POLITICA
Compras con dólares | El Gobierno aseguró que no piensa entrar en una “lista negra” y relativizó los dichos de Caputo

Antes de que salgan a la luz las nuevas medidas para dinamizar el uso de dólares que los argentinos tienen en la economía informal, desde el Gobierno aclararon que no piensan entrar en ninguna “lista negra” y aseguraron que la Argentina no perderá los estándares internacionales que alcanzó en prevención de lavado de activos.
El encargado de hablar del tema fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien este miércoles en conferencia de prensa también relativizó los dichos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, al respecto de sacar los dólares “del colchón” y “comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones”. Según el portavoz, esta fue una declaración “superficial” del titular del Palacio de Hacienda para dejar entrever las decisiones que se vienen pero sin dar el detalle de cómo se harán.
“Sobre el tema de que las medidas pueden impactar en alguna calificación internacional o en términos de transparencia o de lavado de dinero, claramente no va a haber ninguna resolución, medida o decreto que vaya en contra de lo que a la Argentina le hace bien y de lugares donde al país le ha costado mucho llegar. No estaría planteada ninguna medida que implique caer en una lista gris, sea en el GAFI [por el Grupo de Acción Financiera Internacional] o cualquier otro título“, aseveró Adorni pasado el mediodía, para intentar despejar las críticas que ya empezaron a aparecer de parte de espacios opositores y también de economistas, tras los dichos de Caputo.
“No vamos a cometer un acto ilícito”, insistió el portavoz del presidente Javier Milei y comentó entonces: “Más allá de alguna declaración superficial del ministro Caputo… Lo que ha dicho es superficial, en términos de lo que va a ocurrir en el cortísimo plazo. Lo vamos a dar a conocer cuando estén terminadas las modificaciones. No especulen. Cuando estén el camino a seguir y las medidas, las vamos a anunciar. Probablemente yo lo haga y haya una conferencia adicional por los detalles técnicos”.
Estas expresiones de la Casa Rosada llegaron después de una gran expectativa y de cierta polémica que se generó cuando Caputo planteó el lunes: “La idea [del nuevo paquete de medidas] es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones”. El ministro había anticipado que trabajaban en un programa para dinamizar la entrada de dólares al sistema formal cuando participó en la Expo EFI la semana anterior y, pasados unos días sin mayores precisiones, dijo eso en un streaming.
Ante esta cuestión, más que nada dirigentes opositores y asesores económicos y financieros advirtieron al Gobierno por la posibilidad de que estas decisiones le abrieran la puerta a la entrada de activos de rubros prohibidos, como el narcotráfico.
Muchos de ellos puntualizaron en que la Argentina no debería implementar medidas que le hagan perder su status ante el GAFI, del que es miembro pleno desde 2000. Esta organización es la que fija los estándares internacionales y promueve la implementación de políticas para prevenir el lavado de activos, y asimismo la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras acciones ilícitas.
En octubre de 2024, en la última evaluación, la Argentina superó el examen del GAFI y evitó así ingresar en la temida “lista gris” de estados que no cumplen los lineamientos. En París, el país superó la cuarta evaluación que enfrentó, que analizó las leyes antilavado, las reformas introducidas entre 2019 y 2023, las condenas y las sanciones administrativas aplicadas. La última evaluación formal había sido en 2012, cuando la Argentina no alcanzó a cumplir la normativa esperada. Luego, en 2014, el país retomó el sendero y salió del listado.
El año pasado, el plenario del GAFI concluyó que la Argentina cumple en lo sustancial con sus estándares, si bien hay aspectos para mejorar en la efectividad del Sistema Preventivo Nacional.
POLITICA
El juez Mario Fera: “La reforma laboral introduce la posibilidad de negociar cuestiones que hasta ahora la ley no permitía”

El juez Mario Fera analizó el impacto inicial de la reforma laboral durante una entrevista en Infobae a la Tarde, detallando la aparición de fallos judiciales adversos y el nuevo escenario para empleadores y trabajadores tras los cambios normativos
En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Fera remarcó la magnitud del cambio: “La primera modificación integral de la ley laboral, ni más ni menos que desde 1975, es un hecho histórico”. Reconoció que “todo cambio normativo, y cuando es importante, abre posibilidades de judicialización”.
