El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, solicitó a la Justicia la devolución de 80.000 dólares y 2.000 euros secuestrados de su caja de seguridad en el marco de una causa por presunta corrupción.

Su abogado, Mauricio D’Alessandro, argumentó que el dinero pertenecía al exfuncionario desde antes de ingresar a la gestión pública y que no accedía a dicha caja desde abril de 2023. Sin embargo, la fiscalía considera el hallazgo como un elemento de cargo, señalando que los bienes de Spagnuolo se incrementaron tras su designación por el presidente Javier Milei.

Spagnuolo fue indagado junto a otros 15 sospechosos bajo la acusación de liderar una organización que direccionaba la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad y sectores vulnerables.

Según la investigación del fiscal Franco Picardi, el organismo aplicaba sobreprecios sistemáticos y cartelizaba las adquisiciones entre un grupo específico de droguerías mediante la manipulación del sistema informático SIIPFIS. La maniobra afectó al Programa Incluir Salud, destinado a pensionados, madres de siete hijos y adultos mayores en situación de pobreza.

La causa se originó a partir de la filtración de audios donde Spagnuolo presuntamente admitía el pago de sobreprecios y coimas que, según sus dichos, se destinaban a la Secretaría General de la Presidencia.

La defensa del exfuncionario impugnó estas grabaciones sosteniendo que son falsas y que fueron “elaboradas con inteligencia artificial”, logrando que la Cámara Federal ordene un peritaje. No obstante, el juez Sebastián Casanello avanzó con la recolección de evidencia basada en el contenido de los teléfonos celulares de los sospechosos involucrados en el entramado.

El fiscal define el caso como un “entramado delictivo” montado para manipular procesos de compra de insumos críticos. La hipótesis judicial sostiene que la organización no solo direccionaba contratos, sino que incluía el pago de sobornos a funcionarios con poder de decisión dentro de la ANDIS.

De confirmarse los procesamientos por parte de la Cámara Federal, Spagnuolo y el resto de los implicados quedarían a las puertas de un juicio oral por malversación de fondos destinados a la asistencia de personas con discapacidad.

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A casi cinco años de que la Procuración del Tesoro de la Nación fuera aceptada como querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en la deuda que fue solicitada al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, el Gobierno nacional anunció que el organismo estatal cesará su intervención en la instancia penal.

Se trata de la causa N° 3.561/2019, en la cual se acusó al ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el actual ministro de Economía Luis Caputo, el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, al por entonces presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y otros funcionarios de su gestión por presuntamente haber incurrido en los delitos de defraudación por administración y defraudación contra la administración pública.

La decisión fue anunciada por Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tras haber firmado el Decreto N° 87/2026. “Instrúyese a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019″, establecieron.

De esta manera, quedó derogado el Decreto N° 239/2021, que había habilitado al organismo estatal a representar al Estado Nacional en calidad de querellante durante el proceso judicial, que era investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.

Según se había asentado en ese documento, la misión del organismo estatal consistía en promover “la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional”.

Desde el Gobierno explicaron que la renuncia por parte del Estado a continuar con el rol fue consecuencia de la desición de la magistrada que lleva el caso. “La jueza interviniente resolvió archivar la causa en cuestión, considerando que no se cometieron los delitos denunciados”, indicaron.

En este sentido, la magistrada argumentó que la acusación respecto a la “carta de intención” enviada por el ex ministro de Hacienda y el titular del Banco Central al FMI para solicitar nuevos fondos en el marco de un acuerdo stand-by, que se había estipulado que duraría 36 meses, carecía de fundamentos.

A partir de esta petición, la entidad financiera internacional había otorgado a la administración liderada por Macri un monto valuado en 50 mil millones de dólares. No obstante, habían establecido el desembolso de 15 mil millones, mientras que el resto iba a ser considerado como “apoyo presupuestario precautorio”.

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“Se trataba de decisiones sujetas a control jurisdiccional en tanto constituían el ejercicio de facultades discrecionales de las que goza el Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo su política económica”, sostuvo la jueza federal, tras señalar que los efectos macroeconómicos que hubieran producido no permitían reconducir el caso hacia el ámbito del derecho penal.

Respecto a la actuación de la Procuración del Tesoro de la Nación, la Justicia consideró que había cumplido con los parámetros del debido proceso, pese a que hicieron hincapié en que su participación suele darse en “los fueros contencioso administrativo, civil y comercial federal, siendo excepcional su participación en litigios penales”.

Por este motivo, apuntaron que el organismo no contaba con una dirección nacional que estuviera especializada en litigios penales y, sobre todo, en casos que involucraran delitos económicos complejos. Asimismo, subrayaron que el Ministerio Público Fiscal (MPF) se encontraba “en la mejor posición técnica para impulsar la investigación en la referida Causa N° 3561/2019″.

Así, el Gobierno accedió a retirarse del litigio, tras sostener que “corresponde priorizar un uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos”. En ese sentido, consideraron que esta decisión evitaría las “superposiciones de funciones e intervenciones que no respondan al área de especialidad técnica de los organismos o que puedan ser utilizadas para interferir en la actuación propia de otro Poder del Estado con una finalidad de persecución política”.

Previo a esto, la Justicia Federal también había resuelto archivar una investigación penal impulsada para saber quiénes habían realizado las mayores compras de dólares y quiénes transfirieron mayores montos de la divisa norteamericana al exterior durante la gestión de Macri.

Así, la investigación, que analizaba una posible “fuga de capitales” entre 2016 y 2019 por un total de 86 mil millones de dólares, quedó sin efecto en marzo de 2019. Se trataba de una de las causas que había sido anexada a la causa por el préstamo solicitado al FMI.

Según la información a la que accedió Infobae, la jueza María Eugenia Capuchetti había considerado innecesario continuar, ya que no se había detectado ninguna operación sospechosa que motivara la apertura del caso, sino que el análisis respondía a una búsqueda “especulativa” de eventuales delitos como evasión tributaria o lavado de activos, al no haber indicios concretos que justificaran el escrutinio sobre un amplio grupo de personas físicas y jurídicas.

Finalmente, la decisión fue confirmada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de la Sala I de la Cámara Federal, quienes avalaron la postura de la magistrada ante los recursos presentados por el fiscal Franco Picardi y la AFIP (actual ARCA), que advertían que el cierre era prematuro y restaba analizar documentación.

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