El Gobierno ya tiene en mente los proyectos que quiere que avancen en el 2026. No obstante, las vacantes en la Corte Suprema y los pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos no estarían entre las principales prioridades, aunque sí se espera que se trabajen en el transcurso del año.

El oficialismo tiene que cubrir los dos lugares que están libres en la Corte Suprema de Justicia, que no lograron ser ocupados por Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla tras el rechazo del Senado. Pero, además, debe concretar la designación de 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos que faltan nombrar y que representarían alrededor del 40% del sistema judicial.

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Como informó este medio, el Ministerio de Justicia ya tendría definidos los nombres para estas últimas vacantes. No obstante, depende de la cúpula libertaria la decisión de que esos pliegos se aprueben y sean enviados al Senado. “Todo debe ser lo antes posible”, indican desde el ámbito judicial.

A pesar de eso, en las últimas reuniones que convocó el Gobierno se analizó la situación actual en el Congreso, los votos que tiene La Libertad Avanza para aprobar los proyectos que ya tienen tratamiento y los puntos más importantes que quiere que se comiencen a trabajar a partir de marzo.

Entre ellos no figura la parte judicial en primer instancia, pero si una reforma política para aumentar los controles del financiamiento de los partidos políticos y la eliminación de las PASO. También hay intenciones de agregar a la Boleta Única Papel un nuevo casillero para que con una sola marca se pueda votar a todos los candidatos de un mismo partido.

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Asimismo, el Ejecutivo también quiere aprobar en sesiones ordinarias las modificaciones a la Ley de Glaciares, que se tratará esta semana en el Senado. Otro de los puntos es el nuevo Código Penal -que aún no se dio a conocer en su totalidad-, y los cambios en el sistema tributario.

Con el visto bueno oficialista también aparece la iniciativa que se firmó en el Pacto de Mayo, para que haya un compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. La Ley de Libertad Educativa, que también figura en el documento que rubricó Javier Milei con los gobernadores dialoguistas, es otro de los proyectos.

De esta manera, las vacantes en la Justicia quedan relegadas a un segundo plano, aunque no tan lejano en el tiempo. Mientras tanto, La Libertad Avanza observa al kirchnerismo y sus movimientos, que serán clave a la hora de negociar los lugares en el máximo tribunal.

Corte Suprema, Senado, jueces

Hay dos espejos sobre los que se mira Jorge Macri para transitar este 2026 y proyectar el 2027, año en el que buscará revalidar su poder en la Ciudad de Buenos Aires con una reelección. Uno refleja la imagen de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, reivindicado por cierta parte de la dirigencia política argentina por su política dura en materia de seguridad y de control de la organización criminal Mara Salvatrucha. El otro, a su antecesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta, hoy legislador local.

El jefe de Gobierno porteño levantó su perfil en las últimas semanas y endureció su agenda pública bajo los conceptos “ley y orden”, el control del espacio público y la defensa de la propiedad privada, en un giro discursivo para disputar el voto libertario y reconquistar al electorado PRO que le dio la espalada en las elecciones intermedias que se realizaron en mayo del año pasado. Y su exposición en la apertura de sesiones de la Legislatura, prevista para el próximo lunes, a las 10, oficializará este nuevo tono de la gestión.

En los principales despachos de la sede de gobierno de la calle Uspallata, en Parque Patricios, recibieron en los últimos días un informe sobre el impacto de este cambio en el humor social. El resultado entusiasmó a Macri. “Jorgismo al estilo Bukele”, ironizó un importante funcionario.

Parte de ese estudio, según supo Infobae, remarca que “tras un inicio de gestión muy cuestionado, hoy se percibe que Jorge Macri ”arrancó» y que la Ciudad “recupera el rumbo PRO: más acción, más presencia y un gobierno que vuelve a hacerse cargo del espacio público”. En seguridad y orden, sostienen, está el avance “más claro y transversal”. En paralelo a esta agenda hay un ambicioso plan de obra pública. “La campaña ya está en marcha”, graficó un importante funcionario a este medio.

Hace dos semanas, el mandatario porteño pidió endurecer las penas tras los destrozos en el Congreso durante la sesión que terminó con la media sanción de la reforma laboral: “No son manifestantes, son delincuentes”, planteó en Radio Mitre. A su vez, destacó la necesidad de modificar el régimen legal en CABA: “No puedo contestarle a un delincuente organizado con una multa. Necesito que eso sea considerado delito y que tenga pena de detención”, insistió. Ya hay un proyecto presentado en el Parlamento. “Hay dos formas de contravención en la ciudad que tienen que pasar a ser delito. Una es esta: romper los bienes públicos de manera intencional. Y la otra, los trapitos, porque el trapito extorsiona y eso es una extorsión y tiene que ser delito penal”, agregó. Se prevé que insista en estos dos temas cuando se pronuncie ante el cuerpo legislativo.

