El Gobierno cerró el año legislativo con una paradoja que sintetiza su paso por el Congreso: aprobó apenas dos leyes propias, pero terminó políticamente más fuerte que cuando empezó. Con un oficialismo ampliado tras el recambio parlamentario, una oposición desarticulada y el control de la agenda durante las sesiones extraordinarias, Javier Milei dio por bueno un balance que, en términos estrictamente normativos, fue exiguo.

El broche llegó en diciembre. Con el envión del nuevo mapa legislativo, La Libertad Avanza (LLA) consiguió el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal y se permitió cerrar el período extraordinario con gestos de triunfo, aun cuando de las 13 normas sancionadas a lo largo del año solo impulsó y celebró esas dos.

“Lo de ayer fue una noche histórica. Ganar no es lo más importante, es lo único que importa. Ya ganamos, ahora tenemos que seguir ganando. Hay que tener conciencia de que vivimos diez días de diciembre verdaderamente históricos, sacando un presupuesto con déficit cero y la ley de inocencia fiscal”, celebró Milei el fin de semana pasado, en una entrevista con Radio Mitre.

Esta euforia contrasta con la magra cosecha del período ordinario. Entonces, cuando el oficialismo contaba con 37 diputados y seis senadores, el Congreso sancionó apenas 11 leyes, ninguna de ellas impulsada por el Presidente. Según datos de Directorio Legislativo y de la Oficina de Información Parlamentaria del Congreso, se trató del nivel más bajo de producción legislativa desde el regreso de la democracia. Para encontrar un piso menor hay que retroceder hasta 1983, cuando se aprobaron solo dos leyes, en pleno proceso de recomposición institucional después de la dictadura.

La escasa actividad legislativa respondió tanto a la dificultad para llegar a consensos como al uso extendido de herramientas de control presidencial por parte de la oposición. De esas 11 normas, siete fueron vetadas por Milei; en tres casos, el Congreso reunió los votos necesarios para insistir y revertir el veto presidencial.

El paquete aprobado incluyó tres acuerdos internacionales -con Suiza, sobre servicios aéreos; con Serbia, en cooperación penal, y un convenio multilateral en materia fiscal- y ocho leyes de alcance interno: la emergencia en Bahía Blanca, un aumento jubilatorio, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, el reparto de ATN entre provincias, el financiamiento universitario, la emergencia en salud pediátrica y la Ley Nicolás, que establece estándares para una atención médica segura y de calidad.

Las victorias del oficialismo llegaron recién después del recambio parlamentario del 10 de diciembre, ya en el período extraordinario. Su bancada pasó de 37 a 95 diputados y de seis a 21 senadores. Con mayor volumen político y el respaldo de las urnas, el Gobierno logró sancionar el Presupuesto 2026 -aunque con la amputación del capítulo XI, que derogaba la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario- y la ley de Inocencia Fiscal, orientada a incentivar la formalización de ahorros en dólares para fortalecer las reservas.

También se anotó un triunfo más político que legislativo a costa de sus aliados tradicionales, la UCR y Pro: la designación de tres auditores generales en la Auditoría General de la Nación (AGN). Uno de ellos responde a Karina Milei: Mónica Almada, la candidata libertaria, que se incorporó al organismo de control junto con Juan Forlón, del kirchnerismo, y la salteña Pamela Caletti, aliada del gobernador Gustavo Sáenz. La maniobra se concretó de madrugada, en sintonía con Unión por la Patria (UP) y los gobernadores, y profundizó la tensión con Mauricio Macri y su tropa legislativa. De la mano de Cristian Ritondo, Pro presentó un amparo para pedir la nulidad de las designaciones en la AGN.

Salvo UP, que logró sostener una bancada de 93 miembros a puro pragmatismo, el resto de la oposición terminó el año completamente fragmentada. La UCR quedó reducida a seis diputados; Provincias Unidas, a 18, y Pro, a 12. El resto se dispersa en un mosaico de 26 voluntades: seis monobloques, cinco espacios con dos integrantes -entre ellos, Encuentro Federal y la Coalición Cívica-, dos con tres miembros -los alineados con Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil- y la Izquierda, con cuatro.

Incluso dentro del kirchnerismo, la unidad aparece lejos de estar garantizada en el largo plazo. “¿Los ves a Juan Grabois conviviendo con Guillermo Michel?”, ironizan quienes siguieron de cerca los primeros debates internos del nuevo bloque. La ausencia de un liderazgo nacional que ordene la agenda vuelve más frágil cualquier intento de cohesión duradera.

De los seis proyectos incluidos en el decreto de convocatoria a extraordinarias, cuatro quedaron en el camino: los cambios a la Ley de Glaciares, las reformas laboral y penal, y la llamada “regla fiscal”, que busca prohibir el déficit.

