POLITICA
Concesiones viales: procesaron a tres “facilitadores profesionales” de la corrupción kirchnerista
Nueve años después de iniciada la investigación, y tras sortear múltiples obstáculos, el juez federal Sebastián Casanello procesó a tres “facilitadores profesionales”, acusados de participar en maniobras de lavado de activos derivados de actos de corrupción atribuidos a un extitular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) durante el kirchnerismo.
Los procesamientos alcanzaron a Daniel Pérez Montero, Mario Alberto Ribeiro Ricci y Eduardo Roca, quienes continuarán en libertad, pero embargados por cifras multimillonarias, por los roles que al parecer asumieron en las maniobras para ocultar y blanquear bienes para Gustavo Gentili y su familia, tanto en la Argentina como en Uruguay.
Gentili, dos de sus hijos y un presunto testaferro se encuentran ya con procesamientos confirmados por la Cámara Federal y se encaminan a un juicio oral por, entre otros activos, dos departamentos de 200.000 y 238.000 dólares en Montevideo y la simulación de un préstamo por otro US$ 1 millón, también con escala en Uruguay. La maniobra incluyó, además, la compra de una firma llamada Febaro SA, cuyas acciones terminaron en las manos de Gentili y su segunda esposa, Laura Andino, quien también era funcionaria pública.
Gentili y Ricardo López Naón, al igual que Andino y otros acusados –Jorge Luis Pinto, Jorge Donnini, José María Gentili, Miguel Ducoté, César Obliglio y Gustavo González– deberán afrontar un juicio oral por presuntas maniobras delictivas y de lavado que también abarcan ganado y campos, maquinaria agrícola, bonos, dólares y euros, diamantes, rubíes y otros objetos de lujo, además de autos antiguos y de colección.
Según reconstruyeron los sabuesos judiciales, el movimiento de dinero fue constante y con un menú amplio de opciones –desde bonos a efectivo–, tanto en el país como en Uruguay, sin declararlo jamás ante las autoridades tributarias argentinas. Así quedó reflejado en los mensajes que Ricardo López Naón intercambió –y que recuperó la Justicia– con alusiones a “la tarasca” y “los alfajores” que llevaban y traían para concretar operaciones comerciales.
En esa línea, López Naón le envió un correo electrónico a un colaborador tras la compra de uno departamento en Montevideo en la que evidenció que el supuesto origen lícito de los fondos en danza no era más que una fachada. “Técnicamente es una donación del padre”, le confió, “pero no lo podemos decir porque si se escarba, explota todo!!!!”.
Ahora, el juez Casanello avanzó sobre un abogado argentino y dos operadores financieros uruguayos que participaron como “facilitadores profesionales” en las maniobras bajo sospecha, Roca, Pérez Montero y Ribeiro Ricci, y cuyos procesamientos había revocado la Cámara Federal en 2023, tras estimar que no había pruebas suficientes para procesarlos.
Casanello reconstruyó que las maniobras bajo sospecha incluyeron una operación de “préstamo simulado” entre la firma argentina Febaro SA, controlada por Gentili y su esposa, y la financiera uruguaya Aspen Trading Corp., de la que Pérez Montero era socio principal. Ese mutuo, firmado en Montevideo el 12 de julio de 2013, sirvió para justificar el ingreso de 670.000 bonos Boden 2015 −por un valor aproximado a un millón de dólares− en una cuenta de Febaro SA en el Citibank. Los fondos, según determinó el juez, provenían de ganancias ilícitas generadas durante la gestión de Gentili en el Occovi.
En su resolución, el juez citó como “hecho acreditado” que la operatoria se articuló mediante un contrato de mutuo ficticio entre Aspen Trading Corp. y Febaro SA, que sirvió para ingresar bonos argentinos por vía de Uruguay. La firma uruguaya, según el expediente, no verificó ni la identidad real de los beneficiarios finales ni la condición de funcionario público de Gentili, pese a tratarse de un cliente extranjero con indicadores de alto riesgo.
