POLITICA
Coimas en la ANDIS: acusan de encubrimiento al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a uno de los dueños de Suizo Argentina

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad se ramifica: el juez federal Sebastián Casanello acusó este domingo del delito de encubrimiento a Ariel De Vincentis, el jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta.
El magistrado sospecha que el empleado ayudó a escapar de la Policía a Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, quien todavía no fue hallado por la Justicia y, por eso, además, lo citó para prestarle mañana lunes declaración indagatoria, tras un pedido del fiscal que investiga el caso, Franco Picardi.
En el entramado empresarial, Emmanuel Kovalivker desempeña el cargo de accionista minoritario de la droguería Suizo Argentina, con el 0,015% del capital social, aunque su participación se caracteriza por ser activa dentro de la gestión del negocio. La estructura accionaria da cuenta de un marcado predominio familiar, donde Eduardo Jorge Kovalivker, padre de Emmanuel, concentra el 64,5% de la compañía, mientras que su hermano Jonathan Simón detenta poco más del 21%, además de ejercer la presidencia.
El peso político de los Kovalivker en el escenario nacional se fortaleció hace años por la amistad que la familia mantiene con Mauricio Macri. El vínculo más estrecho es el que tienen el expresidente y Jonathan, con quien incluso juega al pádel y almuerzan habitualmente en el restaurante Manso de Nordelta.
Después de que los múltiples allanamientos realizados en la causa por presuntas coimas dieran resultados positivos, la Justicia se prepara también para analizar los elementos secuestrados: celulares, documentación y sobres con dólares de los sospechosos, que podrían ser prueba de los supuestos acuerdos que habrían favorecido a la droguería Suizo Argentina.
Más de 10 domicilios fueron abordados por la Policía de la Ciudad el viernes pasado, luego de que el juez Casanello autorizara los pedidos presentados por el fiscal, a cargo del expediente que investigará los audios filtrados del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en donde denunciaba presuntas maniobras irregulares y una recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos.
Para los investigadores, el primer paso será comprobar si efectivamente existió un delito. Por esto, en los próximos días el foco estará en la apertura y peritaje de los celulares personales de los sospechosos, entre ellos Spagnoulo, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Su hermano Jonathan no pudo ser hallado por la Policía, según se sospecha, porque personal de seguridad del barrio Nordelta demoró a los agentes de la fuerza de seguridad que llegaron con la orden de allanamiento.
Al tratarse de una investigación “en caliente”, por la celeridad con la que se trabajó desde que se conocieron los audios, las autoridades remarcaron que sería vital recuperar toda la información posible de los dispositivos electrónicos. Además de buscarse información extra que pudiera arrojar luz en otras cuestiones, uno de los objetivos sería localizar los audios originales.
Sin embargo, admitieron que ese paso podría demandar un tiempo extra, ya que el peritaje dependerá del desbloqueo de los teléfonos, una tarea con mayor dificultad, según el tipo de dispositivo y tecnología de cada aparato.
Hasta el momento, fuentes de la investigación confirmaron que tuvieron acceso al celular de Garbellini, debido a que él mismo decidió cooperar y entregar la clave de desbloqueo. No fue el caso ni de Spagnuolo, ni de Kovalivker.
Al ex director de la ANDIS le secuestraron dos celulares; uno, luego de que lo interceptaran mientras circulaba en un auto VW Nivus en un country de Pilar donde reside. El otro habría sido localizado en las inmediaciones de la casa.
Respecto al dueño de la Suizo Argentina, fue encontrado en una situación similar. Según relataron fuentes oficiales a Infobae, el empresario estaba a punto de marcharse en un automóvil junto a varios sobres que contenían dinero: 266 mil dólares y 7 millones de pesos.
Además de incautarse el efectivo, las autoridades tomaron posesión de su pasaporte y su celular. No obstante, el dispositivo todavía no habría sido desencriptado, ya que se trata de un modelo de alta tecnología que representa un mayor desafío.
En paralelo, otro equipo estará a cargo de revisar toda la documentación que se recuperó en los procedimientos. La misión será encontrar indicios o pruebas fehacientes que pudieran señalar la existencia de los supuestos acuerdos entre funcionarios o allegados al Ejecutivo y la droguería Suizo Argentina.