La reforma laboral y la judicialización: fallos recientes y nuevas controversias
Fera confirmó: “Ya se están conociendo los primeros fallos, no solo en la Capital Federal, sino también en distintas provincias del país, respecto de distintos artículos que tratan distintos temas”. Subrayó que la cuestión de las tasas de interés fue uno de los puntos más conflictivos: “Uno de los temas que generó mayor polémica en los últimos años en los juicios laborales son las tasas de interés que se aplicaron y que dieron por resultado, en algunos casos, montos que no estaban con posibilidad de pagar, sobre todo las pequeñas y medianas empresas”.
El juez explicó que la nueva ley establece “la aplicación del índice de precios al consumidor publicado por el INDEC, con un 3% adicional”, pero advirtió sobre la diferenciación en la aplicación según si el crédito es nuevo o pendiente de sentencia definitiva. “Se generó esto, algunos fallos judiciales ya, de algunos jueces provinciales y de una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones que integro, donde consideran que esta diferenciación entre créditos nuevos y créditos pendientes judicializados no tiene una explicación razonable”.
Fera aclaró, ante la consulta sobre la retroactividad, que “el criterio predominante es el que señala que el momento que determina la aplicación de la ley es el momento del despido”, y explicitó: “Si el juicio está en trámite, por más que esto haya pasado antes, la ley establece específicamente en materia de intereses que la nueva tasa de interés se aplica aun a los juicios en trámite y pendientes de sentencia definitiva”.
Cambios en contratos, vacaciones y banco de horas: impacto en empleadores y trabajadores
Durante la entrevista, se abordó la aplicación de la ley sobre contratos vigentes y nuevas formas de negociación. Fera precisó: “La opinión predominante en la doctrina es que es para los contratos ya vigentes, porque la ley se aplica a partir del momento siguiente a la promulgación”. Sin embargo, advirtió que “la ley en esto establece la necesidad de que haya un acuerdo de partes. No es algo que pueda hacer de una manera unilateral el empleador, sino que tiene que acordarlo”.
El magistrado señaló que la ley “introduce la posibilidad de negociar cuestiones que hasta ahora la ley no permitía negociar porque justamente consideraba comprendidas dentro del orden público laboral”. Destacó que esto genera controversia, ya que “desde algún sector de la doctrina ya es objeto de cuestionamiento, porque todos dicen: ‘Bueno, esta supuesta negociación y acuerdo no va a ser tal’, porque la mayoría de la población trabajadora no tiene poder de negociación”.
Consultado sobre la implementación, Fera relató: “Ayer tuvimos un evento, creo que fue el primero y el más significativo hasta ahora en el ámbito del Colegio Público de la Abogacía… nucleamos a casi trescientas personas en un auditorio y más de veinte expositores, entre los cuales estuvo el presidente de la Unión Industrial, el secretario general de la CGT, abogados de gremios y del sector empresario, camaristas del trabajo y referentes del mundo laboral”. Allí, se debatieron “cuestiones que hacen al contrato individual de trabajo”, incluyendo el “trabajo de plataformas, que ahora con esta nueva ley estarían fuera de la ley de contrato de trabajo y serían considerados trabajadores autónomos”.

El traspaso del fuero laboral y la industria del juicio: incertidumbre y mitos
Sobre la transferencia del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires, Fera detalló: “No es un traspaso sino una transferencia de competencias de los juicios laborales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad, que todavía no está creado en materia laboral”. Señaló que la puesta en marcha depende de “tres condiciones acumulativas” y que “una parte de lo que hoy es la competencia judicial, los juicios individuales de derecho del trabajo entre particulares, pasarían a la ciudad de Buenos Aires ciento ochenta días después de que el convenio entre en vigencia”.
Respecto al discurso oficial sobre la “industria del juicio”, Fera fue tajante: “Es una expresión, como decir una mala palabra. Es un eslogan, nunca comprobado”. Agregó que “abusos en el mundo del derecho y en el mundo judicial existen, pero no al punto de considerar la existencia de una industria del juicio”. Aclaró que el problema central en la litigiosidad radica en “la indexación de los créditos, que como consecuencia de incrementos indemnizatorios llamados multas, sumados a tasas de intereses altas, generaron créditos dificilísimos de pagar para una empresa que justo estaba atravesando un momento de emergencia”.