Casanello detalló, además, que el dinero reciclado a través de Febaro se usó para remodelar la casa familiar en el country San Jorge Village, pagar obras a una arquitecta y financiar un emprendimiento ganadero junto a un hermano de Gentili, José María. Y que otra porción se transfirió a Uruguay y se destinó a la compra de un inmueble conocido como “Diamantis”. En ese circuito financiero, el juez detectó la participación activa de Pérez Montero y Ribeiro Ricci, quienes actuaron como “facilitadores profesionales” del esquema de lavado, valiéndose de sociedades de bolsa y financieras radicadas en Montevideo.
El juez sostuvo que ambos operadores uruguayos incumplieron las normas de prevención de lavado vigentes en su país. Según documentación remitida por el Banco Central del Uruguay (BCU), la sociedad DPM Corredor de Bolsa SRL –vinculada a Pérez Montero– fue sancionada por “graves incumplimientos” en su sistema de control, entre ellos la falta de identificación de clientes de alto riesgo, la ausencia de monitoreo de operaciones y la nula justificación del origen de los fondos. Esos hallazgos reforzaron la hipótesis sobre la complicidad financiera que permitió canalizar dinero negro hacia cuentas de apariencia legal.
En la resolución, Casanello también abordó el rol de Roca en otra maniobra atribuida a Gentili: la adquisición encubierta del 60% de la constructora Sycic SA junto a un exsubadministrador de Vialidad Nacional Sandro Férgola. Según las pruebas recolectadas durante la investigación, Roca intervino en la estructuración de contratos y sociedades pantalla que disimularon la identidad de los verdaderos compradores y el origen de los fondos, mientras Sycic obtenía beneficios del propio organismo que Gentili dirigía. El juez concluyó que el letrado habría actuado como pieza clave en la legalización aparente de los presuntos negocios delictivos.
En ese contexto, Casanello decretó embargar a Pérez Montero y a Ribeiro Ricci por 900 millones de pesos a cada uno, y a Roca por 212,3 millones de pesos, tras tomar como parámetro las sumas involucradas en la operatoria bajo sospecha, que “no habría sido posible sin la colaboración consciente y funcional de quienes, desde la estructura financiera o jurídica, aportaron su pericia para dotar de apariencia legítima al dinero de procedencia ilícita”.
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POLITICA
Los gremios le advirtieron al Gobierno que miles de monotributistas podrían perder su cobertura médica
El secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, y el titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac), Carlos Pérez, se reunieron ayer con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para advertirle sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de obras sociales debido al desfasaje entre los aportes que realizan los monotributistas y el costo real de las prestaciones médicas.
Si bien el encuentro fue de Cavalieri y Pérez con el ministro, los dos dirigentes gremiales llevaron al debate la preocupación de todos los miembros de la CGT que administran obras sociales.
Según el informe que elevaron Cavalieri y Pérez al ministro Lugones, mientras el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto —y asciende a entre $160.000 y $170.000 en el caso de adultos mayores—, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas $22.000 mensuales.
El informe indica que con este importe no se cubre ni siquiera el valor de una consulta médica; además una radiografía cuesta entre $80.000 y $150.000 y los análisis clínicos completos oscilan entre $200.000 y $300.000. Esto sin contemplar procedimientos de mayor complejidad, como una cirugía, que puede costar entre $1.000.000 y $2.500.000 en los casos más simples, ni tratamientos de alta complejidad como oncología, diabetes u otras enfermedades crónicas.
“El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud”, planteó Cavalieri, el líder mercantil de casi 90 años y que está hace 40 años al frente del sindicato más numeroso del país.
Tras la reunión, Cavalieri explicó que al ministro de Salud le acercaron algunas opciones. Una de ellas es que los monotributistas equiparen el aporte al de los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción sería que se elimine el aporte de salud que hacen los monotributista.
En tanto, Pérez sostuvo: “Desde Osecac queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema”.
“Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de Osecac. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales. Por eso creemos que este tema debe debatirse con responsabilidad. El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario que hoy sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina”, explicó Cavalieri en un comunicado.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena aseguró que Cristina Kirchner rechaza el indulto presidencial, pero subrayó la necesidad de aplicarlo para reparar lo que considera una persecución judicial.
En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el funcionario bonaerense remarcó: “Si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina”. De todos modos, aclaró que la ex mandataria no pretende ese beneficio: “Ella no quiere ningún indulto, eso lo puedo asegurar. Lo hemos discutido 12 veces. Ella lo que quiere es justicia, no quiere un perdón”.