La reforma laboral y la regla fiscal cuentan con dictamen de comisión -la primera en el Senado, la segunda en Diputados-, mientras que los cambios sobre el área periglacial aún no fueron abordados. En tanto, la reforma del Código Penal no ingresó al Congreso ni se conocen los detalles del texto.

El Gobierno prevé prorrogar las sesiones extraordinarias durante febrero para retomar la agenda pendiente. Así lo anticipó el propio Milei el fin de semana. “Estamos en condiciones de avanzar en la reforma tributaria y en el endurecimiento de las penas del Código Penal en febrero. Y en ordinarias avanzaremos con las reformas planteadas en el Consejo de Mayo”, afirmó. La “modernización laboral” que impulsa el Gobierno tiene un capítulo completo con ajustes tributarios.

Fue el corolario de su remate navideño en redes sociales: “Con este Congreso, no tengan dudas de que vamos a ir hasta el hueso para hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Abróchense los cinturones, porque va a haber muchas más reformas”.

La trama financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos sumó un nuevo eslabón con el hallazgo de una quinta firma receptora de fondos millonarios en cuentas norteamericanas. Documentos bancarios y societarios revelan el flujo de divisas hacia una estructura radicada en Miami sin actividad comercial verificable, liderada por un hombre con un perfil patrimonial modesto que contrasta con las cifras manejadas.

El rastro del dinero conduce directamente a Matías Esteban Fernández, un argentino de 45 años que aparece en los papeles como “miembro” y único responsable de W Trading LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el estado de Florida. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, esta entidad captó 13 transferencias de TourProdEnter LLC, la agente comercial exclusiva de la AFA para el mundo, con excepción de la Argentina.

El historial económico de Fernández choca con el volumen de divisas bajo su control. Trabajó como empleado en la Municipalidad de Lanús y figuró como monotributista hasta su baja voluntaria por “cese de actividades”. Los registros oficiales indican que cobró la asignación universal número 80-2-8459821-0 en 2018. El receptor teórico de al menos 2.297.500 dólares de la AFA residiría actualmente fuera del país.

La firma W Trading exhibe características idénticas a las otras cuatro sociedades investigadas por recibir 42 millones de dólares de la AFA. Estas compañías son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Al igual que ellas, la empresa de Fernández no registró empleados ni actividad verificada en Estados Unidos hasta su disolución en septiembre de 2024.

Su domicilio declarado fue la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, en Miami. En esa dirección opera un edificio de dos plantas con decenas de pequeñas empresas, un lugar que ofrece servicios de “oficinas virtuales” y cuenta con locales variados, desde limpieza de cutis hasta estudios jurídicos. El alquiler de las salas de conferencia cuesta 50 dólares la hora.

Los movimientos de dinero desde TourProdEnter LLC evidencian una mecánica específica. Las operaciones se mantuvieron siempre en cifras de 6 dígitos o menos, una estrategia que reduce los riesgos de una alerta antilavado. Ocho de los trece pagos a favor de W Trading coincidieron en fecha con envíos de dinero a las otras sociedades sospechadas.

El 11 de mayo de 2023, Erica Gillette, la esposa de Javier Faroni, realizó tres movimientos consecutivos desde la cuenta de TourProdEnter LLC en el banco Synovus. Envió 160.000 dólares a Velp LLC y 270.000 dólares a Velpasalt LLC. Ese mismo día transfirió 150.000 dólares a la firma controlada por Fernández. Los registros confidenciales de Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus confirman estas coincidencias temporales.

Fernández constituyó la sociedad anónima Sfera Global Sports en la Argentina el 28 de noviembre de 2022. Esto ocurrió apenas 26 días después de recibir el primer pago de 270.000 dólares en el banco Synovus. La firma se presenta en LinkedIn como una empresa de gestión de talentos con 15 años de experiencia, sede en Buenos Aires y corresponsales en Europa.

La supuesta compañía acumula irregularidades, ya que carece de constancia única de identificación tributaria (CUIT) y no figura ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y su sitio web informa un número de teléfono inexistente en la ciudad de Buenos Aires. También declara oficinas en el edificio Comega y en la calle 25 de Mayo. El personal de ambos lugares negó conocer a la empresa o a Fernández ante las consultas realizadas.

El acta constitutiva de Sfera Global Sports ubica el domicilio personal de Fernández en un edificio de la calle Bartolomé Mitre 2227, donde reside su madre en un departamento del contrafrente, quien confirmó la residencia de su hijo en el extranjero.

Al consultarle sobre la vinculación de Fernández con el negocio del fútbol, la madre reaccionó con sorpresa ante el cronista: “-¿De fútbol? ¿Él? -indagó sorprendida-. Que yo sepa, no”.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hugo Alconada Mon, Ignacio Grimaldi y Nicolás Pizzi.