sostuvo que los $405.200.000 fijados, que entonces representaban US$6.642.622,95, en el momento de su solicitud −a menos de tres años de la determinación de esa cuantía− representaban en esa misma divisa US$1.796.895,78 oficiales o unos US$1.012.190,24, en su variable MEP.
El Tribunal Oral Federal N° 7 hizo lugar a la pretensión fiscal y actualizó los importes, tomando como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) labrado por el INDEC -esto último por mayoría-. En consecuencia, la suma actualizada arrojó un total de $3.175.374.000.
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POLITICA
Los gremios le advirtieron al Gobierno que miles de monotributistas podrían perder su cobertura médica
El secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, y el titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac), Carlos Pérez, se reunieron ayer con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para advertirle sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de obras sociales debido al desfasaje entre los aportes que realizan los monotributistas y el costo real de las prestaciones médicas.
Si bien el encuentro fue de Cavalieri y Pérez con el ministro, los dos dirigentes gremiales llevaron al debate la preocupación de todos los miembros de la CGT que administran obras sociales.
Según el informe que elevaron Cavalieri y Pérez al ministro Lugones, mientras el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto —y asciende a entre $160.000 y $170.000 en el caso de adultos mayores—, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas $22.000 mensuales.
El informe indica que con este importe no se cubre ni siquiera el valor de una consulta médica; además una radiografía cuesta entre $80.000 y $150.000 y los análisis clínicos completos oscilan entre $200.000 y $300.000. Esto sin contemplar procedimientos de mayor complejidad, como una cirugía, que puede costar entre $1.000.000 y $2.500.000 en los casos más simples, ni tratamientos de alta complejidad como oncología, diabetes u otras enfermedades crónicas.
“El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud”, planteó Cavalieri, el líder mercantil de casi 90 años y que está hace 40 años al frente del sindicato más numeroso del país.
Tras la reunión, Cavalieri explicó que al ministro de Salud le acercaron algunas opciones. Una de ellas es que los monotributistas equiparen el aporte al de los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción sería que se elimine el aporte de salud que hacen los monotributista.
En tanto, Pérez sostuvo: “Desde Osecac queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema”.
“Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de Osecac. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales. Por eso creemos que este tema debe debatirse con responsabilidad. El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario que hoy sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina”, explicó Cavalieri en un comunicado.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena aseguró que Cristina Kirchner rechaza el indulto presidencial, pero subrayó la necesidad de aplicarlo para reparar lo que considera una persecución judicial.
En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el funcionario bonaerense remarcó: “Si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina”. De todos modos, aclaró que la ex mandataria no pretende ese beneficio: “Ella no quiere ningún indulto, eso lo puedo asegurar. Lo hemos discutido 12 veces. Ella lo que quiere es justicia, no quiere un perdón”.
En el mismo sentido, el Ministro de Justica de la PBA insistió en que la situación judicial de Cristina Kirchner responde a un entramado de persecución política y mediática, y cuestionó que “la justicia se transforme en un show mediático (…) Lo grave es que para llevar adelante estas causas se llevaron puesta la Constitución Nacional entera y todas las leyes de nuestro país”.
Según Mena, la gravedad del caso no se limita al impacto mediático: “Si con una motivación política vos podés cargarte todos los derechos y garantías constitucionales que se crearon para proteger a los ciudadanos del abuso del poder, me parece que lo grave es eso”.
Al referirse al desarrollo de la causa Cuadernos, el ministro explicó: “Vamos a tener no menos de dos años de juicio. Hay una pericia que por unanimidad dijo que esos supuestos cuadernos tienen más de 1.500 enmiendas, tachaduras y correcciones, que hay más de cuatro manos distintas a las de Centeno escribiendo”. Para Mena, el expediente judicial se convirtió en “un mamarracho jurídico que tuvo un solo, un exclusivo fin político”.
El impacto institucional y la autocrítica del peronismo
El funcionario bonaerense expuso que el funcionamiento actual del Poder Judicial afecta no solo a dirigentes políticos, sino también a la ciudadanía: “Imaginate que si esto pasa con una ex presidenta, ¿qué pasa con el resto de los ciudadanos? Andá a pelear un caso en la justicia de familia de este país, dejás la vida”.
El ministro reconoció las falencias durante la gestión del peronismo y la imposibilidad de modificar el sistema judicial: “Yo fui el secretario de Justicia de ese gobierno que fracasó. Así que la primera autocrítica es la propia. Tratando de cambiar este estado de cosas, no solo no cambiamos nada, se agravó”.
Durante la extensa entrevista, Mena insistió en la diferencia entre el deseo personal de la ex presidenta y lo que considera una necesidad institucional: “Cristina no quiere ningún indulto, eso te lo puedo asegurar. Lo hemos discutido doce veces. Ella lo que quiere es justicia, no quiere que se le perdone el delito”.
Al ser consultado sobre si cree que el indulto es una herramienta válida, Mena respondió: “No tengo dudas. Sí, claro. Yo no tengo duda que si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina. Incluso en contra de lo que ella opine”.
