En paralelo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, luego de haber logrado la sanción del Presupuesto 2026 en diciembre, el Gobierno Nacional estudia las posibilidades en carpeta para insistir con el contenido del capítulo XI, excluido de la previsión presupuestaria y del articulado tributario que quedó afuera del proyecto de “Modernización” laboral, según confirmaron a Infobae dos integrantes de la mesa política.

Lo cierto es que para avanzar en la aprobación de los proyectos enviados por el presidente Javier Milei al Congreso durante el período de extraordinarias, los encargados de negociar con los bloques aliados y gobernadores debieron ceder en algunos debates y marginar parte de la redacción para conquistar las voluntades legislativas necesarias.

El accionar que inició en diciembre, cuando la oposición, incluso los sectores que mantiene buena sintonía con el Poder Ejecutivo, rechazaron lo contemplado en el capítulo XI de la Ley de Leyes, algo que se repitió este febrero en el marco del tratamiento de la reforma laboral. Ante estos escenarios, después de varios intentos fallidos de sostenerlo, el mandatario dio luz verde para quitarlos de los proyectos, pero bajo la idea volver a intentarlo más adelante.

A finales del 2025, el oficialismo debió declinar de la idea de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, pero también de incorporar la demanda por la deuda a la Ciudad de Buenos Aires, reclamada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y las modificaciones en la ley de zonas frías al tratamiento. También de la posibilidad de discutir el financiamiento del Poder Judicial, y de aplicar cambios que ampliaban las facultades del Ejecutivo.

Por orden del mandatario y voluntad del ministro del Economía, Luis Caputo, el círculo de funcionarios y legisladores designados para la aprobación del temario durante el verano intentó mantener el capítulo, pero debieron abandonar el mandato a raíz de la rígida postura de los aliados.

“La idea es insistir con todo lo que quedó afuera. Pronto”, confesó una fuente inobjetable ante este medio. Hasta entonces, el reducido círculo que designó el mandatario debate las formas para concretarlo. Lo cierto es que la postura encuentra algunas dudas, en especial del ala que encarna las negociaciones de manera directa con los aliados que no ven factible que el resto de los bloques den el brazo a torcer.

En la previa al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Alta, la jefa de bloque Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, argumentaban que el apartado tributario contemplado en el proyecto, en especial la reducción en el Impuesto a las Ganancias para personas jurídicas, no gozaría de la bendición de los gobernadores en el recinto, luego de que los representantes provinciales se mostraran reticentes a su aprobación.

Para eso, la propia Bullrich se encargó de anunciar en conferencia de prensa la aplicación de 28 modificaciones para alcanzar un proyecto de “consensos”, como lo definió. “La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, supo plantear.

De esta forma, la exfuncionaria prometió a su vez avanzar con una Reforma Fiscal integral que como contó este medio figura en los planes del Poder Ejecutivo para el año legislativo que iniciará el próximo 1° de marzo cuando el mandatario pronuncie su habitual discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso. Sin embargo, hasta entonces, según revelaron fuentes involucradas, las ideas para materializarla son diversas y se encuentran en análisis.

Aún en pleno diseño, la administración libertaria intenta encontrar coincidencias en la manera de compatibilizar la reducción de impuestos con el respaldo económico que deberá enfrentar el Estado tras su concreción. Actualmente, la idea en mente es avanzar en un esquema de simplificación de impuestos con una reducción de Ganancias para las personas y un incentivo para el desarrollo de los mercados. Sin detalles, más allá de la determinación de modificar Ganancias e implementar un “IVA dividido”, que anticipó el ministro de Economía, el oficialismo analiza opciones.

Con intención de insistir en lo excluido, la mesa chica tiene en mente el diseño de un proyecto de ley, para debatir en ordinarias, que contemple casi la totalidad de lo abarcado en el capítulo XI, a excepción de la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sobre este último punto, en los últimos días, el Ejecutivo resolvió incluir una versión propia de la ley para compensar a las autoridades universitarias al temario de extraordinarias e intentar dejar atrás uno de los reclamos que dio lugar a una de las movilizaciones más grandes que tuvieron lugar con esta gestión.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza será de 24 horas y se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

La decisión fue adoptada durante una reunión virtual del Consejo Directivo de la central sindical, convocada de urgencia ante la posibilidad de que el oficialismo lleve el debate al recinto en los próximos días. Se tratará del cuarto paro nacional desde el inicio de la gestión libertaria y marcará una nueva escalada en la relación entre la Casa Rosada y el sindicalismo.

El triunvirato cegetista también resolvió que no habrá movilización al Congreso, a diferencia de otras protestas recientes. La estrategia será paralizar la actividad económica a través de la adhesión del transporte y de los principales gremios del país, lo que anticipa un impacto significativo en todo el territorio nacional.

Reforma laboral: el Gobierno anunció cambios y evalúa mantener el total del sueldo en enfermedades graves

Uno de los puntos que despejaba dudas era la postura de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que no integra actualmente la conducción de la CGT y en ocasiones anteriores se había mantenido al margen de las huelgas generales. Sin embargo, tras contactos entre dirigentes sindicales, el gremio confirmó su acompañamiento.

“Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, anticiparon desde el sindicato que lidera Roberto Fernández.

La participación de los colectiveros se suma a la adhesión de los ferroviarios, los maquinistas, los gremios aeronáuticos, marítimos y portuarios, además de camioneros, lo que garantiza un freno casi total al transporte público y de cargas.

Dentro de la central obrera la postura inicial era mantener una estrategia más moderada para intentar introducir cambios en el proyecto, pero la presión interna de distintos sindicatos y la controversia generada por el régimen de licencias médicas aceleraron la decisión.

