POLITICA
Coimas en la ANDIS: una auditoría urgente para frenar la onda expansiva del escándalo y las dudas sobre los audios de Diego Spagnuolo

A cinco días de la difusión de los explosivos audios de Diego Spagnuolo, en los que habló de un tenebroso circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno empezó a definir un curso de acción para contener una crisis política de dimensiones impredecibles. Instruyó al interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos del organismo, desactivó por ahora la idea de presentar una denuncia, y empezó a dar explicaciones para contener la onda expansiva del escándalo.
El primer ejecutor de este plan de acción fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que brindó una larga entrevista radial donde expuso los argumentos de la Casa Rosada ante el vendaval político que detonó la difusión de los audios donde un locuaz Spagnuolo ventilaba ante un interlocutor -todavía desconocido- los supuestos negociados que ocurrían bajo sus pies en el organismo responsable de asistir a las personas con discapacidad.
Los audios -grabados de manera clandestina, editados y difundidos con sofisticada precisión- tendrían al menos un año. No son los únicos y el Gobierno lo sabe. Exponen un trasiego macabro de negociados entre proveedores de medicamentos y el Estado. La quintaescencia de lo que vino a erradicar el gobierno que asumió en diciembre de 2023 con el mandato de barrer con la corrupción sistémica de la casta y los “empresaurios”.
Francos habló en extenso y expuso las claves de la defensa del Gobierno. Pero Infobae pudo confirmar que esa no fue la única decisión que se tomó en lo más alto del Gobierno para tratar de contener la onda expansiva de esta bomba de profundidad. En la Casa Rosada confía en que la auditoría sobre los contratos y los números de la Andis van a echar luz sobre lo que ocurrió durante la gestión deslucida de Spagnuolo, un funcionario cuestionado por su pobre actuación y que le generó a Javier Milei más de un dolor de cabeza. También está bajo sospecha Danel Garbellini, que fue director de Acceso a los Servicios de Salud y también terminó eyectado del cargo.
En más de seis meses solo pudo depurar 120 mil pensiones de un universo de más de 1.200.000 que debió investigar si fueron o no mal otorgadas durante los últimos gobiernos kirchneristas. Además, fue el responsable del triste episodio con Ian Moche, un niño con trastorno de espectro autista que es activista por los derechos de los discapacitados y a quien destrató en una reunión. Y dejó publicar una resolución con expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, en referencia a personas con discapacidad intelectual. A esa ineficacia manifiesta se le sumó la difusión de los audios.
Control de daños
“Veremos qué ocurre con la auditoría. No se va a ocultar nada y, si aparece algo turbio o una prueba de una coima, lo vamos a hacer mierda”, reconoció una fuente del Gobierno, que puso en duda que Spagnuolo le haya transmitido al presidente siquiera una sospecha sobre la supuesta protección política de ese circuito de pagos ilegales para abastecer de medicamentos a las personas con discapacidad.
Infobae habló con exfuncionarios, abogados que litigan en Comodoro Py y tienen acceso al círculo libertario, y fuentes oficiales, y en todos los casos recogió el mismo argumento: “Spagnuolo se sostenía en su cargo por la amistad y la confianza que tenía con Milei. El presidente no toleraría que nadie le sugiriera una descalificación sobre su hermana. Todos los que conocen al Presidente saben que una crítica sobre ‘El Jefe’ es equivalente a la expulsión definitiva y sin retorno a su intimidad”, explicó uno de los consultados por este medio.
“No es creíble que Spagnuolo le hubiera dicho semejantes cosas el año pasado a Milei y siguiera participando de las noches de ópera en Olivos. Lo que se escucha en los audios parece una bravuconada o que estaba tratando de dar excusas a la persona que lo grabó, que puede ser alguien de la industria de los medicamentos”, contó otro de los consultados para esta nota.
Auditoría urgente
En el Gobierno esperan que la auditoría sobre los contratos y licitaciones de la ANDIS echen algo de luz sobre los negocios que tuvo la drogería Suizo Argentina, la empresa de los Kovalivker, en más de un año y medio de gestión de Spagnuolo. Hay algunos indiciios que preocupan.
La incautación de los sobres con 266 mil dólares que se les secuestraron a Emmanuel Kovalivker en los allanamientos de la semana pasada ya alimentan todo tipo de especulaciones. ¿Qué hacía con ese dinero fraccionado en su auto? ¿Por qué, además, estaba con el pasaporte? Los investigadores admitieron que parecía un intento de fuga.
