POLITICA
Cómo funcionaba el esquema de Belliboni para desviar fondos estatales, según el expediente elevado a juicio
El juez Sebastián Casanello confirmó la elevación a juicio solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita por el caso que involucra a Eduardo Belliboni y a otros 17 dirigentes sociales acusados de extorsión, coacción, administración fraudulenta y lavado de dinero en el manejo de fondos del Programa Potenciar Trabajo. Según la investigación, los acusados habrían creado un sistema extorsivo contra beneficiarios de planes sociales mediante amenazas de retirarles ayuda alimentaria o darlos de baja del programa si no participaban en movilizaciones, marchas y otras actividades políticas.
Los principales puntos del expediente destacan lo siguiente:
La investigación apunta a que el esquema no solo utilizó la ayuda social como un instrumento de control político, sino que también permitió el enriquecimiento ilícito de sus dirigentes. Las penas para los acusados podrían ir de 5 a 16 años de prisión.
En el expediente se menciona que el acceso y la permanencia en el Programa Potenciar Trabajo estaban condicionados por métodos intimidatorios establecidos por las máximas autoridades del Polo Obrero. Se identificaron tres mecanismos de control: exigir la participación en actividades políticas para ingresar al plan, reducir las horas computadas o degradar de categoría en caso de baja participación y, como sanción máxima, gestionar la baja total del programa. Estas medidas eran definidas, siempre según el expediente, por la cúpula de la organización, integrada por Belliboni, Jeremías Cantero, Elizabeth Palma y Gianna Puppo, y luego transmitidas a niveles intermedios y locales, que aseguraban su cumplimiento.
Los testimonios de las víctimas fueron claves. Un asistente al comedor “La Carbonilla” relató que tuvo que asistir a marchas por un año antes de que le informaran que podía recibir una tarjeta del Banco Nación para cobrar el plan. Otro testimonio, vinculado al comedor “Rivadavia 1”, detalló que existía un sistema de “lista de espera” basado en la asistencia a marchas, donde aquellos que participaban con mayor frecuencia tenían mayores posibilidades de ser incluidos en el programa.
Otro testigo, del comedor “Mariano Ferreyra” (villa 1-11-14), confirmó que la única condición para recibir asistencia alimentaria era participar en las marchas.
El control sobre el Programa Potenciar Trabajo incluía la gestión del alta y la baja de beneficiarios, la asignación del monto a cobrar según las horas trabajadas y la posibilidad de ascender o descender de categoría dentro del sistema. Estas decisiones eran reservadas exclusivamente a los dirigentes del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, que solicitaban ascensos en la categoría de beneficiarios dentro del programa y administraban la carga horaria de cada persona, indicaron los investigadores. La responsabilidad de registrar estos datos en el sistema informático recaía en Palma, quien tenía acceso directo a la carga y modificación de la información de los beneficiarios.
La investigación concluyó que estas prácticas constituían un mecanismo de coerción a gran escala, utilizado para consolidar el poder de la organización y mantener el flujo de fondos provenientes del Estado.
El expediente judicial detalla cómo se detectaron irregularidades en la justificación de gastos mediante facturas presuntamente falsas. Durante un allanamiento en Monteagudo 730 se encontraron cuatro facturas de la empresa Rumbos, todas fechadas el 5 de julio de 2023, por montos de entre 1.000.000 y 1.500.000 de pesos, supuestamente por la compra de papel resma A4 y transporte de mercaderías. Junto a estas facturas, se halló un cartel con la anotación “Guardar por las dudas”, lo que generó sospechas sobre su autenticidad. También se encontraron documentos bancarios de El Resplandor, que recibió fondos públicos en una cuenta del Banco Ciudad. En los resúmenes de cuenta se observaron anotaciones manuscritas donde se modificaban los conceptos de gastos, pasando de “maquinarias” a “gastos administrativos” o de “papel” a “maquinarias”. Esta práctica sugería que los acusados intercambiaban facturas para justificar gastos sin relación con los programas a los que estaban destinados los fondos.
