POLITICA
Cómo las duras políticas de Trump vaciaron los albergues de Tijuana (y dónde están los migrantes)
*Por Daniel Pardo (Corresponsal de BBC Mundo en México)
Hubo momentos, hace no mucho, en que el piso del albergue Embajadores de Dios, en la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, casi no se podía ver: los colchones, carpas y camas de migrantes forraban el espacio.
Hoy, en cambio, el recinto se ve inmenso, la mitad de las camas disponibles están sin tender y en una esquina hay arrejuntados un puñado de colchones azules para los días de emergencia.
Pareciera que estos no son días de emergencia en una ciudad que no conoce la calma en materia migratoria.
Pareciera que el discurso de Donald Trump —que la amenaza de una deportación masiva y el cierre de mecanismos legales para migrar para contener lo que el considera una “invasión”— ha tenido efecto: la gente está cruzando menos.
“En este momento no hay llegadas importantes a México”, dice Silvia Garduño, portavoz en México de Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. “Pero sabemos que las causas de salida se mantienen”.
Tijuana, que comparte área metropolitana con San Diego, es la ciudad más grande de la zona, nació como producto de la delimitación fronteriza y ha sido por siglo y medio el punto neurálgico del flujo migratorio hacia la mayor potencia del mundo.
Acá hay 44 espacios dedicados a la recepción y atención de migrantes y ninguno, según activistas que los recorren a diario, tiene ahora más de la mitad de ocupación.
BBC Mundo visitó cinco de ellos y en todos —más que la fila usual para usar el baño, las tomas eléctricas abarrotadas de celulares o el sonido de los niños jugando y corriendo— lo que encontramos fue silencio, carpas vacías, comedores desolados.
Según cifras de Acnur, el 90% de la población migrante en la ciudad está hoy por fuera de los albergues.
La situación se replica en las otras ciudades fronterizas como Tijuana.
En abril, 8.000 personas fueron detenidas por ingresar ilegalmente al país en toda la zona fronteriza. Hace un año fueron 128.000, según las estadísticas del gobierno, una drástica reducción que Trump celebra como un éxito de su política de línea dura.
Según una encuesta de la cadena CBS realizada antes de las protestas actuales en Los Ángeles, un 50% de los estadounidenses aprueba cómo el presidente está manejando el tema migratorio.
“Esto no lo habíamos visto, solamente en la pandemia”, dice Octavio, taquero en la garita del Chaparra, en Tijuana, un cruce fronterizo donde también predomina esa sensación de calma, de silencio.
Un silencio que no implica que la migración se haya detenido, advierten los activistas: significa, más bien, que los migrantes se están quedando en el camino, o están intentando cruzar ilegalmente.
Las causas de la migración —la violencia, la pobreza o la persecución en países como Haití, Venezuela o Nicaragua— están vigentes o incluso han empeorado con el cierre de la cooperación internacional estadounidense decretado por el gobierno de Trump.
El deseo y, para la gente perseguida, la necesidad de migrar hacia Estados Unidos es imposible de detener, señalan los expertos.
“La esperanza de migrar puede con todo”, dice Judith Cabrera, directora de Border Line Crisis Center, un albergue en Tijuana.
Cabrera se reúne con BBC Mundo una mañana fría y nublada en la que unas horas antes se había visto con un grupo de migrantes colombianas que fueron estafadas dos veces a cuenta de su obsesión por cruzar.
Los presuntos coyotes, relata la activista, primero les dijeron que las iban a cruzar por US$800 a través de un túnel; es decir, por una décima parte de lo que suele costar y a través de un túnel que, desde hace cuatro décadas, no existe.
“Las montaron en un carro, las pasearon por toda la ciudad y al final las dejaron donde las habían recogido”, señala Cabrera.
Luego, lo mismo: unos traficantes les prometieron el cruce por US$2.300. “Y claro, al ser más lana (dinero), ellas pensaron que era más certero, pero qué va, otra vez las estafaron”.
Cabrera se lamenta: “No hay nada que yo les diga que pueda evitarlo, y eso te muestra que el sueño americano no está roto (…) La gente quiere seguir insistiendo en cruzar y no se da cuenta de los peligros que implica porque prefieren mantener el sueño vivo”.
Y concluye: “Trump está desalentando la migración y eso es caldo gordo para los traficantes (favorece)”.
Los migrantes que no están intentando cruzar ilegalmente pueden estar esperando en el lugar donde están a ver cuándo surge una nueva oportunidad.
Trump cerró los sistemas de atención migratoria, como el CBP One, que permitía pedir una cita para pedir asilo antes de entrar en EE.UU. La apuesta de muchos —270.000 se quedaron varados por las cancelaciones— es que lo vuelva a abrir o cree algún mecanismo similar, lo que parece improbable.