Fera subrayó la necesidad de prudencia: “Tenemos que tener una visión, inclusive quienes estamos dentro del ámbito judicial, muy institucionalista y poco apresurada. No ser apresurados en la evaluación aislada de los aspectos de la ley, sino tratar de comprender el fenómeno como una gran modificación que está proponiendo el Estado y que puede tener algunos aspectos cuestionables, pero que también son sujetos a la interpretación”.
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POLITICA
Diputados: el Gobierno retrasa la conformación de la Comisión de Juicio Político mientras avanza el caso $LIBRA

Mientras la Cámara de Diputados avanzó esta semana en la integración de casi 20 comisiones, una de las más sensibles quedó fuera del cronograma: Juicio Político. El órgano, clave para investigar eventuales responsabilidades del Presidente, la vicepresidenta, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema, sigue sin conformarse en un contexto atravesado por el avance del caso $LIBRA.
En el oficialismo aseguran que la constitución se formalizará en el corto plazo, aunque por ahora los nombres se manejan con hermetismo. La definición, según pudo saber de fuentes oficiales, quedará políticamente en manos de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y del titular de Diputados, Martín Menem.
“Alguien de suma confianza”, resumió un dirigente libertario sobre el perfil que buscan para presidir la comisión. Entre los nombres que circulan aparece el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, aunque la decisión no está cerrada. En el oficialismo evalúan inclinarse por un diputado con formación jurídica, lo que acota el abanico de opciones.
La comisión arrastra, además, un antecedente conflictivo. Durante los dos primeros años de gestión de Javier Milei, nunca llegó a activarse plenamente.
Si bien se integró, la designación de autoridades quedó trabada luego de que el oficialismo impulsara inicialmente a Marcela Pagano para presidirla y, posteriormente, su postulación fuera objetada por el propio entorno presidencial. El conflicto derivó en un enredo administrativo que nunca se resolvió.
Menem intentó desconocer la integración de Pagano al sostener que su incorporación no se había formalizado, una interpretación que fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión. La disputa terminó favoreciendo al oficialismo y el cuerpo nunca se puso en funcionamiento.
El reglamento de Diputados no establece plazos para la conformación de las comisiones, lo que le deja al oficialismo margen para dilatar su puesta en marcha. Aun así, en La Libertad Avanza (LLA) reconocen que buscan anticiparse a un eventual movimiento de la oposición.
Los bloques opositores podrían revocar la delegación que le otorgaron al presidente de la Cámara en la sesión preparatoria y, mediante una resolución, forzar la integración de la comisión y emplazarla a reunirse. Aunque ese escenario hoy aparece lejano, en el oficialismo prefieren evitarlo: avanzar con la integración, pero mantener el control político del cuerpo.
La comisión debería estar integrada por 31 miembros. Con la actual correlación de fuerzas, 13 corresponderían a LLA, 12 a Unión por la Patria (UP), tres al interbloque Unidos y tres a Fuerzas del Cambio (Pro, UCR y MID). De ese modo, el oficialismo podría reunir una mayoría ajustada de 16 votos con el respaldo de sus aliados.
En la oposición ya suenan algunos nombres: Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Mariela Coletta y Juan Brugge (Provincias Unidas); y, por UP, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Guillermo Snopek, Eduardo Valdés, Vanesa Siley y Ramiro Gutiérrez.
En paralelo, Diputados avanzó entre lunes y martes con la constitución de comisiones. El dato saliente fue que el oficialismo logró quedarse con la presidencia de dos áreas que hasta ahora controlaba la oposición: Salud y Discapacidad.
Se trata de comisiones que el año pasado representaron un frente de conflicto para el Gobierno. Desde allí se impulsaron proyectos luego vetados por Milei y ratificados por el Congreso con mayoría agravada, como la emergencia en discapacidad y la ley de salud pediátrica, conocida como “ley Garrahan”.
En Salud, el tucumano Pablo Yedlin (UP) fue reemplazado por el libertario Manuel Quintar, de Salta. En Discapacidad, Daniel Arroyo (UP) dejó la presidencia en manos de Gerardo Huesen (LLA), también tucumano.
Los libertarios también se aseguraron el control de Energía y Combustibles, con el mendocino Facundo Correa Llano, y de Legislación General, que quedó a cargo de Santiago Santurio.
A su vez Pro, en tanto, retuvo la comisión de Educación, encabezada por Alejandro Finocchiaro, un aliado del oficialismo. También quedó en manos de un aliado, el santacruceño José Garrido, la presidencia de Industria.
