POLITICA
Extraditan a Estados Unidos al empresario argentino Fred Machado, acusado de narcotráfico
Comenzó el operativo para extraditar a Estados Unidos al empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y vinculado al diputado nacional de La Libertad Avanza en uso de licencia José Luis Espert.
Durante la tarde de este miércoles, Machado fue llevado por la Policía Federal desde Alcaidía de Madariaga, ubicada en Villa Lugano, hasta el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.
Desde allí, será trasladado a un avión junto con todos los elementos secuestrados por la Policía en el marco de loa causa, incluidos teléfonos y documentación relevante para el juicio que se llevará a cabo en Texas.
La extradición fue autorizada por la Corte Suprema el 14 de octubre y firmada ese mismo día por el Poder Ejecutivo. Machado, de 57 años, estuvo alojado en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) en Buenos Aires.
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Detenido en 2021 en el aeropuerto de Neuquén por una alerta roja de Interpol, Machado cumplía prisión domiciliaria hasta el 8 de octubre, cuando el juez federal, Gustavo Villanueva, ordenó su traslado a una dependencia policial por múltiples incumplimientos.
La figura de Machado cobró relevancia luego de una denuncia por presuntos aportes irregulares a campañas electorales. La investigación reveló una transferencia de 200.000 dólares no declarada a Espert durante su campaña presidencial de 2019, además de 36 vuelos en aeronaves de Machado.
Espert explicó que el dinero fue por una consultoría minera en Guatemala relacionada con Minas del Pueblo, una de las empresas del acusado. Por la magnitud del caso, el economista libertario renunció a su candidatura a diputado nacional poco antes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y se tomó licencia del Congreso hasta el 8 de diciembre.
Tras el fallo de la Corte, el Gobierno confirmó la extradición de Machado de manera inmediata. A través de la Oficina del Presidente se instruyó a Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete para instrumentar todos los pasos administrativos y diplomáticos necesarios.
Semanas atrás, Machado declaró: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente en la que confié pensé que eran los buenos y eran los malos”. El empresario dijo además, en entrevistas periodísticas, que mantiene contacto con la fiscalía estadounidense y negó cualquier vinculación con narcotráfico.
Quién es Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico
Machado nació el 2 de enero de 1968, en Viedma, Río Negro. Se formó como piloto en Estados Unidos, donde estuvo viviendo durante varios años y recibió el apodo con el que hoy es conocido.
En ese país empezó su carrera empresarial con foco en la aviación y proyectos inmobiliarios, aunque para la justicia usaba aeronaves adquiridas mediante fraudes para trasladar droga a gran escala, detrás de una organización facilitaba el transporte de cocaína desde Colombia, Venezuela, Guatemala y México hasta el país norteamericano.
Machado está acusado además de estafas a multimillonarios mediante el Esquema Ponzi. De acuerdo a la causa, captaba inversionistas para la compra de aeronaves que no existían con el fin de lavado de activos del narcotráfico.
En abril 2021 fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Neuquén, cuando esperaba abordar un avión con destino a Buenos Aires con su pasaporte.
Narcotráfico, Estados Unidos
Los libertarios en Diputados recibieron la visita del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien les presentó los detalles del informe final del Consejo de Mayo y detalló las medidas gubernamentales que se incluyen en los proyectos a discutir por el Congreso próximamente.
Las medidas fueron anunciadas este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada y ampliadas por el titular de la cartera de Desregulación. Además, Martín Menem, jefe de los diputados, junto a Gabriel Bornoroni diagramaron la estrategia para el tratamiento y sanción del Presupuesto 2026.
La reunión fue encabezada por el presidente del boque y secundado por la secretaria parlamentaria, Silvana Giudici. Participaron la mayoría de los legisladores, muchos de ellos juraron la semana pasada y se incorporan este miércoles formalmente al Congreso.
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Entre el próximo lunes 15 y martes 16 se definirá la composición de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se sabe que continuará el libertario Bertie Benegas Lynch al frente de la misma. Ese mismo martes se convocará a la reunión y se firmaran los dictámenes del proyecto de gastos y recursos del Estado para el próximo año. También avanzarán con la ley de Inocencia Fiscal. En ese proyecto, para dictaminar necesitan el acompañamiento de la Comisión de Legislación Penal, que continuará siendo presidida por Laura Rodríguez Machado, ahora diputada de La Libertad Avanza.
