POLITICA
Cómo se ejecuta una condena de prisión confirmada por la Corte
Con el fallo de hoy de la Corte Suprema de Justicia ya no quedan más instancias de revisión: la condena de Cristina Kirchner en el caso Vialidad quedó firme y debe empezar a cumplirse. Tanto la prisión como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Para la ejecución, el caso vuelve ahora al tribunal de origen, el tribunal oral que dictó la sentencia, que en el caso de Cristina Kirchner es el Tribunal Oral Federal 2.
De la ejecución no se ocupa el tribunal entero sino uno de los tres jueces. Según el criterio del TOF 2, será Jorge Gorini porque es el presidente, precisaron fuentes judiciales. Otros tribunales lo definen por sorteo o por un acuerdo entre sus jueces.
Después, la práctica habitual es que quien fue condenado sea citado a Comodoro Py para empezar a cumplir su pena. Es lo que hace normalmente el TOF 2 y lo que pasó en el último gran caso de corrupción que resolvió la Corte, el de la ruta del dinero K, en el que los condenados fueron convocados por el TOF y se presentaron en el día y fecha establecidos. En ese caso, el fallo de la Corte fue el jueves 29 de mayo y los condenados se presentaron en Comodoro Py para empezar a cumplir su pena el lunes siguiente.
Si el tribunal creyera que hay peligro de fuga, también podría ordenar la detención por la fuerza pública.
La ejecución de la pena está prevista en Código Procesal Penal de la Nación. El artículo 490 dice que “las resoluciones judiciales serán ejecutadas por el tribunal que las dictó” y que ese tribunal “tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución”. Es, por ejemplo, el que deberá decidir si accede o no a un pedido de prisión domiciliaria.
El artículo 491 dice que “los incidentes de ejecución podrán ser planteados por el ministerio fiscal, el interesado o su defensor y serán resueltos previa vista a la parte contraria, en el término de cinco (5) días”. Es decir que si la defensa de Cristina Kirchner pidiera una prisión domiciliaria, el TOF deberá consultar primero al fiscal Diego Luciani -su opinión no es vinculante- y después, tendrá cinco días para tomar su decisión.
Lo habitual es que el TOF, antes de decidir, ordene informes socioambientales e incluso puede inspeccionarse el lugar que ofrece el condenado para cumplir su pena.
La prisión domiciliaria no es automática. La ley dice que “podrá” disponerse, entre otros casos, cuando el condenado tenga más de 70 años (Cristina Kirchner tiene 72). En la actualidad, son muy excepcionales los casos de mujeres de más de 70 años presas en establecimientos carcelarios.
Será decisión del tribunal, en caso de un pedido de prisión domiciliaria, resolver si Cristina Kirchner esperará esa definición presa en un establecimiento carcelario (como es la regla) o en libertad hasta que el TOF decida.
Contra las decisiones del tribunal en cuestiones de ejecución de la pena “sólo procederá el recurso de casación, pero éste no suspenderá la ejecución a menos que así lo disponga el tribunal”, dice también el Código.
La pena dictada contra Cristina Kirchner, además de los seis años de prisión, incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que le impedirá a la expresidenta presentarse en las próximas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, contra lo que anunció que planeaba hacer.
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POLITICA
Tierra del Fuego: el peronismo, LLA-PRO y partidos provinciales se disputan cinco bancas clave en el Congreso
Tierra del Fuego define su representación en el Congreso de la Nación con la renovación de sus tres representantes en el Senado y dos de las cinco bancas de la Cámara de Diputados.
La Libertad Avanza y el PRO intentarán arrebatarle al peronismo los tres espacios que ostenta, dos de ellos en la Cámara Alta, mientras que el oficialismo aliado con estructuras justicialistas y sindicatos aprieta los puños para intentar retener escaños propios.
La rivalidad está planteada. Fuerza Patria, alianza de la que forma parte el gobernador Gustavo Melella, se medirá el frente que integran los libertarios y el partido amarillo, aunque otras dos estructuras de corte provincial mostraron los dientes y vaticinan una elección reñida.
Estas últimas comparten discurso. Ni con Milei ni con los K. Buscan diferenciarse de las grandes estructuras y aprovechan el trampolín de las legislativas de término medio para lanzarse a la gobernación provincial, prevista para 2027.