Para esto, será crucial el análisis de la documentación extraída de la sede de la ANDIS. Aunque en el repertorio informativo se sumarán los documentos encontrados en la casa de Nordelta de Jonathan Kovalivker y en la propiedad del ex titular del organismo.
Otro de los puntos a dilucidar será el origen del dinero que tenía Emmanuel Kovalivker cuando fue interceptado por las fuerzas de seguridad. Por el momento, el empresario no fue citado a declarar.
De hecho, el fiscal aún no habría citado a ninguna de las personas investigadas. La razón principal es la falta de carátula del caso. Aunque plantearían la posibilidad de que el Estado hubiera favorecido a la droguería, por medio de la compra de medicamentos por parte de otros organismos estatales, también estaría en análisis el supuesto acuerdo para que la empresa pidiera sobornos a los proveedores.
“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, vas a tener que poner el 8’, lo que cobran de medicamentos”, dijo el ex director de la ANDIS en los audios difundidos en los últimos días. Una maniobra que habría sido facilitada por Eduardo “Lule” Menem, según las acusaciones del propio Spagnuolo.
Sumada a la definición de la carátula de la causa, también está pendiente la formulación de los cargos que pudieran corresponder. Además, también está bajo análisis la situación del ex titular del organismo de Discapacidad, ya que apuntaron que podría ser señalado como testigo o encubridor.
No obstante, la imputación o no del ex funcionario estaría sujeta a las pruebas incriminatorias que pudieran encontrarse en las pericias. Lo mismo aplicaría a los casos de los demás sospechosos, por lo que todavía se demorarían algunos días en solicitar sus respectivas indagatorias.
Por último, en otra de las capas que la recién iniciada investigación por presuntas coimas se buscaría dar con el paradero de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, también dueño y presidente de Suizo Argentina. En principio, su domicilio estaba en la lista de propiedades por ser allanadas, pero cuando las autoridades llegaron, él se había ido.
POLITICA
La oposición busca avanzar en una reforma de la ley de DNU, pero hay diferencias entre los bloques

La oposición en la Cámara de Diputados se apresta a dictaminar hoy en un plenario de comisiones sobre uno de los temas que más preocupa a la Casa Rosada: la reforma del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. Sin embargo, para alivio del oficialismo, el frente opositor se presentaría dividido y, dato no menor, postergó su tratamiento en el recinto.
Uno de los máximos temores del Gobierno era que la oposición convocase para este miércoles a una sesión en la Cámara de Diputados y convirtiese en ley la iniciativa, la cual ya tiene media sanción del Senado. Si bien no está despejada la posibilidad de que esto ocurra, al menos no será esta semana y se logra ganar tiempo, celebran los libertarios, cuyos principales lugartenientes se abocaron los últimos días a disuadir a gobernadores y ex aliados para desactivar la ofensiva en el recinto.
El proyecto en debate propone modificar la ley 26.122, sancionada en 2006, para eliminar el artilugio de la sanción ficta, esto es, la convalidación automática de los DNU si el Congreso no se pronuncia al respecto. La iniciativa, más estricta, establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen en ese plazo, queda derogado. Asimismo, establece que bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras.
Con esta nueva redacción, el gobierno de Javier Milei quedaría despojado de una herramienta clave para su gestión. En lo que va de su mandato dictó 74 DNU, más del doble que la cantidad de proyectos de ley que presentó al Congreso.
Los bloques opositores más duros –Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre– se anticipan dispuestos a avalar la media sanción del Senado y así lo ratificarían al momento de dictaminar. Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica tienen dudas y no descartaban anoche presentar un dictamen en conjunto; por de pronto no van a acompañar el dictamen de mayoría, como tampoco lo harán los diputados provinciales de Innovación Federal.
En el Senado, sin embargo, tanto radicales como provinciales acompañaron en su momento la iniciativa, lo que revela cuán cambiantes son las posturas en torno de un tema por demás sensible. En vísperas de la elección legislativa, no son pocos los legisladores de la oposición dialoguista que consideran que intensificar en este momento sus ofensivas contra el Gobierno, arrebatándole una herramienta clave de gestión, podría colocarlos en una “posición golpista” que, a la larga, podía resultarles contraproducente en términos electorales.
“De allí la decisión de levantar el pie del acelerador y no convocar a sesión especial, al menos esta semana. Después, veremos”, indican.