En los allanamientos a su hermano, Jonathan, no se lo encontró. En su casa, había al menos tres cajas fuertes: una estaba vacía, abierta y con bandas elásticas diseminadas. Ese escape, creen, sí se concretó.
Tanto en la ANDIS como en la sede de Suizo Argentina, los investigadores se llevaron documentación. Creen que era información sensible.
Por eso, el interventor Vilches tiene poco tiempo. El viernes al mediodía estaba en la sede de la calle Ramsay con un equipo de máxima confianza revisando papeles, archivos y bases de datos. En la ANDIS, Spagnuolo no dejó un buen recuerdo, por lo que se descarta que, si hubo irregularidades, el personal de planta no demorará en exponerlo.
“Lo primero que se tiene que determinar es la veracidad de los audios, si lo que dijo ocurrió y de quién es la responsabilidad. Ni Javier Milei, ni Karina Milei estuvieron al tanto de una situación como esta. Es una operación política en medio de la campaña, pero lo importante es que se sepa la verdad”, abundó otra vez cercana al Gobierno.
Hay, de todos modos, extrañeza en el gobierno sobre la secuencia entre que aparecen los audios antes del debate de la ley de discapacidad, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, hace la denuncia, y el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi activan los allanamientos.
Recuerdan que, con el caso fentanilo, había decenas de muertos y el presidente en persona tuvo que pedirle a la Justicia que arresten a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma. “Acá no pasaron ni 24 horas y secuestraron plata, teléfonos y documentación. Celebramos la celeridad, pero es raro”, dijeron.
POLITICA
El trasfondo de la ruptura de la Libertad Avanza en San Luis que repercutió en el Congreso

“Los hechos de corrupción denunciados hasta ahora como farmacia, el caso Spagnuolo y Banco Nación, todos tienen el mismo apellido y es Menem”. La frase explosiva fue del diputado nacional Carlos D’Alessandro tras anunciar su salida de La Libertad Avanza (LLA) minutos después de que la Cámara Baja rechazara el veto presidencial a la ley de discapacidad.
El legislador por San Luis, vinculado al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, venía de horas vertiginosas: quedó afuera del armado de candidaturas en su provincia y su hijo fue desplazado de la conducción partidaria local tras un acuerdo entre la Casa Rosada con el gobierno provincial, que comanda Claudio Poggi. Eso terminó de detonar su portazo.
“El armado de listas en San Luis fue el detonante. La mayoría vemos que esto se transformó en una nueva casta política, lo que nos duele muchísimo porque una de las principales banderas que teníamos nosotros era venir a luchar contra la casta”, declaró D´Alessandro el miércoles en los pasillos del Congreso.
Su ruptura coincidió con el estallido de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo —ya exfuncionario— que dieron origen a una causa en Comodoro Py sobre un supuesto sistema de recaudación paralelo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la cual salpica a la cúpula libertaria que integran Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem.
D’Alessandro ratificó sus dichos y responsabilizó del resquebrajamiento de LLA en San Luis a la secretaria General de la Presidencia, al principal asesor de la hermana del Presidente y al titular de la Cámara de Diputados, quienes digitan el rumbo del partido oficialista. “Nos impusieron candidatos desde Buenos Aires pactando con la casta más rancia. A quienes veníamos trabajando desde hace más de un año en San Luis para expandir las ideas de la libertad nos dejaron afuera”, disparó ante la consulta de . Y agregó: “Al presidente no lo conozco y tampoco tengo su teléfono”.
Su portazo fue pergeñado con otros diputados “heridos”: la bonaerense Marcela Pagano —enfrentada hace meses con Martín Menem—, el formoseño Gerardo González —desplazado de la toma de decisiones del partido en su distrito— y la mendocina Lourdes Arrieta —convertida en opositora acérrima tras su ruptura a mitad de 2024, cuando corrió la misma suerte—. Juntos formalizaron un nuevo bloque llamado “Coherencia”, que se estrenó con quorum y votos en favor de iniciativas de la oposición. “A González le hicieron lo mismo en Formosa, donde LLA tiene un acuerdo con Insfrán. Con este contexto, no tengo dudas de que habrá más salidas del bloque”, añadió D´Alessandro.
Si bien la pelea por el control de LLA en San Luis arrastraba conflictos descarnados, protagonizados por diversos actores radicados en el Congreso de la Nación, terminó de colapsar con el cierre de listas de los tres candidatos a diputados nacionales. Entre gallos y medianoches, una orden “de arriba” desplazó a Matías D’Alessandro al frente de la sucursal puntana y ese fin de semana se oficializó una boleta para octubre encabezada por Mónica Becerra, exministra de Desarrollo de la provincia. “En ese momento se visibiliza el acuerdo entre LLA y el gobernador Poggi, algo a lo que D’Alessandro se opuso con firmeza”, dijo un dirigente local consultado por .
