POLITICA
Conflicto en el Garrahan: Carrió volvió a la carga contra Lugones y lo denunció por abandono de persona
La jefa de la la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, sigue en pie de guerra contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y este martes presentó una ampliación de la denuncia en su contra por abandono de persona, debido a la situación de los últimos días en el Hospital Garrahan.
El fiscal Guillermo Marijuan ya lo imputó a Lugones el lunes por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en esta causa, impulsada por Carrió en octubre de 2024, cuando Lugones decidió remover por completo al Consejo Directivo del centro pediátrico, luego de que sus representantes otorgaran un bono a los trabajadores sin consultar con su cartera.
Para Carrió, que firmó la denuncia con la diputada nacional de su espacio Marcela Campagnoli esa decisión del ministro fue arbitraria y contraria a la normativa. Habló en ese primer pedido de un “encono personal del ministro y las autoridades del Ejecutivo posiblemente motivados en evitar un efecto contagio en los reclamos salariales” en el resto de los hospitales que dependen de Nación.
Entonces, ayer Marijuan hizo lugar a esa solicitud inicial, efectuó la imputación y solicitó una serie de medidas: que se reporte en cinco días un organigrama completo de las autoridades del hospital, con indicación de sus cargos funciones y dependencias; un informe sobre la integración del Consejo de Administración antes y después de octubre; y copias de las resoluciones adoptadas por el consejo para la entrega de ese bono de la polémica.
A 24 horas de esa medida judicial, este martes Carrió amplió la denuncia contra Lugones, acompañada por Campagnoli y el legislador porteño, también de la CC-Ari, Hernán Reyes. Es por la posible comisión del delito de abandono de persona respecto de los niños y niñas, pacientes del Hospital Garrahan, que se vieron afectados en los últimos días por la falta de respuesta de las autoridades nacionales a los médicos residentes que pedían recomposición salarial.
“Lo que sucede con el hospital es un crimen moral sustentado en el ajuste cruel efectuado a costa de aquellos más vulnerables y más desprotegidos. El Estado tiene la obligación constitucional y convencional de velar por sus derechos humanos. Esta irracionalidad en el recorte del servicio de salud de niños enfermos, en las prestaciones para los niños y personas con discapacidad, y en el sistema social de nuestros jubilados revela una vez más la política de la crueldad de este gobierno”, se quejó Carrió en su red social X y le habló directamente a Javier Milei: “Señor Presidente, con los débiles, con los niños enfermos, con los jubilados, con las personas y niños con discapacidad, no”.
En tanto, en el texto de la denuncia, Carrió y los suyos consideraron que el recorte al Garrahan es “incoherente” con las nuevas necesidades sociales, que producen un incremento del gasto de las personas en salud.
Asimismo, señalaron que Lugones durante toda su gestión llevó a cabo prácticas “contrarias” a lo que manda la normativa, sin velar por el funcionamiento adecuado del sistema, sino simplemente con la intención de reducir costos. “En modo alguno obra con la idoneidad necesaria para su cargo, sino simplemente que opera como un mero gestor administrativo, que debe recortar costos. Así, termina violando principios rectores de la Ley de Ética Pública, como también la propia Constitución Nacional, al no garantizar la salud de los pacientes”, remarcaron.
Además, solicitaron una serie de medidas de prueba:
En eso, Carrió también reclamo la intervención “inmediata” de la Defensoría de la Nación, a través de la Defensoría de Menores e Incapaces.
“La denuncia apunta a Lugones como responsable por abandono de persona e incumplimiento de sus deberes como funcionario público. En el Garrahan se atienden cuadros muy complejos de salud, no se puede vulnerar ese derecho”, exclamó, por su parte, Campagnoli.
”Hace 18 meses que están en el poder [los libertarios]. Si creían que había ñoquis, hubieran auditado el hospital“, marcó, en Radio Futuröck, y adelantó que promoverán acciones en los próximos días por la situación compleja que también atraviesan los sectores de la discapacidad y los jubilados.
La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza este jueves una huelga nacional que afecta los servicios públicos en respuesta al debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El sector de los conductores de colectivos y otros rubros del transporte paraliza sus tareas habituales en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias.