Los tiempos, acotados
El oficialismo, mientras tanto, festeja esta breve tregua. El factor tiempo es clave. El 30 de noviembre próximo vence el período de sesiones ordinarias del Congreso –con lo cual toda la actividad parlamentaria entra en receso salvo que el presidente convoque a sesiones extraordinarias con temario propio-. Ergo, la oposición tiene por delante solo dos meses para llevar adelante sus ofensivas, elección legislativa de por medio. Los libertarios imaginan que si logran hacer un buen papel en esos comicios, el clima político permitirá diluir las futuras avanzadas opositoras y sobrevivir, sin demasiadas magulladuras, hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre.
Los oficialistas hacen cálculos: si la oposición se mantiene dividida en este tema podrán respirar tranquilos. A diferencia de lo que sucedió con las leyes sobre financiamiento universitario, emergencia en salud pediátrica y la de discapacidad, en esta oportunidad los bloques de la UCR e Innovación Federal –que responde a los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones– no parecen dispuestos a plegarse a la oposición más dura, encarnada sobre todo en el kirchnerismo.
Esta división en el frente opositor ya se visualizó cuando, en la última sesión de la Cámara de Diputados, impulsó el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que se dictamine sobre la reforma de la ley 26.122. El resultado de la votación, si bien le fue adversa, fue festejada por el oficialismo: en efecto, los opositores alcanzaron 142 votos, pero los libertarios lograron reunir 88 voluntades gracias al apoyo de la UCR y los diputados provinciales.
Esos 88 votos le asegurarían a los libertarios el tercio que necesita para blindar en la Cámara de Diputados un eventual veto presidencial si la media sanción del Senado es convertida en ley. Así las cosas, si bien los opositores contarían con la mayoría absoluta (más de 129 votos positivos) para aprobar la ley, los números no están asegurados para insistir con la norma si resulta vetada.
disuadir a gobernadores y ex aliados para desactivar la ofensiva,En lo que va de su mandato dictó 74 DNU,Laura Serra,Cámara de Diputados,Conforme a,,A un mes de las elecciones. Los “tres platitos” de la crisis que Milei no logra alinear,,Nueva causa. Grabois denunció a Espert: lo acusó de haber recibido al menos US$200.000 de un supuesto narcotraficante,,De aliado a crítico. Fernando Gray: “La lista de Fuerza Patria es un tren fantasma”,Cámara de Diputados,,Diputados. El kirchnerismo exige correr a Espert del debate del presupuesto por su presunto vínculo con un narco,,Tras el apoyo de EE.UU. La Casa Rosada busca respaldo de los gobernadores para frenar la ofensiva opositora contra los DNU de Milei,,Juan Schiaretti. “No queremos que el Gobierno se caiga ni que el país estalle; venimos a aportar racionalidad”
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El Gobierno prepara una nueva denuncia contra el Señor del Tabaco por supuestas maniobras de lavado con clientes falsos

La Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) prepara nuevas acciones judiciales contra Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, conocido como el “Señor del Tabaco”.
La denuncia volverá a apuntar a presuntas maniobras con clientes falsos y operaciones sin respaldo económico que la tabacalera habría hecho durante el 2024, que replicarían un esquema observado dos años antes.
Según el fisco, Tabacalera Sarandí había recibido más de 33.600 millones de pesos entre 2021 y 2023 de parte de 23 distribuidoras mayoristas que, para el organismo, no tenían solvencia ni registraban actividad real.
El Gobierno prepara una nueva denuncia contra el Señor del Tabaco por supuesto lavado con clientes falsos
Son distribuidoras que decían comprarle cigarrillos a Tabacalera Sarandí pero que para ARCA son empresas que en rigor pertenecen a Otero y todo sería una maniobra de lavado. Esa denuncia fue desestimada por la Justicia, en primer lugar por el fiscal Eduardo Taiano y luego por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Pero según fuentes consultadas por TN, el organismo oficial prepara una nueva presentación judicial con nuevas pruebas que involucran a otras distribuidoras, pero en este caso en el año 2024. Se trata de ventas a empresas que, desde la perspectiva del fisco, no tienen capacidad económica, financiera ni operativa.