Según D’Alessandro, que hasta último momento amagó con presentar una lista paralela, la negociación electoral en San Luis fue cerrada personalmente por Santiago Viola, apoderado nacional de LLA, y Diego Manuel Vartabedian, director nacional de Relaciones Institucionales y Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Presidencia, a los que acusó de haberse trasladado hacia la provincia el pasado lunes “en un vuelo privado”. Tras una denuncia por “inconducta partidaria”, la jueza electoral María Servini dispuso la intervención, lo que eyectó del partido a su hijo, un ingeniero sin experiencia en la política, a quien D’Alessandro pretendía colar en la boleta nacional.
“Matías era una figura de perfil bajo, pero su Carlos viene de Gastronómicos y tiene un respaldo fuerte de poder porque atrás suyo está Barrionuevo”, remarcaron.
En las elecciones para la Legislatura de San Luis celebradas el 11 de mayo, LLA se ausentó de manera oficial, lo que le allanó el camino al oficialismo provincial. En cambio, hubo dos listas blue que se arroparon la representación libertaria. Una fue la del propio D’Alessandro, que se presentó como candidato bajo el sello de “Tercera Posición”, el partido fundado por Graciela Camaño y Luis Barrionuevo, recordado por su apoyo a la campaña presidencial en 2023 de Javier Milei, de quien luego se alejaría. El diputado nacional obtuvo una banca provincial para sí mismo por el departamento Pueyrredón.
En las puertas de la Legislatura puntana terminó con un “¡Viva la Libertad, Carajo!”, la propuesta de su rival doméstico, el empresario de la salud Rodolfo Negri, prosecretario parlamentario del bloque LLA en el Senado de la Nación, donde una de las seis bancas libertarias ocupa Ivana Arrascaeta, su pareja. Ambos ungieron la candidatura de David Ocaña, representante de LLA en el Parlasur, que finalmente se quedó con las manos vacías.
Un tercer sector en San Luis lo tiene el presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala, aunque una serie de declaraciones polémicas meses atrás sobre sus 20 asesores y pretensiones de ser gobernador lo hicieron recluirse en la Cámara Alta. “Bartolo optó por mantenerse al margen y plegarse a la estrategia de la conducción del partido”, confiaron fuentes libertarias puntanas.
El borrón y cuenta nueva de LLA en San Luis fue capitalizado por el gobierno provincial, pero también quedó atravesado por esquema de poder de los hermanos Rodríguez Saá, quienes suman nueve mandatos entre ambos, pero hoy están enfrentados. Mientras Alberto alineó detrás suyo al PJ puntano como principal oposición, Adolfo fue artífice del regreso de Claudio Poggi a la gobernación hace dos años, en un pacto de convivencia vigente. Como segundo candidato a diputado nacional por LLA irá Carlos Almena, un dirigente de Merlo con pasado en el Pro. Vinculado a Patricia Bullrich en su momento, fuentes locales señalaron que “es un hombre de Adolfo”, en relación a su verdadera terminal política.
D’Alessandro ahora tendrá que definir su futuro: aferrarse a su banca nacional o radicarse en la Legislatura de San Luis, donde pretender aspirar a una candidatura a gobernador.
La segunda opción era la posibilidad más fuerte, pero el abrupto cierre de listas y la cruzada que inició esta semana contra su ahora exbloque alteró podría alterar los planes originales. “Todavía no lo tengo definido”, reconoció. De retirarse de la Cámara Baja, en su lugar ingresaría el primer candidato suplente de la lista de diputados nacionales de la LLA por San Luis en 2023. Se trata de Claudio Álvarez, el hombre de Barrionuevo al frente de la filiar puntana del Sindicato de los Gastronómicos.
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POLITICA
Causa de los audios de Spagnuolo: la Justicia impide que los involucrados accedan a sus cajas de seguridad

El juez federal, Sebastián Casanello, ordenó bloquear las cajas de seguridad de los principales involucrados en la causa de los audios en los que el extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, habló de presuntas coimas a droguerías proveedoras del Estado.
Por otro lado el magistrado indaga en Comodoro Py al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis. Sospechan que colaboró para que el empresario, Jonathan Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, pudiera escapar.
Leé también: Las últimas noticias del escándalo de las presuntas coimas
La medida alcanza a entre otros a exfuncionarios, como el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y a la familia Kovalivker.