En el mismo sentido, el Ministro de Justica de la PBA insistió en que la situación judicial de Cristina Kirchner responde a un entramado de persecución política y mediática, y cuestionó que “la justicia se transforme en un show mediático (…) Lo grave es que para llevar adelante estas causas se llevaron puesta la Constitución Nacional entera y todas las leyes de nuestro país”.
Según Mena, la gravedad del caso no se limita al impacto mediático: “Si con una motivación política vos podés cargarte todos los derechos y garantías constitucionales que se crearon para proteger a los ciudadanos del abuso del poder, me parece que lo grave es eso”.
Al referirse al desarrollo de la causa Cuadernos, el ministro explicó: “Vamos a tener no menos de dos años de juicio. Hay una pericia que por unanimidad dijo que esos supuestos cuadernos tienen más de 1.500 enmiendas, tachaduras y correcciones, que hay más de cuatro manos distintas a las de Centeno escribiendo”. Para Mena, el expediente judicial se convirtió en “un mamarracho jurídico que tuvo un solo, un exclusivo fin político”.
El impacto institucional y la autocrítica del peronismo
El funcionario bonaerense expuso que el funcionamiento actual del Poder Judicial afecta no solo a dirigentes políticos, sino también a la ciudadanía: “Imaginate que si esto pasa con una ex presidenta, ¿qué pasa con el resto de los ciudadanos? Andá a pelear un caso en la justicia de familia de este país, dejás la vida”.
El ministro reconoció las falencias durante la gestión del peronismo y la imposibilidad de modificar el sistema judicial: “Yo fui el secretario de Justicia de ese gobierno que fracasó. Así que la primera autocrítica es la propia. Tratando de cambiar este estado de cosas, no solo no cambiamos nada, se agravó”.
Durante la extensa entrevista, Mena insistió en la diferencia entre el deseo personal de la ex presidenta y lo que considera una necesidad institucional: “Cristina no quiere ningún indulto, eso te lo puedo asegurar. Lo hemos discutido doce veces. Ella lo que quiere es justicia, no quiere que se le perdone el delito”.
Al ser consultado sobre si cree que el indulto es una herramienta válida, Mena respondió: “No tengo dudas. Sí, claro. Yo no tengo duda que si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina. Incluso en contra de lo que ella opine”.
Finalmente, el funcionario subrayó que “la lucha contra la corrupción se convirtió en una persecución política en la que engañan a la ciudadanía que tiene todo el derecho de querer justicia. Generan todo lo contrario. En los casos concretos generan impunidad absoluta”.
Mena vinculó la crisis judicial con la inseguridad en la provincia
Frente a las preguntas sobre los recientes casos de violencia en la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena advirtió que “todas las críticas que le caben al funcionamiento de la justicia respecto a lo que hablábamos del juzgamiento de la política, el someterse a presiones indebidas de otros poderes, también caben en materia de seguridad”. Para el ministro, el mismo sistema judicial cuestionado por su desempeño en causas de corrupción tiene impacto directo en la vida cotidiana de los bonaerenses.
El funcionario fue concreto al describir el efecto de la ineficiencia judicial sobre la seguridad: “Es la misma justicia la que tiene que procesar. Obviamente, llega tarde porque el delito ya se cometió. Acá el enfoque principal, el esfuerzo estatal, debería estar puesto en la prevención y en que no se den las condiciones para que los delitos sucedan”.
Mena destacó la dimensión estructural del problema: “Cuando los delitos ya sucedieron, llega la justicia, que llega tarde, pero que es una pata importantísima a la hora de resolver un caso. Sobre todo para satisfacer los derechos de la víctima, la justicia es fundamental. Porque una justicia que es permeable a las corporaciones, permeable al poder económico, es una justicia que falla también a la hora de resolver los casos de inseguridad cotidianos”.
El titular de la cartera de Justicia bonaerense señaló la magnitud del desafío en el conurbano: “Nosotros lo repetimos siempre: para que la droga llegue a la provincia de Buenos Aires, al conurbano, recorre 1.800 kilómetros. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, no se produce droga. Se vende, se distribuye. Entonces, si recorre desde la frontera y atraviesa todo el país, hay toda una cadena de funcionarios, no solo políticos, de fuerzas de seguridad y también judiciales, que fallaron”.
