Está cada vez más cerca el juicio oral contra los herederos de Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2009 y quien recibía, según la investigación judicial de los cuadernos de las coimas, los bolsos con los sobornos de los empresarios en el departamento de la expresidenta en Recoleta.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Carolina Pochetti, la “viuda millonaria” de Muñoz, por el delito de lavado de dinero y embargó sus bienes por la suma de 38 millones de dólares. Lo mismo hizo con Franco Muñoz, hijo del exsecretario presidencial, embargado por 11 millones de dólares.

Al resto de los 20 acusados, entre los que están parientes suyos, abogados, testaferros y gestores inmobiliarios, les confirmó el procesamiento y los embargó en total por 412 millones de dólares.

La magnitud del monto de los embargos da una idea del monto del dinero lavado por Muñoz y su familia, cuando sacó del país al menos 70 millones de dólares y los invirtió en 16 lujosas propiedades en Miami, dos en Nueva York y luego ideó la construcción de un complejo turístico en un terreno costero de 16 hectáreas en las paradisíacas islas Turks and Caicos, del Caribe, para construir un inmenso resort de playa.

Este caso, en manos del juez federal Julián Ercolini, es un desprendimiento del expediente principal de los cuadernos de las coimas, ya elevado a juicio oral, donde el chofer Oscar Centeno contó cómo trasladaba a los exfuncionarios kirchneristas que recogían coimas de empresarios en bolsos y en ocasiones lo llevaban al departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta, donde los recibía el propio Daniel Muñoz.

Ahora, la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó 22 procesamientos, cambió algunas calificaciones, dispuso la falta de mérito a cuatro personas y sobreseyó a otras seis.

Con este paso dado, el camino está despejado para que el juez Ercolini eleve el caso a juicio oral y público, y se terminen de decomisar estos bienes de la corrupción, algunos de los cuales están congelados, como los lotes caribeños.

Además de estos bienes en el exterior, Muñoz y su banda lograron lavar en la Argentina más de 100 millones de dólares, pues se descubrieron a nombre del exsecretario presidencial 113 propiedades inmuebles a lo largo del país, que incluyen dos estancias en Santa Cruz, una de ellas de 20.000 hectáreas, complejos de cabañas en Villa La Angostura, El Calafate y San Martín de los Andes, inmuebles en Río Gallegos, edificios de cocheras, casas y departamentos en Buenos Aires.

La lista de propiedades, máquinas viales, camiones, pickups, camionetas importadas, autos de alta gama, hoteles, terrenos, departamentos, cabañas y estancias ocupa 209 páginas tamaño A4, cuerpo 12.

La justicia sospecha que estos fondos no eran una “mexicaneada” de Muñoz a sus jefes, sino que el secretario adjunto, luego secretario privado y finalmente asesor presidencial con cargo y jerarquía de secretario de Néstor y Cristina Kirchner sería el testaferro de alguien más.

La Justicia basa sus sospechas en la declaraciones del exministro de Economía de Santa Cruz Juan Manuel Campillo. Afirmó que cuando Muñoz murió, en 2016, le dio a entender que ese dinero lavado en el exterior era de Néstor y Cristina Kirchner.

“Cuando me refiero a sus legítimos dueños, si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobreentendido y estaba ‘en el aire’ que eran de Néstor y Cristina. Yo le repetía, reintegrarlos te solucionan todos los problemas”, contó Campillo en su declaración como arrepentido, en 2018, ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas.

Ahora, la Cámara Federal ratificó los procesamientos de Pochetti como coautora del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza. Lo más llamativo es que se amplió el embargo sobre sus bienes y dinero hasta la impactante suma de 50.000.000.000 de pesos, lo que equivale a unos 38 millones de dólares al cambio oficial.

Pochetti está implicada en la trama por su presunta intervención en diversas operaciones ilícitas. La investigación determinó que, junto a el abogado Miguel Plo, a María Jesús Plo y Federico Zupicich, se reunió en julio de 2016 con abogados del estudio jurídico “Karam & Missick” en las Islas Turks and Caicos para avanzar con la construcción de megaresort hotelero donde los cuartos iban a cobrarse entre 500 y 1000 dólares la noche.

