POLITICA
Cómo piensa Ricardo Quintela, el gobernador peronista que el Gobierno eligió como nuevo rival

“Este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido”. Esa fue la frase de Ricardo “El Gitano” Quintela, que le dio luz verde al gobierno de Javier Milei para acusarlo de golpista y al peronismo para respaldarlo públicamente, pero cuestionarlo en las sombras de lo que no se ve ni se oye.
El gobernador de La Rioja quedó en el borde del escenario político nacional y los focos de iluminación le apuntaron con rapidez. Para bajar la espuma dijo ayer que realizó “una declaración política” de lo que visualiza “que puede suceder en el corto o mediano plazo si no se modifican las políticas”. Fue un intento para frenar la escala pública que se dio por sus declaraciones. Pero, al mismo tiempo, una decisión clara de absorber las luces de la marquesina.
“Es un mono con un martillo en una cristalería”, le respondió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró también que Quintela “tiene la provincia prendida fuego desde que asumió como gobernador”. Ahí reside uno de los puntos de conflicto que tienen enfrentado al gobierno riojano con la Casa Rosada. La plata, los recursos y la ideología política son la base del problema. A eso se le suma la voluntad de Menem de jugar fuerte en la política riojana el próximo año.
En el gobierno provincial acusan al ejecutivo nacional de asfixiarlos financieramente, quitandóle, desde el 2023, la compensación que todos los gobiernos le hicieron – sin importar color político – por la pérdida de un punto de coparticipación en el año 1988. A través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o de transferencias automáticas, la provincia siempre compensó ese hueco, hatas que llegó Milei al poder.

“La decisión del gobierno nacional es absolutamente política. Es una decisión que busca dañar a la provincia y a Quintela”, indicaron a Infobae desde el entorno del gobernador, donde aceptaron que lo que corresponde al porcentaje de coparticipación es depositado mes a mes, y es eso lo que les permite subsistir en un clima de máxima tensión. La gestión sobrevive en un desiquilibrio financiero muy fuerte y con conflictos latentes, siempre a punto de explotar.
En julio del año pasado Quintela decidió lanzar al mercado riojano una cuasi moneda a la que llamó Chachos, en honor al caudillo provincial “Chacho” Peñaloza. Fue, según explican en el gobierno riojano, para suplir la falta de fondos a la que los condenó la Casa Rosada. Lo cierto es que la inciativa duró unos meses, dinamizó la economía local, pero terminó siendo solo un parche.
Las declaraciones de Quintela dieron lugar a la apertura de una pata judicial. El fiscal federal Carlos Stornelli denunció al gobernador norteño y pidió investigarlo por violencia colectiva y amenaza de sedición. Esa decisión judicial hizo saltar de la silla a un sector del peronismo, que salió a la palestra a defender al riojano y acusar al Gobierno y al fiscal de ejecutar una persecusión política. Mucho ruido, muchas acusaciones, mucho tirantez en el sistema político.
Los bloques peronistas del Senado y de la Cámara de Diputados emitieron comunicados en los que plantearon que la denuncia penal se trata de “un nuevo episodio de persecusión política” y de la “utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento político”. Además, señalaron que el Gobierno llevan adelante acciones que “implican graves afectaciones al federalismo y a la autonomía de las provincias”. Cerraron filas detrás de uno de los pocos gobernadores que tiene el Partido Justicialista (PJ).