“La decisión de quedarse donde están nunca es definitiva”, dice María de Lourdes Madrano, directora de Centro 32, una organización que apoya a los migrantes en los albergues.
“Siempre creen que al día siguiente pueden abrir y solucionarse la situación, y creen que alejarse de la frontera reduce la posibilidad… Porque, después de tanto lo que costó llegar acá, se piensa que irse es como renunciar al sueño”.
“Los albergues están vacíos, pero los colegios están llenos de extranjeros”, asegura, en referencia a los niños cuyos padres migrantes han decidido asentarse en Tijuana, así sea transitoriamente.
Wilker Hernández tiene 23 años; es oriundo del estado Mérida, en Venezuela, y lleva un año intentando cruzar a Estados Unidos, donde está una parte de su familia, mientras la otra sigue en su país. Tenía la cita para presentar documentos el 21 de enero, al día siguiente de la toma de posesión de Trump. Se la cancelaron.
Y desde entonces ha ido adaptándose a la idea de que su destino bien puede ser este: Tijuana, una ciudad que tiene la migración en su ADN, de la que se dice que “hay oportunidades para todos”, que reporta la tasa de desempleo más baja de México.
“Estamos como en un limbo de que no sabemos qué va a suceder”, dice Hernández, quien ha conseguido un trabajo como obrero en un albergue, Embajadores de Dios, donde están construyendo viviendas formales fuera de la zona de carpas.
El barrio que le rodea, conocido como el Cañón del Alacrán, ha vivido en los últimos dos años un boom de construcción de asentamientos relativamente formales de grupos migrantes que han decidido prolongar su estancia en Tijuana.
“Aún estoy indeciso, si intentar cruzar o devolverme”, añade. “Por ahora estoy trabajando porque qué más (…) Trump cerró la frontera, está sacando a todos los latinos, es un poco complicado, estamos acá y no sabemos qué hacer”.
El discurso de Trump ha calado entre los migrantes. Eso los puede poner en mayor riesgo ante las mafias y los coyotes, pero en todo caso reduce su esperanza de una mejor vida, una vida posible, en Estados Unidos.
El mandatario prometió una “deportación masiva” de personas indocumentadas que, aunque lejos de ser masiva, sí tiene un impacto disuasorio.
Cabrera, la activista tijuanense, lo pone así: “Más que una deportación masiva, lo que estamos viendo es una deportación mediática, y eso claro que tienen sus efectos, sobre el camino y la salud mental del migrante”.
En los albergues casi no hay migrantes, pero la situación del migrante es ahora más difícil.
POLITICA
Avanza el traspaso de la Justicia Laboral a CABA: la Nación y el gobierno porteño firmaron un acuerdo y falta el aval del Congreso
El gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron este martes un acuerdo para trasferir las competencias sobre la Justicia Laboral a la jurisdicción porteña. “Es un nuevo hito en la autonomía”, destacó el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia. El convenio —que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña— establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. Las causas previas, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.
Según el funcionario porteño, este paso permitirá implementar “un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”. El texto del acuerdo ya ingresó al Senado, en medio de una semana clave para la discusión del proyecto que impulsa el presidente Javier Milei de reforma laboral.
En las últimas horas, el gobierno nacional ya había dado señales para avanzar en un entendimiento con la Ciudad de Buenos Aires y, a través del Decreto 95/2026, dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tenga la potestad de firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo. Desde el gobierno porteño, y ante la consulta de Infobae, remarcaron que el convenio es parte de una “mesa de trabajo conjunta” y son optimistas en que el traspaso se pueda dar en el corto plazo.
El decreto publicado en el boletín oficial, además, establece la posibilidad de que, una vez firmado el acuerdo principal, puedan sumarse adendas o convenios complementarios sin necesidad de un nuevo acto presidencial.
De manera puntual, lo que está en juego es quién ejerce el poder real sobre los tribunales laborales con sede en CABA. El debate se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.
Hasta el momento, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como “Corrales” y luego en “Bazán”, remarcó que esta situación debería ser solo temporaria y recordó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio”.
Al respecto, la Corte alegó en su momento que mantener el actual esquema significa, en palabras del Tribunal, “un inmovilismo” que va contra la autonomía porteña y debilita la fuerza de la Constitución Nacional. El texto remarca que existen “graves consecuencias de distinta índole” si esa transferencia no se concreta.
En paralelo, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6.789 en diciembre de 2024, que reestructura la justicia laboral local, y la ley 6790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. A partir de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, y los correspondientes concursos.
