La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico convocó a una audiencia para la semana próxima para definir si sigue adelante con el caso por evasión y apropiación de aportes de los empleados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o si corresponde cerrar el expediente por inexistencia de delito.

La convocatoria de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio es para el miércoles 18 de marzo y allí la defensa del presidente de la entidad, Claudio Tapia, y la de los integrantes de la comisión directiva argumentarán en favor de que se cierre el caso, mientras que la fiscalía peleará para mantenerlo abierto.

En esta causa, Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, que serán indagados en los tribunales mañana y pasado, están acusados por la ARCA de retener aportes y no pagar impuestos, en 2024 y 2025, por 19.000 millones de pesos.

Los defensores argumentaron que no correspondía pagar esas sumas porque estaban suspendidos los embargos. No obstante, vencida la fecha prevista para el cobro, pagaron la suma que le reclamaban a la AFA.

Por eso, como ya pagaron, los defensores sostienen que no hay delito y que la causa debe ser cerrada.

Sin embargo, la fiscalía de Claudio Navas Rial señaló que cuando se había fijado la fecha de pago, la obligación no se cumplió y eso es suficiente para acreditar el delito. Y señaló que la resolución del Ministerio de Economía que suspendía los embargos no implicaba que no se debían hacer los pagos.

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó el pedido para cerrar la causa y avanzó con las declaraciones indagatorias. Ya declararon los secretarios generales de la organización Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, titular de Argentinos Juniors.

Las defensas apelaron y ahora resolverá la Cámara en lo Penal Económico: hay en realidad dos audiencias previstas, una para el jueves 12 para discutir la prohibición de salida del país de Tapia y Toviggino; y otra el 18 para debatir el cierre del caso por inexistencia de delito.

Si se mantiene la prohibición, Tapia y Toviggino deberán pedir permiso para ir al campeonato mundial de fútbol en los Estados Unidos.

En la causa penal se investiga la falta de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Tanto Malaspina como Blanco recordaron en un escrito presentado cuando fueron indagados, sin responder preguntas, que estaba pendiente esta decisión de la Cámara de Apelaciones.

“Antes de ingresar al análisis de los hechos que se me intiman en este acto como imputación, corresponde señalar que al momento de la presente audiencia se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, una cuestión que incide directamente en la habilitación misma del ejercicio de la acción penal en estas actuaciones”, sostuvo la presentación del abogado Lucio Simonetti.

Además de esta causa por evasión, hay otros tres expedientes donde se investiga a la AFA, a Tapia y a Toviggino.

Uno de ellos lo tiene el juez federal de Campana Adrián González Charvay sobre los dueños de la quinta de Pilar, que se sospecha pertenece a Toviggino. Pero ahora ese magistrado pidió concentrar en sus juzgado todas las causas incluidas aquellas por el supuesto desvío de fondos de dinero cobrado por la AFA en los Estados Unidos.

Los imputados pidieron que la causa de la quinta de Pilar quede en ese juzgado de Campana porque entienden que les irá mejor que en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky, que avanzó con la investigación.

De todos modos, no está dicha la última palabra acerca de quién resolverá esta cuestión de competencia, algo que debe hacer la Cámara Federal de Casación Penal.

Los jueces que votarán dónde se queda el caso, si en Campana o en el Penal Económico de Aguinsky, son Javier Carbajo y Angela Ledesma. Y hoy se sorteó al tercer juez que decidirá el asunto de la quinta valuada en unos 20 millones de dólares.

El sorteo recayó en el juez Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación y postulado para el Ministerio de Justicia, antes de que asumiera Juan Bautista Mahiques, cargo que desestimó para no dejar la neutralidad del Poder Judicial.

Mientras se decide dónde queda la causa de la quinta, el juez Gonzalez Charvay planteó al juzgado de instrucción 11 Paula Petazzi, y a su colega Luis Armella de Quilmes, interinamente a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, que le envíen la causa de la AFA donde se investigan desvíos de fondos.

El juez Armella y la jueza Petazzi investigan el rol de la firma TourProdEnter LLC, dirigida por Érica Gillette como presidenta y su marido Javier Faroni como su cara visible, constituida en los Estados Unidos.

De acuerdo al contrato firmado con la AFA, Tour ProdEnter LLC era su agente comercial exclusivo en todo el mundo excepto en la República Argentina, en virtud de lo cual tenía potestades de representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos o comerciales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de la AFA en el exterior.