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El organismo recaudador detectó que esta misma operatoria habría continuado en 2024. Estas nuevas distribuidoras también presentan un perfil fiscal irregular: no cuentan con acreditaciones bancarias relevantes, no registran pagos tributarios, operan mayormente en efectivo y emiten facturas con márgenes de ganancia mínimos. Además, muchas de estas ventas se hicieron a consumidores finales no identificados, utilizando facturación tipo B.
Para el fisco, todo sugiere un circuito montado para simular operaciones comerciales, encubrir el origen de los fondos y canalizarlos a través de empresas que podrían estar vinculadas al propio Otero. En el período 2021-2023, esa red representó cerca del 31% del total facturado por Tabacalera Sarandí, según cifras oficiales.
Tabacalera Sarandí niega irregularidades y asegura que Otero ya fue sobreseido
Desde la empresa niegan las acusaciones. En un escrito judicial, argumentaron que el uso de efectivo es habitual en la industria del tabaco y no constituye una irregularidad. Además, remarcaron que la denuncia presentada no cuestiona la existencia material de las ventas ni contiene hechos debidamente determinados. Aseguraron también que las pruebas son “insuficientes”.
El fiscal del caso Taiano desestimó la denuncia en función de lo establecido en el artículo 180 al entender que la denucia no aportaba pruebas concretas sobre la maniobra y entendió que mencionar el ingreso de dinero en efectivo y facturación dudosa no era suficiente.
La jueza del caso, María Servini, declaró la nulidad del dictamen presentado por la fiscalía. El fiscal recurrió ese fallo y pidió que se lo revoque.
Su postura fue mantenida por el fiscal de segunda instancia. Finalmente el 18 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó el fallo de primera instancia que había declarado la nulidad del dictamen de fiscalía del 25/06/2025 y recobró así virtualidad este último. Otero fue sobreseido.
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El caso se enmarca en una disputa mayor entre Otero y el Estado. El pasado 14 de agosto, la Corte Suprema rechazó un planteo de Tabacalera Sarandí que intentaba frenar el cobro de impuestos internos al cigarrillo. El fallo dejó firme la constitucionalidad del tributo y descartó una presentación de último momento en la que la empresa había intentado desistir del juicio para forzar una nulidad.
El proceso prevé que el Tribunal Fiscal de la Nación determine el monto a reclamar. Una vez resuelto ese paso, se emitirá una intimación de pago, una boleta de deuda y, si no hay cumplimiento, se avanzará hacia el juicio de ejecución fiscal.
Con ese fallo, Otero quedó obligado a afrontar una deuda millonaria. Según los registros de ARCA, Tabacalera Sarandí debe $419.398 millones al fisco, incluyendo $305.239 millones de capital adeudado entre agosto de 2018 y junio de 2024, y otros $114.159 millones en intereses resarcitorios calculados hasta diciembre de 2023.
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En simultáneo, sigue abierta una causa penal en Mar del Plata por presunta falsificación de estampillas fiscales y venta de cigarrillos con documentación apócrifa, iniciada en 2019 por el juez federal Santiago Inchausti a partir de una investigación de la exAFIP.
Las marcas que comercializa la empresa —entre ellas Red Point, West, Kiel y Master— ganaron cuota de mercado en los últimos años gracias a estrategias judiciales que le permitieron esquivar por un tiempo el impuesto mínimo al tabaco. Ese esquema, sin embargo, empezó a desmoronarse.
Pablo Otero, tabaco, tabacaleras, ARCA
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El Gobierno pone a prueba el humor social en la campaña y surgen dudas por la construcción de acuerdos políticos

El Gobierno busca recuperar la iniciativa tras el contundente respaldo de la administración republicana de la semana pasada, pero la política doméstica es mucho menos concesiva con Javier Milei que Donald Trump. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Di Tella cayó en septiembre a su nivel más bajo desde que asumió el presidente: -8,2% respecto al mes anterior y se situó por primera vez debajo de los 2 puntos -1,94%- en la escala de 0 a 5. Ayer, el dólar oficial subió a $1.380, creció la brecha con los financieros -una variable que el Gobierno había resuelto transitoriamente- y el riesgo país volvió a escalar por encima de los 1.100 puntos básicos.
El efecto del rescate norteamericano, que inmortalizó primero Scott Bessent en un posteo inédito, y las declaraciones del propio Trump, que dijo después en plena reunión bilateral con Milei, que apoyaba su “reelección”, parece empezar a relativizarse por el fragor de la campaña electoral y las dificultades del oficialismo para construir acuerdos de gobernabilidad, tal como pidió el secretario del Tesoro y dejaron trascender desde la Casa Rosada.
