⁠La Casa Rosada busca destrabar las negociaciones por los aranceles al acero para cerrar el acuerdo comercial con los Estados Unidos. En Balcarce 50 le atribuyen la dilatación de la firma del documento a las trabas para reducir los gravámenes de importación sobre ese producto, que la administración norteamericana elevó hasta un 50% junto al aluminio.

El Gobierno apunta a que Javier Milei firme una baja de aranceles recíprocos con Donald Trump en el salón Oval de la Casa Blanca, que visitará el martes 14 de octubre. En el Ministerio de Economía argumentan que los detalles técnicos ya están “casi cerrados” y sostienen que es altamente probable que viaje el titular de la cartera, Luis Caputo.

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Hay un sector del Ejecutivo que intentó excluir al acero de los cincuenta productos que incluirá el acuerdo con la intención de acelerarlo, pero los representantes de la Argentina insistieron con su negociación. En Nación no descartan impulsar una baja parcial de los aranceles al producto para concretar la firma.

“Nosotros queremos una baja al 0%, pero si conseguimos que lo reduzcan algunos puntos les podemos sacar ventaja al resto de los países que tienen un 50%”, expresan en Nación. El ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, estuvo reunido este lunes con el titular de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

“En este marco, se acordó que los equipos técnicos continúen trabajando de manera intensiva para culminar las negociaciones en la mayor brevedad posible”, comunicó Cancillería luego del encuentro. Uno de los encargados de llevar las negociaciones por el oficialismo fue el secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne.

El Gobierno trabaja también sobre un refuerzo al régimen de propiedad intelectual, que fue uno de los pedidos de los Estados Unidos para avanzar con el acuerdo arancelario. En Nación sostienen que una parte de las iniciativas para darle mayor protección a las patentes será promovida mediante un proyecto de ley.

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En la Casa Rosada buscan adoptar la legislación a los términos internacionales y apuntan a que la Argentina se incorpore al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PTC) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés). “La idea es hacerlo, pero no tenemos la capacidad de aplicarlo en el corto plazo”, agregan.

En el Ejecutivo insisten también en que el jefe de Estado avanzará en las negociaciones para que el Tesoro de los Estados Unidos -que encabeza Scott Bessent- respalde el pago de deuda de US$4000 en enero y US$4500 en julio. Abarca desde la posibilidad de concretar un swap de monedas por US$20.000 millones hasta el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF).

Casa Rosada, Estados Unidos, aranceles

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El reclamo de los familiares de las víctimas por la masacre vinculada al fentanilo adulterado marcó el tono de la segunda reunión de la Comisión Especial Investigadora. Durante el encuentro, los allegados de quienes perdieron la vida insistieron en que los diputados asuman la investigación con la misma urgencia y dolor que si se tratara de sus propios seres queridos, exigiendo respuestas concretas y señalando la responsabilidad de las autoridades nacionales en el control de la sustancia.

En la sesión, que tuvo lugar al mediodía, participaron familiares de las víctimas, entre ellos miembros de la familia Ayala y de la familia Oviedo. Ambos grupos coincidieron en rechazar la calificación de “tragedia” para lo ocurrido, insistiendo en que se trató de una “masacre”. Uno de los familiares expresó ante los legisladores: “No queremos que trabajen con solidaridad, sino con el dolor que nosotros llevamos”, en un pedido directo para que la comisión actúe con empatía y compromiso.

A lo largo de la reunión, los familiares tomaron la palabra de manera sucesiva. Aunque algunos discursos resultaron más estructurados que otros, todos compartieron la sensación de no estar preparados para enfrentar esa situación y manifestaron su disposición a colaborar con la investigación. La molestia de los presentes se dirigió especialmente hacia el oficialismo, a pesar de que la creación de la comisión contó con el voto unánime de todos los bloques. En particular, los familiares criticaron el silencio del ministro de Salud, Mario Lugano, y reclamaron su presencia en la comisión. “Lugano se está borrando, debería estar acá. Le pedimos a la comisión que lo cite”, exigieron durante la sesión.

La diputada Mónica Fein, presidenta de la comisión, informó a los asistentes que hasta ese momento no se había citado a ningún funcionario y que la decisión sobre las convocatorias se resolvería en las próximas horas. No obstante, las críticas continuaron y se centraron en la diputada del PRO, Silvana Giudici, a quien acusaron de utilizar políticamente las fotografías tomadas junto a los familiares de las víctimas. La legisladora intentó defenderse, pero la intervención de la hermana de uno de los fallecidos la refutó al afirmar que Giudici apoyaba “a un gobierno que recorta y nos deja sin los controles”.

Entre las próximas acciones previstas por la Comisión Especial Investigadora, que tiene mandato hasta el 9 de noviembre, figura una reunión con el juez Ernesto Kreplak, responsable de la causa judicial. Según anticipó Fein, el encuentro con el magistrado está programado para el jueves a las 10:30, con el objetivo de que explique el estado actual del expediente.

La comisión volverá a reunirse el próximo martes. Sin embargo, el diputado Pablo Juliano tomó la palabra y solicitó dos cosas: la primera tenía que ver con la posibilidad de reunirse más de una vez por semana. “Estamos en campaña y estamos debatiendo el presupuesto, pero es un tema muy importante”. El segundo de los pedidos tiene que ver con que los familiares participen de todas las reuniones al respecto. Es decir, que haya una representación de los familiares en cada uno de los encuentros con funcionarios judiciales o del Ministerio de Salud que vayan a tener los diputados.

La investigación judicial, aún abierta, computa 87 personas fallecidas. En las últimas semanas también se hizo referencia a otros nueve casos de personas fallecidas que podrían haber sido como consecuencia del uso del opiáceo sintético infectado con bacterias.

La pesquisa judicial busca determinar quiénes fueron los responsables de la contaminación. Las sospechas de los investigadores se centran en 24 personas que se desempeñaban en los laboratorios involucrados, Y ya hay varios detenidos, empezando por sus dueños, el empresario Ariel García Furfaro y su socio Jorge Salinas.