El miércoles se convocaría a sesionar y el oficialismo espera darle la primera sanción del Congreso a ambos proyectos y girarlos al Senado para que este los trate antes de finalizar el 2025.
Los dictámenes
El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el pasado 15 de septiembre y ya fue dictaminado por el oficialismo y la oposición tendrá que tratarse nuevamente por una cuestión reglamentaria. Al cambiar la composición de las cámaras legislativas y al finalizar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, los dictámenes cayeron y perdieron validez, pero no el proyecto. Por lo tanto, se discutirá y se llevará al recinto para su tratamiento, donde el oficialismo considerará necesario modificar su proyecto ya que alcanzó acuerdos con la gran mayoría de los gobernadores provinciales.
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Las proyecciones macroeconómicas estiman para el próximo año un crecimiento del Producto Bruto Interno de 5%, un índice de Precios al Consumidor de 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar. A partir de ese año, se proyecta un crecimiento sostenido, una clara tendencia a la desinflación y una evolución del valor de la divisa norteamericana por debajo de la inflación.
El Artículo 1 del proyecto de Ley incluye la consideración explícita de que “el presupuesto para el ejercicio 2026 al cierre deberá presentar una ejecución con un resultado financiero equilibrado o superavitario”. Se incorporan los presupuestos de ARCA y PAMI para la aprobación legislativa, al igual que se preveía en el proyecto de presupuesto 2025.La recaudación crecerá 0,47% del PIB, con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales. El aumento en impuestos coparticipables explica mayores ingresos de las provincias por esta fuente.
El gasto en prestaciones sociales, rubro de gran incidencia en el total, sube 5,7% interanual real y este año los haberes sin bono tendrían una mejora real de 12,6%. Se supone la continuidad del bono vigente para los haberes mínimos de las jubilaciones y pensiones de 70.000 pesos, sin aumentos durante 2026 y una caída de 155 mil titulares promedio mensuales menos en las pensiones por invalidez.
Diputados, PRESUPUESTO, sesion
El gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley de modernización laboral y buscará obtener la media sanción en el Senado antes del cierre del año. La propuesta legislativa introduce cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de las indemnizaciones.
La reforma plantea una reducción en la fórmula para calcular el monto final que percibe un trabajador al momento de su desvinculación. El proyecto excluye del conteo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y cualquier otro concepto que no integre el salario normal. La base de referencia sufre otra modificación relevante. Ya no se tomará el sueldo más alto percibido, sino que se utilizará un promedio en aquellos casos donde existan ítems adicionales variables. La normativa habilita el pago de la indemnización en cuotas y elimina los topes para los montos.
El proyecto busca otorgar certeza en los litigios laborales. Establece un criterio de actualización atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual. La ley prohíbe de manera expresa que se devenguen intereses sobre los intereses, una práctica conocida como anatocismo. En la actualidad, este cálculo carece de unificación y depende del criterio del juez laboral que interviene en cada causa.
El Gobierno introduce una nueva herramienta financiera tras el intento fallido del Fondo de Cese Laboral en la Ley Bases. La iniciativa dispone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% del aporte obligatorio que realizan los empleadores y el Estado dejará de percibir ese monto. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores bajo la tutela de los ministerios de Economía y Capital Humano. Los sectores críticos de la medida comparan este sistema con una suerte de AFJP de 2026.
La legislación propuesta flexibiliza las formas de remuneración permitidas. Los empleadores podrán abonar los sueldos en pesos o en moneda extranjera, alimentos, especies o viviendas.
La iniciativa incorpora las negociaciones “dinámicas” y permite atar los aumentos salariales a la productividad de la empresa. La estrategia retórica recuerda a las medidas impulsadas por Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se limitaron los incrementos por decreto bajo criterios similares. Esta modificación podría condicionar las futuras discusiones paritarias.
El proyecto faculta la creación de un banco de horas mediante convenio colectivo para distribuir la carga horaria. La letra de la ley contempla la posibilidad de extender la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas. Se introduce la figura de los contratos a tiempo parcial con una carga horaria inferior a la jornada legal.
El régimen de vacaciones también sufre modificaciones. Se permite el fraccionamiento de los días de descanso. El empleador tendrá la potestad de imponer las fechas de las vacaciones, con la única obligación de notificar al trabajador con 45 días de antelación.