El otro reflejo es Rodríguez Larreta. La visión más radicalizada del PRO califica al exjefe de Gobierno y excandidato presidencial como “tibio” ante determinadas problemáticas. Cerca de Macri aseguran que, por ejemplo, “era demasiado flexible” en su política relacionada con los asentamientos. “Era la mirada de (Juan) Grabois“, señaló a este medio un importante dirigente cercano al mandatario. Una crítica recurrente.

“Las villas si se urbanizan tienen una continuidad con el barrio, se acoplan al entorno. Acá están bien definidos los límites, eso no es urbanización, por eso fracasaron. Desarrollo social tiene una mirada integral sobre toda la ciudad y también sobre las villas, los servicios, la seguridad, las oportunidades. Hoy se está regulando la construcción, porque además que siguen creciendo son un riesgo edilicio. Trabajar sobre el orden y la seguridad del lugar también es parte de la política social, no solo es asistencialismo”, puntualizan desde el gobierno porteño.

Para Jorge Macri, este punto es fundacional de la nueva etapa, del giro para reconquistar a esa clase media que históricamente era votante PRO. “Cambió la decisión política en la Ciudad”, anunció el partido amarillo, a principios de este mes, en sus redes oficiales. El mensaje incluía una entrevista de Eduardo Feinman al Jefe de Gobierno.

“El modelo fracasó, el modelo de urbanización fracasó porque siguieron creciendo los asentamientos. Pero además, ¿dónde está la justicia para la clase media? ¿Sabes cuánto está pagando hoy alguien en alguno de nuestras villas o asentamientos o barrios populares? Ponele nombre, porque los eufemismos al final siempre describen lo mismo. Por un departamento de tres ambientes, cinco mil pesos por mes. ¿Y sabes cuál es el drama? Que además tal vez están dando vuelta y lo alquilan a 500, 600 mil mangos. Y afuera yo tengo un clase media que hizo todo bien, se esforzó, estudió y sigue alquilando porque nunca le tiraron un huesito, nunca le tiraron un centro. Entonces, ahí hay una injusticia. Y con el dinero que nosotros le hemos dado acceso a treinta o cuarenta mil personas en las villas, le hubiéramos permitido acceder a vivienda a cinco veces más personas de clase media”, remarcó en aquel momento.

“Qué bueno haberse ido de este PRO a tiempo, qué lástima que se haya perdido la fuerza democratizadora que Juntos por el Cambio alguna vez tuvo”, replicó en aquel momento María Migliore, exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Rodríguez Larreta, cargo al que renunció en agosto de 2023.

Nuevos focos y objetivos

Uno de los puntales del nuevo rumbo de la gestión son los desalojos. Según información oficial, en menos de dos años se restituyeron a sus legítimos dueños 593 propiedades, “lo que representa una cada 30 horas y equivale a US$ 300 millones”. Según informaron a Infobae desde el gobierno porteño, entre los inmuebles recuperados enumeran al edificio de 12 pisos conocido como el “Elefante Blanco” en Olazábal al 3400, Belgrano, “un esqueleto de tres cuerpos que estuvo usurpado medio siglo y que se va a transformar en una torre habitable de 140 departamentos”.

También, la Casa Blaquier, en el Casco Histórico porteño, desalojada en julio de 2025 tras 40 años tomada, y la denominada “Galería del Terror” en el centro comercial de Nueva Pompeya, Sáenz 1169, donde convivían unos pocos locales comerciales en la entrada con construcciones irregulares de viviendas de ladrillos en el centro de la galería.

En las últimas horas, a su vez, Macri anunció “una baja histórica del delito en la ciudad de Buenos Aires”. El video institucional fue explícito, un compilado de diversos operativos de seguridad, donde destaca uno en particular: un grupo de 20 detenidos, arrodillados, de espaldas y con las manos esposadas, ante la atenta mirada de efectivos policiales. “Nuestro mapa del delito indica que en el 2025 bajamos todos los delitos; los homicidios, el robo automotor y el robo con arma armadas están en el nivel más bajo de la historia de CABA”.

