Diego Santilli retomó la agenda de reuniones con gobernadores con el objetivo de asegurar los votos necesarios para las reformas que la Casa Rosada enviará al Congreso en las próximas semanas. La reactivación de esos encuentros se produce en un momento de tensión política para el oficialismo y apenas un día después de su reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atravesado por cuestionamientos sobre viajes oficiales y la evolución de su patrimonio.

El ministro del Interior viene de mantener reuniones con dos mandatarios considerados clave en el esquema de apoyos del Gobierno, Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan). Este viernes viajará a Mendoza para reunirse al mediodía con Alfredo Cornejo, uno de los aliados más firmes del oficialismo.

Sin mayoría propia en el Congreso, La Libertad Avanza depende de una red de acuerdos con las provincias que hasta ahora le permitió avanzar con iniciativas sensibles y sostener una dinámica legislativa favorable. Ese esquema, sin embargo, enfrenta señales de desgaste.

El presidente Javier Milei busca dejar atrás las polémicas que rodean a Manuel Adorni y recuperar la iniciativa política con foco en la gestión. En ese marco, el viaje de Santilli a Mendoza se inscribe como un movimiento clave para sostener esa estrategia.

Gobernadores, recursos y votos en negociación

El vínculo con los gobernadores se volvió más complejo en las últimas semanas. La caída de la recaudación y el impacto sobre las transferencias automáticas generaron una presión creciente sobre las cuentas provinciales, que dependen cada vez más de la asistencia nacional.

Los giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sumaron $47.000 millones entre el 19 y el 20 de marzo para 11 distritos, según datos oficiales. El monto representó el envío más alto del año, aunque en las provincias lo relativizaron frente a una caída de la recaudación en términos reales que implicó una pérdida cercana a $1 billón en el primer bimestre por coparticipación, de acuerdo con un informe del diputado massista Guillermo Michel.

A eso se suma que, según esas estimaciones, en marzo las transferencias automáticas registraron una baja real de 14%, lo que profundiza la presión sobre las finanzas provinciales.

Esa ecuación condiciona las negociaciones políticas. Los gobernadores aliados y dialoguistas sostienen al oficialismo en el Congreso, pero al mismo tiempo reclaman mayor previsibilidad en los envíos de fondos y avances concretos en obras de infraestructura. En ese equilibrio se mueve Santilli, que articula las conversaciones junto a la mesa política que integran Karina Milei, Adorni y Santiago Caputo.

A la discusión fiscal se suma al debate por la reforma electoral que impulsa el Gobierno, con la eliminación de las PASO y el intento de unificar los calendarios provinciales, otro frente sensible para los gobernadores. La propuesta genera resistencias incluso entre aliados, que buscan preservar autonomía en sus distritos.

Mendoza, obras y señal política

El viaje a Mendoza se inscribe en esa dinámica. La provincia aparece entre las más beneficiadas por los ATN en lo que va del año y mantiene un canal de diálogo fluido con la Nación. En ese contexto, el encuentro con Cornejo combinará agenda política y gestión.

Sobre la mesa estarán los reclamos por obras clave para la conectividad, en especial la Ruta Nacional 7, un corredor estratégico para el vínculo con Chile, y tramos pendientes de la Ruta 40. El Gobierno nacional ya avanzó con procesos licitatorios en esos proyectos, que forman parte de los pedidos reiterados de la administración mendocina.

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La visita incluirá además actividades con sectores productivos y la participación del ministro en un foro del sector asegurador. Más allá de la agenda formal, en la Casa Rosada buscan que el viaje sea un gesto hacia uno de los socios clave en medio de una coyuntura política adversa.

El movimiento de Santilli coincide con una semana atravesada por cuestionamientos al oficialismo, en particular por las denuncias que rodean a Adorni. En ese escenario, el Gobierno apuesta a reforzar su principal activo político, que se inscribe en la capacidad de tejer acuerdos con las provincias para sostener su agenda legislativa.

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El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) dispuso una modificación en la estructura organizativa de la Unidad Operativa “Film Commission”, dependiente de la Gerencia de Políticas Públicas.

La medida, formalizada a través de un acto administrativo que integra tres anexos, entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2026. La decisión responde a la necesidad de ajustar los mecanismos internos del organismo para garantizar una mayor eficacia en la gestión y en la ejecución de sus responsabilidades legales.

El cambio se produce en un contexto de revisión continua de los procesos del INCAA, que busca adaptar su funcionamiento a los desafíos actuales del sector audiovisual argentino.

Según la Resolución 89/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, se trata de una reforma que no implica costos adicionales, sino que apunta a optimizar los recursos existentes y fortalecer la eficiencia operativa de la Gerencia de Políticas Públicas.

Anteriormente, las dependencias que se encontraban bajo la órbita de la Unidad Film Commission eran la Relación con las Provincias y Relaciones Institucionales, área de la que dependía el área específica para gestionar el vínculo con cada jurisdicción. Mientras tanto, de la Unidad de Festivales y Convenciones se desprendía un equipo específico para la gestión artísitca y técnica.

