POLITICA
Conflicto judicial: un camarista laboral desestimó un fallo del Superior Tribunal de Justicia porteño
El conflicto que se presenta en la Justicia nacional, que rechaza que sus decisiones sean revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, está generando situaciones curiosas.
Un camarista laboral desestimó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia porteño que revocaba una condena contra una empresa y mandó al juez de primera instancia a ejecutarla.
El camarista laboral es Gabriel de Vedia, de la Sala V, que explicó a que no es que desconoció el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, sino que desestimó considerarlo como tal, porque rechazó el camino procesal que tomó la empresa para recurrir su sentencia.
Señaló que la firma, en lugar de recurrir su condena ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso de queja y que el máximo tribunal reenvíe el caso a la Ciudad, fue directamente a buscar un fallo en la justicia porteña, sin seguir el procedimiento anterior.
“Si la Corte me indica que debe intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, yo obedezco”, dijo el camarista.
El caso es el de Stella Maris Goncalo contra la empresa Distribuidora Pompeya SRL por despido. Allí, el camarista De Vedia relató que la empresa, cuando se estaba ejecutando la condena “acompañó al proceso un documento en el cual se lee una resolución que habría dictado el STJ de la ciudad de Buenos Aires en el Expte Nro. TSJ 44430/2025-0 “DISTRIBUIDORA POMPEYA SRL s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado’”.
Dijo el juez que “tal documento se introdujo bajo la firma electrónica del letrado interviniente por la parte perdidosa y lo cierto es que en las actuaciones no ha tomado intervención −ni podría haberlo hecho− ningún órgano ajeno al Poder Judicial de la Nación, cuya competencia ha sido asumida oportunamente y no fue declinada por las partes en momento alguno”.
El camarista entiende que el fallo del Tribunal Superior de Justicia es casi un papel sin valor de un órgano al que no le reconoce competencia.
“La faena pretendida por la parte perdidosa de acudir por vía oblicua, a un tribunal local, por fuera del trámite recursivo que habilitan los arts. 256, 257 y 258 CPCCN, violentan el debido proceso consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional”, dijo De Vedia, para quien el camino procesal debió ser diferente del que tomó el abogado de la empresa.
Así, el magistrado desconoció el fallo del máximo tribunal porteño: “La pieza acompañada no es una decisión jurisdiccional adoptada en el marco del proceso tramitado en esta causa, en la cual esta sala ya se ha pronunciado y dictado sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión el 28 de febrero de 2025″, argumentó.
Recordó que el recurso extraordinario de Distribuidora Pompeya SRL fue denegado, al igual que el planteado por la ley de la ciudad. Dijo que se desestimó porque “se pretendió impulsar la intervención de un tribunal ajeno”. Por eso, afirmó que no tiene nada en lo que decidir, pues ya resolvió y mandó la causa al juez de primera instancia para que ejecute la condena contra la empresa.
“En síntesis, del trámite regular de estas actuaciones no surge motivo alguno para reasumir la competencia oportunamente atribuida a esta Sala, pues no hay recurso introducido ni otro supuesto que justifique la ‘consulta’ en plena etapa ejecutoria, por ello se impone devolver las actuaciones a primera instancia para la continuidad del trámite según su estado, pues esta Sala no entiende por avocación”, escribió el camarista en su fallo.
Y recordó como una nota al pie: “Las decisiones emanadas de los órganos que integran la Justicia Nacional del Trabajo, una vez agotadas las instancias respectivas del procedimiento ordinario previsto en dicha ley, son recurribles únicamente en los términos previstos en los artículos 256, 257 y 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (Resolución de Cámara Nº 4, de fecha 12/2/2025)“. Es decir, que no considera al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el caso.
La Corte Suprema de la Nación estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad interviene como máximo tribunal de revisión de las causas de la justicia nacional en lo laboral, civil, comercial y penal. Los jueces nacionales resisten este fallo y redactaron acordadas para criticar a la Corte por esta decisión, en la que ven un menoscabo a sus funciones.
Por este caso de Distribuidora Pompeya, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) alertó sobre la extrema gravedad institucional del conflicto entre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
“Desconocer la decisión de su superior genera una situación de extrema gravedad institucional”, dijo Fores en su pronunciamiento. Sostuvo que “esta actuación quiebra la seguridad jurídica, vulnera la autoridad de los tribunales superiores y expone a las partes a demoras y costos procesales innecesarios».
“Las sentencias de la Corte Suprema y de los superiores tribunales deben cumplirse. La Justicia no puede funcionar como un sistema de decisiones paralela, ni puede someter al ciudadano a la incertidumbre derivada de disputas internas”, afirmó Pablo A. Pirovano, presidente de Fores.