El funcionamiento de los ómnibus este jueves depende de la prestataria de cada línea. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó su adhesión al cese de actividades a pesar de la vigencia de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano el pasado 11 de febrero. La parálisis de las terminales de corta, media y larga distancia es mayoritaria en casi todo el territorio nacional.
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La empresa DOTA decidió no sumarse a la protesta nacional. Esta determinación permite la circulación de sus unidades en diversos recorridos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El resto de las firmas permanece de paro por la convocatoria gremial que la central obrera anunció días atrás. La CGT brindará precisiones sobre el alcance de la medida en una conferencia de prensa a las 16 en su sede de la calle Azopardo.
La huelga nacional cosecha este jueves una adhesión casi total de los gremios del transporte. No circulan trenes de ninguna de las líneas metropolitanas ni de larga distancia. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad suspendieron sus servicios desde el primer minuto de este jueves.
El servicio de subte y Premetro también permanece interrumpido por la adhesión de los Metrodelegados a la jornada de protesta. Las estaciones de trasbordo lucen vacías y con sus accesos cerrados al público. La actividad aérea sufre importantes irregularidades: Aerolíneas Argentinas informó que la cancelación de 255 vuelos afecta a más de 31.000 pasajeros en toda su red. La firma mantiene 100 vuelos operativos gracias a su propio servicio de handling en gran parte de las terminales del país.
La jornada comenzó con focos de conflicto en las principales autopistas. Trabajadores de la planta de neumáticos Fate cortaron la autopista Panamericana ramal Tigre a la altura de la calle Uruguay. El reclamo surgió tras el anuncio del cierre de la producción y el despido de 900 empleados. Efectivos de Gendarmería Nacional desplegaron un operativo para liberar la traza.
Otros bloqueos ocurrieron en la autopista Buenos Aires-La Plata y en el Puente Pueyrredón. Organizaciones sociales y partidos de izquierda se desmarcaron de la conducción de la CGT y realizaron manifestaciones activas. Las fuerzas federales desalojaron el acceso desde Avellaneda antes de las diez de este jueves para normalizar la circulación vehicular. En el Puente La Noria también se registraron interrupciones totales por parte de manifestantes que rechazan el proyecto de ley oficialista.
El personal de salud garantiza únicamente las guardias mínimas en los centros asistenciales durante este jueves. Los empleados del sector sanitario integran el grupo de las organizaciones gremiales con cese de actividades activo por la jornada nacional de protesta. Rodolfo Aguiar, secretario de ATE, ratificó la participación de los trabajadores en los hospitales públicos. El sindicato también mantiene una fuerte presencia en más de 800 municipios del país. Los rubros de comercio, turismo y hotelería también interrumpieron sus tareas habituales en adhesión al reclamo de la central obrera.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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POLITICA
Del Congreso al PJ Bonaerense: el peronismo busca cerrar sus grietas ante una marcada pérdida de poder
El peronismo volvió a atravesar una semana complicada en el Congreso. Esta vez la derrota fue en la Cámara de Diputados, donde, como suele ocurrir cuando los proyectos se encaminan a su aprobación, la oposición se quedó con los discursos, los reproches y los enojos, mientras que el oficialismo obtuvo los votos y el triunfo. Eso ocurrió al límite entre jueves y viernes en la Cámara baja, cuando el gobierno nacional aprobó la reforma laboral y celebró la impotencia de su rival.
La unidad de la oposición más firme alcanzó 115 votos, en medio de una sucesión de gritos, cruces y maniobras en el barro legislativo. El bloque de Unión por la Patria (UP) estuvo cerca de hacer caer la sesión por un descuido de La Libertad Avanza (LLA) que, entrada la noche y tras varias horas de debate, dejó sin quórum la sesión. Un error de principiante que sigue mostrando las falencias en la gestión de recursos parlamentarios del espacio libertario. Al oficialismo lo salvaron la experiencia de Luis Petri y Silvana Giudici, que lograron ganar tiempo para que los propios regresaran al recinto.