La reforma amplía el listado de actividades consideradas esenciales. Estos sectores deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento operativo de entre el 50 y el 75 % durante los conflictos gremiales. Javier Milei intentó avanzar previamente con esta medida a través de un decreto, pero la Justicia frenó esa decisión tras un amparo presentado por la CGT. Abogados laboralistas advierten sobre la posible inconstitucionalidad de la norma por afectar el ejercicio del derecho a huelga y violar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El Gobierno busca eliminar el concepto de ultraactividad de los convenios colectivos. El objetivo apunta a que prevalezcan los acuerdos por empresa sobre los pactados por el gremio principal de la actividad. Los convenios de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los acuerdos celebrados en un ámbito menor.
La iniciativa retira la obligatoriedad de las empresas de actuar como agentes de retención de la cuota sindical. La ley actual exige esa retención si el empleado desea realizar el aporte. El nuevo texto menciona la necesidad de una conformidad expresa y un acuerdo entre las partes, sin precisar si se refiere al trabajador con su empleador o a la empresa con el gremio.
Se pretende eliminar la cuota solidaria. Esta contribución la realizan los empleados no afiliados al sindicato por la gestión gremial y se pacta en los convenios colectivos con homologación de la Secretaría de Trabajo. Esta modificación afecta directamente el esquema de recaudación de las organizaciones sindicales.
El proyecto define una nueva categoría laboral para el sector de las aplicaciones. Crea la figura de repartidor independiente y habilita la libertad de formas de contrato. La iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente. Esta clasificación otorga legitimidad legal a una modalidad de trabajo informal.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Nicolás Balinotti.
proyecto de ley de modernización laboral,artículo firmado por Nicolás Balinotti,Audiencia,Reforma laboral,Foco,,Reforma laboral. La CGT convoca de urgencia a su consejo para definir «un plan de acción» y prepara la resistencia,,La crisis de Iosfa. Antes de irse, Petri ordenó una auditoría para investigar el manejo de la obra social de los militares,,Martínez, ausente. La CGT no participará de la última reunión del Consejo de Mayo disconforme con la reforma laboral del Gobierno,Audiencia,,Según un informe de Harvard. Colesterol: los seis alimentos que ayudan a prevenirlo y en qué cantidades hay que consumirlos,,Buena recepción. Baja de retenciones: repercusiones del anuncio del Gobierno para el campo, este martes 9 de diciembre,,“Salva vidas”. Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
POLITICA
Alivio fiscal para empresas, banco de horas y fondo de asistencia: los detalles de la reforma laboral del Gobierno
El Consejo de Mayo presentó este martes el informe final con las propuestas trabajadas durante el año, basadas en los diez puntos del Pacto de Mayo, entre las cuales se destaca la reforma laboral. El proyecto, que busca ser moderado, pero al mismo tiempo ampliar la flexibilización laboral, será enviado al Senado este jueves. El objetivo del oficialismo es acelerar su tratamiento para lograr la aprobación antes de que finalice el año.
Uno de los aspectos centrales del borrador al que tuvo acceso el medio es el alivio fiscal para las empresas, que se concretaría a partir de 2026. La propuesta implica la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades.
Específicamente, se modificaría el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias: “Donde dice 30% deberá leerse 27%, y donde dice 35% deberá leerse 31,5%”. Esta medida busca mejorar la situación de pymes y grandes empresas comprendidas en dicho artículo.
El Consejo de Mayo presentó su informe final con las iniciativas que enviará al Congreso
En materia de fiscalidad, la iniciativa también incluye la exención de Ganancias a los alquileres de inmuebles destinados a casa-habitación. Esto se lograría con una modificación en el artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, agregando que las ganancias derivadas del alquiler para usarse como casa o habitación “estarán exentos del tributo”.
Respecto a las jornadas de trabajo, la reforma laboral incorpora el concepto de “Banco de Horas”. El objetivo de este cambio es que “el empleador y el trabajador acuerden voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”.
El borrador indica que se podrá utilizar el banco de horas “de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal, o la que estipule el régimen laboral específico aplicable, ya sea, ley especial y/o convenio colectivo de trabajo”.
Finalmente, el Gobierno propone la creación del Fondo de Asistencia Laboral. Este esquema está pensado para ayudar a los empleadores del sector privado a cumplir con pagos laborales al finalizar una relación de trabajo, incluyendo obligaciones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) como preaviso, indemnización por antigüedad o integración del mes de despido.
Se aclara que este fondo “no reemplaza ni modifican el sistema de indemnizaciones actual”, sino que solo serviría para ayudar a pagarlo, aplicando exclusivamente a trabajadores registrados con al menos 12 meses de antigüedad.
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