El foro remarcó la necesidad de restablecer la coherencia jerárquica del sistema judicial, asegurar el acatamiento de la doctrina de la Corte y evitar que los conflictos entre jurisdicciones afecten derechos y garantías de los litigantes.
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POLITICA
Detuvieron al manifestante que arrojó una molotov durante la marcha contra la reforma laboral
El Gobierno confirmó del manifestante que arrojó al menos una bomba molotov en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la marcha contra la reforma laboral el miércoles. Se trata de Milton Tolomeo, que fue identificado por las autoridades como el “anarquista de la Molotov”.
“Todos lo vimos cuando lanzaba la bomba con un único objetivo: sembrar el caos y desestabilizar el orden institucional. Dijimos que lo íbamos a encontrar y lo encontramos”, celebró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
En un video que compartió este domingo por la mañana en su cuenta de la red social X, la funcionaria detalló que la detención se realizó este sábado por la noche en el partido bonaerense de Avellaneda, y que a partir de ahora el delincuente quedará “aislado en alto riesgo”.
“En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos“, añadió en el comunicado y cerró: ”Dijimos que lo íbamos a atrapar y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan».
La ministra ya había difundido en sus redes sociales los datos de las primeras cuatro personas identificadas por los incidentes: Matías Enzo Roldán (27 años), Federico Alberto Mazzagalli (de 42), Patricio Hernán Castellán (de 33) y Denis Alejandro Figueredo (20 años).
Tolomeo asistió a la movilización convocada por la CGT y distintos sectores sociales y políticos y fue captado por las cámaras de distintas señales de televisión en el momento en que levantaron un muro improvisado y se dispusieron a armar bombas caseras que lanzaron a los uniformados.
En primer lugar, los encapuchados comenzaron a arrojar palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona. Los efectivos, ubicados detrás de vallas metálicas y escudos, respondieron con carros hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos para contener el avance.
En medio de los disturbios, el grupo de hombres levantó una especie de barricada con elementos de la vía pública y se organizó detrás de ese improvisado muro para preparar las bombas Molotov.
Tras los disturbios, 71 personas terminaron detenidas, de las cuales al menos 54 habían sido liberadas el jueves. Según informaron fuentes oficiales a , 51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. Los liberados corresponden a esta última jurisdicción.
Los 14 que continuaban detenidos por la policía porteña se reparten entre 10 hombres en el Centro de Admisión y Derivación de Suárez 2050, en Barracas, y cuatro mujeres en la alcaidía femenina de la avenida Scalabrini Ortiz 1350, en Palermo. Por su parte, Nación había detenido a 51 personas: 24 manifestantes en el Congreso y 27 en controles en estaciones de tren cuando se dirigían a la movilización.
En tanto, el Gobierno denunció por hechos de terrorismo a 17 manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso.
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POLITICA
Efecto Santa Fe: policías y penitenciarios de Río Negro rechazaron un aumento en cuotas y amenazan con acampar por tiempo indeterminado en Viedma
Tras el caso de la violenta protesta policial y posterio aumento salarial en la provincia de Santa Fe, el gobierno de Río Negro también podría enfrentar un frente de tormenta luego de que un sector de la Fuerza rechazó los anuncios de recomposición salarial atados a la inflación.
La medida, que buscaba descomprimir las tensiones con el personal policial provincial, para algunos no fue suficiente. Por ende, representantes de los uniformados entregaron ayer por la tarde un petitorio en General Roca y se anunció un acampe policial para este miércoles frente a la Casa de Gobierno en Viedma, convocado por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro, para exigir una mejor recomposición salarial y denunciar la precarización de los haberes.
La decisión reflejó el hartazgo del sector ante lo que consideraron el estancamiento del diálogo con las autoridades provinciales, y anticipa una profundización del conflicto si no se obtienen respuestas inmediatas.
Qué exigen los policías rionegrinos
El pliego salarial elevado al gobierno provincial por parte del Consejo demanda un haber inicial de $1.800.000, objetivo considerado justo y necesario para garantizar la seguridad alimentaria del personal. Además, remarcó la urgencia de que el gobernador Alberto Weretilneck los reciba Consejo y escuche las reivindicaciones.
Junto a los reclamos salariales, la crisis habitacional se suma al conflicto. Según Rubén Muñoz, referente del CBPPRN, muchos agentes están bajo riesgo de ser desalojados por atrasos en el pago de alquileres y que algunas familias, en situaciones extremas, no logran asegurar la alimentación básica.
En esta etapa, el Consejo de Bienestar Policial estableció contactos con la agrupación ASSPUR (Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro) para coordinar acciones conjuntas, ampliando el frente de protesta entre distintos sectores estatales.
