El presidente Javier Milei se mostró junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, durante la inauguración del nuevo edificio de Corporación América, tras el escándalo por los audios que salpica al Gobierno sobre presuntas coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El jefe de Estado no hizo referencia directa a lo que dijo Diego Spagnuolo, extitular de Andis y grabado de manera clandestina, pero sí sugirió un intento de la oposición de tratar de debilitar al oficialismo en año electoral.

“No me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer en dos meses?”, se preguntó el líder de La Libertad Avanza, que coronó la oración con una risa irónica.

En esa misma línea, el mandatario también aseguró que al Gobierno “no le falta política”, sino que “los de enfrente -en referencia también a la oposición- quieren romper todo, que es algo muy distinto”.

Durante su discurso, el mandatario hizo una mención especial a Guillermo Francos, de quien dijo que “le toca lidiar con los orcos del Congreso, con esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, están apostando para romper el país, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento».

Fuera de la discusión política, destacó su paso por Corporación América, al que definió como “fundamental” para valorar al sector privado, y concluyó: “Como economista jefe de esta empresa fui empujando mis horizontes intelectuales de forma constante hasta llegar a convertirme en el divulgador de las ideas de la libertad por el que me conoció la mayoría del país hace ya algunos años. Y esta empresa no es más que un ejemplo de trabajo, inversión y asunción de riesgos ante las tempestades causadas por una dirigencia política anti empresa”.

No será la única aparición del jefe de Estado durante la jornada. Se presentará además en el teatro San Carlos de Junín, donde llevará adelante un acto de campaña junto a los candidatos a diputados nacionales bonaerenses.

El mandatario no fue el único en hablar hoy, ya sea directa o indirectamente, sobre el escándalo de los audios. Horas antes, “Lule” Menem calificó el hecho como una “una burda operación política del kirchnerismo”.

En su descargo en X, no negó la autenticidad de las grabaciones pero aclaró que nunca intervino en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad ni tuvo conocimiento de hechos ilícitos. Remarcó además que jamás habló con Karina Milei ni con el Presidente sobre este tema en particular.

Al igual que su primo, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que no puede garantizar la autenticidad técnica de los audios, pero sí que su contenido “es absolutamente falso”.

Dijo que “pone las manos en el fuego por Lule y por Karina” y consideró que se trata de una maniobra política con fines electorales, ya que la difusión se produjo a menos de dos semanas de las elecciones bonaerenses.

El caso del supuesto fraude con el otorgamiento de fondos por parte del gobierno kirchnerista a la AFA para el programa Fútbol para Todos está a punto de quedar en la nada: en las últimas audiencias del juicio, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio pidió absolver a Gabriel Mariotto, coordinador del programa, y reclamó leves penas para los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.

Las acusaciones iniciales más severas quedaron en una acusación de fraude y violación de deberes de funcionario público, que merecieron un pedido de tres años de prisión en suspenso para Aníbal Fernández y una acusación de violación de sus deberes de funcionarios para Capitanich, con un pedido de pena de ocho meses de prisión en suspenso. Ambos fueron jefes de gabinete de Cristina Kirchner.

Capitanich reaccionó ante el alegato fiscal: en una declaración pública sostuvo que fue “inconsistente, infundado y conjetural” y que “no se sostiene en las pruebas producidas durante el juicio”. Dijo que incluso el fiscal reconoció que que “los fondos, una vez pagados a la AFA, dejaban de ser dineros públicos”. Por lo que, a su criterio, es “absurdo” que la jefatura de Gabinete controlara su destino.

“Después de diez años de proceso, fue decepcionante escuchar un alegato leído de principio a fin, práctica prohibida por el Código Procesal, y cargado de apreciaciones políticas más que jurídicas. Lo único que buscan es mancillar mi nombre y ensuciar una política pública legítima como fue Fútbol para Todos, que democratizó el acceso al deporte y la cultura”, dijo Capitanich.

Al quedar fuera del caso los administradores del programa y solo acusados los funcionarios, es difícil que el tribunal oral federal integrado por los jueces Ricardo Basilico, Juan Michilini y Adrián Grumberg, puedan establecer que existió una conducta delictiva, dijeron a fuentes de los tribunales.

En la misma línea remarcaron que es extraña la tesis de que los fondos públicos dejan de serlo cuando ingresan a las arca de la AFA y por eso no se configura el fraude a la administración pública.

El fiscal general Osorio pidió condenas en suspenso para Luis Segura, expresidente de AFA, a dos años de prisión; a Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), a un año; a Norberto Monteleone, exgerente general de ese sindicato a un año y a Natale Antonio Rigano, expresidente de la firma Iveco, a dos años.

El pedido de pena para Aníbal Fernández es de ejecución condicional. En tanto, el fiscal Osorio pidió absolver a Mariotto, excoordinador de Fútbol para Todos; a Miguel Ángel Silva, exsecretario general de AFA; a Rubén Manuel Raposo, exadministrador financiero de AFA; a Raúl Pagano, exgerente financiero de FAA; a Sergio Marchi, exsecretario general de FAA; y a Eduardo Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Dávola, los directivos de las entidades crediticias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada y Grupo Climafin.

Estos últimos están relacionados con financieras que cambiaban por dinero los cheques que los clubes recibían de la AFA. Según la acusación, existió un perjuicio al Estado por más de 131.608.000 pesos entre 2010 y 2015.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también participó de los alegatos, detalló cuánto dinero público se habrían llevado las supuestas maniobras de corrupción entre 2010 y 2015. Para los 131.608.000 pesos que totalizarían la defraudación, solicitaron que los acusados lo reintegren solidariamente -actualizado a cifras actuales- en beneficio del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y la Asociación del Fútbol Argentino.

La acusación era por fraude y desvío de fondos públicos, vinculados al contrato que la Jefatura de Gabinete mantuvo con la AFA por los derechos de televisación del futbol, fortaleciendo la economía de los clubes y sin que los usuarios debieran pagar para ver los partidos del torneo de primera división.

Sin embargo, la investigación judicial que condujo el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que los clubes aumentaron sus deudas y no pagaron sus acreencias con la AFIP.

La AFA no avanzó con la auditoría a los clubes. En la acusación inicial, el fiscal Taiano había estimado que se cobraron cheques a través de la AFA y otras entidades, y aunque “la operatoria de descuento de cheques de pago diferido resulta legal, lo cierto es que se ha producido un desvío hacia las arcas” de las empresas financieras intermediarias, lo que “significó un daño al patrimonio público y, por otro lado, un escenario de fortalecimiento de las finanzas” de las compañías privadas.

La acusación detalló que los pagos de la AFA a los clubes no llegaban completos ya que los imputados aplicaban un “descuento”, y esa diferencia entre el monto emitido y el recibido era destinada a entidades crediticias. La causa se centró en los contratos entre la AFA, la Jefatura de Gabinete de ministros y la empresa Iveco desde febrero de 2010.

La AFA recibió aproximadamente 86 millones de pesos por los derechos otorgados a la empresa automotriz, que habría pagado sus avisos un 75% menos que lo que se abonaba en promedio. La Auditoría General de la Nación advirtió precios irrisorios, una opción de recibir camiones como forma de pago que no tenía justificación, y la omisión de los mecanismos propios de las contrataciones públicas.