Hubo también varios dirigentes de renombre que pusieron la cara por Quintela en la redes sociales. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz fue una de ellas. “Toda mi solidaridad ante el ataque y la persecución judicial que ha desplegado el oficialismo. Hace tres años que vienen castigando al pueblo de La Rioja, quitándole el 1% de la coparticipación que le corresponde”, sostuvo.
Otro que habló fue el experimentado legislador Eduardo Valdés. “Repudio las ddenuncias penales que le hacen al gobernador Quintela por haber emitido una opinión. Es un hombre honable y de bien, que dice lo que piensa. Y que nunca puede ser prejuiciado que no responde a la institucionalidad democrática”, indicó.
Quintela es un personaje político de renombre dentro del universo peronista. En los últimos años ganó mayor notoriedad cuando se enfrentó con Cristina Kirchner por el control del PJ Nacional. Una pelea que tomó, con absoluta rapidez, un nivel alto de virulencia, y que tuvo entre sus capítulos centrales la decisión de Axel Kicillof de no avalar la candidatura de su mentora política y respaldar, implícitamente, la aventura riojana.
La pelea, cargada de operaciones mediáticas cruzadas, que sostuvieron una tormenta durante largas semanas, terminó con la decisión de la junta electoral del PJ, vinculada mayoritareamente a CFK, de plantear la nulidad de la candidatura por distintas irregularidades. Quintela se quedó sin candidatura, pero su movimiento, sumado al de Kicillof, que enfrentó un costo político mucho más amplio, aglutinó a un importante grupo de dirigentes detrás de la idea de que había que cerrar el ciclo de Cristina Kirchner en la conducción del peronismo. Por las buenas o por las malas.

La condena y la detención de la ex presidenta limitaron su rol dentro del peronismo y le dieron lugar a sus detractores internos para empezar a apurar su corrimiento de la conducción. Quintela se peleó a fondo con CFK, pero cuando ella fue detenida, volvió al PJ para las reuniones donde las diferentes tribus se juntaron con el fin de unificar una postura en el pedido de liberación de la ex mandataria.
En esta etapa del calendario, en el peronismo hay una idea creciente de que el ciclo de la ex mandataria está terminado. Pero nadie se corre del poder porque se lo digan en forma educada. Y ese es uno de los grandes problemas que la dirigencia tiene que solucionar durante este año.
A mitad de noviembre del año pasado el riojano visitó a CFK en el departamento de San José 1111. Fue el primer acercamiento concreto después de la guerra. Bajaron las armas los dos. Después de esa reunión Quintela le dijo a los legisladores del bloque de Convicción Federal en el Senado – que esta semana rompieron el interbloque peronista – que la ex presidenta se comprometía a avalar la construcción de una mesa de gobernadores, lo que nunca sucedió.
Un hecho paradigmático es que la semilla del bloque peronista anti K que conformaron Carolina Moisés, Guillermo Andrada, Fernando Salino y Fernando Rejal, y a la que se sumó Sandra Mendoza, se germinó cuando la junta electoral el PJ bajó la lista de Quintela y el riojano pareció ubicarse en una oposición interna a CFK dentro del peronismo. En ese momento se pensaba en el armado de un bloque que contuviera a otros legisladores que no son parte del kirchnerismo y que estaban hartos de la conducción K. Nada de todo eso pasó en su totalidad.

Sus pares del norte están disgutados con él porque dicen que los amenazó con intervenir los PJ locales si votaban la reforma laboral. El tridente que conforman Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jaldo (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) tomaron distancia del bloque peronista, donde el “Gitano” tiene incidencia, y se sumaron a una reciente construcción federal que integran los gobernadores que tienen una buena relación con Milei. El bloque justicialista de mandatarios es un núcleo político al que le falta mayor acción.
Al día de hoy Quintela tiene una relación de respeto con CFK, pero sin sostener un diálogo habitual. No es parte del círculo más cercano de la ex presidenta, pero en los últimos meses intentó tener una mejor sintonía con el kirchnerismo. Quiere ocupar un lugar en el esquema del peronismo nacional y en ese camino ha tenido algunas declaraciones rimbombantes que generaron polémica.
Quintela tiene la voluntad de convertirse en un articulador de voluntades dentro del peronismo, pero tiene limitaciones económicas para moverse por todo el país ocupando ese rol. Al mismo tiempo, se da cuenta que nadie, menos Kicillof, se mueve en esa sintonía, y que los días pasan y el peronismo está lejos de armar un proyecto político nuevo, de cara al 2027. Es de los que piensa que el peronismo debe construir una unidad política amplia y granítica. Pero no es una tarea fácil. Por ahora, le apoyó la mano en la espalda a Kicillof para jugar bien cerca de su construcción.
La semana pasada el “Gitano” organizó un brindis de camaradería, con legisladores y funcionarios, para recibir a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que había asistido a la Fiesta de la Chaya. En ese rato algunos dirigentes del peronismo le plantearon a la mandataria si no estaba para ser parte de una fórmula con un peronista. Villarruel se río y dejó entrever, con cierta ironía, que tal vez sí. Fue un coqueteo. Casi un juego. Solo eso. Quintela otra vez ocupó el centro de la escena.
victoria villarruel con quintela
POLITICA
Karina Milei corrió a Santiago Caputo de la negociación y busca un lugar en el Corte bonaerense