En el domicilio fiscal de las cooperativas El Trabajo Primero Ltda. y Por un Trabajo Genuino Ltda. se encontró una planilla vinculada a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor con el título “Pagos del convenio productivo sin factura macheada”. Esta planilla registraba cheques sin respaldo de facturas, que luego fueron vinculados por las autoridades a documentos emitidos por Rumbos, justificando falsamente la entrega de productos al Programa Potenciar Trabajo.
Un ejemplo de esta operatoria se evidenció en el expediente administrativo EX-2021-34221179, donde la factura número 00001-00000042, emitida el 10 de febrero de 2022 por un “Kit de Seguridad de Ropa de Trabajo”, habría sido abonada con un cheque de la cooperativa. Este mecanismo reflejaba un esquema de manipulación de documentación contable para encubrir el desvío de fondos públicos, indican los investigadores.
El dictamen del fiscal, también muestra que la mayoría de los cheques fueron librados al portador y cobrados por diversas empresas que aún están bajo investigación, en lugar de ser recibidos por la empresa Rumbos, que figuraba formalmente como beneficiaria. Las pruebas indican que Rumbos no tenía actividad comercial real y era utilizada como pantalla para simular gastos dentro del Plan Potenciar Trabajo. En total, se identificaron facturas falsas por más de 31 millones de pesos para justificar compras de materiales, indumentaria y maquinaria.
Además de Rumbos, se detectó que otras empresas participaron en el mismo esquema fraudulento. Entre ellas, Coxtex SA, Urban Graphics SA, Ricoprint SRL, Miniso Trade SA y Carlos Osvaldo Monfrini emitieron facturas falsas por un total de 17.942.274,85 pesos.
Coxtex SA fue identificada por la AFIP como una empresa sin capacidad operativa, financiera o económica, incluida en la base de datos de compañías de facturación apócrifa desde diciembre de 2020. A pesar de haber emitido facturas por más de 470 millones de pesos entre enero de 2021 y febrero de 2022, la empresa no tenía sede, bienes registrables ni movimientos bancarios legítimos. Sus socios, Mariana Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, habrían sido utilizados para constituir la empresa y realizar trámites financieros a cambio de dinero. Un allanamiento en el domicilio de Vega reveló que desconocía las operaciones de la empresa y que su teléfono contenía conversaciones con otras personas involucradas en la maniobra, lo que sugiere que actuaba bajo sus directivas.
La Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor presentaron facturas de Coxtex SA por más de 50.000 dólares, justificando compras de elementos informáticos pese a que la empresa era una “usina de facturas truchas”.
La investigación judicial indica que El Resplandor también utilizó facturación apócrifa para justificar compras ficticias. En la rendición de cuentas del primer convenio, declaró haber comprado a Coxtex SA seis notebooks y cinco licencias de software por un total de 1.815.000 pesos, equivalentes a 18.333 dólares al cambio oficial de la época. Sin embargo, el análisis de los cheques utilizados como medio de pago reveló que ninguno de ellos fue cobrado por Coxtex SA, sino que terminaron en manos de otras empresas bajo investigación, incluyendo Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Makosen SRL, esta última prestadora de servicios de publicidad digital al Polo Obrero y al Partido Obrero.
El expediente confirma que los acusados presentaron dos facturas falsas de Coxtex SA para simular gastos por 5.459.418 pesos.
Otro caso involucra a Ricoprint SRL, que emitió dos facturas a favor de la Asociación Civil Polo Obrero por montos de 2.769.378,29 y 2.769.178,29 pesos. Una de estas facturas fue abonada con cheques, entre ellos uno de 269.378,29 pesos librado por la Asociación Civil Polo Obrero a nombre de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y cobrado por Roberto Albornoz.
El expediente también menciona a Carlos Osvaldo Monfrini, registrado en la AFIP como productor de espectáculos y proveedor de equipos de telefonía, quien emitió cuatro facturas a la Asociación Civil Polo Obrero por un total de 2.946.913,12 pesos. Según la documentación, parte de este monto se abonó mediante una transferencia bancaria de 1.220.450,40 pesos y con dos cheques adicionales. Aunque estos cheques fueron dirigidos a Monfrini, él los endosó a favor de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. Así hizo que el dinero retornara a la organización.
