Los acontecimientos recientes hacen parecer que el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad podría ser un campo minado. Y es que sigue sin frenarse el escándalo por los audios que indican presuntos pagos de sobornos de la droguería Suizo Argentina a funcionarios nacionales. Por estas revelaciones, el Gobierno debió forzar la salida de Diego Spagnuolo -abogado personal del Presidente- de la conducción del organismo, quien contó que en la ANDIS estaban aflorando manejos espurios sobre el proceso de compra de medicamentos.

La revelación periodística del portal Data Clave y del streaming Carnaval fue un cimbronazo para la alta cúpula de la Casa Rosada. Al comienzo, Spagnuolo dio explicaciones vagas sobre sus dichos y luego no volvió a contestar a ninguno de los interlocutores del Presidente. En una reunión cerrada entre el triángulo político de Milei, se terminó de decidir la limitación de su cargo -una forma elegante de desplazarlo-, y la de Daniel Garbellini, el director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, a quien en los audios se lo califica como “un delincuente que maneja la caja” de la agencia.

Esto llevó al Ejecutivo a tomar una decisión complementaria: la intervención del organismo, la cual, según dispone el decreto de su implementación, tiene la finalidad de informar “alguna anomalía o incumplimiento” y de que se genere “un informe de intervención, en el cual deberá detallarse el estado general de la situación relevada y las recomendaciones a seguir”.

El designado para esa tarea fue el doctor Alejandro Vilches, quien hasta hace dos días se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud. Se trata de una persona de suma confianza del ministro Mario Lugones, a quien en el entorno presidencial ratifican en su cargo. Incluso, este movimiento parece empoderarlo más que disminuirlo.

El Gobierno tomó así la decisión de intervenir administrativamente para tratar de dar gestos de presunta inflexibilidad ante estos casos. Un procedimiento similar se hizo en los días posteriores al escándalo $LIBRA: allí se decidió que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, creara una unidad ad hoc para investigar el hecho; aunque presidida por su jefa de Gabinete, Florencia Zicavo. Tres meses después, la unidad se disolvió sin haber brindado mayores novedades.

La gestión de daños o la investigación parece más compleja para este caso. Hay todo un organigrama y una cadena de mandos que está sobre la mira. Y parece sensible tomar determinaciones sobre permanencias o no de cargos mientras la Justicia realizó más de una docena de allanamientos (casi en tiempo récord) a las oficinas de la ANDIS, a sus dos exfuncionarios y a directivos de Suizo Argentina.

La droguería consiguió aplicar para adjudicaciones en el portal COMPRAR en 86 oportunidades a lo largo de un año y 8 meses de gestión libertaria, aunque en la mayor cantidad de los casos estas fueron para la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, el Estado Mayor del Ejército y distintos hospitales nacionales dependientes del Ministerio de Salud. La ANDIS no figura como ejecutora de ninguna de estas licitaciones.

Por la sensibilidad de la causa, el Gobierno promete que habrá fuertes acciones de parte de la intervención del organismo. “Está muy centrado en tomar las riendas del organismo”, así afirmaron fuentes inobjetables del Gobierno.

En sus primeras horas como funcionario de la agencia, Vilches se acercó ayer por el mediodía a la Casa Rosada y fue parte de una reunión clave en los despachos lindantes al del asesor presidencial Santiago Caputo. El clima en la sede del Ejecutivo está “muy tenso”, se sincera una fuente que circula por esos pasillos, y es que la causa tiene secreto de sumario, lo que produce que muchas de las acciones judiciales se las terminen enterando después que los periodistas que siguen la causa.

La estrategia libertaria estaría centrada en despegar las acusaciones de Spagnuolo de Karina y Lule. En los Registros de Audiencia figuran tres encuentros entre el ex titular de ANDIS y el armador nacional de LLA, todos anteriores a la incorporación de Garbellini a la gestión nacional, que en la Decisión Administrativa 699/2024 de la agencia figura desde el 3 de junio de ese año. En ese entonces, el organismo estaba haciendo la transición de depender de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud (algo que se produjo por la salida de Nicolás Posse).

La figura de Garbellini es central para varios integrantes del oficialismo. Consideran que pueden utilizarlo como un eventual responsable de las presuntas irregularidades que se desprenden de los audios. Aun así, la estrategia judicial y comunicacional del Gobierno está trabajándose puertas adentro, aunque a ciegas. Todo está supeditado a cómo juegue Spagnuolo, y temen que se convierta en un arrepentido.

En medio de toda la tempestad, el Gobierno evalúa la forma en la cual puede implementar un incremento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. En la comunicación que realizó Manuel Adorni antes de que se rechazara el veto en Diputados, se detalló que “de concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”. Anteayer, el vocero indicó que Vilches deberá profundizar “la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”.

Para las próximas semanas se espera que la ANDIS empiece a ejecutar una suspensión de cerca de 220.000 pensiones no contributivas que se ejecutaban a través del programa Incluir Salud, que depende directamente del organismo. De manera sorpresiva, efectivos del Departamento de Organizaciones Criminales allanaron ayer a la noche la sede de Incluir Salud, donde se ubicaba la oficina de Garbellini.

Altísimos referentes del sector privado piden al Gobierno cambiar las categorías para las cuales se atribuye que una persona tiene discapacidad o no. “Estas son cosas que se las dijimos al Gobierno. Hay que hacer un reempadronamiento de discapacidad y definir nuevamente qué es la discapacidad social”, definió un actor importante del sector privado a Infobae. Por estos meses habrá otro tipo de prioridades para las autoridades nacionales.

Los primeros allanamientos

El juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó anteayer un total de 14 allanamientos para esclarecer la presunta red de sobornos que involucra a altos funcionarios y empresarios del sector farmacéutico.

La denuncia penal fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner. El escrito sostiene que todos ellos “habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican”.

Los procedimientos incluyeron la sede central de la ANDIS, los domicilios de Spagnuolo y Garbellini, así como la droguería Suizo Argentina S.A., principal proveedora de medicamentos del organismo.

En la droguería, los agentes incautaron documentación sobre compras, licitaciones y contratos, además de computadoras. En la vivienda de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la empresa, se secuestraron dispositivos electrónicos y una suma cercana a $200.000.

Durante los primeros allanamientos, Spagnuolo no fue localizado en sus domicilios registrados. Finalmente, cerca del mediodía, fue hallado en un country de Pilar, donde quedó demorado —aunque no detenido— y se le incautó su teléfono móvil, considerado una posible fuente de pruebas clave. En otro de los operativos, realizado en Nordelta, se encontró “una gran cantidad de dólares distribuidos en distintos sobres” dentro de un vehículo en el que circulaba Emmanuel Kovalivker

La causa permanece bajo secreto de sumario. La fiscalía se concentró en recolectar toda la documentación, dispositivos electrónicos e información relevante para iniciar el análisis de lo incautado. Entre los materiales secuestrados figuran papeles sobre licitaciones, transferencias a la droguería y contratos. Hasta el momento, no se han emitido órdenes de detención.