La empresa habría desviado sumas millonarias hacia sociedades “fantasma” en Florida, tales como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Estas firmas están a nombre de personas con perfiles de insolvencia que coincidirían con el patrón de “prestanombres” detectado por ARCA en la operatoria local.

Ahora se deberá definir si el juez Armella y la jueza Petazzi le entregan sus investigaciones a González Charvay.

Si los jueces Petazzi y Armella se allanan al pedido, no hay conflicto y el caso queda concentrado en González Charvay. Si los jueces rechazan el pedido de Armella, el asunto puede que sea resuelto por la Cámara Federal de San Martín y eventualmente al final del proceso por la Cámara Federal de Casación, integrada por Carbajo, Ledesma y Borinsky.

El Gobierno otorgó el estatus de refugiado a un bolsonarista condenado a 13 años de prisión y extraditado a Brasil por intentar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.

Se trata de Joel Borges Correa, a quien el juez Daniel Rafecas concedió la extradición por pedido de la Justicia brasileña, en un trámite que estaba apelado ante la Corte Suprema de Justicia.

Antes de que se resuelva el asunto, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, concedió a Borges Correa la condición de refugiado.

Con este estatus el exprófugo Borges Correa quedó a salvo de ir preso en su país, donde había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por el ataque al Palacio del Planalto el 8 de enero de 2023, en un intento de golpe de Estado.

El Gobierno dijo que había “temor fundado” de que Borges Correa fuera objeto de una persecución política en su país. Es sabido el encono y enfrentamiento de Milei con Lula por su posición política y su simpatía y alineamietnto ideológico con el expresidente Jair Bolsonaro.

Junto a este Borges Correa fueron extraditados Joelton Gusmao de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza. Todos habían sido condenados y estaban en prisión domiciliaria a la espera de que se resuelvan sus pedidos de refugio.

Borges Correa es el único al que le fue concedido el estatus de refugiado. El bolsonarista declaró haber ingresado a territorio argentino el 13 de abril de 2024 por el paso Bernardo de Irigoyen, en Misiones, de manera clandestina para no ser detenido, porque había un pedido de captura en su contra.

Vivía en Tubarão, Santa Catarina, con su esposa y dos hijos, y trabajaba como camionero. Borges Correa viajó el 8 de enero de 2023 a Brasilia en micro con otras 50 personas de su ciudad para una movilización. Dijo que ya había desmanes y destrozos cuando llegó al centro del conflicto en la Plaza de los Tres Poderes. Acusó a un grupo de personas “vestidas de negro”. Por la represión decidió refugiarse en el Planalto, dijo.

Dentro del edificio, Borges Correa fue esposado y trasladado a una delegación policial, donde, según denunció, lo habrían presionado para declarar que había participado en un intento de golpe de Estado. Posteriormente, fue llevado a prisión sin que se le informaran los delitos de los que se le acusaba.

Borges Correa estuvo preso siete meses en Brasil hasta que en agosto de 2023 obtuvo la prisión domiciliaria, con tobillera electrónica. Fue condenado a 13 años y medio de prisión por atentar contra la democracia, además de daños y asociación criminal armada. Su sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Brasil.

Pero Borges Correa huyó. Se sacó la tobillera electrónica e ingresó a la Argentina con otros condenados. Lo atraparon poco tiempo después y estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza. La CONARE le creyó a Borges Correa en cuanto sus condiciones de detención e hizo caso omiso de la sentencia confirmada por la Corte de Brasil.

La CONARE argumentó que los bolsonaristas creían estar frente a un fraude electoral y por eso actuaron y lo tomó como causal de justificación de las acciones. Cuestionó el fallo del vecino país que lo condenó y dijo que “el Estado brasileño actuó como agente persecutor”. Si avanza la suspensión del proceso judicial, el bolsonarista podría recuperar su libertad.

Rafecas había dispuesto al término de un juicio oral la extradición a Brasil de cinco condenados por la Corte Suprema de ese país, que estaban prófugos y fueron detenidos en Argentina, a raíz de haber participado en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia en enero de 2023. El fallo estaba apelado directamente ante la Corte Suprema de Justicia.

La decisión del juez Rafecas alcanzó a Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, todos condenados a penas de entre 13 y 17 años de prisión. Todos ellos iniciaron en su momento el trámite de refugiados en Argentina, que ahora se resolvió solo en favor de Borges Correa.