POLITICA
Confirmaron procesamientos a exfuncionarios, empresarios y dos firmas constructoras en una causa por sobornos en obras viales
La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de once personas y dos empresas constructoras en una causa que investiga sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos en la que están involucrados exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Los procesamientos fueron dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello. Firmaron el fallo de la Cámara Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico (que hizo un voto propio).
Un dato central de este expediente es que se procesó a dos sociedades anónimas (y no solo a sus representantes). Son Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. Se trata de una de las primeras investigaciones que aplican la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, en un caso de sobornos.
Casanello ya había procesado a los principales imputados, pero el 7 de septiembre pasado, la Sala II de la Cámara Federal había revocado esa decisión y le había ordenado al juez “evaluar nuevamente” los pedidos de medidas de prueba de las defensas. El juez relató en su fallo que dispuso nuevas medidas (incluidos peritajes, informes técnicos y declaraciones de testigos), afirmó que esos elementos “echaron luz sobre los interrogantes planteados”, volvió a procesar a los acusados alcanzados por su fallo anterior y sumó a nuevos procesados.
Esta vez, la Cámara confirmó lo decidido por Casanello y dejó a los acusados (incluidas las empresas) a un paso del juicio oral.
Los camaristas Irurzun y Farah dijeron: “La incorporación de nuevos elementos a la causa permite superar el déficit del cuadro preexistente y afirmar provisoriamente la existencia de los hechos y la asignación de responsabilidades, pues son diversos los indicios que -sumados a la prueba ya existente- refuerzan las sospechas sobre las distintas aristas concatenadas del evento (el falseamiento, el fraude y los sobornos)”.
En cuanto a las empresas, Farah e Irurzun sostuvieron que los beneficios de los presuntos delitos no fueron sólo para los empresarios, sino también para las compañías. Afirmaron: “Las comunicaciones frecuentes entre los directivos de las firmas contribuyen también a presumir que no se trató de eventos que no se gestaran y beneficiaran a título exclusivamente personal de las más altas autoridades, sino que hubo un determinado nivel de anuncia y beneficio de la sociedad como tal”.
Los camaristas destacaron “la organización defectuosa” de las empresas, por ejemplo, en cuanto a “la ineficacia de sus programas de integridad”.
La historia del caso
La causa se inició el 18 de diciembre de 2017 por una denuncia del entonces Administrador General de la DNV, Javier Iguacel, contra funcionarios del organismo que debían supervisar la ejecución de obras viales en Córdoba y Buenos Aires. Los hechos bajo investigación sucedieron en 2017 y 2018.
En esta causa fueron determinantes los testimonios de dos agentes estatales: una auditora que inspeccionó las obras y advirtió que se estaban pagando trabajos no hechos (pese a que, según pruebas reunidas en el expediente, intentaron engañarla escondiéndole datos y borrando de urgencia información para que ella no la viera) y un supervisor de obra de Vialidad a quien –de acuerdo con su relato- su jefe quiso convencer de que se sumara a la maniobra, pero él se negó.
El jefe en cuestión es Guillermo Crisci, que aparece vinculado a los tres hechos que se investigan en esta causa. Los dos primeros son por presuntos pagos indebidos a empresas a cargo de obras en la Ruta Nacional N° 19, en Córdoba, en el tramo II: “Cañada Jeanmarie-Arroyito” y en la misma ruta, en el tramo siguiente: “Arroyito-Río Primero”. El tercer hecho es un supuesto pedido de sobornos a otros contratistas a cambio de facilitarles el desarrollo de los trabajos de construcción que estaban haciendo en la obra vial ejecutada en el tramo Pergamino-Fontezuela de la Ruta Nacional N° 8.
Las presuntas maniobras vinculadas a las obras en la Ruta 9 consistían fundamentalmente en hacer terraplenes más bajos que lo que declaraban. El Estado, entonces, pagaba de más y las empresas retribuían con “retornos” a los funcionarios. ¿Cómo lo hacían? Contratando a otras empresas que eran de prestanombres de los funcionarios en cuestión –una de ellas, la mujer de Crisci-, según la hipótesis que sostuvo Casanello en su fallo, firmado el 13 de diciembre pasado.
“Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata”, le habría dicho Crisci al supervisor de obra que debía fraguar el documento que consignaba la altura del terraplén. Crisci, que lo había designado en el puesto, disconforme porque su empleado no quería sumarse, le habría dicho –según declaró el testigo-: “Así como te puse, te saco”.
La lista de los procesados incluye a los exfuncionarios Crisci (excoordinador ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de la DNV), Fernando Mardiza (supervisor) y Ernesto Leal (topógrafo, que a diferencia de los otros dos exfuncionarios, no fue procesado por cohecho sino solo por fraude y falsificación de documento). También incluye a tres directivos de las empresas constructoras (Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández), a las dos personas jurídicas, a trabajadores de menor rango dentro de las empresas y a quienes actuaron como presuntas “personas interpuestas” de los funcionarios en el cobro de las dádivas, incluidas las esposas de Mardiza y Crisci.
Casanello procesó a Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y a Luis Losi S.A. por el delito de cohecho activo y ordenó trabarles un embargo de $632.381.436,96.
El juez hizo alusión en su fallo a las particulares características de los casos de corrupción y cómo deben investigarse. “Las investigaciones de delitos de corrupción demandan la tarea de hilar una sucesión de circunstancias fácticas (previas, contemporáneas y sucesivas al hecho delictivo) que inicialmente, vistas en forma individual, pueden parecer inconexas e incluso lícitas. No obstante, sometidas a un abordaje sistémico que contemple detenida y exhaustivamente las distintas aristas del caso, permiten develar un trasfondo de intereses espurios alineados a partir de la coordinación de aportes fragmentados, atendiendo a las privilegiadas posiciones que ocupan los actores involucrados, tanto dentro de la administración pública como desde el sector privado”, afirmó el juez.
Según Casanello, “detener el examen en esa mera superficialidad asegura el fracaso de toda investigación sobre este tipo de criminalidad compleja” y “lo mismo cabe decir en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas y sus sistemas de compliance, donde el análisis no puede reducirse a la sola existencia de procedimientos y rituales”.
El juez destacó además que ”la mecánica de los hechos de corrupción” investigados en esta causa tiene muchas semejanzas con las otras investigaciones de criminalidad compleja que “tuvieron como principales actores a altos funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (designados a lo largo de diferentes gestiones)”. Esto, a su juicio, revela “posibles problemas estructurales y fallas en la prevención” de los delitos en la órbita de Vialidad.
POLITICA
Fuerte reclamo de Jorge Macri a Axel Kicillof de pago de $27.000 millones por la atención de bonaerenses en situación de calle en CABA
Jorge Macri le exigió a Axel Kicillof el pago de $27.000 millones por la atención de los bonaerenses en la Ciudad. El reclamo se basa en un cambio legal que determinó que las provincias son responsables de las personas en situación vulnerable y en riesgo. El mandatario porteño le envió un fuerte mensaje al gobernador bonaerense: “Es hora de que se hagan cargo”. El reclamo se basa en un cambio legal que determinó que las provincias son responsables de las personas en situación vulnerable y en riesgo.
Jorge Macri hizo el anuncio a través de su cuenta de X, en un fuerte mensaje dirigido a Kicillof: “Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo”.
El reclamo formal lo hicieron los ministros de Desarrollo Humano de CABA, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo Piragine, a su par de Economía bonaerense, Pablo López, con la referencia: “Reclamo por deudas que en materia de asistencia social mantiene la Provincia de Buenos Aires con la Ciudad”. La exigencia es “en relación a la deuda histórica que la provincia de Buenos Aires mantiene en materia de asistencia social con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El documento destacó que “en el marco de la política pública de la Ciudad orientada a la atención y acompañamiento de personas en situación de calle, la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS) que funcionan las 24 horas del día durante los 365 días del año y brindan atención integral (alimentación, servicios de higiene. atención psicológica, etc.)”.
La nota mencionó que “a través de la ley 27.654, se establecen los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle” y que la norma “fue modificada a través del Decreto 373/2025 del Gobierno Nacional, donde se detalla que las provincias son responsables inmediatas de la atención de personas en situación de calle y en riesgo de sus jurisdicciones”.
Mencionaron que “de la población total asistida en estos CIS, al menos 2327 personas son residentes de la Provincia de Buenos Aires”: “La prestación integral de la asistencia referida implica un costo mensual por persona de $51.163.135, lo que representa para esta jurisdicción un costo total de $527.066.151.450, considerando el período transcurrido desde la entrada en vigencia del Decreto 373/2025″.