La investigación judicial demuestra que la empresa Miniso Trade SA emitió una factura a la Asociación Civil Polo Obrero por 3.060.003 pesos, el 13 de junio de 2022, justificando la compra de siete notebooks Lenovo IdeaPad y cinco licencias de software Pro Tools Perpetual, exactamente los mismos productos facturados previamente por Coxtex SA. Sin embargo, se descubrió que la factura llevaba el número 1, a pesar de que la empresa había sido constituida en 2017, lo que sugiere que no tenía actividad comercial previa. Un allanamiento en su domicilio fiscal comprobó que la empresa no operaba en esa dirección desde 2020, y que el departamento había sido alquilado por un ciudadano chino que actuó como apoderado de la firma.
En total, las empresas involucradas en la emisión de facturas falsas permitieron a los acusados simular gastos inexistentes por un monto de 49.417.301 pesos.
La investigación reveló que los delegados locales jugaban un papel clave en la captación de personas en situación de vulnerabilidad para integrarlas al esquema, exigiéndoles el cumplimiento de condiciones ilícitas para acceder a los beneficios sociales. Según la causa judicial, el fraude se sostenía mediante la permanencia de beneficiarios dentro del Polo Obrero, lo que permitía a la organización justificar la necesidad de más fondos ante el Estado. Al mismo tiempo, se imponían sanciones a quienes no cumplían con las exigencias.
Más allá del fraude financiero, la investigación señala que el objetivo final de la maniobra era obtener un lucro indebido y aumentar el poder político de los acusados. La organización se financió tanto con el dinero desviado del Estado como con las contribuciones forzadas de los beneficiarios. Parte de estos fondos se destinaban a cubrir gastos personales de los dirigentes, quienes cobraban sueldos, bonos y aguinaldos con dinero obtenido ilegalmente. Se encontraron registros contables paralelos en la sede de Monteagudo 730, donde se detallaban gastos personales de Belliboni, como pagos de combustible, tarjetas de crédito y viáticos.
Las intervenciones telefónicas también sugieren que Belliboni disponía de un vehículo del Polo Obrero para su uso personal. En una conversación del 12 de abril de 2024, uno de sus colaboradores mencionó la necesidad de “pensar” el tema del auto de la organización. De acuerdo al expediente, “las pruebas reunidas demuestran que los dirigentes del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor no solo instauraron un sistema de extorsión para controlar a los beneficiarios de planes sociales, sino que también administraron fraudulentamente los fondos públicos con el objetivo de obtener beneficios personales y financiar su estructura política”.
La investigación judicial señala que los acusados no solo utilizaron fondos públicos para beneficio personal, sino que también instauraron un esquema de “salarios” financiado con dinero proveniente de extorsiones a beneficiarios de planes sociales y de recursos del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un mensaje encontrado en el celular de Gianna Puppo, fechado el 26 de diciembre de 2023, detalla una “liquidación de sueldos” en la que varios imputados cobraban dinero del programa Potenciar Trabajo bajo la modalidad “Nexo doble”, así como de otros programas como “Veredas Limpias” y una caja de recaudación propia de la organización.
Además, la investigación comprobó que parte de los fondos desviados fueron utilizados para propaganda política en favor del Polo Obrero y el Partido Obrero. Se identificó la contratación de la empresa de comunicación Makosen SRL, cuyo socio, Adrián Compagni, emitió facturas por montos significativos a favor de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL.
El análisis contable de Makosen SRL confirmó que la empresa fue contratada para campañas electorales del Partido Obrero en 2021. Además, se identificaron nueve transferencias bancarias realizadas por la Asociación Civil Polo Obrero entre 2021 y 2023 a favor de Makosen, por un total de 6.310.000 pesos. En paralelo, la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda. también realizó una transferencia de 875.206,50 pesos desde su cuenta en el Banco Ciudad, donde recibía los subsidios del Programa Potenciar Trabajo. La conexión de Makosen con el Partido Obrero quedó reflejada en su propio sitio web, donde el partido figura como un cliente frecuente.
Ediciones e Impresiones Rumbos SRL figuró entre las empresas que más gastaron en publicidad electoral en Google: destinaron 765.000 pesos para promocionar la figura de Gabriel Solano, precandidato presidencial del Partido Obrero.