“Loco, tenés que completar la Corte ya”. La premura de Sergio Massa en una charla en confianza con Axel Kicillof sucumbió a la procrastinación. Había un principio de acuerdo para avanzar con los pliegos a fin de año, pero la pelea por las autoridades de la Legislatura lo frustró. “Después de la extorsión van a tener que esperar”, se enfureció el Gobernador.
Ahora empieza a correr el nuevo deadline: “Una nueva Corte antes del Mundial”. El ministro de Justicia bonaerense, el cristinista Juan Martín Mena, dijo hace unos días: “Estamos trabajando para que antes de fin de año podamos tenerla completa”.
La Suprema Corte bonaerense está integrada por apenas tres miembros –Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres-, después de la muerte de Héctor Negri y las renuncias de Eduardo De Lázzari, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud. Hay cuatro vacantes, pero si Kogan decidiese jubilarse, serían cinco.
“La veo muy activa. Es como ‘la Chiqui’ Legrand de la justicia. Nos va a jubilar a todos”, dicen en los pasillos del máximo tribunal de calle 13.
Así, La Libertad Avanza va a tener que esperar. “Aún no se empezó a conversar. Lo vamos a encarar en breve”, dicen cerca de Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.
Es que el reparto de las cuatro vacantes ya está. Al menos para las tribus que cobrarán: el peronismo en las tres variantes (La Cámpora, Frente Renovador y el kicillofismo) y el radicalismo.
La Cámpora impulsa al ministro de Justicia Juan Martín Mena; Massa a Ramiro Gutiérrez; el Gobernador a Santiago Pérez Teruel, asesor General de Gobierno. La UCR, a Marina Sánchez Herrero, esposa del senador nacional Maximiliano Abad.
Para el cupo femenino, La Cámpora y el Frente Renovador también tienen candidatos: Marisa Herrera, hermana de Paloma, la reconocida bailarina clásica, es impulsada por el sector de Máximo Kirchner, y la ex diputada Micaela Moran por Malena Galmarini.
También los intendentes quieren una vacancia. El de La Plata, Julio Alak, promovería a Miguel Berri, un legendario radical de la ciudad de las diagonales. El grupo de los intendentes ya había logrado colar al histórico Julio Pereyra como director en el Banco Provincia.
En el inicio de la gestión libertaria hubo un intento por atar esa negociación con la ampliación de la Corte nacional. Las conversaciones eran entre Mena y el vocero de Santiago Caputo, el exsecretario de Justicia Sebastián Amerio. Pero Karina Milei copó Justicia con la designación de Juan Bautista Mahiques y todo volvió a cero.
Kicillof, que busca suceder a Javier Milei, no quiere dejar la Provincia sin nombrar a los nuevos ministros de la Corte, pero quiere manejar los tiempos para ¿una negociación con La Libertad Avanza? La interna peronista siempre mete la cola. El Gobernador necesita de la Legislatura y si la buena convivencia no llega del lado del peronismo deberá buscarla en otras bancas.
Massa, Máximo Kirchner y los intendentes meten presión. No es la única. “Antes del mundial tiene que salir la nueva Corte y después vamos por la reelección indefinida”, dicen los intendentes.
Axel Kicillof, Suprema Corte de Justicia, Javier Milei, Karina Milei, Sebastián Pareja
POLITICA
Reforma de glaciares: desde el peronismo advirtieron que la ley “va a ser judicializada a las pocas horas”