La convocatoria al acampe, según destacó Muñoz en diálogo con FM de la Costa, es por una “necesidad urgente” y del reclamo colectivo de los uniformados rionegrinos por una recomposición de los haberes “real y no con ítems en negro que perjudican, desfinancian y que además vulneran los derechos de nuestros retirados”.
El Consejo anticipó que la permanencia frente a la Casa de Gobierno será indefinida hasta que el gobernador acceda a negociar y a dar respuestas efectivas a la crisis socioeconómica que atraviesa la fuerza.
Qué ofreció el Gobierno rionegrino
Según el anuncio del Gobierno, la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial recibió en febrero una mejora del 6,79 %, ya que al ajuste por inflación (5,2 %) se suma un adicional específico del 1,5%, dando como resultado un haber inicial de $1.417.366 para el personal de seguridad. Este incremento también se aplicará al personal en situación de retiro y pensionadas, según informó el Ministerio de Seguridad de Río Negro.
La propuesta oficial contempla un incremento del 5,2 % de un agente de la administración central por encima de $1.100.000 en febrero. El esquema de aumentos operó bajo un criterio de actualización automática basada en la evolución del índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y local.
Para las fuerzas de seguridad, el incremento también se aplicará sobre el “valor punto policial” y sobre los adicionales relevantes, asegurando que “incida de la misma manera en el haber neto de bolsillo de todas las jerarquías policiales”. Además, el ingreso mínimo para otros escalafones de la fuerza quedará en $1.254.000.
La variación del IPC correspondiente a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, definió la tabla salarial policial para febrero. Por otro lado, en mayo de 2026 se asignará un nuevo incremento, con la variación del IPC correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2026. Así quedarán los aumentos para este mes:
- Suma fija no remunerativa y no bonificable de 250.000 pesos que se abonará en dos cuotas de 125.000 pesos cada una, a pagarse el 20 de Febrero y el 20 de Marzo respectivamente.
- Incremento adicional únicamente para personal Policíal y Servicio Penitenciario Provincial del seis por ciento (6%), a abonarse en cuatro cuotas del 1,5% cada una, junto con los haberes de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2026.
- Aumento del 100% al ítem de ayuda escolar. Se abonó con los haberes de febrero de 2026. Hijo: 80.000 pesos e hijo con discapacidad, 160.000 pesos.
POLITICA
En la previa a la cumbre, la CGT advirtió que “están dadas las condiciones” para convocar a un paro general
Previo a la cumbre del Consejo Directivo de la CGT, desde la central sindical adelantaron que están “dadas las condiciones” para convocar a un paro general de actividades en rechazo a la reforma laboral, que tiene media sanción del Senado y que el miércoles se tratará en comisiones de Diputados.
Cristian Jerónimo, uno de los tres jefes de la central sindical, dijo que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. El jefe del Sindicato del vidrio criticó que la CGT “entiende que no fueron escuchados sus pedidos” y dijo que “seguramente” impulsarán una medida de fuerza general.
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Jerónimo planteó: “Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga. Cuando mañana se junte el consejo directivo lo terminará de confirmar oficialmente, vamos a trabajar para construir una gran huelga contundente”.
Fuerte presión de la CGT a Diputados, en la previa al debate por la reforma laboral: “Tienen que rechazar el proyecto”
El cosecretario general de la CGT le envió un fuerte mensaje a Diputados, en declaraciones a Radio 10, previo al debate del proyecto en la Cámara Baja: “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”.
Jerónimo reiteró el llamado a la reflexión a los legisladores y gobernadores, y criticó: “Muchos mandaron a respaldar la iniciativa, con sus senadores, fueron muy irresponsables a la hora de priorizar a la gente».
La CGT redobló las críticas contra la reforma laboral: “Es una locura, va en contra de los derechos de los trabajadores”
El directivo de la CGT redobló las críticas contra la reforma laboral: “Es una locura, va en contra de los derechos de los trabajadores. Tiene una redacción maliciosa, carga ideológica, va en contra de los derechos laborales. Se hizo para tapar el fracaso del plan económico del Gobierno”.
El sindicalista cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Dijo claramente que quieren romper la matriz sindical para después ir por todos los derechos y conquistas de los trabajadores. Tienen un grado de perversidad hacia el pueblo, no hay margen para seguir sosteniendo este proceso político que le hace tanto daño al pueblo”.
Crecen los reclamos de gremios a la CGT para que convoque a un paro general en rechazo a la reforma laboral
Como anticipó TN un grupo de sindicatos presionan a la CGT para que disponga una medida de fuerza general contra la reforma laboral. Se trata de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, que integran el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que anunció un paro con movilización al Congreso para cuando la reforma laboral se trate en Diputados.
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