En respuesta a estos proyectos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción judicial contra la puesta en marcha de las leyes locales. Consideraban que la Ciudad no podía avanzar unilateralmente sin cerrar primero un acuerdo institucional con la Nación. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y dictó una medida preventiva: mientras no haya acuerdo entre ambas jurisdicciones, las leyes porteñas no pueden aplicarse.
La sentencia de la Cámara sostuvo que debe existir un traspaso “racional” y acordado, cumpliendo con la ley nacional 24.588 y respetando el artículo 129 de la Constitución Nacional. “La aplicación de las leyes locales queda suspendida hasta que se firmen los acuerdos institucionales exigidos”, indica el fallo, cuya vigencia podría extenderse hasta una sentencia definitiva o el cierre formal del convenio.
Para poder rubricar el mencionado convenio, el gobierno nacional debía habilitar al jefe de Gabinete para representarlos en la negociación. El convenio no implica un traspaso en forma automática, sino que fija las reglas para que el proceso de discusión y transferencia pueda iniciarse de manera institucional y con respaldo político.
El debate arrastra además consecuencias prácticas para trabajadores, empresas y abogados. Un traspaso de competencias modificaría el fuero donde se tramitan los conflictos laborales en la ciudad y obligaría a definir qué expedientes siguen en Nación y cuáles pasan a Capital Federal. El Gobierno porteño avanzó en la designación de jueces y la estructura organizativa. Incluso, a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abrieron concursos para cubrir cargos en el fuero del trabajo.
Según el acuerdo, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral (creado por las leyes 6.789 y 6.790) y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.
Qué competencias se transfieren y cuáles no
Según el texto, CABA recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabaj, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal:
- Los conflictos colectivos y la negociación colectiva.
- Los temas de asociaciones sindicales y personería gremial.
- Las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas.
- Las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional.
- Los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.
De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.
Régimen de transición y cierre de juzgados
El acuerdo prevé una transición ordenada:
- Las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo.
- La ejecución de las sentencias, sin embargo, se trasladará al nuevo fuero porteño.
- Las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.
Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.
El rol del Tribunal Superior de Justicia porteño
Uno de los puntos más relevantes es la Cláusula Complementaria, que aclara el alcance del fallo “Levinas”: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será el órgano revisor máximo de las decisiones de los tribunales nacionales cuando se trate de cuestiones de derecho local o común, y también cuando exista cuestión federal, en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Solo quedarán fuera de ese esquema las causas propiamente federales por materia o persona.
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La CGT convocó una movilización frente al Congreso este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral. En ese sentido, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su adhesión e indicó que, en el marco de la jornada de protesta, habrá un cese de actividades desde las 13. Es por eso que muchas personas se preguntan si habrá colectivos mañana, más que nada para buscar alternativas de viaje de ser necesario.
Según confirmó con fuentes de la Unión de Transporte Argentina (UTA) ―el gremio que nuclea los choferes de colectivos―, esta se adhiere a la marcha de la CGT y se movilizará este miércoles hacia la Plaza de los Dos Congresos. De todos modos, a diferencia de otros sindicatos de transporte, no llevará adelante un paro durante la jornada. Esto quiere decir que este miércoles se podrá viajar en colectivo en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
En paralelo, y ante la amenaza de un paro llevado adelante por la UTA en el interior del país, el Ministerio de Capital Humano informó que se dictó la conciliación obligatoria. De esta forma, la posible medida de fuerza para los colectivos, impulsada por el gremio, no se llevará adelante.
“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país”, apuntaron desde el ministerio.
Según detalló Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CATT, en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Directivo de este lunes, los sectores que harán el cese de actividades este miércoles 11 de febrero a partir de las 13 son el portuario, el marítimo, el aéreo y el subte.
El dirigente consideró que la reforma laboral “ataca los derechos constitucionales”, “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y “favorece decididamente al sector empresarial”.
En cuanto al paro de transporte, detalló que las actividades que nuclea la Confederación “se van a organizar de manera conveniente”. Según un comunicado de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), “se llevará a cabo este miércoles la medida de cese de actividades de 15 a 18 horas en Aeroparque y Ezeiza, lo que generará demoras operativas”.
Por su parte, los Metrodelegados publicaron un comunicado en el que detalla el cese de actividades del subte este miércoles: inicia a las 21 y se extiende hasta el cierre de la jornada, que suele ser hasta las 23.30, según cada línea.
En el caso puntual de los trenes, no estarían afectados por el paro de transporte. Desde La Fraternidad aún no se pronuncian al respecto ni confirmaron su adhesión a la movilización de la CGT.