El bloque peronista intentó por todos los medios frenar la reforma laboral, pero chocó con sus propios límites. Al igual que en el Senado, volvió a pesar el pasado: la derrota electoral del año anterior. Menos votos en las urnas, menos manos en el Congreso. La lógica es directa. Además, se sumó el apoyo de gobernadores del propio espacio político que están cada vez más distanciados del bloque mayoritario del peronismo, como los catamarqueños y tucumanos que responden a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente.
El respaldo, ya sea por el quórum o por los votos afirmativos, de esos mandatarios, junto a los de Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), le dio al Gobierno la posibilidad de consolidar su estrategia y aprobar la ley. “De eso no se vuelve. Van a tener que explicar en sus provincias lo que avalaron. Ahora o más adelante, pero lo van a tener que explicar”, advirtió un diputado peronista sobre la postura de los gobernadores.
La advertencia sobre el futuro no es casualidad. El peronismo de UP está dispuesto a mantener en el centro de sus cuestionamientos internos lo que los legisladores de esos sectores votaron. “Atacaron la base de nuestra fuerza política que son los trabajadores. Cruzaron un límite”, reflexionó una senadora nacional que fue de las más vehementes al criticar el proyecto. La dirigencia peronista apunta a los propios mientras intenta comprender por qué las mayorías, entre ellos muchos trabajadores asalariados, dejaron de acompañarlos.
Las tensiones actuales tendrán impacto en el corto plazo, cuando las distintas tribus del peronismo busquen construir una alternativa nacional. En la oposición prevén que la mayoría de los gobernadores desdoblarán los comicios, por lo que cada elección provincial será una batalla particular para el PJ, que enfrenta un panorama adverso para recuperar poder territorial.
El kirchnerismo activó rápidamente una cacería de brujas en el peronismo del interior. Busca separar, con el argumento del apoyo a Milei, a quienes consideran que traicionaron los valores de la oposición y a quienes, por haber avalado reformas profundas como la laboral, no pueden ser parte de un futuro armado. “Después se quejan de que CFK les interviene el partido, pero votan todo a favor de Milei, cuando entraron al Congreso en representación del peronismo”, afirmaron cerca de la ex presidenta.
Más explícita fue la diputada santafesina Florencia Carignano, quien aseguró que “Cristina Kirchner nunca traicionó a los laburantes” y advirtió que si hubiese hecho “lo que hizo Jalil”, entonces “no estaría presa, porque lo más fácil es entregarse al poder”. El kirchnerismo volvió a señalar a los gobernadores de Tucumán y Catamarca como traidores, y trazó una línea clara entre ellos y los peronistas que apoyaron a Milei.
El sector más duro del peronismo dejó varias advertencias durante la semana. Durante la sesión de labor parlamentaria en el Senado, la riojana Florencia López se dirigió a Patricia Bullrich y, a las pocas horas de sancionada la reforma laboral, le dijo: “El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como hicieron antes”. Pensando en el futuro, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó que si el peronismo regresa al poder en 2027, lo primero será “derogar y eliminar esa ley”.
Por momentos, la división interna cambió de eje. La disputa dejó de ser entre el kirchnerismo y Kicillof, para pasar a estar entre el sector de los kirchner y los gobernadores del interior. El mandatario bonaerense no intervino en esa disputa. Tampoco lo hizo nadie de su espacio. No pretende dar esa pelea interna. Prefiere posicionarse como principal opositor, lo que dirige la atención hacia su figura.
En simultáneo a la crisis legislativa, el peronismo bonaerense cerró un acuerdo de unidad en las listas del PJ de la provincia. Se oficializaron los consejeros y autoridades que tendrá el partido bajo la conducción de Kicillof. Un punto de encuentro que disipó algunas tensiones y marcó un pacto de no agresión por unos días.
Los consejeros por rama quedaron equilibrados entre el kicillofismo y el cristinismo. Una forma de evitar una escalada de tensión. Ingresaron nombres vinculados al Gobernador como Verónica Magario, Fernando Espinoza, Mariano Cascallares, Walter Correa, Alberto Descalzo, Gustavo Barrera y Mauro Poletti; y otros de la línea de CFK como Federico Otermín, Marisa Fassi, Karina Menéndez, Santiago Révora, Mayra Mendoza y Fernanda Raverta.