La causa también alude a la administración de los alimentos que el Polo Obrero recibía por parte de entidades estatales.
Dice el expediente: “Los acusados no solo contaban con los medios para intimidar a las víctimas mediante el acceso condicionado a la comida y a los planes sociales, sino que también aplicaban exigencias extorsivas sin justificación legal”.
POLITICA
Cristina Kirchner pidió a la Corte que le saquen la tobillera y le permitan visitas irrestrictas
Cristina Kirchner pidió a la Corte Suprema de Justicia que le saquen la tobillera electrónica que controla el cumplimiento de su condena mientras está presa en su casa.
La expresidenta también solicitó que se flexibilice el regimen de visitas en su departamento de San José 1111 de Constitución.
La defensa de Cristina Krichner planteó un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara de Casación que había ratificado las reglas de conducta restrictivas que le impusieron los jueces que la condenaron.
El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, también recusó a los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.
Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, en Constitución.
El uso de la tobillera electrónica fue confirmado tanto por el tribunal como por la Cámara de Casación. La defensa cuestiona la necesidad de mantenerla.
El 12 de julio pasado, la Cámara de Casación confirmó que Cristina Kirchner se mantenga con tobillera electrónica en su lugar de detención y que continúe con el actual régimen de visitas restringido.
La defensa de la expresidenta había pedido quitársela y el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, había reclamado que se modificara el domicilio en aras de su seguridad y la tranquilidad de los vecinos.
Beraldi pidió que le saquen la tobillera electrónica y flexibilicen el régimen de visitas, que exige que autorización previa para visitas no incluidas en una nómina de familiares y allegados.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, por mayoría, decidieron mantener sus condiciones de detención en ese lugar
También se pronunciaron sobre el recurso presentado por el fiscal Mario Villar, que había sugerido un cambio en el lugar de detención y mantener el actual régimen de prisión domiciliaria.
El juez Gustavo Hornos, quien votó en primer término, rechazó los planteos de Cristina Kirchner y sostuvo la validez del uso de la tobillera electrónica de vigilancia y de la obligación de solicitar autorización judicial para visitas fuera de la nómina original.
Hornos dijo que “este tipo de maniobras constituye un atentado contra el sistema democrático” y que “la corrupción, como delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento ilícito, ha sido reconocida como una de las formas más graves de ataque a las instituciones republicanas”.
Por eso, “el proceso penal y su sanción constituyen el más poderoso medio del que dispone el Estado para restituir el orden quebrantado”.
El juez formó mayoría con su colega Diego Barroetaveña, quien también avaló el mantenimiento de las medidas de control.
Barroetaveña dijo que no existe prohibición para que el juez imponga reglas de conducta siempre que sean pertinentes y estén vinculadas a las condiciones de la condenada. Consideró que la restricción de visitas (exigiendo autorización para personas no listadas) es una “mínima restricción” y una precaución para la seguridad de la expresidenta, así como una atribución del juez para velar por el cumplimiento efectivo de la pena sin desnaturalizarla.
Además, señaló que el planteo de la defensa era “conjetural” ya que no se había rechazado ninguna visita hasta el momento, e incluso se había autorizado una visita del presidente de Brasil, Lula da Silva.
Sobre el uso de tobillera Barroetaveña afirmó que este mecanismo es el más eficaz para controlar el cumplimiento de la detención domiciliaria y que su implementación permite una modalidad de cumplimiento “cualitativamente mejor” que la prisión carcelaria, sin ser una “mortificación o estigmatización”.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia por revocar la obligación de utilizar tobillera electrónica, y el régimen de autorizaciones.
Borinsky explicó que el juez de ejecución tiene jurisdicción en lo que se refiere exclusivamente al control sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a un condenado y aclaró que, momentáneamente no existirían motivos para obligar a un cambio de domicilio; sin perjuicio de que a futuro pudieran evaluarse otros sitios alternativos, a fin de preservar la tranquilidad pública y la paz social.
ratificado las reglas de conducta restrictivas que,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La Junta Electoral no autorizó listas en distritos clave para el peronismo en PBA y bajó a un candidato del Evita
Hay grandes posibilidades que en las próximas elecciones el espacio de Fuerza Patria no tenga una lista local unificada en el municipio de Morón y no compita en la ciudad de San Nicolás. Así quedó plasmado tras las distintas resoluciones que emitió la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la oficialización de candidaturas dispuesto por el calendario electoral.
