Una lluvia de pequeños panfletos de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) tuvo lugar esta mañana en la Avenida Diagonal Norte 760, en el centro porteño. Allí se encuentra el Tribunal Nacional del Trabajo en primera instancia, “el más emblemático del fuero”, según dicen sus propios empleados, quienes resolvieron tomar pacíficamente el edificio en contra del traspaso de la Justicia Nacional laboral a la jurisdicción de la Ciudad.

“Nosotros decimos que es un desguace”, aseguró Gabriel Galeano, delegado del gremio en el fuero laboral. “Se establece el traspaso de competencias en recursos, pero no habla de qué pasa con los 1700 empleados, por lo que quedamos en la incertidumbre”, agregó el sindicalista.

Otro delegado parado junto a él comentó: “La cantidad de personal que puede quedar despedido sería como dos fábricas de FATE”. De esa industria del neumático fueron echados recientemente 920 operarios.

Entre transeúntes que levantaban a su paso los ‘papelitos’ en el piso que anunciaban un paro nacional de la UEJN, Galeano y Silvia Ortiz, delegada de la Fiscalía General, explicaron la medida de fuerza: “Vinieron trabajadores en solidaridad y formamos una asamblea. Con Julio Piumato —secretario general de UEJN— votamos la toma y un paro en todos los fueros nacionales laborales. Mañana a las 11 hay paro nacional, con movilización a la Corte Suprema para que garantice la continuidad de nuestros puestos de trabajo”.

La asamblea, que comenzó la mañana nutrida de bombos, platillos, banderas y un corte parcial de la avenida, se levantó pasadas las 10, ya consumada la toma y el paro. “En cuanto se fue Piumato, la Policía comenzó a correr a los que nos quedamos. No nos pasó nada, pero terminamos arriba de la vereda”, dijo uno de los presentes.

“Más allá de los puestos de trabajo, lo que tiene que entender la población es que se quedaría sin Justicia del trabajo. Nosotros defendemos el principio protectorio del artículo 14 bis de la Constitución, somos el fuero que sostiene la paz social. Si los trabajadores no tienen dónde discutir su pedido de justicia, ¿Qué hacen?”, preguntó Ortiz.

Galeano amplió sobre la ley que el Poder Ejecutivo pretende aprobar en el Senado: “En el artículo 91 del proyecto de reforma laboral, las competencias federales de este tribunal pasarían al Fuero Contencioso Administrativo Federal”. Otro delegado sumó: “Cuando los trabajadores estatales tengan que lidiar con cuestiones laborales van a tener que ir ahí, donde siempre se le da la razón al Estado. Por algo es llamado el ‘fuero de la gobernabilidad’”.

El edificio tapado por una gran tela marrón del sindicato permanecía con sus puertas abiertas, por lo que se debía levantarla para ingresar. Aquellos que entraban, cruzaban un pasillo oscuro custodiado por un efectivo de Prefectura. En las paredes, destacaba un cartel contra el traspaso con temática de El Eternauta: “Nadie se salva solo”. Una vez en la mesa de entrada, un sindicalista los despachaba, alegando que no había nadie para recibirlos. Los pequeños panfletos también decoraban el piso del tribunal.

“Hace 30 años que venimos frenando el traspaso; ahora que cambió la situación política estamos en el horno”, contó una voz participante de la toma.

En este marco, la jueza Laura Castagnino del Juzgado Nacional del Trabajo en primera instancia n°4 aceptó recibir a este medio en su despacho. En el ascensor, otra voz deslizó: “No estoy a favor ni en contra de la modernización, lo que quiero es que la gente siga laburando”.

La magistrada habló en su oficina del séptimo piso con losa de madera, sillones verdes y una mesa ratona tapada de expedientes. “Los jueces estamos trabajando normalmente, los trabajadores están en estado en alerta y nosotros también. La preocupación que tenemos es enorme: este fuero tiene 80 años de historia y después de la sanción de la reforma laboral se disolverían 30 juzgados y una sala en un plazo de 180 días”, precisó.

“A partir de ese momento, a los magistrados nos quitan la jurisdicción a futuro, dejamos de recibir causas y quedamos como jueces residuales. El resto del fuero se iría cerrando progresivamente”, detalló Castagnino. “Acá toda la gente que trabaja concursó para sus puestos y demostró ser calificada. Si el fuero se cierra, pierden su fuente de trabajo y sus carreras. La comunidad también, porque acá se cumple una función importante”, dijo la jueza.