Ayer, en Ushuaia, el final de la visita de Milei para apuntalar a sus candidatos en la isla terminó, otra vez, de manera imprevista: los organizadores tuvieron que alterar la actividad original -una caminata por el centro- por manifestaciones convocadas por el gobierno local y el sindicalismo. El cierre fue abrupto y la comitiva volvió a Buenos Aires. Las últimas presentaciones del presidente y La Libertad Avanza incluyen protestas de diversas agrupaciones y algún tipo de escaramuza. El caso de Lomas de Zamora, en la previa de las elecciones bonaerenses del 7S, fue el más serio por las gravísimas pedradas que obligaron a suspender la caravana presidencial. También Karina Milei tuvo que terminar de manera abrupta algunas actividades en el interior -el caso más resonante fue el de Corrientes, en la previa de los comicios locales-.
En ese clima crispado, Milei volvió a cambiar su discurso, que tuvo que ser alterado por la durísima derrota en la provincia de Buenos Aires que dejó al Gobierno en una situación de extrema fragilidad política. En La Libertad Avanza ya no se habla, como pocos meses atrás, de pintar el país de violeta: ayer, en Tierra del Fuego, el jefe de Estado pidió no aflojar y que el esfuerzo valga la pena. Los encargados de las encuestas del oficialismo no son muy optimistas. Como mucho se habla de un “triunfo módico”. En el Gobierno se preparan para desembarcar en Santa Fe -presuntamente en Rosario y otra ciudad del interior- hacia el final de la semana, y se especula con algún tipo de anuncio. También habrá una visita a Entre Ríos. La semana próxima el presidente estará otra vez en el Movistar Arena, en la capital, que fue la sede del cierre de campaña del 2023, para la presentación de otro libro. Haría un show musical, como el del año pasado en el Luna Park. Era otro el contexto. Y se prevé una provincia de las más importantes en términos de peso electoral para el cierre de campaña, antes del 26 de octubre. Los ministros recorrerán mientras tanto varios puntos del país.
En ese contexto, el Gobierno ensaya algunos movimientos para tratar de generar acuerdos de gobernabilidad, aunque no hay que esperar resultados hasta las elecciones. “El 26 a la noche empieza el nuevo gobierno, con el resultado puesto”, aventuró ayer uno de los dirigentes que participó de la reunión del consejo de mayo en las oficinas de Guillermo Francos, en las que, en teoría, se empezó a conversar sobre una reforma tributaria para negociar en el Parlamento tras los comicios. “Es un tema complejo, no es escribir una reforma en un papel. No se ve un diseño claro de lo que quieren hacer en lo político”, agregó el dirigente.
El Ejecutivo reacciona por espasmos. En el equipo de campaña hay preocupación. El sistema de toma de decisiones está en crisis, y en buena parte del sistema político se percibe un vacío de poder que quedó expuesto desde las elecciones bonaerenses, y que tuvo un impasse la semana pasada a partir del fenomenal respaldo de la administración Trump que alejó al gobierno del abismo.
Eso fue, en parte, lo que palpó Mauricio Macri cuando declaró públicamente, tras la reunión con candidatos del PRO, que hacía un año que no hablaba con Milei pero que aún así estaba dispuesto a colaborar. El fin de semana, el mandatario le escribió por WhatsApp al expresidente, le agradeció esas palabras y quedaron en encontrarse. Lo harían próximamente, explicó anoche Manuel Adorni.
En la cúpula del PRO se acumularon en los últimos meses motivos de sobra para desconfiar del Gobierno, pero temen que una crisis mucho más seria pueda ser capitalizada por el peronismo, que renovó expectativas tras el triunfo en la provincia de Buenos Aires.
En el PJ intentan, de todos modos, mirar más allá del territorio bonaerense. Salir de la disputa entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof que acaparó la atención del espacio en el último año. En ese intento se inscribe la presentación que esta tarde realizará la agrupación Primero la Patria, que reconoce el liderazgo de Cristina Kirchner pero busca barrer con los personalismos que atravesaron al peronismo en los últimos años. Por ejemplo, el del jefe de La Cámpora y de PJ bonaerense. En la búsqueda, además, de una representación federal que intente disputarle algo de la agenda del interior y productiva que construyeron en estos meses los gobernadores de Provincias Unidas. Hay dirigentes como Juan Manuel Urtubey -para eso volvió a conversar con la expresidenta-, Sergio Uñac, Teresa García o José Glinski.