El traumático cierre de listas que vivió Fuerza Patria tuvo sus consecuencias. La falta de acuerdo por el orden y los nombres en la Primera sección electoral produjo un movimiento en la lista cargada luego de la prórroga que había dispuesto la Junta Electoral para que el peronismo termine de negociar las nóminas. Al momento de la carga digital, el casillero número cinco —con posibilidades acceso al Senado bonaerense- quedó en blanco. La pulseada por ese lugar la encabezaron el sector de Kicillof y el kirchnerismo. Había dos nombres: el ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, por el Movimiento Derecho al Futuro, y el exdiputado nacional, Leonardo Grosso, por el Movimiento Evita, en acuerdo con el sector de Máximo Kirchner. Finalmente, Grosso quedó inscripto aunque luego del 21 de julio cuando fue la presentación de lista virtual. Sobre esa cuestión se amparó la Junta para no dar lugar a la oficialización de su candidatura. Sin embargo, el vocal de la misma, Federico Thea, -exintegrante del gabinete de Kicillof- pidió “un pronunciamiento expreso respecto de la inclusión del candidato Leonardo Grosso como Quinto Senador de la Primera Sección Electoral por la Alianza Fuerza Patria”, ya que —según considera— “de la documentación acompañada y reseñada precedentemente, se desprende que existió una clara manifestación de la voluntad del candidato Leonardo Grosso a ocupar el quinto lugar de senador de la primera sección electoral”, y que “debe primar siempre la voluntad legítimamente expresada, la que prevalece por sobre cuestiones de excesivo rigor formal”.
Pese a ello, Grosso no será candidato. Su lugar quedará ocupado por quien originalmente estaba en el casillero siete. Se trata de Fernando Coronel; vicepresidente del partido Frente Grande que comanda el intendente de Ensenada, Mario Secco. La decisión tiene implicancias políticas en el marco de la interna del peronismo, toda vez que Coronel se encolumna dentro del MDF. Si el peronismo hace una buena elección en la Primera sección electoral —que renueva ocho bancas— el quinto casillero queda en una posición expectante para su ingreso al Senado y más aún si el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, que encabeza la lista, finalmente no asume su banca. En este escenario, Kicillof podría tener mayor presencia propia en la Cámara alta para los próximos dos años de gobierno. La decisión de la Junta despertó malestar dentro del Movimiento Evita y apuestan a una reconsideración de la decisión ante la Junta.
El organismo también avaló la candidatura a diputado de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral, Facundo Tignanelli. Su inclusión como segundo candidato de la lista que encabeza la vicegobernadora, Verónica Magario, fue objeto de algunas observaciones.
En este marco, los vocales de la Junta, Gustavo De Santis y Federico Thea, aclararon de forma expresa que no existe impedimento legal para la postulación de Facundo Tignanelli. El legislador es uno de los jefes de La Cámpora en PBA y además de ser el actual presidente de la bancada peronista en la Cámara baja bonaerense, ocupó una suplencia como diputado en 2021. Sin embargo, esa suplencia fue inferior a dos años —faltaban solo nueve días para completar dicho lapso—, por lo que no se toma en cuenta para restringir su nueva postulación. La intendenta de Quilmes y compañera de lista de Tignanelli, Mayra Mendoza, celebró en sus redes la decisión de la Junta.
¿Dos municipios sin lista de Fuerza Patria?
Entre las resoluciones de la Junta Electoral bonaerense, también están la oficialización de la lista del Partido del Trabajo y la Equidad de Morón, que encabeza el intendente Lucas Ghi y la semana pasada ya había oficializado la lista Nuevo Morón que con Martín Sabbatella como primer candidato a concejal. Estas dos decisiones son otro capítulo en la discusión interna por la conducción y representación política del municipio de la Primera sección electoral. El intendente, encolumnado en el MDF, por un lado, y el ex intendente y líder de Nuevo Encuentro, habían presentado sus listas propias ante la posibilidad de que la Junta no oficialice la nómina local de Fuerza Patria. Es que cómo ocurrió con el caso de Grosso, la misma, fue inscripta fuera de los tiempos formales, producto de la negociación entre ambos sectores.