Finalmente, el funcionario subrayó que “la lucha contra la corrupción se convirtió en una persecución política en la que engañan a la ciudadanía que tiene todo el derecho de querer justicia. Generan todo lo contrario. En los casos concretos generan impunidad absoluta”.
Mena vinculó la crisis judicial con la inseguridad en la provincia
Frente a las preguntas sobre los recientes casos de violencia en la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena advirtió que “todas las críticas que le caben al funcionamiento de la justicia respecto a lo que hablábamos del juzgamiento de la política, el someterse a presiones indebidas de otros poderes, también caben en materia de seguridad”. Para el ministro, el mismo sistema judicial cuestionado por su desempeño en causas de corrupción tiene impacto directo en la vida cotidiana de los bonaerenses.
El funcionario fue concreto al describir el efecto de la ineficiencia judicial sobre la seguridad: “Es la misma justicia la que tiene que procesar. Obviamente, llega tarde porque el delito ya se cometió. Acá el enfoque principal, el esfuerzo estatal, debería estar puesto en la prevención y en que no se den las condiciones para que los delitos sucedan”.
Mena destacó la dimensión estructural del problema: “Cuando los delitos ya sucedieron, llega la justicia, que llega tarde, pero que es una pata importantísima a la hora de resolver un caso. Sobre todo para satisfacer los derechos de la víctima, la justicia es fundamental. Porque una justicia que es permeable a las corporaciones, permeable al poder económico, es una justicia que falla también a la hora de resolver los casos de inseguridad cotidianos”.
El titular de la cartera de Justicia bonaerense señaló la magnitud del desafío en el conurbano: “Nosotros lo repetimos siempre: para que la droga llegue a la provincia de Buenos Aires, al conurbano, recorre 1.800 kilómetros. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, no se produce droga. Se vende, se distribuye. Entonces, si recorre desde la frontera y atraviesa todo el país, hay toda una cadena de funcionarios, no solo políticos, de fuerzas de seguridad y también judiciales, que fallaron”.
En ese sentido, Mena remarcó que la independencia judicial no solo es clave para casos resonantes sino también “para el combate del delito: necesitamos una justicia independiente realmente, no solo del poder político, sino del poder económico, del poder mediático, de todos los poderes concentrados”.
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Los ministerios de Salud y Economía eliminaron las restricciones vigentes para la obtención de patentes farmacéuticas mediante una norma publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El Gobierno sostuvo que la decisión apunta a alinear el sistema local con los estándares internacionales. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en su cuenta de X con la consigna: “Argentina vuelve al mundo”.
La Resolución Conjunta 1/2026 derogó la normativa 118, vigente desde 2012, que fijaba criterios específicos para el funcionamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y limitaba su facultad para evaluar y otorgar títulos de propiedad intelectual. La nueva reglamentación lleva las firmas de Mario Lugones, titular de Salud; Luis Caputo, responsable de Economía; y Carlos María Gallo, presidente del organismo.
El texto entró en vigencia con su publicación oficial y establece que el fortalecimiento de la protección de las invenciones aportará “condiciones de previsibilidad”. Según se detalla, el esquema favorece la incorporación de desarrollos científicos y el acceso a nuevos medicamentos. Además, establece que el INPI ejercerá su competencia para analizar las solicitudes de manera individual.
El organismo aplicará los requisitos de novedad y actividad inventiva previstos en la Ley 24.481. La medida establece un mecanismo de protección para los productos que ya circulan en el mercado: el artículo 2 de la resolución determina que “para el caso de patentes concedidas vinculadas a productos farmacéuticos que estén siendo comercializados por terceros localmente, los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”.
Sturzenegger, en tanto, difundió los detalles de la iniciativa a través de su cuenta oficial en la red social X. El funcionario calificó el cambio como “una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país”. Sostuvo que la normativa anterior dificultó el registro de “terapias innovadoras” en el país.
Aseguró que la Argentina se alineó con los estándares internacionales de sus socios comerciales y anunció que el país avanzó en un acuerdo con Estados Unidos para facilitar el ingreso de la industria local a ese mercado. Sturzenegger puntualizó, además, que la derogación rige para los trámites futuros, pero que los medicamentos ya presentes en el mercado mantienen su situación actual.
Sturzenegger vinculó la decisión con el programa de gobierno que encabeza Javier Milei: “El Presidente nos ha comandado a implementar políticas basadas en el precepto moral de hacer ‘lo que está bien’. Respetar la propiedad, entre ellas la intelectual, es una derivada directa del respeto a la libertad y la propiedad”, expresó en su posteo.
El ministro de Salud, Mario Lugones, también celebró el anuncio: “Nos alineamos con el mundo en materia de propiedad intelectual para que la industria farmacéutica argentina pueda ingresar a nuevos mercados e impulsar la llegada de terapias innovadoras para los argentinos».
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Una mujer fue acusada de haber asesinado a su hija, dio una declaración falsa, pero fue beneficiada con un fallo polémico: el caso de «la madre más odiada» de EE.UU.
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