POLITICA
Con los votos justos, el Gobierno apuesta a cambiar la ley de glaciares en el Senado

El Gobierno se encamina a avanzar con su reforma de la ley de glaciares cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.
El oficialismo confía en aprobar la iniciativa, que tendrá que ser girada luego a la Cámara de Diputados. En las inmediaciones del Congreso, mientras tanto, había protestas contra la reforma.
Según el sondeo de , los votos están justos y el Gobierno dependerá del peronismo para avanzar con los cambios en la ley.
La reforma genera polémica en sectores ambientalistas, que rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. La propuesta, además, atraviesa partidos y regiones. Mientras que casi todos los referentes de las provincias cordilleranas apoyan la iniciativa, el resto oscila entre el rechazo y un acompañamiento tímido.
El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. En líneas generales, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.
El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
Santiago Filipuzzi
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión fue el mayor poder que los cambios oficiales le otorgan a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico con sede en Mendoza, el que construye este inventario.
Fue Agustín Coto (LLA) quien se encargó de explicar estos cambios. En su rol de miembro informante del proyecto argumentó que el Ianigla conservará la titularidad del inventario. “No se lo desfinancia, no se lo toca. Se le da el valor que tiene: científico”, dijo. Explicó los ajustes. “Se incorporan novedades: que las provincias puedan incorporar o retirar cuerpos de hielo del inventario según los criterios técnicos científicos del artículo 41 de la Constitución Nacional”, señaló tras decir que la norma actual es una “ley de chetos que desconoce la diversidad del país”.
Muchos legisladores objetaron la concesión a las provincias. “El estado nacional queda sin ninguna responsabilidad”, objetó la cordobesa Alejandra Vigo. Anticipó su rechazo al evaluar que no se está hablando de minería sino de agua. “El recurso más importante para las inversiones y para el futuro de nuestra sociedad”, concluyó.
El santacruceño José Carambia (Movere) objetó los cambios sin matices. “Es una autorización tácita y encubierta para hacer básicamente lo que quieran”, consideró sobre la reforma.
En cambio, la salteña Flavia Royón, aliada al gobernador Gustavo Sáenz, defendió la potestad de las provincias para definir el inventario. “Se quiere mostrar como si se le entregara la llave a los gobernadores. Acá en esta Cámara tenemos exgobernadores y conocen perfectamente que no es la decisión política de un gobernador lo que habilita un proyecto”, disparó. Y siguió: “Es faltarle el respeto a los equipos técnicos. ¿Qué nos hace creer que los cuerpos nacionales son mejores que los de las provincias? Seamos responsables cuando hacemos este tipo de declaraciones”. Terminó su argumentación con un encuadre numérico. Dijo que en la provincia de San Juan el 94% del agua se destina al agro, el 4% al consumo humano y el 1,2% a toda la industria. “El gran consumidor de agua es el agro, no la minería”, sintetizó.
La siguió el catamarqueño Guillermo Andrada, alineado con Raúl Jalil. “No hay industria más controlada y regulada que la minería. Estamos buscando una norma que sea más precisa y federal con una regla de oro: mientras sea fuente hídrica relevante no se toca. Ese es el núcleo duro. Tuvimos una ley que durante 15 años fue un poco ambigua”, consideró.
Desde el bloque Justicialista, Daniel Bensusán dio ejemplos concretos para advertir sobre los peligros de la ley. Como legislador pampeano, habló de los Ríos Atuel y Río Colorado cuyos cauces se redujeron significativamente, según argumentó, por la actividad minera mendocina. “Todos los pobladores saben lo que significa cuando se toman medidas arbitrarias aguas arriba, en Mendoza, sin cumplir ninguna medida constitucional: terminan con conflictos sociales, económicos y judiciales”.
Uno de los discursos más encendidos fue el del cordobés Luis Juez, quien justificó su giro: en 2010 apoyó la ley de glaciares vigente. Para ello, se dirigió a “los que hacen patrullaje permanente y terrorismo ecológico”. “Tengo el cuero duro como una tortuga”, comenzó. Dijo que “pasaron 16 años” y consideró que esta reforma permite que las provincias “puedan hacer uso de las facultades que les concede la Constitución”.
Al inicio del debate, Fernando Salino, del Justicialismo Federal, objetó el procedimiento legislativo que el oficialismo le imprimió al proyecto. Anunció que el texto que se someterá a votación lo recibieron a las 15.32. “Esto está fuera de reglamento”, consideró. “Son modificaciones al los artículos que estamos tratando. Desmerece el proceso legislativo y la calidad de la ley”.
La reforma ambiental tensionó el vínculo entre el oficialismo y sus aliados de Pro y la UCR, que votarán divididos y dificultaron la construcción de la mayoría. La cuenta final da una mayoría ajustada que depende de que ningún peronista modifique su postura a último momento.
Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,»Voy a proponer que usted se quede desnudo». Abdala quiso apurar una votación y Mayans lo cruzó con sarcasmo,,Los motivos. Quiénes son los tres senadores que votaron en contra del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea,,Glaciares, minería y recursos hídricos. Cuáles pueden ser los riesgos de la reforma que se discute en el Senado
POLITICA
Socios de la Sociedad Rural hicieron circular una carta que se opone al cuarto mandato de Nicolás Pino

Una fuerte polémica estalló en la Sociedad Rural Argentina (SRA) tras la circulación de una carta firmada por casi 100 socios que rechaza una eventual nueva reelección de su presidente, Nicolás Pino.
El texto denuncia un “retroceso institucional” y una “violación del estatuto”, argumentando que la alternancia es una garantía de salud democrática. Los firmantes sostuvieron que “la conducción actual fijó un límite de tres mandatos, ignorarlo hoy por conveniencia personal carece de integridad”, y advirtieron que los dirigentes no deben preocuparse más por “aferrarse a un sillón” que por promover nuevas voces.
Desde la conducción actual calificaron el contenido de la misiva como “erróneo” y aclararon que aún no se definió si Pino será candidato en las elecciones del 9 de septiembre. El propio presidente explicó que en 2023 se modificó el estatuto para limitar las reelecciones a tres períodos consecutivos y que la IGJ dictaminó que el cambio “empezaba a regir en ese entonces, a partir de la inscripción de la reforma”.
Bajo esta interpretación técnica, si Pino se postulara, este nuevo período se contabilizaría como el tercero y no como el cuarto, ya que la norma entró en vigencia durante su segundo mandato.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, y Luis Caputo
El enfrentamiento interno ocurre en un contexto donde otros dirigentes le reprochan a Pino su cercanía con el Gobierno y exigen un liderazgo más firme ante temas sensibles como las retenciones.
Al respecto, el presidente de la SRA desmintió rumores sobre una quita inmediata de los derechos de exportación tras consultar a Javier Milei y Luis Caputo, quienes le respondieron: “No, Nicolás, lamentablemente no podemos”. Pino señaló que el Ejecutivo ha “recalculado un montón de gastos” para no poner en riesgo el equilibrio fiscal tras los cambios en las reformas laboral, universitaria y de salud.
Finalmente, el Gobierno sostiene que no están dadas las condiciones para eliminar las retenciones debido al impacto en la recaudación y el cumplimiento de metas fiscales. Según el Iaraf, la quita definitiva para el complejo oleaginoso y cerealero tendría un costo de entre USD 1.460 millones y USd 1.600 millones, lo que equivale al 0,25% del PBI.
Mientras tanto, la conducción de la SRA deberá enfrentar desafíos como la alta carga impositiva y las oportunidades que abren los acuerdos comerciales con la Unión Europea-Mercosur y Estados Unidos.
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#PRESIDENTE,Elección,nicolás pino,sociedad rural
POLITICA
Uno por uno, cómo votaron los senadores la Ley de Glaciares

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`;
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card.className = «vs2__card»;
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bloque.textContent = String(item.bloque || «»);
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function seatClass(kind) {
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function hemicicloParams(which) {
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centerX: 300,
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function computeRowSeatCounts(seatsPerRow, totals) {
const totalSeats = seatsPerRow.reduce((a, b) => a + b, 0);
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{
k: «AUSENTE»,
r: exact.AUSENTE – floor.AUSENTE
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if (diff <= 0) break;
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el.innerHTML = «»;
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seat.className = «vs2__seat » + seatClass(kind);
seat.style.left = x + «px»;
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el.appendChild(seat);
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function populateFilters(data) {
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if (!selProv || !selBloq) return;
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const bloqSet = new Map(); // bloque -> full
data.forEach(r => {
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Array.from(provSet).sort().forEach(p => {
const opt = document.createElement(«option»);
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opt.textContent = p;
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const opt = document.createElement(«option»);
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targetEl.innerHTML = «»;
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});
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const btn = sec.querySelector(‘[data-role=»toggle»]’);
if (!btn) return;
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const open = sec.getAttribute(«data-open») !== «true»;
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});
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$$(‘[data-role=»filter-provincia»], [data-role=»filter-bloque»]’).forEach(sec => openPanel(sec, false));
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const goTop = byRole(«go-top»);
if (goTop) {
goTop.addEventListener(«click», () => root.scrollIntoView({
behavior: «smooth»
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goTop.style.display = e.isIntersecting ? «block» : «none»;
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threshold: 0.1
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const summary = byRole(«summary»);
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Error: falta data-csv-url
`;
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header: true,
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$$(‘[data-role=»section»]’).forEach(sec => openPanel(sec, true));
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console.error(err);
const summary = byRole(«summary»);
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summary.innerHTML = `
Error: ${escapeHtml(err.message || err)}
`;
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init();
})();
POLITICA
Elisa Carrió: un Toviggino “presidenciable”, su “grave error” con Macri y una advertencia por la ley de glaciares

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, apuntó este jueves contra el entramado entre política, justicia y fútbol en medio de la crisis que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la investigación judicial contra sus principales autoridades. En declaraciones televisivas, sostuvo que existe un esquema de poder “obsceno” detrás de la dirigencia deportiva y advirtió sobre la proyección política del tesorero de la entidad Pablo Toviggino, hoy bajo la lupa judicial.