Ahora Fuerza Patria Morón hizo una presentación para dejar sin efecto la baja de la boleta que dispuso la Junta. Si el organismo no da lugar al pedido habrá dos listas cortas para concejales e incluso la lista seccional de Fuerza Patria tendrá en Morón un solo cuerpo.
En San Nicolás se encamina una situación parecida. La Junta no dio lugar a la lista a concejales de Fuerza Patria, producto de que la misma —que encabeza la ex candidata a intendenta y titular del Consorcio del Puerto de San Nicolás, Cecilia Comerio— fue presentada fuera de término, producto de las desavenencias internas del peronismo.
La complejidad —en el marco de la estrategia seccional del peronismo— es que, de no haber marcha atrás a la decisión de la Junta, no habrá lista a concejales del peronismo. Así, en San Nicolás, la lista de Fuerza Patria para la Segunda sección electoral también tendrá un solo cuerpo.
Este distrito representa casi el 20% del padrón electoral de toda la Segunda sección. Es la ciudad cabecera y el resultado allí será decisivo en el reparto de las once bancas a diputados provinciales que se disputan. Además, como dio cuenta Infobae, San Nicolás es uno de los distritos clave en la agenda de campaña de Kicillof. Por el lado de Fuerza Patria, la nómina la encabeza el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, acompañado por la actual funcionaria del ministerio de Mujeres bonaerense y miembro de La Cámpora, Evelyn Flores, oriunda de San Nicolás.
“Esta resolución excluye al peronismo nicoleño de la contienda electoral y vulnera el derecho a la libre elección de gran parte de la ciudadanía, en un contexto en el que nuestro movimiento tiene a su principal referente, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del PJ nacional, injustamente detenida y proscripta”, plantearon este viernes desde el kirchnerismo nicoleño. A través de un comunicado describieron a la decisión del tribunal electoral como una “arbitrariedad” y un “agravio que daña gravemente a la democracia”. Desde este sector también se remarcó que “recurriremos a todas las herramientas legales para defender su derecho a votar y nuestro derecho a participar”.
POLITICA
El fuerte cruce entre Bullrich y el ministro de Seguridad de Kicillof por la causa de la purga policial en Buenos Aires
Un fuerte cruce ocurrió este viernes entre la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par en la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Fue en relación con la causa que investiga la purga policial de 24 altos mandos de la Policía Bonaerense que se reunieron con Maximiliano Bondarenko, el candidato actual de Javier Milei por la tercera sección electoral y denunciado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Bullrich aseguró que dicha causa es “inventada” por Kicillof, a quien también calificó de “inútil”. “Le armó una denuncia a Maxi Bondarenko y echó a 25 policías en una provincia donde la seguridad no sobra”, escribió en X.
La ministra sostuvo que ahora “el show se le dio vuelta” al mandatario provincial. “Ahora el fiscal lo investiga por espiar ilegalmente a policías bonaerenses durante más de 10 años. Persecución, abuso de poder y espionaje ilegal”, señaló en la red social. Alonso no tardó en responder y manifestar que “Bullrich miente”.
A fines de julio, una investigación interna que partió de una denuncia anónima derivó en el desplazamiento de altos mandos de la policía que estaban acusados de militar para el candidato mileísta. Bondarenko es un exintegrante de dicha fuerza y actual concejal de Florencio Varela. Será la cara libertaria en la sección que representa el bastión del peronismo históricamente.
La denuncia indicaba que este grupo de efectivos integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica, con puestos de conducción y cargos de alta jerarquía, realizaban tareas políticas para Bondarenko. Eran directores, subdirectores y jefes de operaciones, con cargos de comisarios mayores y comisarios inspectores. También hacía referencia a un asado que habrían tenido los acusados con Bondarenko una semana antes de que fuera anunciado como candidato libertario en Florencio Varela.