“Donde antes había desorden, hoy hay circulación. Donde había aprietes, hoy hay comercio formal. Donde reinaba la ilegalidad, hoy hay reglas claras. Si ponemos en línea todas las cuadras que hemos liberado, es equivalente a 68 kilómetros de manteros. Llegaban desde acá hasta La Plata o desde acá hasta Luján, para que tomemos dimensión del nivel de desorden que había”, sostuvo Jorge Macri.

Para el peronismo, este cambio discursivo “oculta una ineficiencia enorme”. “Él hoy dice, ‘bueno, yo no voy a tener ninguna política de urbanización de villas, voy a tener políticas para la clase media’. Bueno, ¿qué nuevas políticas tenés? Seguramente en marzo va a anunciar alguna línea de crédito en el Banco Ciudad, me imagino, para la clase media, pero eso no es una política de vivienda en serio. Creemos que hay que discutir cómo incentivar que haya más viviendas para alquile, y discutir formas novedosas», señaló a Infobae Claudia Neira, presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires.

El peronismo, a su vez, puso sobre la lupa todos los anuncios oficiales en relación a los desalojos. “Hay algunos casos que vienen judicializados hace mucho tiempo, que claramente tienen que tener una definición; tiene que intervenir la justicia y no desalojar, sino generar causas penales y actuar con toda la fuerza de la justicia penal, porque si hay delito, tiene que haber justicia penal. Luego, que se defina la orden de desalojo con todas la de la ley. Nos parece peligroso que se use una herramienta, que es excepcional, que es la del desalojo administrativo”, planteó otro legislador peronista.

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El Gobierno da por descontado que este viernes logrará la media sanción de la reforma laboral y ya trabaja para reglamentarla.

Se da por descontado que la ley enfrentará impugnaciones judiciales apenas entre en vigencia. En el Ejecutivo aseguran que el objetivo es publicar el decreto reglamentario en el boletín oficial durante la primera semana de marzo, con definiciones que reduzcan márgenes de interpretación y litigiosidad. El Senado terminará de ratificarla el viernes.

Según pudo saber TN, el texto está siendo revisado por equipos técnicos y jurídicos con la premisa de “blindar” la implementación frente a amparos y planteos de inconstitucionalidad. En Nación repiten que la judicialización es un escenario “inevitable” y sostienen que la reglamentación debe ordenar la aplicación práctica de artículos sensibles, en particular los vinculados a transición, vigencia y alcance.

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La Casa Rosada apoya en paralelo su estrategia en el rediseño del mapa judicial laboral que quedó incorporado al debate de la reforma. “Por eso disolvimos el fuero”, remarcan en del oficialismo, en referencia al esquema de traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y a la progresiva disolución del fuero nacional una vez formalizado el acuerdo.

El sustento normativo de ese giro ya tuvo avances concretos con el decreto 95/2026 que delegó en el jefe de Gabinete la facultad de suscribir el acuerdo de transferencia de competencias judiciales laborales del ámbito nacional a CABA. En paralelo, el propio texto del proyecto contempla la “vigencia transitoria” de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se instrumente la transferencia y luego su “progresiva disolución”.

El Gobierno argumenta que esa arquitectura cumple un rol político y jurídico: reduce la incidencia del fuero laboral nacional -señalado por el oficialismo como más adverso- en los primeros planteos contra la reforma, aunque el traspaso no es automático y exige pasos institucionales, incluida la implementación operativa en la Ciudad.

El Ejecutivo pone la mira en paralelo sobre el frente sindical a raíz de que distintos espacios gremiales ya anticiparon que recurrirán a tribunales para cuestionar artículos de la reforma, con énfasis en principios constitucionales como la protección del trabajo y la no regresividad de derechos.

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La Casa Rosada apuesta a que la reglamentación funcione como “blindaje” técnico en dos puntos clave: cómo se aplica la ley a relaciones laborales ya existentes y cómo se instrumentan los nuevos procedimientos. En el oficialismo asumen que la letra fina del decreto reglamentario será determinante para acotar conflictos en los primeros casos testigo.

En Balcarce 50 advierten que ya tienen una estrategia judicial y descuentan que el proceso terminará por definirse en la Corte Suprema. Argumentan además que la obligación de adecuar fallos a la jurisprudencia del máximo tribunal forma parte del esquema para acotar cautelares y unificar criterios en los tribunales. “Creemos que tenemos condiciones para ganar disputa judicial”, expresan.

Gobierno, reforma laboral