La medida se dispuso a través de un oficio al Banco Central (BCRA). El argumento de la decisión es porque no solo porque en las cajas de seguridad se guarda plata, sino también documentos. De esa manera la Justicia busca evitar que se eliminen pruebas.
Además la policía de la Ciudad se encuentra en la entrada del country Nordelta, donde piden las entradas y salidas del barrio.
Noticia que está siendo actualizada.-
coimas, Discapacidad
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Con la Justicia de por medio, Ghi y Sabbatella intentan una convivencia forzada para la elección en Morón

Con todos los plazos de presentación y autorización de listas establecidos por la Junta Electoral bonaerense ya vencidos, en Morón se resolvió recién el viernes último la maraña de la interna entre el intendente Lucas Ghi y el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, que están enfrentados, pero presentaron una nómina de unidad en paralelo a sus listas propias.
La justicia provincial en lo contencioso administrativo de San Martín autorizó la nómina de Fuerza Patria de Morón, que había sido rechazada por la Junta Electoral por haberse presentado fuera del plazo fijado. Finalmente, el viernes la Junta la aceptó junto a otras listas distritales en problemas. Ambos sectores tendrán una oferta única en los cuartos oscuros de Morón el 7 de septiembre, aunque no se hablan, no comparten actos de campaña y ya habían puesto en marcha sus mecanismos proselitistas para respaldar sus respectivas boletas cortas (solo categorías municipales).
La interna explotó a fines de 2023, cuando Ghi desplazó a funcionarios sabbatellistas de su gabinete. Sabbatella quiere volver a ser intendente, contra los deseos del actual jefe comunal. Sin resolución para la interna, ambos llegaron al cierre de listas con el enfrentamiento a tope y armaron nóminas por separado, pero sobre el filo del cierre del plazo para presentar candidaturas (el 19 de julio), cerraron una lista conjunta que fue rechazada por la Junta Electoral provincial por haberse inscripto fuera de plazo. El jueves, un fallo de los jueces Marcelo Schreginger, Jorge Saulquin y Damián Cebey, de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín, avaló la lista conjunta. La Junta, al día siguiente, la aceptó en una resolución en la que avaló planteos de Fuerza Patria también en otros distritos, como San Nicolás, donde autorizó la nómina de la camporista Cecilia Comerio.
“La Junta Electoral dice que por haber presentado media hora tarde la boleta de Fuerza Patria, no se puede oficializar. Entonces, presentamos un amparo, y en primera instancia se nos dio la razón. La Junta, la Junta Electoral apeló y la cámara volvió a ratificar nuestra posición”, resumieron desde el sector de Ghi.
La lista de unidad en Morón es solo un instrumento electoral, porque la división está vigente. Sabbatella presentó también una lista propia (Nuevo Morón), que él mismo encabeza, e inició una campaña por esa nómina. También tiene vigente su campaña “Martín vuelve”, con la mira puesta en ser candidato a intendente en 2027. Lo mismo hizo Ghi, con una nómina liderada por él e inscripta desde el Partido del Trabajo y la Equidad (Parte, el sello del expresidente Alberto Fernández).
“Las diferencias existen. Imagino que las depondrán de cara al principal objetivo, que es ofrecerles una alternativa a los vecinos que no se sienten contenidos con el Presidente”, indicaron cerca de Ghi.
La lista en conjunto lleva a la cabeza a José María Ghi, hermano del intendente. Tiene representantes propios del espacio de Sabbatella, otros de Ghi, y otros alineados con La Cámpora, el Movimiento Evita, el Frente Renovador y el sindicato de gastronómicos.
Sabbatella fue electo intendente en 1999, 2003 y 2007. Ghi ganó en 2011, 2019 y 2023. El exintendente está alineado con Cristina Kirchner; el actual jefe comunal, con Axel Kicillof. Peleados, no comparten actos de campaña a pesar de la lista conjunta y los reproches siguen a la orden del día.
El 12 de agosto, Kicillof fue Morón a inaugurar un nuevo edificio para una escuela y el sabbatellismo denunció que fue ninguneado. “No nos invitaron, nunca vi algo así. Hicimos un acuerdo, hay lista de unidad y siguen con la persecución política dentro del gobierno, negando al sector mayoritario de Fuerza Patria”, dijo en esa oportunidad Sol Steinberg, que es parte de la lista de unidad como sexta candidata a concejala y pertenece a Nuevo Encuentro, desde donde le endilgan a Ghi haber desplazado al equipo de salud municipal por pertenecer al sabbatellismo, entre otros reproches que la nómina única no amortiguó.
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