La provincia renovará las tres bancas del Senado y dos de las cinco de Diputados. El Juez Federal Federico Calvete, con injerencia en la contienda electoral, alistó a su equipo para la recepción de las listas en la dependencia de la turística ciudad de Ushuaia.
Algo más de 150 mil electores acudirán a las urnas en 72 establecimientos educativos, la mayoría de los cuales se ubican en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Cerca de 200 electores emitirán su voto en la Antártida, perteneciente a la jurisdicción fueguina.
Representación
La provincia renovará todas sus bancas en el Senado, con el cumplimiento de mandatos de la camporista María Duré y la peronista Cristina López, y del radical Pablo Blanco.
En diputados, habrá dos escaños en juego: el de Carolina Yutrovic, de Unión por la Patria, y el de Ricardo Garramuño, del partido provincial Somos Fueguinos, quien ingresó al recinto en remplazo del fallecido Héctor Stefani (PRO).
El movimiento Forja, del que forma parte el gobernador provincial, integra la alianza Fuerza Patria, del que participan también el intendente de Ushuaia, Wálter Vuoto, agrupaciones peronistas y numerosas entidades sindicales, además de algunos extrapartidarios.
La Libertad Avanza y el PRO acordaron una lista única para confrontar al oficialismo e intentar arrebatarle las bancas que hoy tienen tinte peronista. Busca sumar representación a la única banca libertaria que tiene al diputado Santiago Pauli como único alfil, con vigencia hasta 2027.
El radicalismo provincial quiere conservar la banca del senador Blanco, quien buscará la reelección en ese recinto, y para sumar adhesiones captó a varios disidentes del PRO que no comulgaron con el acuerdo con LLA.
Sin embargo, más allá de las grandes estructuras, quienes prometen pelea son dos estructuras de corte provincial, una de las cuales – Somos Fueguinos– pone en juego la banca que ocupa el legislador Garramuño.
Sin alianzas con fuerzas nacionales, el partido intentará retener la banca de Garramuño. “Somos fueguinos. Partido provincial, sin coaliciones ni alianzas”, dijeron desde esa estructura, que encara el comicio sin aliados.
En la misma sintonía, Defendamos Tierra del Fuego buscará doblegar al oficialismo peronista y a la alianza libertaria. Es impulsada por Martín Pérez, intendente de Río Grande, la ciudad más poblada de la provincia, y el de Tolhuin, Daniel Harrington.
Está integrada por el Movimiento Popular Fueguino, ex aliado del gobernador Melella, y el Frente Renovador, entre otras estructuras menores.
POLITICA
Los gobernadores dialoguistas esperan un gesto de la Casa Rosada para negociar las leyes de los ATN y el impuesto a los combustibles
Los cuatro gobernadores que sellaron una alianza electoral con La Libertad Avanza enfrentarán esta semana su primera prueba de lealtad con la Casa Rosada. La Cámara de Diputados comenzará a debatir mañana los proyectos que regulan la distribución del fondo de ATN y el reparto del impuesto a los combustibles líquidos, dos iniciativas que impulsaron junto a las todas las provincias pero que el presidente Javier Milei resiste con amenazas de veto.
Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco), y el alcalde Jorge Macri (CABA), son conscientes del dilema que afrontan. Por ello esperan con ansias un guiño del Gobierno que descomprima la tensión con los gobernadores y, de paso, los exonere de tener que elegir entre los intereses de sus respectivas provincias o el compromiso electoral asumido con los libertarios.
El debate de ambas iniciativas, que ya cuentan con media sanción del Senado, comenzará este miércoles. El primer turno, al mediodía, será para el proyecto que propone la coparticipación del fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en la Comisión de Presupuesto; dos horas después, en conjunto con la Comisión de Energía, se abordará el nuevo esquema de reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles.
Ambas comisiones fueron convocadas por el oficialismo poco antes de que la oposición votara su emplazamiento durante la última sesión; un gesto agónico y forzado pero que fue interpretado por los diputados dialoguistas como un acto de buena voluntad.
“Estamos pendientes de que el Gobierno abra finalmente un canal de negociación o bien ofrezca una contrapropuesta satisfactoria que nos evite el problema de una votación difícil en el recinto”, confesó un dirigente cercano al gobernador Frigerio, autor intelectual de ambos proyectos. Cerca de Cornejo admitían, también, que la pelota está en manos de la Casa Rosada.