Además, está acusada de ser testaferro en distintas operaciones ilícitas, integrando sociedades utilizadas como pantallas o actuando como apoderada, como en el caso de las empresas Malabia 1741 SA y de Particular Group.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Daniel Omar Blanco, tío de Carolina Pochetti y hermano de Blanca Blanco, la exdiputada nacional por Santa Cruz y exesposa del exgobernador Daniel Peralta.

También fue procesada Stella Marys Blanco, hermana de la exdiputada Blanca Blanco, implicada como prestanombres en operaciones nacionales e internacionales.

Se confirmó el procesamiento de Daniel Roberto Eloy Bona, titular del estudio contable Pablo & Asociados; Alejandrina Pochetti, hermana de la viuda de Muñoz; Pablo Martín Raies, su exesposo, y Fausto Alejandro Machado, chofer de Muñoz. Se cree que Eloy Bona asesoró a Raies.

Quedó confirmado el procesamiento de Carlos Temístocles Cortez, ligado con el “Grupo Llaneza/Autofarma” y con transferencias de fondos ilícitos en Suiza; y el de Gustavo Sergio Dorf, aunque se ordenó una pericia contable para esclarecer la capacidad económica de sus empresas.

También quedó firme el procesamiento de Peter Michael Karam, Turks and Caicos, asesor en las inversiones playeras, pues quedó confirmada su intervención como abogado en la adquisición de las parcelas en el Caribe.

Quedaron con procesamiento firme Leonardo Daniel Llaneza y Rubén Horacio Llaneza, implicados en inyección de fondos ilícitos en el rubro farmacéutico y la adquisición de “San Up SA”, y Gregorio Sebastián Ludman, hombre de confianza de Muñoz en Neuquén para estructurar el espectro empresarial.

Se mantuvieron los procesamientos de Elba Diamantina Municoy y Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy, implicadas en operaciones inmobiliarias para lavar plata con la compra venta de propiedades, donde Elba actuaba como prestanombre.

Quedó con procesamiento firme Franco Daniel Muñoz, que enmascaró la presencia de su padre en empresas como Cayuqueo SA y Combsur SA, donde actuó como su testaferro.

Se confirmaron los procesamientos de Fernando Martín Herrera y Marcelo Adrián Timpanaro, locatarios y explotadores de estacionamientos comerciales, y de Susana Noemí Muñoz, que actuó en representación de Madaco SA y como apoderada en la compra de inmuebles.

La misma suerte corrió Alejandro Maximiliano Raele, que gestionó fondos de la organización a nivel nacional e internacional a través de la empresa Financlass SRL; de Mauro Gabriel Profético, que administró cocheras y prestó su nombre para canalizar fondos espurios, y de Ricardo Fabián Barreiro, conocido como el jardinero de los Kirchner. Se le atribuye la adquisición de numerosos bienes, desproporcionados a su patrimonio, aunque solo como partícipe.

Otro tanto ocurrió con Fausto Alejandro Machado, vinculado con Vialsur SA y con Muñoz como su chofer personal, y con Roberto Néstor Sosa, que participó en diversos negocios como parte del círculo de Muñoz, incluyendo Vialsur SA y MM Servicios SA.

La Cámara revocó varios procesamientos y decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer a algunos imputados. Fueron sobreseídos Amílcar Héctor Acosta, Miriam Norma Barrenechea Isla, Ernesto Antonio Candotti, María Soledad Candotti, Karina Verónica La Porta y Alejandro Daniel Vernet. Y se declaró la falta de mérito de Ricardo Leandro Albornoz, Jorge Marcelo Ludueña, Pablo Alejandro Buscaglia y Andrés Mercuri.

Los camaristas enfatizaron la importancia de los embargos millonarios, pues el foco está puesto en condenar la corrupción pero también recuperar los activos producto del delito.

El tribunal ratificó que se busca la reparación del perjuicio, el cumplimiento de la pena de multa, el pago de las costas del proceso y el decomiso de los bienes relacionados con el delito.

Los montos fijados, aunque elevados, se consideran proporcionales a la magnitud de los hechos investigados, la responsabilidad y el grado de participación de cada imputado, y la complejidad de las maniobras de lavado de activos.