Destacaron que “la erogación mencionada se solventa con recursos de la Ciudad, provenientes del esfuerzo de los porteños y genera un ahorro para la Provincia de Buenos Aires», lo que advirtieron que “implica un perjuicio para los residentes de la Ciudad ya que, dichos recursos se podrían destinar a reforzar el presupuesto de otras áreas del Gobierno de la Ciudad”.
Concluyeron: “Por todo lo expuesto, se insta al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires a disponer la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos, incluidos los que se generen en adelante, sin perjuicio de la deuda correspondiente a períodos anteriores».
Jorge Macri, Axel Kicillof
POLITICA
Israel le agradeció a Milei la decisión de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista
En otra señal de las estrechas relaciones entre ambos gobiernos, la Cancillería de Israel le agradeció al presidente Javier Milei la decisión de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, comunicada ayer por la Casa Rosada.
“Agradezco al presidente de Argentina, Javier Milei, su decisión, en la víspera de la fiesta de la libertad, de declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista”, escribió en sus redes sociales el canciller israelí Gideon Sa’ar. “Esta decisión se suma a su declaración de Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas y sitúa a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista Iraní y sus proxys”, completó.
Ayer, y en medio de la escalada en la guerra de Medio Oriente, el gobierno de Milei anunció que la Guardia Revolucionaria de Irán será incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
“Con esta decisión, el presidente Millei −uno de los líderes más destacados de nuestra generación− demuestra una vez más claridad moral y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la lucha contra sus enemigos», destacó Sa’ar.
Antes, el canciller de Benjamin Netanyahu había recordado que «Argentina también fue blanco de la violencia asesina del régimen Iraní, en los graves atentados terroristas contra la Embajada de Israel en 1992 y contra el centro comunitario judío (AMIA) en 1994″.
La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores de los pasdarán.
Su poder económico también es fuerte, ya que un tercio de la economía del país depende de compañías que controla la Guardia Revolucionaria. Es el principal enemigo de Israel y Estados Unidos en la guerra que ya lleva un mes de existencia para evitar el desarrollo de armas nucleares de parte de la República Islámica.
Su incorporación al RePET implica no solo que son declarados una organización terrorista, sino que también establece consecuencias para la Guardia Revolucionaria.
Tras su incorporación, se puede disponer el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, lo que incluye cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro recurso económico que esté bajo su control. Esto significa que la organización pierde la disponibilidad sobre sus fondos en la Argentina.
También prohíbe la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional. Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.
La decisión del Gobierno argentino ocurre mientras se intensifican los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. El presidente Javier Milei se plantó en América Latina como uno de los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sus dos principales socios internacionales. Incluso habló sobre la guerra en uno de sus discursos y afirmó: “Vamos a ganar”.
Además, se declaró el mandatario “más sionista del mundo” y proclamó a Irán públicamente como “enemigo”. Allí mencionó el vínculo de la república islámica con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.
Esto último tiene relación fundamental con la decisión de la gestión libertaria. A principios de marzo Irán designó como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994. Ahmad Vahidi tiene un pedido de captura de Interpol desde 2007 después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el ataque en el que murieron 85 personas.
Vahidi había sido ministro de Defensa de Irán desde septiembre de 2009 hasta agosto de 2013, y ministro del Interior desde agosto de 2021 hasta agosto de 2024. También ascendió en las filas de las fuerzas terroristas Al-Quds, una unidad de élite dentro de la Guardia Revolucionaria que comandó de 1988 a 1998. En esta fuerza participó de actividades terroristas a nivel mundial.