“Estamos en una posición muy incómoda, ojalá que el Gobierno no decida llevar la situación a un extremo y acepte negociar una salida”, deslizó un legislador del riñón del gobernador mendocino.
En el gabinete de Jorge Macri tampoco ocultan su inquietud. “Nosotros suscribimos los dos proyectos porque creemos que no vulneran el equilibrio fiscal. Hace tiempo que lo venimos hablando con el Gobierno, esperamos avanzar en una negociación. Lo que sí es seguro es que no vamos a votar leyes que tengan un impacto fiscal negativo”, indicaron.
El problema es que los tiempos para una negociación se agotan: se descuenta que pasado mañana ambas iniciativas obtendrán dictamen y, por lo tanto, estarán en condiciones de ser llevadas al recinto, instancia que la oposición buscará apurar. Los proyectos cuentan con media sanción del Senado desde hace un mes y solo resta la aprobación de la Cámara de Diputados para que sean convertidos en ley.
Si en el ínterin el Gobierno no ofrece una contrapropuesta que logre seducir a la mayoría de los gobernadores, lo más probable es que enfrente una derrota aplastante en el recinto, un golpe que, por su envergadura, no le sería inocuo a pocos días de las elecciones.
Desde la Casa Rosada se deslizó que, como toda oferta, se les propondría a los gobernadores un reparto mayor del fondo de los ATN entre las provincias, pero no cedería su monopolio sobre la recaudación del impuesto a los combustibles. Con esta propuesta buscaría meter una cuña en el frente de los 24 gobernadores y licuar su ofensiva. Esto no impediría que las leyes finalmente se aprueben, pero al menos se evitaría la sangría.
Tironeados por ambos frentes se ubican los gobernadores “acuerdistas”. ¿Se rebelarán ante la Casa Rosada -todo un desafío político cuando acaban de sellar una alianza electoral- o harán rancho aparte del resto de los mandatarios provinciales? Ni Cornejo ni Frigerio, como tampoco Macri y Zdero quieren llegar a esa encrucijada y esperan que el Gobierno no los obligue a decidir, sobre todo si de ellos depende sostener un eventual veto del Poder Ejecutivo.
Laura Serra,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Fentanilo adulterado. Hubo un intento de investigar el caso en el Congreso, pero el consenso se esfumó,,Tensión. Los gobernadores cierran filas para defender sus dos proyectos del ley pese a las presiones del gobierno nacional,,Puja en el Senado. La oposición dialoguista busca ponerle un freno a la ofensiva por el Garrahan y las universidades
POLITICA
Provincias Unidas desmiente acuerdos en PBA y CABA: solo competirá en las cinco provincias que gobierna
El cierre de alianzas para las elecciones legislativas del 26 de octubre dejó un capítulo de confusión para Provincias Unidas, el frente que integran los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Tras la inscripción de espacios con nombres y tipografía similares en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, el armado de los mandatarios provinciales salió a despegarse. “Provincias Unidas se presenta solo en las provincias donde gobierna”, aclararon a este medio desde el entorno de uno de los gobernadores.
El caso CABA y PBA
En la Ciudad, la alianza Ciudadanos Unidos lleva a Facundo Manes como candidato al Senado y a Martín Lousteau para Diputados. En la provincia de Buenos Aires, el espacio Somos Buenos Aires impulsa a Florencio Randazzo, con apoyo del exgobernador Juan Schiaretti.
Desde el núcleo duro de Provincias Unidas remarcan que esos armados no cuentan con el aval de los cinco mandatarios: “Los 5 gobernadores no están apoyando a Manes, Lousteau y Randazzo”, sentenciaron.
Para los gobernadores, se trata de movimientos promovidos por Schiaretti y dirigentes del extinto espacio Hacemos, sin relación orgánica con su frente.
Estrategia y cautela
En el oficialismo provincial explican que su meta en estas legislativas es consolidarse en los distritos que ya administran y evitar quedar atados a posibles malos resultados en PBA o CABA, donde la polarización favorece a La Libertad Avanza y Fuerza Patria.
A futuro, el plan es ampliar la base de gobernadores con la mira puesta en 2027: “Es una construcción en proceso, no tenemos por qué apurarnos ni competir en todos lados”, subrayan.
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CABA,Elecciones,PBA,Provincias Unidas
Tierra del Fuego: el peronismo, LLA-PRO y partidos provinciales se disputan cinco bancas clave en el Congreso
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