El artículo 44 aprobado en el Senado modifica el sistema actual y prevé que los trabajadores que no puedan cumplir tareas por enfermedad o accidente no laboral cobren el 50% del salario, o el 75% si la situación no deriva de una conducta voluntaria ni de un riesgo conocido.

“Este artículo es uno de los que vulneran los derechos individuales de los trabajadores y en este caso nunca estuvo ni siquiera entre los cambios que se discutieron”, sostuvo un dirigente dialoguista de la CGT.

En paralelo, el triunvirato sindical asistirá esta semana a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, donde comenzará el análisis del proyecto. La central busca exponer sus objeciones formales antes del tratamiento en el recinto.

El rechazo sindical no se limita al esquema de licencias. La central gremial también cuestiona las modificaciones sobre indemnizaciones, el banco de horas, las restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales y las limitaciones a las asambleas gremiales. Incluso, la organización ya analiza una estrategia judicial si la norma es sancionada.

En el Gobierno reconocen que el punto de las licencias generó controversia y evalúan alternativas reglamentarias para evitar que la discusión complique la aprobación definitiva. Mientras tanto, el clima político y gremial vuelve a tensarse y anticipa semanas de alta conflictividad laboral en medio del debate legislativo.

La entrada La CGT confirmó un paro general de 24 horas cuando Diputados trate la reforma laboral se publicó primero en Nexofin.

Bomba del día,CGT,Javier Milei,Paro General,Reforma Laboral

La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, admitió que el Gobierno cometió un error en la redacción del artículo que modifica el régimen de licencias médicas dentro del proyecto de reforma laboral y aseguró que buscarán corregirlo antes de la votación en Diputados. “Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades”, sostuvo.

En este sentido, justificó la equivocación señalando: “Te puede pasar en doscientos diez artículos que tiene la ley”. “Nos pasó porque tomamos la estructura de la vieja ley que no distingue entre un esguince y un cáncer“, añadió. “El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”, aseguró.

En una entrevista con TN, la ex ministra de Seguridad defendió la necesidad de cambiar la legislación actual sobre el mencionado punto al sostener que el esquema vigente favorece el ausentismo, y remarcó que la iniciativa tiene respaldo de múltiples sectores como “las pymes y los jueces”.

“La recomendación del cambio del artículo 208 – de la actual ley 20.744-, a niveles de cómo esto se trata internacionalmente era un reclamo por la mafia de la litigiosidad y la mafia de los certificados”, explicó. El proceso tomó en cuenta “las mil quinientas empresas, sindicatos, decidimos introducir ese cambio. Lo comunicamos en una mesa que nosotros tenemos, se discutió, algunos estaban más de acuerdo, otros menos de acuerdo, finalmente se votó con cuarenta y dos votos”.

El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara alta el miércoles pasado, establece que el trabajador percibirá el 50% o el 75% del salario durante el período de licencia por enfermedad no vinculada con la actividad laboral, en lugar del 100% que garantiza la ley actual. El porcentaje depende de si la incapacidad surge por una actividad voluntaria y consciente o no del empleado. “No empañamos la ley nos hacemos cargo que nosotros lo introdujimos en el debate”, manifestó al respecto.

La senadora por La Libertad Avanza se refiririó a la posibilidad de que el texto vuelva a tratarse en el Senado y, analizando los escenarios posibles, sostuvo que de ser así, a lo sumo “tardará una semana más”. “Para nosotros es lograr una ley tan importante… por eso en diciembre la pasé a febrero, porque sabía que no la podía tratar en dos días”, recordó Bullrich sobre la decisión que tomó cuando el principal objetivo era el Presupuesto 2026.

Manteniendo una mirada optimista sobre el debate y la posibilidad de que la reforma se apruebe, enfatizó que el Gobierno no teme a una eventual nueva revisión parlamentaria y que la corrección del artículo busca evitar efectos indeseados sobre trabajadores con enfermedades graves. “Cuando uno reconoce que tiene que trabajar con otros y de golpe se instala un tema que desde mi perspectiva, cambiar ese artículo está bien, con este detalle que nos faltó, pero está muy bien porque es terminar con una mafia que existe”, insistió sobre uno de los cambios que más ruido ocasionó.

El artículo 44 es el eje de la controversia tras haber sido añadido a último momento durante la votación en el Senado. “Hay cientos de personas presas por certificados truchos en Argentina y hay cientos de personas que hace dos o tres años que van renovando y renovando los certificados”, se quejó. El oficialismo sostiene que cuenta con los votos necesarios, aunque admite que una corrección al régimen de licencias podría modificar el calendario legislativo y demorar la sanción definitiva de la ley.

Por el otro lado, el Consejo Directivo de la CGT anunció un paro general de 24 horas que coincidirá con el debate en la Cámara baja, medida que representa el cuarto cese de actividades durante la gestión de Javier Milei. En este contexto, el Ejecutivo sigue de cerca la posición de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien la UTA ratificó su adhesión a la protesta, en el Ejecutivo no descartan una posible negociación que permita garantizar el funcionamiento del transporte durante la jornada de paro, al menos en el rubro de los micros.

El alcance de la medida de fuerza se amplía porque al paro de la UTA se suman otros gremios del sector transporte. La Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, confirmaron que los trenes no prestarán servicio. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), bajo la conducción de Juan Carlos Schmid, nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, todos los cuales también pararán ese día.

CGT,movilización,reforma laboral,Congreso,trabajadores,Argentina,Buenos Aires,protesta,sindicato,laboral