Sus declaraciones se producen en un contexto delicado: el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y Toviggino fueron citados a declaración indagatoria por presuntas retenciones indebidas de aportes previsionales y omisión en el pago de impuestos por más de $19.300 millones. En paralelo, la Justicia investiga una lujosa propiedad en Villa Rosa, Pilar —tasada en más de US$20 millones e integrada por autos clásicos, helipuerto y caballerizas— que estaría vinculada a Toviggino a través de sociedades.
Además, la AFA resolvió suspender la fecha nueve del torneo Apertura en rechazo a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en una decisión que coincidió con el llamado a indagatoria.
En ese marco, Carrió fue contundente. “Hay en el fondo, por abajo, que todos se juntan con todos. Hay un entramado. Hay algo obsceno”, afirmó en diálogo con Todo Noticias. Y añadió: “Estas corporaciones mafiosas, como otras económicas que se han beneficiado eternamente con el país, se sienten impunes”.
Más adelante, sorprendió con una lectura estratégica sobre el poder territorial de Toviggino. “Ahora, guarda. Toviggino tiene dependiendo de él a un millón de chicos que pueden ser militantes. En realidad, a mí me gustó la jugada. Yo miro para adelante. Toviggino, con un buen equipo de estos que construyen presidentes, puede ser presidente. Tiene un millón de militantes. Por eso es mejor descubrir que son mafiosos”, sostuvo.
También cuestionó el silencio del sistema político frente al conflicto y sugirió que el oficialismo evita confrontar con este personaje por razones parlamentarias: “El Gobierno se mete con todos menos con Toviggino porque es Santiago del Estero, que es Gerardo Zamora, a quien le responden senadores y diputados”.
En la misma línea crítica, pero hacia el pasado reciente, Carrió se refirió al rol del Poder Judicial durante el gobierno de Juntos por el Cambio y mencionó al camarista Carlos Mahiques, quien recientemente renunció a intervenir en la causa vinculada a la quinta de Pilar tras trascender que había celebrado allí su cumpleaños.
“A mí me da vergüenza todo ese juego desde esa vieja comisión [Reforma del Código Penal] donde estaba Mahiques, en el gobierno de Juntos por el Cambio. Era ese pequeño grupo que tenía [Mauricio] Macri con Mahiques y [Daniel] Angelici”, afirmó.
Luego avanzó con una autocrítica directa respecto de su acuerdo político con Macri. “Cometí un grave error. Tendría que haber condicionado en el acuerdo con Mauricio el tema de la Justicia. Yo por respetuosa pacté que íbamos a luchar contra la corrupción, pero lo que no acordé fue el tema de la Justicia. Me arrepiento”, reconoció.
Por último, amplió su intervención hacia el debate por la reforma de la ley de Glaciares, que ya obtuvo media sanción en el Senado y busca reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras en zonas hoy alcanzadas por la normativa vigente. “Nosotros tenemos que decidir si el bien más valioso de la humanidad va a ser el agua dulce o la explotación minera a gran escala. Hay un lobby minero impresionante acá. Esto es grave”, advirtió.
la investigación judicial contra sus principales autoridades,trascender que había celebrado allí su cumpleaños,la reforma de la ley de Glaciares,,Elisa Carrió,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,,Facilita la exploración minera. El Gobierno avanzó con los cambios en la ley de glaciares y el proyecto se girará a Diputados,,»Igualdad ante la Ley». El Colegio de Abogados porteño le contestó al comunicado de Chiqui Tapia,,Servicios de logística. La AFA le pagó $300 millones, al menos, a la empresa que figura como propietaria de la mansión de Pilar,Elisa Carrió,,»No estabas loca». Carrió despidió con elogios a Sandra Mendoza,,Denuncias cruzadas. Tapia acusó de “extorsión” a los dirigentes de la Coalición Cívica y también apuntó contra un empresario,,Citó una canción de Spinetta. El juez Saettone rechazó el planteo de Carrió para sacarlo del caso Yofe
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