La tregua en la construcción del nuevo PJ fue la única noticia positiva para el peronismo en la última semana. En la práctica, implica algunos días de calma y el ordenamiento del partido y los principales espacios de poder detrás de la conducción política de Kicillof. Una pelea interna menos para afrontar. Quedan otras pendientes, como la definición de tres cargos clave en el Senado provincial: la vicepresidencia primera, la secretaría administrativa y la jefatura del bloque justicialista.
El peronismo atraviesa días difíciles, en los que percibe la falta de poder y, al mismo tiempo, no encuentra el camino para construir un nuevo espacio político. Mientras tanto, el tiempo avanza y Milei afianza la gestión política de su gobierno, hoy menos conflictiva que el año pasado.
Axel Kicillof
La Reforma Laboral entra hoy en Diputados, después de la media sanción que logró en la Cámara Alta. Muchas personas se preguntan cuándo comenzará el debate y a qué hora se votará.
En rechazo a esta ley, la CGT convocó a un paro general al que se adhirieron distintos gremios. En este sentido, muchos servicios, como el transporte, la salud y los bancarios, no estarán disponibles este jueves.
El debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados está pautado para este jueves 19 de febrero, desde las 14 horas. Esto se debe a que ayer el bloque libertario se aseguró el dictamen de mayoría, con 44 firmas del plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto. Respaldaron al oficialismo la UCR y las bancadas provinciales de Innovación Federal y de Producción y Trabajo.
La intención del Ministerio de Seguridad es que el Congreso permanezca blindado en 360°, con dos anillos de seguridad, uno interno y otro externo.
De acuerdo a la información que publicó LN+, en el operativo trabajarán 1800 efectivos, 800 pertenecientes a la Ciudad y 1000 de las tres fuerzas federales. Se reforzarán controles en los ingresos a la Ciudad, y se harán cacheos sorpresivos a micros y automóviles.
A su vez, habrá un comando unificado que monitoreará el movimiento de los 70 detenidos identificados el miércoles pasado; por lo que si esas personas llegan al Congreso, serán detenidas.
La convocatoria de la sesión cuenta con las firmas de los bloques que garantizan la base numérica al oficialismo. El Pro, la UCR y el MID integran este grupo de apoyo legislativo. A estos sectores se suman los diputados de Producción y Trabajo de San Juan y el bloque Independencia de Tucumán.
También brindan su aval los misioneros vinculados a Carlos Rovira y la diputada neuquina que responde al gobernador Rolando Figueroa. Estas bancadas permiten al gobierno avanzar con el tratamiento de la norma a pesar de las críticas de la oposición.
Tadeo Bourbon
El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la organización del debate. Martínez señaló: “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”. En la misma línea, el diputado de izquierda Nicolás Del Caño calificó la propuesta como una ley esclavista. El legislador aseguró: “Es un escándalo tratar de manera exprés una ley que pisotea todos los tratados internacionales”.
El texto genera objeciones específicas en un conjunto de aproximadamente 35 diputados de bloques del centro político. Estos legisladores rechazan el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esta propuesta busca financiar las indemnizaciones con aportes directos del empleador. La derogación de múltiples estatutos profesionales también concentra críticas de diversos sectores.
La iniciativa contempla la eliminación de estos marcos regulatorios seis meses después de la sanción de la ley. La representante de los trabajadores de prensa, Carla Gaudensi, manifestó su oposición a esta medida. Gaudensi afirmó: “No nos da ninguna garantía que se vaya a derogar el estatuto y nos deje sin ninguna protección”.
Otro punto de controversia es el artículo 91. Este apartado establece el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. El presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, objetó esta disposición. Basso argumentó: “El diseño de la Constitución fija claramente que la Justicia Nacional deberá quedar a cargo del Poder Judicial de la Nación mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la Capital Federal”. El magistrado consideró que la medida resulta arbitraria y proyecta el cierre del fuero laboral nacional.
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