En el caso de los gobernadores de Provincias Unidas, este martes volverán a reunirse tras la foto que compartieron en Córdoba, esta vez en Chubut, el territorio de Ignacio Torres. Llegarán Gustavo Valdés, Martín Llaryora, Carlos Sadir y Maximiliano Pullaro. Juan Schiaretti también sería de la partida. Hay diferencias internas, pero pretenden disimularlas lo más que puedan. Había dudas con Claudio Vidal, de Santa Cruz. Según la agenda, recorrerán una planta de la empresa Aluar en Puerto Madryn, en compañía de Javier Madanes. Para aprovechar la exhibición de un plan industrial por parte de ese bloque de mandatarios. Toda una señal hacia el Gobierno: el empresario dueño de Aluar está preocupado por los aranceles de Trump al acero y el aluminio.
Se trata de movimientos por fuera del radar de la Casa Rosada, que no logra por el momento darle mayor vuelo a la construcción de la gobernabilidad tan ansiada por Bessent.
Peor aún: en las próximas horas el Gobierno no tendrá buenas noticias en el Congreso. Se espera, en ese sentido, por la convocatoria, o no, para sesionar el jueves en el Senado los vetos de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.
En Diputados, a las 16, volverá a reunirse hoy la comisión que investiga el caso $LIBRA. Está citada Karina Milei, por segunda vez, aunque se descuenta que no irá. María Florencia Zicavo, la funcionaria del Ministerio de Justicia que faltó la semana pasada a su segunda citación, podría comparecer con auxilio de la fuerza pública. El viernes, autoridades de la comisión le hicieron ese pedido al juez Julián Ercolini, que debe definir ahora si resuelve o le deja esa resolución a Marcelo Martínez de Giorgi, el juez de la causa. Un antecedente que cerca de la secretaria general siguen con especial atención.
En paralelo, hoy a las 14, en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamento de Diputados, el proyecto que modifica el régimen legal de los DNU, y que tiene media sanción del Senado, podría tener dictamen de comisión para después ser llevado al recinto. Se trata de una mala señal para el Ejecutivo, que dictó más del doble de decretos de necesidad y urgencia que proyectos de ley: 74 versus 33, según consignó el diario La Nación. Es un dilema para el bloque del PRO, aliado del gobierno, que en la Cámara alta acompañó la media sanción con cinco de sus siete senadores.
Ayer, en oficinas de la capital, el bastión principal del PRO, intentaban avanzar en tratativas con LLA para saldar la disputa que volvió a revitalizarse por la coparticipación porteña y la cautelar que la Corte Suprema resolvió en el 2023 en favor de la Ciudad. Ezequiel Sabor, que sumó tareas de gestión, era el encargado de esa negociación después de que no hubiera resultados en los equipos técnicos. En los últimos meses, el Gobierno se atrasó con el pago que empezó a depositarle todos los viernes a la administración de Jorge Macri tras esa resolución de la Corte. Unos $20.000 millones semanales. En el presupuesto porteño que hoy debe presentarse en la Legislatura, están contemplados unos $2 billones para el 2026.
Tanto el jefe de Gobierno como los gobernadores quieren ver respuestas concretas en el presupuesto enviado a mediados de mes al Parlamento. La inclusión de Luis Caputo, “Toto”, en la mesa federal de negociación con los gobernadores, tras la derrota bonaerense, había sido una señal en ese sentido: de negociar directamente con el ministro que supervisa el equilibrio fiscal.
Sin embargo, se espera que el presupuesto recién empiece a negociarse seriamente tras las elecciones de octubre, con el resultado puesto. Para saber con qué fortaleza cuenta la Casa Rosada. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda es José Luis Espert, el primer candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires. El fin de semana, el diputado quedó otra vez envuelto en sospechas, y arreciaron versiones. En una campaña, en la Provincia, que acaba de quedar atravesada por el drama narco por el Triple Crimen de Florencio Varela. Una mala noticia para Diego Santilli, que prevé recorrer hoy con el diputado Olavarría.
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