Bondarenko rechazó las acusaciones de Kicillof y sostuvo que compartió “un asado de camaradería” con los policías, con quienes tenía una relación de amistad.
La Dirección de Asuntos Internos de la Bonaerense tomó acción y allanó las oficinas de los efectivos. Encontraron “gran cantidad de material probatorio y partidario”. Alonso dispuso el pase a disponibilidad de todos ellos mientras continúa la investigación judicial.
“Bullrich miente. ¿De dónde surge tanta preocupación por esta causa, ministra? No interfiera con la investigación judicial. No hay nada de lo que dice que sea cierto: la causa por conspiración sigue en marcha, con más pruebas cada día. Ya se lo informé“, escribió el ministro bonaerense en X.
Alonso la llamó a “no sentirse perseguida por la historia” donde ella “fue acusada por el actual Presidente y que nunca se aclaró”. “Intente no repetir los mismos hábitos: la mentira no conduce a nada. Si están nerviosos por alguna medición electoral que están viendo, no intente intervenir en la Justicia mintiendo. Los hechos son claros”, señaló.
En medio de la investigación, unos presuntos chats entre Bondarenko y los policías acusados se filtraron. Fue ante ello que el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Bullrich, presentó una denuncia por espionaje ilegal, persecución ideológica y abuso de autoridad.
Lo hizo ante la fiscalía general de La Plata y ahora la Justicia debe investigar cómo se accedieron a fragmentos de esas conversaciones. Según la presentación de la cartera, la División de Asuntos Internos recibió pruebas que incluían chats de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense.
En su denuncia, el Ministerio de Seguridad aseguró que Bondarenko prestó servicio en la policía durante 25 años donde por “su labor profesional” formó “vínculos con sus compañeros de trabajo, afianzados por toda una vida de relación”.
“Ese grupo de compañeros y amigos, casi familiares de toda una vida —como es natural— se reúnen asiduamente”, explicaron. También negaron que los acusados hayan participado en “supuestos hechos de sublevación” y que, por ende, fueron cesanteados por “razones puramente ideológicas”.
Una semana atrás, la denuncia de Kicillof se redujo a una causa por malversación de caudales por el uso de computadoras oficiales para tareas particulares. Tal como publicó , el fiscal subrogante Álvaro Garganta recibió siete computadoras secuestradas a los policías investigados y pidió realizar un peritaje. En tres de ellas hay documentación señalada como incriminatoria para los efectivos.
Son notas con el logotipo de La Libertad Avanza con pedidos de acceso a la información para conocer el despliegue policial y de móviles en Esteban Echeverría. Allí se mencionaban trabajos como planes de seguridad. Hay siete policías que son los más complicados porque son los dueños de las computadoras secuestradas.
Aunque Kicillof inició un sumario administrativo contra los policías por realizar actividad política mientras estaban en funciones -lo que es una violación de la ley orgánica de la Policía Bonaerense-, no alcanza para una imputación penal.
investiga la purga policial,Kicillof,el desplazamiento de altos mandos de la policía,Florencio Varela,QUIÉN ES MAXIMILIANO BONDARENKO, EL EXCOMISARIO QUE SERÁ EL CANDIDATO DE JAVIER MILEI EN LA TERCERA SECCIÓN ELECTORAL,August 8, 2025,presentó una denuncia por espionaje ilegal,la Policía Bonaerense,Tal como publicó LA NACION,Patricia Bullrich,Axel Kicillof,Conforme a,,Sorpresa. Zamora anunció a su candidato para sucederlo en Santiago del Estero,,Por la baja de la inflación. Fijan un nuevo criterio de actualización en juicios laborales,,Alianzas. Lousteau-Manes: un proyecto amparado por Schiaretti, pero fuera del grupo de los cinco gobernadores,Patricia Bullrich,,»Qué maleducada». Bullrich denunció que una mujer le tiró agua en la cara a otra en un colectivo porque pensó que era ella,,Mensaje a los gobernadores. Patricia Bullrich arremetió contra la “avenida del medio” y dijo que se trata de “kirchnerismo de baja intensidad”,,Pese a su distancia con Macri. Bullrich, a favor de que La Libertad Avanza y Pro vayan juntos en las elecciones de la Ciudad
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