Ahora, se eliminó la subdependencia de Relaciones con las Provincias y se agregó al área de gestión artística, el análisis de la producción y capacitación de recursos.

El procedimiento seguido para la adopción de esta reforma incluyó la intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, que emitió un dictamen sobre la pertinencia del reordenamiento propuesto. Asimismo, participaron las áreas de Gerencia General, Gerencia de Asuntos Legales, Gerencia de Políticas Públicas y la Subgerencia de Recursos Humanos, quienes dieron visto bueno a la iniciativa y a los términos del acto administrativo.

La resolución determina que la nueva estructura se ajustará a los lineamientos establecidos en los anexos I, II y III del acto administrativo, los cuales forman parte inseparable de la disposición. La medida fue adoptada en cumplimiento del artículo 3° del Decreto N° 1536/2002, que faculta a la máxima autoridad del INCAA a definir la estructura y funciones del organismo.

De acuerdo con la información oficial, el propósito es optimizar el funcionamiento interno y adecuar las áreas de trabajo para responder a las demandas del sector audiovisual. El reordenamiento se presenta como parte de una política de gestión dinámica, en la que las estructuras deben ser flexibles y adaptables a las necesidades de servicio que exigen los distintos programas y acciones del INCAA.

El INCAA reviste el carácter de ente público no estatal y actúa en el ámbito de la Secretaría de Cultura.

La actual estructura había sido aprobada por Resolución INCAA N° 596/2025, pero se consideró necesario un ajuste para cumplir de manera más eficaz la responsabilidad primaria que le asigna la Ley N° 17.741.

La resolución establece que la nueva organización de la Film Commission tendrá efecto desde el 1 de abril de 2026. Los cambios introducidos buscan fortalecer la capacidad de respuesta de la Gerencia de Políticas Públicas, ajustando la coordinación y funciones de la unidad operativa para responder con mayor eficacia a las demandas del sector audiovisual.

La decisión se inscribe en una política institucional orientada a optimizar el cumplimiento de los objetivos del INCAA.

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La Libertad Avanza impulsará a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, un movimiento que marca un giro en la estrategia parlamentaria del oficialismo tras más de dos años en los que ese órgano clave permaneció paralizado.

La decisión, que deberá ser convalidada por el pleno de la comisión para completar su constitución formal, fue adoptada en la cúpula del poder libertario, con aval de Karina Milei y el impulso político del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. No se trata de un nombramiento administrativo: implica ocupar un espacio institucional que el propio Gobierno había decidido mantener inactivo durante la etapa de mayor debilidad parlamentaria.

Durante los primeros meses de gestión, el kirchnerismo impulsó pedidos de juicio político contra el Presidente. En ese contexto, y con un bloque que no alcanzaba siquiera a un tercio propio, el oficialismo optó por no constituir la comisión. El riesgo era concreto: habilitar su funcionamiento implicaba poner en marcha el ámbito parlamentario por el que debía tramitar cualquier intento de remoción del jefe de Estado, en un escenario donde la oposición lograba construir mayorías circunstanciales.

Ese cálculo político se sostuvo en el tiempo. En esos dos años, La Libertad Avanza acumuló decenas de derrotas en el Congreso y enfrentó dificultades para sostener vetos presidenciales. La comisión, en ese marco, permaneció virtualmente clausurada como mecanismo de autoprotección.

El único intento por activarla terminó en un conflicto interno. La disputa por la presidencia, con la diputada Marcela Pagano como protagonista, derivó en un enfrentamiento abierto con la conducción del oficialismo y con el propio Presidente. Ese episodio no solo frustró la conformación del cuerpo, sino que dejó otra consecuencia política se convirtió en una de las primeras rupturas formales dentro del bloque libertario.

Con el paso del tiempo, esa fractura se profundizó. El episodio más reciente fue el caso de Agostina Páez -la abogada detenida en Brasil por gestos de violencia racial- donde Pagano intervino por fuera de los canales diplomáticos, se presentó como garante en el expediente y articuló gestiones con contactos paralelos, entre ellos los del ex presidente Alberto Fernández. Desde el Gobierno, la respuesta fue inmediata. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó esa intervención, denunció un intento de capitalización política y defendió la actuación del canciller Pablo Quirno y del consulado argentino.

En La Libertad Avanza, además, vinculan esa dinámica opositora a una red más amplia. Señalan a Franco Bindi, pareja de Pagano, como uno de los actores detrás de varios episodios que generaron costos políticos al Gobierno estos dos años. En ese contexto, la disputa dejó de ser un desacuerdo interno para transformarse en una confrontación abierta.

