El Ministerio de Capital Humano informó la suspensión preventiva de la operatoria de 25 cooperativas de trabajo con sede en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, tras detectar “serias irregularidades” en su funcionamiento. Todas las entidades tenían domicilio en Entre Ríos 3269, San Justo, una oficina perteneciente al gobierno municipal. La medida fue adoptada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y marca un nuevo capítulo en la fiscalización estatal sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el sector cooperativo creadas en gestiones anteriores.

Según el comunicado difundido por la cartera, la decisión se fundamenta en el resultado de un muestreo realizado sobre los asociados de estas cooperativas, en el cual se detectó que 119 trabajadores contratados no contaban con los beneficios de seguridad social obligatorios. La investigación determinó que las entidades, bajo la figura jurídica cooperativa, podrían haber desvirtuado los principios legales previstos en el artículo 2 de la Ley N° 20.337, así como la normativa vigente sobre aportes previsionales.

La suspensión de las actividades y la apertura del sumario administrativo fueron adoptadas como medidas preventivas, mientras se profundiza la investigación sobre la presunta utilización irregular de la estructura formal cooperativa. El Ministerio de Capital Humano remarcó que existen indicios de que estas organizaciones habrían sido empleadas para “eludir normativa vigente y con prácticas que vulneran derechos laborales”.

La ministra, Sandra Petovello, informó la decisión a través de su cuenta de X, replicando el comunicado oficial y arrobando al presidente Javier Milei.

La decisión se tomó luego de descubrir que 119 trabajadores no percibían aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social.

De acuerdo a lo establecido por la Resolución 4664/13 del INAES, las cooperativas deben realizar los aportes correspondientes al régimen previsional de trabajadores autónomos, o bien cumplir con otro sistema legalmente habilitado. Sin embargo, el relevamiento realizado por el organismo reveló que los beneficios sociales no eran otorgados a los contratados, en franca contradicción con las disposiciones vigentes.

Las entidades intervenidas comparten domicilio en una oficina de la Unidad Ejecutora Operativa Matanza, lo que ha llevado a las autoridades a investigar la posible implicancia de la Municipalidad de La Matanza y de sus funcionarios en el funcionamiento de las cooperativas suspendidas. El sumario administrativo deberá dilucidar el grado de injerencia de la administración local en la operatoria de las entidades.

El Ministerio de Capital Humano sostuvo que las irregularidades detectadas podrían haber desnaturalizado los fines cooperativos, apartándose de los principios de ayuda mutua y esfuerzo propio, y aprovechando la estructura formal para eludir obligaciones legales. El comunicado advierte que, de comprobarse las acusaciones, las cooperativas habrían incurrido en prácticas que vulneran derechos laborales, utilizando la figura jurídica con fines ajenos a los establecidos por la normativa.

La decisión del INAES implica la suspensión de toda operatoria de las cooperativas alcanzadas hasta que se determine la existencia o no de responsabilidades administrativas, civiles o penales. El procedimiento se mantendrá vigente mientras avanza el sumario y se recolectan pruebas sobre la operatoria real de las entidades y la eventual participación de funcionarios municipales.

El comunicado oficial incluye la nómina completa de las entidades suspendidas, que abarca organizaciones con denominaciones correlativas y diferentes números de CUIT, como Coop. de Trabajo La Matanza 12 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 49 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 51 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 56 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 61 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 72 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 77 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 105 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 112 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 116 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 123 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 135 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 142 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 171 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 205 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 206 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 229 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 236 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 311 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 329 Ltda. y Coop. de Trabajo Fortalecer Ltda.

María José Lucesole,Conforme a

La Corte Suprema de Justicia aprobó un nuevo esquema de reglas para el proceso de selección de jueces. La decisión se tomó con el voto favorable de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mientras que Horacio Rosatti no acompañó el acuerdo.

El resultado (dos votos contra uno) aparece como la primera señal visible de una nueva división interna dentro del máximo tribunal y, al mismo tiempo, como un movimiento que llamó la atención en el ámbito judicial porque se interpreta como una reacción frente a la avanzada de los Menem en la Justicia.

La iniciativa establece modificaciones en el modo en que se desarrollan los concursos para cubrir vacantes judiciales. Hasta ahora, el Consejo de la Magistratura llevaba adelante ese proceso con amplia autonomía. Con el nuevo acuerdo, la Corte asume un papel de supervisión y corrección sobre ese mecanismo, con la intención de reducir la influencia política en la elección de magistrados.

En tribunales se leyó la decisión como un intento de ordenar el sistema de concursos y fijar pautas más estrictas. El proyecto aprobado por Rosenkrantz y Lorenzetti consiste en un reglamento para la selección de magistrados que será enviado al Consejo de la Magistratura para su análisis. Ese organismo, que es el encargado constitucional de organizar los concursos y proponer ternas de candidatos, deberá debatirlo en su plenario.

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Desde la Corte se señaló que el objetivo es limitar los márgenes de discrecionalidad y reforzar la centralidad del mérito y la idoneidad en el proceso de selección. En ese sentido, el nuevo esquema propone que la evaluación de los candidatos dé mayor relevancia a la formación académica y a los méritos profesionales concretos, por encima de trayectorias vinculadas a tareas administrativas dentro del Poder Judicial.

En términos prácticos, el acuerdo introduce varios cambios en la estructura de los concursos. Entre ellos, el anonimato total en los exámenes de oposición, reglas más definidas para las entrevistas personales, la digitalización del proceso de inscripción y presentación de antecedentes, y una ponderación mayor de la formación académica a la hora de evaluar a los postulantes.

La idea central que atraviesa la reforma es que los jueces sean elegidos por su capacidad y no por su cercanía con el poder político de turno.

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Uno de los puntos más sensibles del proceso actual es la etapa de la entrevista personal, que históricamente recibió críticas dentro del ámbito judicial y político. En el nuevo esquema se busca establecer criterios más claros y previsibles para esa instancia, que puede incidir de manera significativa en la posición final de los candidatos dentro del orden de mérito.

Además, el proyecto reorganiza la estructura general de los concursos. Entre otras medidas, prevé distintos tipos de procesos para cubrir cargos vacantes o anticiparse a futuras vacantes, con el objetivo de ordenar la planificación de las designaciones judiciales.

El nuevo reglamento también incorpora herramientas tecnológicas. La digitalización del sistema de inscripción permitirá que los antecedentes de los candidatos se presenten y evalúen a través de plataformas informáticas, mientras que los exámenes contarán con mecanismos diseñados para garantizar el anonimato y reducir la posibilidad de interferencias externas.

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En paralelo, el esquema plantea criterios más objetivos para calificar los antecedentes personales, con la intención de disminuir la arbitrariedad en la evaluación. A partir de esas pautas se elaborará un orden de mérito provisorio, que luego dará paso a las entrevistas personales de los candidatos mejor posicionados.

De todos modos, la reforma todavía debe atravesar una instancia clave. Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo de la Magistratura deberá aprobarlo con las mayorías necesarias durante su votación final. Recién entonces podrá aplicarse a los concursos para cubrir cargos judiciales.

En Tribunales, la decisión también es interpretada en el contexto político actual. La Corte resolvió avanzar con estas modificaciones mientras el Gobierno anunció el envío al Congreso de pliegos de jueces para cubrir una gran cantidad de vacantes existentes en el sistema judicial. Al mismo tiempo, dentro del Consejo de la Magistratura se registra una reconfiguración de fuerzas con un protagonismo creciente de La Libertad Avanza.

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