EL CALAFATE.- Jueces, fiscales, defensa y abogados querellantes que forman parte del juicio oral en el que se juzga las responsabilidades por el hundimiento del ARA San Juan realizarán, en las próximas semanas, una inspección ocular a un submarino mellizo.

Se trata del ARA Santa Cruz, que actualmente se encuentra para desguace en el astillero Tandanor.

La novedosa iniciativa fue propuesta por el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, quien reveló en la audiencia que días pasados realizó una recorrida por el interior del submarino.

“Fue una inspección muy fructífera para mí, estuve en el ARA Santa Cruz, me tiré al piso y pude ver lo que era el balcón de batería, las conexiones eléctricas, la válvula ECO-19 no estaba, vi la cañería que conduce al tanque del snorkel, los recodos y por qué se pueden producir pinchaduras por la acumulación de sarro”, detalló Reynaldi en la audiencia sobre el recorrido que realizó en el astillero.

En ese lugar se realizó la reparación integral de media vida del submarino ARA San Juan, período que durante el juicio también está bajo análisis.

Si bien en un primer momento Reynaldi había propuesto realizar en junio la inspección ocular, ayer, ante solicitud del abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Claudio Villamide, la visita podría adelantarse para las próximas semanas y están convocados a participar todas las partes intervinientes en el juicio.

“Para cuando vengan los expertos se podrá aprovechar mucho más, porque ya habremos visto todos al submarino”, argumentó Vigliero durante la audiencia que se lleva adelante en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos.

Uno de los temas que más interés presenta en la observación es poder conocer de primera mano la válvula ECO-19, similar a la que tenía el ARA San Juan.

La foto fue aportada a la fiscalía por la abogada querellante Valeria Carreras, quien representa a 34 de las familias de los 44 tripulantes fallecidos en el ARA San Juan.

Carrerras fue parte de la inspección que realizaron en el año 2018 la jueza federal Marta Yañez y el fiscal federal, Lucas Colla durante la etapa de instrucción de la causa, la visita en el lugar ocurría al mismo tiempo que el buque Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity buscaba el submarino en mar, a la altura de Comodoro Rivadavia, donde finalmente fue hallado a más de 900 metros de profundidad.

“Es una medida con muy buena perspectiva, porque nos dará información a todos los miembros de este juicio, se podrá pasar del abstracto del papel a la palabra de los fierros”, evaluó Carreras en diálogo con , al término de la audiencia.

Por su parte, Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, también apoyó la medida y explicó que en 2018 no fue parte de la recorrida judicial dado que se encontraba embarcado en el buque Seabed, como uno de los cuatro familiares que participó de la búsqueda durante más de 60 días.

Según detalló Carreras, en 2018, la válvula ECO-19 no estaba colocada, sino en otro galpón de Tandanor y detalló que verla sin colocar será la forma óptima para interpretar cómo opera el mecanismo, cómo abre y cómo cierra y si es posible que se abra en forma accidental; por lo cual, se espera que la misma pueda ser observada en la visita sobre la cual aún no se fijó fecha.

El buque ARA Santa Cruz está para desguace, suspendido por bridas y fuera del agua, cortado por la mitad. Eso permitirá que los integrantes puedan recorrer la proa, la popa, las baterías, las literas y hasta el cuarto de torpedos, donde se alojaba el personal extra. Según surge del juicio, el ARA San Juan tenía una capacidad para alojar 37 personas, pero en caso de aumentar la dotación, el personal era alojado en la sala de torpedos.

Uno de los aspectos sobre los que se vuelve en cada audiencia, es el análisis de los incidentes registrados en el ARA San Juan en el mes de julio de 2017, uno de ellos es el comportamiento de la válvula Eco-19 por donde ingresó agua al submarino y podría haber desencadenado la tragedia. Ayer, Carreras compartió con la fiscalía la foto de una válvula similar a la que tenía el ARA San Juan.