Comenzaron las audiencias públicas para discutir la reforma del artículo que define las áreas periglaciares. Más de 100.000 personas intentaron inscribirse para participar de este proceso, que busca modificar el artículo que define la extensión y características de las áreas periglaciares. El Gobierno promueve este cambio con el objetivo de habilitar nuevas explotaciones mineras en regiones actualmente protegidas. La definición de estas áreas resulta central porque permitiría ampliar los sectores donde hoy está prohibida la actividad minera según la ley vigente.
El proceso legislativo contempla la presencia de 360 expositores seleccionados. Habrá 180 disertaciones presenciales y 180 remotas, distribuidas en dos jornadas. Esta limitación provocó reclamos de organizaciones ambientalistas y participantes que habían solicitado intervenir, ya que originalmente se anotaron más de 100.000 personas. Según explicaron autoridades legislativas, el criterio para acotar el cupo responde a la imposibilidad logística de dar lugar a todos los interesados.
Leonardo Grosso, expresidente de la Comisión de Recursos Naturales y referente peronista, se inscribió como expositor en el debate. “La expectativa es baja en realidad, porque se generó mucha expectativa con la posibilidad de hacer una audiencia pública genuina en los marcos de la Ley General de Ambiente y del Acuerdo de Escazú, que tiene rango constitucional en la Argentina», dijo en Infobae en Vivo A las Nueve.
Y agregó: “En el camino a eso, vimos cómo fue cercenada la posibilidad de participar de 102.000 personas que se inscribieron en un lugar donde decía: ‘Inscribite si querés opinar para la ley de glaciares’. No decía: ‘Inscribite y vemos cuántos’, o ‘tenés que cumplir determinados requisitos’. Así que, en principio, hay una expectativa baja”.
Cuál es el punto más debatido de la reforma
El debate se centra en el artículo que define las áreas periglaciares. De acuerdo con Grosso, la reforma propuesta no reconoce el agua y los glaciares como recurso estratégico de la nación. “Todos los procedimientos institucionales y normativos que deberían llevarse adelante para modificar actividades permitidas o no en zonas declaradas de interés estratégico de la nación tendrían que ser mucho más apegados a derecho”, afirmó.
El expresidente de la comisión agregó: “Esta audiencia pública es más una farsa para tener una pantalla legal que proteja de posibles procesos judiciales a la modificación de esta ley. Y creo que no lo va a lograr por todas estas desprolijidades cometidas por las autoridades al llevar adelante esta ley”.
Al mismo tiempo sostuvo que “lo podrían haber hecho de otra manera, podrían haber anticipado que iban a tener determinados requisitos las personas que podían hablar, o podrían haber limitado el cupo de inscriptos desde el inicio. También podrían haber realizado más audiencias, como se evaluó en la primera comisión conjunta que estableció estas instancias”.
La rapidez en la convocatoria generó preocupación en los participantes. “Hay un apuro y una celeridad que no van de la mano de la necesidad de que el pueblo se exprese y escuchar a todos por igual. Son cuestiones que van a complicar judicialmente esta ley. Por eso estamos complicados”, destacó.
Riesgos ambientales y argumentación federal
Grosso sostuvo que no se garantizó el federalismo ni la participación libre, previa e informada. “No hay una audiencia, hay una simulación de audiencia viciada, que no garantiza la participación libre, previa, informada, que no consulta a las comunidades específicas que van a ser afectadas, ni explica el criterio de selección de quiénes hablan aquí”.
En la exposición, el referente peronista remarcó que los glaciares aseguran el caudal de agua de 39 cuencas que afectan a la mayoría de las provincias y a siete millones de personas.
“Hay un problema interjurisdiccional que está claramente presente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Villarino y Carmen de Patagones tienen la cuenca del río Colorado, con hectáreas productivas del sector agrícola que podrían resultar impactadas si se permite la minería a cielo abierto en glaciares y así se contamina ese río. El porcentaje de caudal asegurado por estos ambientes supera el 50% en épocas de sequía, y esa situación se extiende hace más de una década”, afirmó.
Respecto a la judicialización, Grosso advirtió: “Lo que yo marco es que, más allá de la aprobación, a las pocas horas va a estar judicializado”.