Por su parte UP mantuvo la conducción de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales (Ariel Rauschenberger), Cultura (Lorena Pokoik), Economía (Julia Strada) y Personas Mayores (Pablo Todero). Mientras que Provincias Unidas se quedó con Transporte (Jorge Rizzotti), Pyme (Pablo Farías) y Comercio (Juan Brugge).
caso $LIBRA,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Insólito. Un diputado de Pro compró un rifle de aire comprimido, lo envió al Congreso y activó un operativo de seguridad,,Denunciarán al fiscal. Los diputados acusaron a Milei de ser partícipe necesario de la presunta estafa con $LIBRA,,Caso $LIBRA. La oposición evalúa reactivar la comisión investigadora en Diputados y apunta a los gobernadores
POLITICA
Qué respuesta dio el diputado que pidió un rifle de aire comprimido por delivery al Congreso

La mañana de este miércoles en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación dio un giro inesperado cuando el personal de seguridad detectó un rifle de aire comprimido en el escáner de paquetería que ingresaba al Congreso. El paquete, dirigido al despacho de Javier Sánchez Wrba, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Pro, generó una inmediata activación del protocolo de seguridad.
El incidente se desencadenó cuando un repartidor, con la apariencia habitual de quienes realizan entregas, intentó ingresar el paquete al edificio. El personal de seguridad observó a través de la pantalla del escáner la silueta de un arma, lo que motivó la rápida intervención de los custodios. El joven quedó demorado y el edificio ralentizó su rutina habitual. El nombre de Javier Sánchez Wrba figuraba en el exterior del paquete, lo que llevó a la seguridad a contactarlo de inmediato.
Al ser notificado, el diputado bonaerense se presentó en el ingreso del anexo y explicó ante los periodistas acreditados que el objeto era un rifle de aire comprimido adquirido para uso recreativo. “Es un rifle de aire comprimido que compré para el campo”, afirmó Sánchez Wrba, y agregó: “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”.
La situación se vio reflejada en redes sociales, donde la noticia circuló rápidamente y motivó comentarios de otros diputados, como Esteban Paulón, quien realizó una publicación en la plataforma X que aludía al episodio sin mencionar directamente al legislador del Pro. Ante la repercusión, Sánchez Wrba remarcó: “Es un rifle de aire comprimido, ¿cómo se les ocurre que se van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”.

La presidencia de la Cámara, consultada por Infobae, se refirió a la actuación del equipo de seguridad y buscó disminuir la tensión generada, indicando que el arma “es un juguete y se lo llevó el diputado”.
En respuesta formal al episodio, Javier Sánchez Wrba dirigió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde aclaró que la compra del aire comprimido se realizó por Mercado Libre y que, por un error logístico, el envío se dirigió a su despacho y no a su domicilio. “Por medio de la presente, me comunico con usted para hacerle saber que compré por MercadoLibre un aire a comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, señala la nota firmada por Sánchez Wrba, en un documento al que tuvo acceso Infobae.
El diputado adjuntó la factura de compra del producto y dejó constancia de su disposición para cualquier requerimiento adicional que permita despejar malos entendidos. En el texto presentado, Sánchez Wrba sostuvo: “Me encuentro a disposición por cualquier otra prueba que requiera para que no existan malos entendidos; así como puede consultar libremente con el comercio que emitió la factura y que envió la compra”.
Al esclarecer la situación, el legislador tomó el paquete y lo trasladó a la cochera del anexo, donde lo depositó en el baúl de su vehículo.
Este caso no fue el único episodio reciente relacionado con objetos prohibidos que ingresan por error a las instalaciones del Congreso. Hace dos semanas, en el Senado, se vivió una situación similar cuando el senador Eduardo “Wado” de Pedro, del bloque Justicialista, olvidó un cuchillo de asado en su mochila, la cual fue retenida por la seguridad. El propio senador aclaró el hecho y prometió salames quintero de Mercedes como gesto de agradecimiento al personal de seguridad.
Las autoridades parlamentarias reiteraron la importancia de los controles y protocolos de seguridad, al tiempo que minimizaron la gravedad del suceso, sosteniendo que el rifle de aire comprimido corresponde a un objeto de uso recreativo y de venta libre. El episodio, que interrumpió la rutina habitual en el Congreso, se resolvió con la presentación de la documentación respaldatoria y la aclaración pública por parte del diputado involucrado.
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