De acuerdo con el auto de procesamiento la válvula ECO 19 es un componente crítico del sistema de ventilación del submarino que actúa como un mecanismo de “bypass”. Su propósito es abrirse o cerrarse para permitir y direccionar el flujo de aire que se utiliza para alimentar los motores diésel, renovar el aire interno y recargar las baterías.

La ECO 19 se encuentra en la tubería de ventilación, conectando el exterior del submarino (a través del sistema de esnórquel) con el balcón de barras del tanque de baterías N° 3, a diferencia de otras válvulas automáticas, la E19 es de “operación manual” y se acciona mediante un volante y un tornillo, y requiere de 15 vueltas para abrirse o cerrarse por completo.

Debido a este diseño, los expertos sostienen que no puede abrirse accidentalmente por un golpe o descuido; sin embargo, algunos testigos que prestaron declaración en el juicio aseguran que puede abrirse en forma accidental.

Según los manuales del fabricante y los protocolos de la Armada que se van conociendo en el discurrir del juicio oral, esta válvula debe permanecer siempre cerrada durante la navegación. Su lugar de operación normal es únicamente en puerto, específicamente durante la carga de baterías. Si la válvula queda abierta o presenta “falta de estanqueidad” (no cierra herméticamente) mientras el submarino hace esnórquel, el agua de mar que entra por el sistema de ventilación puede filtrarse directamente hacia las baterías.

Según el auto de procesamiento de la causa, el 15 de noviembre de 2017, el submarino informó por sistema HF un “ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3”, lo que provocó el cortocircuito e incendio inicial. El Tribunal y los expertos coincidieron entonces en que la válvula ECO-19 fue la vía de entrada del agua, ya sea por una falla persistente en su estanqueidad o por haber quedado mal cerrada tras ser manipulada para ventilar el buque ante la falta de filtros efectivos. –

El exfiscal de Pilar Carlos Washington Palacios fue condenado a seis años de prisión, junto con dos abogados que fueron sentenciados a cuatro años de cárcel, por urdir una maniobra para favorecer al prefecto que ingresó a la casa de Sergio Massa en 2013, cuando enfrentó al gobierno de Cristina Kirchner como candidato diputado nacional.

El robo a la casa de Tigre de Massa siempre fue vinculado por el exministro de Economía y su entorno como una operación de inteligencia o un intento para amedrentarlo como candidato.

El Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro dictó las condenas contra el exfiscal Palacios, a los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, y el testigo César Emiliano Jaunarena.

La justicia los encontró culpables de orquestar un plan criminal destinado a favorecer a Alcides Gorgonio Díaz, el exagente de Prefectura Naval que había sido cercano a los Massa pero que entonces fungía como enlace de inteligencia en el Ministerio de Seguridad nacional. Gorgonio fue condenado por el robo a la casa de Massa.

La sentencia contra Palacios y los abogados dio por probado que entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, los acusados “violaron el deber de objetividad” y realizaron “actividad tendiente a prestar ayuda a Gorgonio Díaz” para que este eludiera la condena.

El plan comenzó cuando Jaunarena, quien había sido testigo presencial del allanamiento original en la casa de Díaz, fue instigado y asesorado, según el fallo, por los abogados Pérez Bodria y Español para presentarse en la fiscalía de Pilar a cargo de Palacios y radicar una falsa denuncia por amenazas.

En esa declaración, Jaunarena afirmó que en la casa de Díaz se había secuestrado mucho más dinero del documentado, ya que dijo haber visto seis fajos de 10.000 pesos y un “block” grueso de dólares. Señaló además que un hombre canoso de traje se había llevado un bolso repleto de dinero.

A partir de esta denuncia que se corroboró falsa, el fiscal Palacios desvió el objeto de la investigación. En lugar de investigar el origen de las amenazas, utilizó el expediente para intentar demostrar la ilicitud del allanamiento original.

Para que la maniobra no fuera descubierta, Palacios mantuvo la causa en secreto, no cargó los datos del denunciante y de los policías involucrados en el Sistema Informático del Ministerio Público.