Con un tono suave y cierta congoja, la magistrada consideró: “Aquí hay 80 juzgados y recibimos 80 mil causas por año, sumando un total de 800 mil. La Ciudad tendría 10 juzgados, no sabemos cómo van a hacer. Lo que planteamos es que esto está destinado al daño y al fracaso. Que la Ciudad debiera tener una Justicia laboral propia lo dijo la Corte, pero se puede coexistir. Pedimos que se respete nuestra carrera, hay maneras más prolijas de hacer el traspaso”.

“Los conflictos laborales deben ser resueltos por magistrados con especial versación en el derecho del trabajo. Si uno lleva estos conflictos a la Justicia civil, comercial o en lo contencioso administrativo, posiblemente puedan resolverlos, pero no están especializados en esta disciplina”, sentenció la jueza especialista en derecho del trabajo y seguridad social. “No siempre fallamos a favor del trabajador, pero en nuestra disciplina rige el principio protector del trabajador subordinado, porque la relación con el empleador es asimétrica”.

En esa línea, Castagnino afirmó: “Somos imparciales, pero no somos neutrales. Estamos aquí para cumplir una función constitucional”. En cuanto a los demás magistrados, aportó que hoy hubo una reunión en la Cámara de Apelaciones del Trabajo entre jueces de primera y segunda instancia para evaluar la situación actual. “Las personas que me acompañan tienen la vida entera aquí, y enterarse del artículo que disuelve este lugar nos generó una angustia enorme”.

“Las modificaciones de la reforma laboral son opinables, está claro que se reducen derechos laborales. La disolución de nuestro fuero está pensado a la medida de un proyecto regresivo. Esta ley resta protección laboral. De hecho, a ustedes les van a sacar el Estatuto del Periodista, además de otros derechos en juego. En muchos casos, la reforma ha arrasado con derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico”, opinó la magistrada sobre la reforma.

Por último, Castagnino planteó inconsistencias del proyecto de modernización laboral con la Carta Magna: “Tendremos que evaluar en cada caso, a medida que se plantee cada conflicto, si se ajusta o no a la Constitución Nacional. Este principio de protección del trabajador subordinado no es un invento, surge de la Constitución y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Qué pasará ahora, no lo sabemos”.

La oficina de la jueza parecía ser el único de la séptima planta con todo su personal trabajando. En los pasillos, se escuchaban voces de otros despachos y el eco de una televisión prendida con un canal de noticias. Afuera del edificio, permanecía en la vereda poco más de una decena de personas, entre empleados y delegados sindicales.

Lo único que seguía haciendo ruido era una combi beige del sindicato, que daba vueltas a la manzana. En sus altavoces atados al techo, sonaba Queso Ruso de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y una voz que lanzaba consignas: “El traspaso destruye el federalismo y concentra en la Ciudad de Buenos Aires el manejo del país. Destruir el fuero laboral viola la Constitución y esclaviza a los trabajadores. Vendrán por los fueros civil, comercial, penal y los ministerios públicos. Para la UEJN, la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

El Partido Justicialista nacional, que preside Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Constitución, emitió un comunicado de rechazo a la ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno, en el que incluyó un repudio a los legisladores peronistas que votaron a favor de la iniciativa. Los consideró contrarios a la doctrina justicialista y representantes de “otros intereses”. Los cuestionamientos llegan en momentos en que el interbloque peronista en el Senado pierde tres legisladores que se identifican con gobernadores peronistas que son aliados del presidente Javier Milei.

En un documento titulado “Al pueblo trabajador”, en el que se subrayó que la reforma laboral hará a los trabajadores “perder salario, tiempo, y salud física y mental”, se apuntó contra los legisladores de origen justicialista que lo apoyaron. “Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar”, se afirmó en el texto, sin hacer nombres propios.

“El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajado, no para convertirlo en esclavo. Un representante del pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero; expresa otros intereses”, se indicó en el comunicado del PJ.

“La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Y también a quienes, por acción u omisión, eligieron estar del lado equivocado”, fue el cierre del mensaje del partido peronista.

El reproche institucional del PJ coincide con el momento en que los senadores Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) se escinden del interbloque del peronismo en la Cámara alta, bancada que conduce el senador cristinista José Mayans (Formosa). Los tres legisladores que se apartan están identificados con gobernadores que aportaron con sus diputados para la aprobación de la reforma laboral: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En su crítica a la reforma laboral, el peronismo incluyó una serie de cifras negativas para el Gobierno. En su comunicado, afirmó que hay “290.602 trabajadores formales menos de noviembre de 2023 a noviembre de 2025″, además de “21.938 empleadores menos” y una “informalidad laboral” que “pasó de 41,4% en el cuarto trimestre de 2023 a 43,3% en el tercer trimestre de 2025″.