Debate político y el rol de los gobernadores
Varios gobernadores peronistas manifestaron su adhesión a la reforma. Sin embargo, para Grosso, no se trata de una cuestión partidaria. “No todos los gobernadores peronistas apoyan, sino los que son pro mineros y están condicionados por esa actividad”, sostuvo. Agregó: “El federalismo no es que cada gobernador decida, sino priorizar los intereses del país entero. Cambiar un régimen de decisión científica por uno político implica riesgos para los intereses compartidos entre provincias”.
Al explicar su postura, afirmó: “No es una discusión del Gobierno de Milei contra la oposición. Muchos peronistas, radicales y de otros partidos apoyan la modificación, y muchos estamos en contra. Planteamos la necesidad de una participación real de los sectores sociales, porque, si no, habrá más inseguridad jurídica con estos proyectos llevándose adelante que la que reclaman las empresas mineras”.
El ex presidente de la comisión reiteró: “Nosotros planteamos: cuidemos el recurso hídrico, que es escaso, en un contexto de calentamiento global, que lo dice la comunidad científica internacional, no lo dice Leo Grosso”.
Perspectiva ambiental y proporcionalidad de la reforma
Grosso subrayó que la superficie donde se prohíbe la minería equivale al 0,4% del territorio nacional y al 1% de la cordillera. “No es una posición en contra de la minería en general, sino sobre el lugar donde puede realizarse. Lo que se plantea es establecer un ordenamiento: aquí no se puede hacer minería, aquí sí. Hay cuestiones que, como país, deberían estar definidas en función de la protección de actividades fundamentales, porque lo que está en juego es la disponibilidad de agua para el resto de las actividades productivas”.
“La vitivinicultura, el cultivo de olivos, la producción ganadera y agrícola pueden verse afectadas si no se garantiza ese recurso estratégico”, indicó Grosso. Concluyó: “Esto no es que no puedan hacer minería. Pongamos cuestiones sensatas y discutamos qué país queremos”.
El debate continuará en la Cámara de Diputados con la intervención de los distintos expositores registrados, mientras persiste la controversia sobre el alcance federal, los plazos del proceso y el futuro del agua y los glaciares en la Argentina.
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POLITICA
Manuel Adorni da una conferencia de prensa en medio de las polémicas por los viajes y las propiedades

A casi dos meses de su última conferencia de prensa, Manuel Adorni convocó a los medios para intentar dejar atrás las polémicas por sus viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio.
El jefe de Gabinete, cuya continuidad en el cargo se puso en duda durante los últimos días, quedó en el centro de la polémica desde que se conoció que su mujer integró la comitiva presidencial que viajó a Nueva York, que adquirió una casa en un country que no integra su declaración jurada y viajó junto con su familia en un avión privado a Punta del Este durante los feriados de carnaval.
La conferencia de prensa está prevista para las 11 y se permitirán cinco preguntas. De acuerdo al sorteo realizado con la prensa acreditada en la Casa Rosada, las consultas serán elaboradas por periodistas de los siguientes medios: , Página 12, El Destape, Letra P y MDZ.
Adorni quedó en el epicentro de la polémica luego de que el domingo 8 de marzo se conociera −a partir de una foto periodística− que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, había viajado a Estados Unidos en el avión presidencial, primero a Miami y luego a Nueva York. Fue en el marco de la Argentina Week, en la que el Gobierno buscó promocionar al país como foco de inversiones.
Luego se conoció que la familia Adorni fue a Punta del Este en un jet privado durante el último feriado por carnaval junto al periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni, quien con su productora tiene un programa en la TV Pública, que depende del jefe de Gabinete. La Justicia intenta determinar quién pagó esos vuelos.
La semana pasada, reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, operación que fue denunciada por la diputada Marcela Pagano, exlibertaria, quien pidió investigar a Adorni por enriquecimiento ilícito.
Las sucesivas revelaciones dejaron a Adorni en el centro de la escena pública y bajo la lupa judicial, en dos expedientes que están en manos de los jueces Ariel Lijo y María Servini.
Adorni llegó esta mañana a la Casa Rosada a las 8.30 para prepararse para la conferencia de prensa. En otro intento por retomar el control de la agenda, volverá a partir de hoy a tener encuentros cara a cara con algunos de los ministros.
El viernes próximo, en tanto, tiene planificada una actividad en la que se mostrará junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Será un nuevo respaldo público de la cúpula del poder libertario en medio de las versiones sobre una posible salida. Junto a ellos estará la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya que el acto se realizará en un centro de formación creado por esa cartera. Pettovello, justamente, es uno de los nombres que circuló como eventual relevo del jefe de Gabinete.
Noticia en desarrollo
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