La investigación judicial comprobó la connivencia entre los acusados: Palacios le entregaba copias de la investigación secreta a la esposa del delincuente (Graciela Garate) y coordinaba con ella a través de comunicaciones telefónicas clandestinas. Le advirtió incluso que no hablaran por teléfono porque “esta banda de delincuentes” (en alusión a otros fiscales) podía tener intervenidas las líneas.

Paralelamente, quedó demostrado que Palacios y el abogado Pérez Bodria citaron al comisario Gabriel Natiello a un estudio jurídico para presionarlo e intentar que cambiara su declaración oficial para que coincidiera con lo declarado por Jaunarena.

En marzo de 2015, en pleno juicio oral contra el prefecto Díaz, de manera “anómala e irregular” el fiscal Palacios envió un sobre al tribunal del juicio intentando incorporar su investigación paralela para lograr la nulidad de la causa. La maniobra fracasó y la prueba espuria fue rechazada por los jueces.

La justicia determinó que la principal finalidad directa y la intención esta asociación fue favorecer a Gorgonio Díaz para evitar su condena y protegerlo.

Se buscaba tumbar el allanamiento y anular todo. Sin embargo, el trasfondo revela un intrincado juego político y de enemistades en el Poder Judicial de San Isidro.

El robo afectaba directamente a Massa, en ese entonces candidato a diputado nacional por el recientemente surgido Frente Renovador, que hacía de la seguridad su eje de campaña.

La defensa argumentó que el ocultamiento inicial del robo y la aparición de testimonios sobre dinero no declarado tenían la intención política de perjudicar la imagen del candidato en plena disputa electoral.

El entonces fiscal Palacios debió apartarse y remitir la causa a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas, pero no lo hizo, porque desconfiaba de quien lideraba esa unidad, el fiscal Claudio Scapolán, condenado finalmente por narcotráfico.

Palacios formaba parte de un grupo de fiscales que había denunciado a Scapolán y a la cúpula de la Fiscalía General en 2009 por conformar una “estructura tenebrosa” de poder y corrupción.

Creyendo que Scapolán archivaría la causa para encubrir a “su banda”, Palacios decidió actuar por su propia mano.

Tras un largo proceso, el fallo sentenció a Palacios a seis años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Se lo halló autor de incumplimiento de los deberes del funcionario público, coautor de encubrimiento agravado, autor de falsedad ideológica e instigador de falso testimonio.

El juez destacó que “utilizó deliberadamente la función que le había sido confiada para instrumentar y sostener la maniobra ilícita”.

El 29 de noviembre de 2019, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires había resuelto −por unanimidad− la destitución de Washington Palacios de su cargo como Agente Fiscal a cargo de la UFI N° 1 de Pilar. En 2023 fue destituido también Scapolán, pero no por unanimidad: el único voto en su defensa fue de una senadora del massismo.

El jurado tuvo por acreditado que Palacios llevó adelante conductas demostrativas de un accionar irregular y anómalo, contrario al criterio objetivo que debía guiar su función, extralimitándose en sus atribuciones fiscales con la intervención de otras personas.

Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español fueron condenados a cinco años de prisión y cinco años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado.

Se los halló coautores de encubrimiento agravado, partícipes necesarios de falsedad ideológica e instigadores de falso testimonio. La sentencia recrimina que, como auxiliares de la justicia, erosionaron el sistema de administración judicial para fines ilícitos.

El testigo Jaunarena fue condenado a cuatro años de prisión como coautor de encubrimiento agravado (con ánimo de lucro), partícipe necesario de falsedad ideológica y autor de falso testimonio.

El juez, al ponderar la pena, mencionó la ausencia de atenuantes y como agravantes tuvo en cuenta la gravedad institucional de los hechos y la erosión al sistema de administración de justicia: el entrecruzamiento de vínculos ilícitos; la participación de más de tres personas; la instrumentalización de una persona en situación de vulnerabilidad y el uso del aparato judicial y de la función fiscal con fines espurios.