La CGT convocó una movilización frente al Congreso este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral,Según confirmó LA NACION con fuentes de la Unión de Transporte Argentina (UTA),Agenda,CGT,Paro de transporte,,Paro de la CGT. Qué sindicatos se adhieren a la movilización del miércoles 11 de febrero,,Movilización. Horario, cortes y lo que hay que saber de la marcha de la CGT,,Ciclo lectivo. Cuándo empiezan las clases en 2026 en cada provincia,Agenda,,Qué se sabe. Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos en el interior este miércoles 11 de febrero,,Confirmado. Todo lo que se sabe del paro de subtes de este miércoles 11 de febrero,,Paro de transporte. ¿Hay trenes mañana, miércoles 11 de febrero?
POLITICA
El oficialismo incluyó el acuerdo entre el Mercosur y la UE en la sesión del jueves en Diputados
La Cámara de Diputados de la Nación convocó para el 12 de febrero de 2026 a las 11:00 horas una sesión especial destinada a debatir una serie de proyectos sobre el Régimen Penal Juvenil. El pedido fue realizado por el diputado Gabriel Bornoroni junto a otros legisladores, quienes impulsan la discusión de una agenda centrada en la responsabilidad penal de adolescentes y menores de edad en Argentina.
Esto estaba previsto en el cronograma que había adelantado el oficialismo la semana pasada en la reunión que realizó el presidente de la Cámara, Martín Menem, con los titulares de cada uno de los bloques. Sin embargo, la novedad fue que en el pedido de sesión que hizo el presidente del bloque de LLA, en el temario apareció el tratamiento del acuerdo Unión Europea-Mercosur.
El acuerdo comercial con los países que conforman la Comunidad Económica Europea ingresó al Congreso de la Nación la semana pasada pero hasta ahora no hubo una sola reunión de comisión para debatirlo. Recién se espera que mañana -hoy a la tarde se va a conformar la comisión del Mercosur– los diputados tengan un primer debate al respecto, por eso es que llamó la atención el apuro del oficialismo en los legisladores de la oposición.
Este “apuro” se podría justificar en la intención del Gobierno de ser el primer país de la región en ratificarlo. Y, aunque parezca un detalle menor, el oficialismo aceleró una vez que se enteró que el Congreso de Brasil ya tiene dictamen y planea tratarlo post carnaval.
Sin embargo, choca de frente con la realidad de la Unión Europea donde están a la espera de lo que resuelva mediante un dictamen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo de asociación. Esta decisión que pidió el Parlamento Europeo no cuestiona el acuerdo económico pero sí su validez jurídica.
Sin embargo, y aunque hay una buena recepción de parte de la oposición respecto del entendimiento con la UE, muchos legisladores señalaron que es apresurado. “Estábamos trabajando sobre otros temas, es muy complicado que en 24 horas se pueda analizar y tomar una posición respecto de la cantidad de intereses que tiene el acuerdo”.
Régimen Penal Juvenil
El otro punto en el temario es la modificación del régimen Penal Juvenil. El gobierno había mandado ayer un proyecto de ley para que sea el que se busque dictamen. En el mismo establecía la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años y una pena máxima de 20 años. A diferencia de lo que había enviado en 2024, en este caso tenía fondos asignados. Sin embargo, anoche y sin mediar muchas explicaciones, decidió retirarlo.
Es por eso que en el temario del llamado a una sesión para el jueves figuran al menos trece expedientes que abordan distintas propuestas para modificar, derogar o crear un nuevo marco legal para el tratamiento penal de personas menores bajando la edad de imputabilidad de 16 años a 13 y 14 años. Entre los documentos destacados se encuentra el Mensaje Nro. 46 enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de julio de 2024, que propone un proyecto de ley específico para el Régimen Penal Juvenil.
Sin embargo, como es el mismo proyecto de hace dos años, cuando la Argentina no contaba con un Presupuesto, el documento que se establece en el temario no cuenta con fondos asignados.
Varias de las iniciativas presentadas contemplan la derogación de la actual Ley 22.278, vigente desde 1980, y su reemplazo por un sistema que regule la responsabilidad penal de adolescentes a partir de los 14 años. También se analizarán modificaciones al Código Penal Argentino y la introducción de nuevos criterios para la imputabilidad de menores.
La convocatoria incorpora expedientes impulsados por diferentes bloques parlamentarios, entre ellos los proyectos 0244-D-2024, 1099-D-2024, 1218-D-2024 y 2467-D-2024, que proponen cambios profundos en materia de justicia juvenil. De acuerdo con el temario oficial, las iniciativas buscan establecer un marco normativo actualizado para los delitos cometidos por adolescentes, así como regular las condiciones de detención y resocialización.
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Avanza el traspaso de la Justicia Laboral a CABA: la Nación y el gobierno porteño firmaron un acuerdo y falta el aval del Congreso
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¿Hay colectivos este miércoles 11 de febrero?
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