POLITICA
Con el déficit cero como ancla, Milei presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional y buscará retomar la iniciativa política

En un contexto marcado por la incertidumbre económica y por la necesidad del Gobierno de retomar la iniciativa política, después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei se prepara para presentar el Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional que será grabada en la Casa Rosada.
El mensaje, que se emitirá a las 21, busca reafirmar el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal y el ajuste del gasto público, principios que se mantendrán como ejes centrales durante el próximo año. Como novedad, se hará un fuerte énfasis en el esfuerzo de la población en sobrellevar los efectos del apretón monetario. Luego de la derrota bonaerense, esa falta de reconocimiento fue una de las primeras autocríticas que hicieron altos estrategas libertarios.
El discurso, que será grabado a las 17 horas en el Salón Blanco, se centrará en la defensa del déficit cero como pilar del programa económico. Según fuentes de la Quinta de Olivos, el Presupuesto será presentado bajo este formato, reafirmando la prioridad del equilibrio fiscal, incluso frente a las presiones y propuestas opositoras surgidas en el Congreso durante los últimos meses.
El mensaje, que se extenderá por unos 20 minutos, buscará dejar en claro que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, no pondrá en duda la principal ancla del plan económico (la fiscal) en medio de las turbulencias vinculadas a las dudas del mercado sobre la sostenibilidad de las actuales políticas cambiarias.
La elaboración del discurso contó con la asesoría de Santiago Caputo, quien acompañó a Milei en la redacción final durante el fin de semana. En el entorno presidencial se debate si el mandatario aparecerá solo o acompañado por su equipo económico, como ocurrió en anuncios anteriores relacionados con el blindaje del equilibrio fiscal y el control del gasto. Altas fuentes de la Presidencia señalaron que “está todo dado para que sea él solo, aunque nunca se sabe si después terminamos [en referencia al Gabinete] todos en la cadena”.
La modalidad elegida para la presentación del Presupuesto contrasta con la del año anterior, cuando Milei acudió al Congreso acompañado de sus ministros y la vicepresidenta Victoria Villarruel para exponer el proyecto en horario central, buscando captar una mayor audiencia. Aquella ocasión estuvo marcada por la posterior ruptura entre ambos dirigentes y, meses después, la falta de acuerdo con la oposición dejó el Presupuesto sin sanción, obligando al Ejecutivo a reorganizar partidas para garantizar la administración del Estado. “No había posibilidades de hacer de nuevo un show. El clima social ni el Congreso están para que hagamos eso”, afirmó un miembro del Gabinete.
El contenido del Presupuesto 2026 se ajustará estrictamente a algunos lineamientos establecidos en el staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI), que establecen un superávit fiscal primario del 2,2 % y la necesidad de mantener el déficit cero en el resultado financiero; es decir, después del pago de intereses de la deuda.
Este objetivo adquiere especial relevancia tras los resultados fiscales recientes: aunque el Gobierno logró sostener un superávit en lo que va del año, en julio se registró un déficit y, según el último informe de la consultora LCG, el resultado de agosto también fue negativo. El INDEC publicará los datos oficiales este jueves, lo que aportará mayor claridad sobre la evolución de las cuentas públicas.
El clima parlamentario se tornó especialmente adverso para La Libertad Avanza, como lo demuestran las sesiones ya programadas en Diputados y Senado para el miércoles y jueves, respectivamente. En la cámara baja, la oposición solicitó la insistencia de los vetos sobre el financiamiento universitario y la emergencia en el Hospital Garrahan, mientras que en la cámara alta se impulsa la ley de ATN promovida por los gobernadores.
La coyuntura económica, marcada por la cercanía de octubre, no pasará inadvertida en el mensaje presidencial. Desde los equipos libertarios se insistió en la necesidad de destacar el esfuerzo de la población para sostener el gasto público en línea con el déficit cero, con la expectativa de que “esos frutos” se perciban en el futuro. En palabras de Milei, “Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder, aunque traiga inflación, caos y miseria”.
En este escenario, Milei ratificará la austeridad del gasto como política central y dejará en claro que no recurrirá a la emisión monetaria para expandir la economía ni para implementar nuevos programas. Funcionarios de la Casa Rosada reconocían que estaba la posibilidad de algún anuncio puntual, pero el contenido del mensaje era guardado bajo siete llaves por Presidencia.
El viernes pasado, La Libertad Avanza lanzó los primeros spots de campaña, en los que Milei agradece el esfuerzo y la paciencia de la ciudadanía, subrayando que “el cambio real no se da de un día para el otro”. El Gobierno reconoce que el presupuesto nacional para el próximo año requiere ratificación parlamentaria. En los últimos dos períodos, Argentina ha funcionado con la prórroga del presupuesto 2023, un caso único desde el regreso de la democracia. Esto le permitió al Poder Ejecutivo manejar discrecionalmente las erogaciones.
Para este año, la oposición —tanto desde el sector de los gobernadores como de distintos bloques— advirtió que, si no hay voluntad de los libertarios, buscarán aprobar un presupuesto propio. Los gobernadores han manifestado su rechazo a la posibilidad de transitar otro ciclo sin Presupuesto aprobado y anticipan que exigirán al presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, la presentación de un cronograma de trabajo que permita acelerar el tratamiento parlamentario del proyecto.
La agenda presidencial del lunes no se limitará a la economía. A las 9.30, Milei convocó a una reunión de la mesa política nacional, reactivada tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses. Entre sus participantes estarán Santiago Caputo, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un encuentro que reflejará las tensiones internas del oficialismo de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
Posteriormente, a las 11.30, el Presidente tomará juramento a Catalán como nuevo integrante del gabinete. Luego, en la sede de Balcarce 50, se reunirá la mesa política bonaerense, que contará con la presencia de figuras del macrismo como Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, quienes debatirán estrategias para revertir la derrota en el principal distrito electoral del país.
POLITICA
Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores

El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.
La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.
Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.
En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.
Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.
A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.
En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.
En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.
Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.
La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.
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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:
- Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
- Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
- Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
- El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
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POLITICA
El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo

En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.
La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.
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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.
Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.
“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.
La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.
Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos
Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.
En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.
“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.
Qué es la moción de censura
Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.
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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.
Senado, Discapacidad, Martin Lousteau
POLITICA
Un video secreto complicó a los García Furfaro en la causa del fentanilo contaminado

El caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 124 personas en Argentina sumó en las últimas horas una prueba clave que complica aún más a los empresarios involucrados. La Justicia incorporó al expediente un video registrado por las cámaras de seguridad de la casa del director del laboratorio Ramallo, Javier Tchukran, donde se observa a los hermanos Diego y Ariel García Furfaro participando de una reunión que hoy es investigada como un intento de encubrimiento.
El encuentro se llevó a cabo el 17 de mayo de 2025, apenas cinco días después de que la ANMAT realizara la denuncia penal por el lote 31202 de fentanilo. En ese video, hallado en el celular de Tchukran, se escucha al empresario admitir que ordenó borrar toda la información vinculada al laboratorio. “No hay un solo gramo de información”, aseguró frente a los García Furfaro, en una frase que se convirtió en uno de los pasajes más comprometedores del proceso judicial.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a los tres protagonistas del encuentro. Tanto los García Furfaro como Tchukran están acusados de adulteración de sustancias medicinales agravada por resultado de muerte, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.
La causa, que ya tiene 17 imputados y siete detenidos, no solo apunta contra los empresarios farmacéuticos, sino también contra fallas graves en los mecanismos de control estatal. Documentos internos del Instituto Malbrán habían advertido en marzo sobre la falta de robustez en los procesos de producción, la existencia de “riesgos críticos” y la presencia de bacterias peligrosas en los lotes. Sin embargo, esas alertas no fueron atendidas hasta mayo, cuando los fallecimientos ya se habían multiplicado.
En paralelo, la investigación sumó testimonios que exponen un clima de irregularidades dentro de los laboratorios. El técnico químico Eduardo “Ruso” Darchuk, exjefe de producción, declaró que durante una reunión interna una jefa de control microbiológico reconoció haber omitido un resultado positivo en una muestra de fentanilo. “La verdad, me olvidé”, habría dicho, según reconstruyó Darchuk. Aquella omisión, de haber sido corregida a tiempo, podría haber evitado la tragedia.
Las consecuencias judiciales también alcanzaron a otros integrantes de la familia García Furfaro. Ariel, señalado como el principal responsable del grupo, fue procesado junto a sus hermanos Diego y Damián, su madre Nélida Furfaro y su abuela Olga Arena. Todos enfrentan embargos multimillonarios: un billón de pesos en el caso de Ariel y quinientos mil millones para Diego.
El avance de la investigación revela un entramado de negligencias empresariales y fallas regulatorias que explican cómo un medicamento adulterado pudo circular en hospitales y clínicas de todo el país. La Justicia sostiene que hubo una “decisión deliberada de encubrir la contaminación” y que los responsables priorizaron el negocio por encima de la salud de los pacientes.
El video:
No te puedo creer que en el caso del fentanilo son todos kukas, debe ser un error.
Voten bien , pelotudos.✌️👎
pic.twitter.com/7TvkxrWvOD— Hippies con Osde (@HippiesConOsde) October 2, 2025
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