El grupo de los acusados y reclamados por el Estado argentino ante la Justicia internacional lo completan el expresidente de Irán, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani; los exministros Ali Fallahijan y Ali Akbar Veleyati; el excomandante Moshen Rezai; el exjefe de Seguridad Exterior, Imad Fayez Moughnieh; el exconsejero cultural de la embajada, Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.
la escalada en la guerra de Medio Oriente,Irán,pic.twitter.com/ds0Jx5mXIm,April 1, 2026,Israel,proclamó a Irán públicamente como “enemigo”,un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994,Irán,Guerra en Medio Oriente,Javier Milei,Conforme a,,Visibilidad. La Iglesia respalda el reclamo de las instituciones jaqueadas por la crisis del sector de discapacidad,,»Ruidazo» y clases públicas. Dirigentes de izquierda y estudiantes protestan enfrente de la casa de Adorni en Caballito,,Reclaman por un plan social. Protesta piquetera frente al country en el que Adorni tiene una de sus propiedades,Irán,,»Es falso». La reacción de Irán tras los dichos de Trump sobre el pedido del alto el fuego,,Sin apariciones públicas. Mojtaba Khamenei envió un fuerte mensaje de apoyo a Hezbollah en medio de los ataques,,Parte de guerra, día 33. Conflicto en Medio Oriente: todo lo que hay que saber
POLITICA
Vigilia por Malvinas: el peronismo prepara una foto de un frente opositor a Milei que incluye a tres gobernadores
Referentes de distintos sectores del peronismo se reunirán este miércoles por la noche en Tierra del Fuego para conmemorar la vigilia del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El gobernador fueguino Gustavo Melella encabezará el evento e invitó a sus pares de La Rioja, Ricardo Quintela y Buenos Aires, Axel Kicillof; quienes arribarán en horas de la tarde al territorio patagónico.
Se espera que la vigilia también sirva para componer una foto que sustente el armado opositor nacional de cara al 2027. Un espacio que por el momento comparte conversaciones cruzadas, diagnósticos diversos y agrupa nombres ya conocidos: Miguel Pichetto, Sergio Massa, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Guillermo Moreno.
Los sectores del Partido Justicialista buscaban señales de cohesión en torno al acto del 2 de abril en Río Grande. La vicepresidenta Victoria Villarruel no participará de la vigilia, aunque sí del acto oficial el jueves 2 de abril en Usuahia, como ocurrió en otras oportunidades. La decisión de no estar en la vigilia descomprimió al interior del peronismo, ya que la figura de la vicepresidenta —hoy fuera del esquema de Milei— es considerada por algunos referentes peronistas.
En tanto que la presencia de Axel Kicillof es leída como el punto de partida de su propia construcción federal, con recorridas por fuera de la provincia de Buenos Aires. Si bien en su entorno admiten que eso sucederá luego del Mundial 2026, que empieza el 11 de junio y termina el 19 de julio, este miércoles por la noche el mandatario bonaerense estará en el centro de la escena. De hecho, ya encabezó un primer acto por fuera del territorio que gobierna: lanzó su espacio -el Movimiento Derecho al Futuro- en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado MDF Ciudad, cuyo armado es del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.
Como adelantó Infobae, días atrás, cuando Kicillof confirmó su presencia en Tierra del Fuego, también criticó la gestión de Javier Milei. “El Gobierno le está haciendo mucho daño a la soberanía nacional. Votamos en contra de la posición de países africanos que siempre han acompañado los reclamos de Argentina con respecto a las Islas Malvinas. Cada decisión que toma Milei tiene un costo altísimo”. El bonaerense irá escoltado funcionarios cercanos como el ministro de Seguridad, Javier Alonso o el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
En la vigilia de Río Grande, antesala del acto oficial previsto en Ushuaia, la lista de invitados incluye a la diputada Victoria Tolosa Paz, promotora de un armado peronista federal, las legisladoras cercanas a Massa Cecilia Moreau y Sabrina Selva, el sindicalista Hugo Moyano (hijo) alineado con Kicillof y Hugo Yasky; también del MDF. Además habrá presencia cristinista con la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora y Natalia Zaracho, vinculada a Juan Grabois.
La amplitud en la convocatoria refuerza la imagen de recomposición entre espacios que, en los últimos meses, buscaron superar tensiones pasadas, como lo evidenció el acercamiento del gobernador Ricardo Quintela a Cristina Kirchner tras diferencias en la conducción del PJ.
La foto de hoy podría empezar a ordenar el espacio que vive atravesado por la interna entre el kirchnerismo y Kicillof, que tiene intenciones de ser candidato en 2027. Cómo ordenar el escenario es parte de esa discusión. Sectores del peronismo consideran que Cristina Kirchner podría impulsar una candidatura alternativa a la de Kicillof, como la del exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien ha elevado su perfil nacional en las últimas semanas. La vigilia empieza a las 20 horas
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