En ese sentido, Mena remarcó que la independencia judicial no solo es clave para casos resonantes sino también “para el combate del delito: necesitamos una justicia independiente realmente, no solo del poder político, sino del poder económico, del poder mediático, de todos los poderes concentrados”.
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Los ministerios de Salud y Economía eliminaron las restricciones vigentes para la obtención de patentes farmacéuticas mediante una norma publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El Gobierno sostuvo que la decisión apunta a alinear el sistema local con los estándares internacionales. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en su cuenta de X con la consigna: “Argentina vuelve al mundo”.
La Resolución Conjunta 1/2026 derogó la normativa 118, vigente desde 2012, que fijaba criterios específicos para el funcionamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y limitaba su facultad para evaluar y otorgar títulos de propiedad intelectual. La nueva reglamentación lleva las firmas de Mario Lugones, titular de Salud; Luis Caputo, responsable de Economía; y Carlos María Gallo, presidente del organismo.
El texto entró en vigencia con su publicación oficial y establece que el fortalecimiento de la protección de las invenciones aportará “condiciones de previsibilidad”. Según se detalla, el esquema favorece la incorporación de desarrollos científicos y el acceso a nuevos medicamentos. Además, establece que el INPI ejercerá su competencia para analizar las solicitudes de manera individual.
El organismo aplicará los requisitos de novedad y actividad inventiva previstos en la Ley 24.481. La medida establece un mecanismo de protección para los productos que ya circulan en el mercado: el artículo 2 de la resolución determina que “para el caso de patentes concedidas vinculadas a productos farmacéuticos que estén siendo comercializados por terceros localmente, los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”.
Sturzenegger, en tanto, difundió los detalles de la iniciativa a través de su cuenta oficial en la red social X. El funcionario calificó el cambio como “una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país”. Sostuvo que la normativa anterior dificultó el registro de “terapias innovadoras” en el país.
Aseguró que la Argentina se alineó con los estándares internacionales de sus socios comerciales y anunció que el país avanzó en un acuerdo con Estados Unidos para facilitar el ingreso de la industria local a ese mercado. Sturzenegger puntualizó, además, que la derogación rige para los trámites futuros, pero que los medicamentos ya presentes en el mercado mantienen su situación actual.
Sturzenegger vinculó la decisión con el programa de gobierno que encabeza Javier Milei: “El Presidente nos ha comandado a implementar políticas basadas en el precepto moral de hacer ‘lo que está bien’. Respetar la propiedad, entre ellas la intelectual, es una derivada directa del respeto a la libertad y la propiedad”, expresó en su posteo.
El ministro de Salud, Mario Lugones, también celebró el anuncio: “Nos alineamos con el mundo en materia de propiedad intelectual para que la industria farmacéutica argentina pueda ingresar a nuevos mercados e impulsar la llegada de terapias innovadoras para los argentinos».
las restricciones vigentes para la obtención,alinear el sistema local con los estándares,Resolución Conjunta 1/2026,previstos en la Ley 24.481,a través de su cuenta oficial en la red social X,Federico Sturzenegger,Ministerio de Salud,Boletín Oficial,Conforme a,,»Está cayendo». Milei celebró el dato de la inflación mayorista y dijo que anticipa lo que «viene a futuro»,,Por 15 días. El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos,,»Mentiras y difamaciones». Sáenz le respondió a Cristina Kirchner luego de que lo vinculara con coimas en la causa cuadernos,Federico Sturzenegger,,“Más barato y mejor”. Sturzenegger habló de una revolución tras la desregulación de la vacunación antiaftosa,,»Cazando en el zoológico». Nueva crítica de Sturzenegger a Rocca: “¿Por qué operar con reglas diferentes en la Argentina?»,,En Nueva York. Caputo busco seducir a los empresarios: “El mayor riesgo es perder la chance de invertir en el país”
Una mujer fue acusada de haber asesinado a su hija, dio una declaración falsa, pero fue beneficiada con un fallo polémico: el caso de «la madre más odiada» de EE.UU.
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