Una comisión clave

La decisión de poner en funciones la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja se da en un escenario nuevo, tras la elección de octubre. Con una base parlamentaria ampliada —más de 110 votos entre legisladores propios y aliados—, el oficialismo ya dejó atrás la etapa de mayor vulnerabilidad. Sin alcanzar mayoría propia, pero con capacidad para bloquear ofensivas, el Gobierno decidió impulsar a Lemoine, una diputada de alineamiento pleno con la conducción del espacio y con un perfil que contrasta con el de figuras de negociación parlamentaria.

En el oficialismo destacan su disposición a sostener posiciones sin concesiones, en un ámbito donde el conflicto institucional puede escalar rápidamente.

La Comisión de Juicio Político, en ese marco, cambia de lugar dentro de la estrategia oficial. Deja de ser un riesgo a evitar para convertirse en un espacio a controlar. La conducción del cuerpo ya no estará orientada a administrar tensiones, sino a garantizar la defensa del Gobierno frente a eventuales iniciativas opositoras.

Ese mismo criterio se replica en otra decisión clave dentro del Congreso. Según pudo confirmar Infobae, el oficialismo impulsará a Sebastián Pareja como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Se trata del titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y uno de los dirigentes de mayor confianza de Karina Milei dentro del armado partidario.

Su eventual designación implica ubicar a un referente karinista en un ámbito particularmente sensible: el control parlamentario sobre el sistema de inteligencia. En el oficialismo consideran que se trata de un movimiento lógico en una etapa donde buscan consolidar el control político sobre áreas estratégicas.

La decisión fue recibida sin resistencias dentro del núcleo de poder. Fuentes con acceso a ese círculo —que incluye al asesor presidencial Santiago Caputo— señalaron que la designación responde a la necesidad de garantizar conducción política en un espacio clave. “Es un hombre de mucha confianza de La Libertad Avanza para estar en un lugar sensible como ese”, dijeron a Infobae fuentes oficiales.

Repliegue, defensa y contraataque

El ordenamiento del Congreso se produjo en el tramo final de una semana en la que el Gobierno pasó del repliegue a la ofensiva política.

El jefe de Gabinete atravesó dos días consecutivos de respaldo explícito y cerrado de todo el oficialismo. Recibió en su despacho a los ministros Juan Bautista Mahiques, Sandra Pettovello y Diego Santilli; y a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Según pudo confirmar Infobae, esos encuentros formaron parte de una estrategia definida en la Casa Rosada para remover cualquier especulación sobre su continuidad en el cargo.

El respaldo se había iniciado el día anterior, cuando los otros ministros y Santiago Caputo lo acompañaron en la conferencia de prensa en la que brindó sus primeras explicaciones públicas, donde hubo fuertes cruces con los acreditados en Casa Rosada.

Adorni quedó bajo cuestionamiento tras la revelación de su viaje en avión privado junto a Marcelo Grandío, periodista y dueño de ImHouse, una productora que tenía contratos con la TV Pública, que no fueron renovados tras la irrupción del caso.

Mientras el Gobierno consolidaba su respaldo político, la investigación judicial avanzaba. Declaró el piloto que intervino en la contratación de los vuelos, el juez Ariel Lijo requirió los contratos con la productora y unificó en su juzgado la causa patrimonial que hasta entonces tramitaba María Servini. Anoche, Infobae pudo confirmar que Adorni prevé presentar en su declaración jurada y ante la Justicia, si así lo requiere, la documentación que acredita que la compra del departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, fue realizada mediante una hipoteca.

En ese mismo contexto, el asesor presidencial volvió a mostrar actividad en el núcleo de decisiones. Según pudo saber Infobae, Santiago Caputo estuvo en la Quinta de Olivos la mañana del jueves, donde presumiblemente mantuvo un encuentro con el Presidente, en una jornada en la que Javier Milei concentraba su agenda en recomponer la iniciativa política del Gobierno, sostener la defensa de su jefe de Gabinete y ordenar el frente interno tras el impacto del caso.

La señal política continuará este viernes, cuando el jefe de Gabinete acompañe al Presidente en un acto del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Pettovello. No habrá contacto con la prensa, pero la escena funcionará como una ratificación pública del respaldo presidencial.

Ese esquema de refuerzo del control político, sin embargo, no abarca la totalidad del sistema. Días atrás, según pudo confirmar Infobae, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo un diálogo reservado con su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, que activó un plan político para regresar al Ejecutivo de la Ciudad. Fue un primer contacto, aún embrionario, atravesado por diferencias sobre la relación del PRO con La Libertad Avanza.

La reactivación del partido, impulsada por Mauricio Macri, abrió una instancia de diálogo, sobre todo, porque ambos sectores comparten un objetivo: evitar que los libertarios conquisten electoralmente la Ciudad de Buenos Aires. Los últimos tropiezos del oficialismo —por ahora reversibles— alentaron a los emisarios.

Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se mueve con agenda propia. El 2 de abril volverá a Río Grande para el acto por Malvinas, en un contexto de creciente hostilidad con el Presidente. El mensaje publicado por Milei en Instagram, en el que aludió a la “traición”, se inscribe en ese marco.

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