POLITICA
Congelaron 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados al Caso $Libra
El empresario estadounidense Hayden Davis, en el centro de una investigación internacional por el caso $Libra, la moneda digital que difundió el presidente Javier Milei en su cuenta de X, experimentó un alza en su cotización y luego se derrumbó, sufrió el congelamiento de casi 60 millones de dólares en criptoactivos. Según se informó, la medida fue solicitada por la justicia de los Estados Unidos y ejecutada por una plataforma cripto que bloqueó dos billeteras virtuales vinculadas a Davis.
La investigación se centra en la presunta participación del empresario en actividades financieras ilícitas, que incluyen el lavado de dinero y el fraude. Las autoridades estadounidenses siguieron el rastro de estos criptoactivos durante meses, y el congelamiento de las billeteras es un paso crucial en el proceso judicial. La plataforma de criptomonedas, cuyo nombre no ha sido revelado, colaboró con las autoridades para asegurar que los fondos no sean movidos mientras se lleva a cabo la investigación.
El origen de los fondos congelados está bajo escrutinio, ya que se sospecha que podrían estar relacionados con operaciones ilegales. La justicia estadounidense trabajó en conjunto con otras jurisdicciones para rastrear el flujo de dinero y determinar la legalidad de las transacciones realizadas por Davis. Este tipo de colaboración internacional es fundamental en casos que involucran criptomonedas, debido a la naturaleza descentralizada y global de estas transacciones.
A pesar del congelamiento de los fondos, aún falta localizar una parte significativa del dinero. Se estima que aproximadamente la mitad de los criptoactivos vinculados a Davis no han sido identificados, lo que representa un desafío adicional para los investigadores. La complejidad del caso se ve incrementada por el uso de criptomonedas, que ofrecen un grado de anonimato y dificultan el rastreo de las transacciones.
La investigación local
Para el Gobierno, el escándalo en torno al token $LIBRA es caso cerrado. Hace 10 días, el presidente Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona firmaron un decreto que disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que se encargaba de recopilar información sobre la operación del criptoactivo.
La UTI, bajo la órbita de Cúneo Libarona, fue creada el 25 de febrero pasado, tras el revuelo político que generó Milei al divulgar $LIBRA por sus cuentas de redes sociales. Horas después, se descubrió que el criptoactivo cayó a valores tendientes a cero, lo que afectó el patrimonio de los inversores que apostaron al activo digital.
Como respuesta a las denuncias, y la ofensiva de la oposición para investigar al mandatario, el Poder Ejecutivo creó la UTI para colaborar con el Poder Judicial, a partir de pedidos de información de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otros organismos.
Finalmente, ese trabajo duró menos de tres meses, y el Gobierno dispuso el cierre de la unidad, al indicar que la tarea “fue cumplimentada” y la información “fue remitida” al Ministerio Público Fiscal (MPF).
En tanto, la Justicia solicitó información al Banco Central y otras entidades sobre el estado patrimonial del presidente, Javier Milei, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la investigación del criptoactivo. La medida, que se tramita bajo secreto de sumario y está a cargo el fiscal Eduardo Taiano, busca esclarecer si hubo un beneficio económico en la promoción del activo digital.
Además, la imputación contra el Presidente abarca actos de corrupción, por los delitos de cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
La jueza María Servini dispuso la inhibición de bienes por un plazo de 90 días respecto a los tres de los principales imputados en el caso: Mauricio Novelli, un empresario vinculado al mundo cripto que tenía vínculos cercanos con Milei; Sergio Morales, quien es exasesor de la Comisión Nacional de Valores, y Manuel Terrones Godoy, uno de los socios fundadores de Tech Forum y también con cierto vínculo con el jefe de Estado.
La medida también alcanza a familiares directos de Novelli, luego de la aparición de imágenes de cámaras de seguridad que podrían probar un posible vaciamiento de cajas de seguridad por parte de su madre y hermana, poco tiempo después de lanzarse el criptoactivo.
Las imágenes son del primer día hábil posterior al posteo del presidente Milei, 17 de febrero de 2025 y muestran a la madre y la hermana de Novelli –María Alicia Rafaele y María Pía Novelli– ingresando con bolsos aparentemente vacíos a la sucursal Martínez del Banco Galicia, a las afueras de Buenos Aires, y saliendo una hora más tarde con los mismos, aparentemente llenos de dinero.
Las cajas de seguridad fueron allanadas por orden judicial los días posteriores, y se constató que se encontraban vacías.
La Fiscalía investiga si los movimientos registrados en video constituyeron una maniobra para ocultar activos generados con la operatoria del activo basado en la tecnología blockchain.
POLITICA
La Argentina le exigió a la Corte Penal Internacional que tome acciones inmediatas en Venezuela y reclamó la detención de Maduro
La Argentina reclamó una intervención “inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) ante el “deterioro” de la situación en Venezuela y pidió avanzar con órdenes de arresto contra los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro.
El cruce con Caracas marcó uno de los momentos más tensos en la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal, que se desarrolla en La Haya, Países Bajos.
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El representante argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, sostuvo que “la situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata” y lamentó que “desde que la Oficina del Fiscal anunciara en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha habido pocos avances”.
Ante el plenario, advirtió que “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”.
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Según recordó, la Fiscalía abrió formalmente la investigación en 2021, tras años de denuncias elevadas por varios países, incluida Argentina. “No debemos permitir que la falta de resultados prolongue el sufrimiento de las víctimas”, planteó Sadofschi en su intervención, donde también subrayó que el avance del caso es clave para preservar la credibilidad del sistema internacional de justicia.
La respuesta venezolana fue inmediata. El embajador Héctor Constant Rosales acusó a Buenos Aires de “politizar de forma altisonante” la conferencia y de atacar “de manera inoportuna” la legitimidad del gobierno de Maduro.
También calificó de “vergonzosa” la conducta argentina en organismos multilaterales y señaló que el país “ha votado recientemente contra varias resoluciones de la ONU sobre derechos humanos”, incluida una adoptada el 20 de noviembre sobre tortura y tratos crueles. Esa posición, sostuvo, sitúa a la administración de Javier Milei como “un falso defensor de derechos humanos”.
El intercambio marcó el tono de una sesión ya cargada, en el inicio de una semana clave en la que la CPI examina el estado de sus pesquisas y el nivel de cooperación de los Estados Parte, en particular respecto de la ejecución de órdenes de arresto.
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En paralelo a las tensiones diplomáticas, la Fiscalía de la CPI anunció que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” en materia de “complementariedad”, el principio que obliga al país investigado a llevar adelante procesos serios antes de que intervenga el tribunal.
La Corte reiteró que el sistema judicial venezolano no demostró avances sustantivos y recordó que en 2023 ya había rechazado los intentos de Caracas de frenar el caso.
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Ante las críticas, Sadofschi aclaró que la decisión argentina de no bloquear el consenso en la Asamblea “no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela”, sino como una demostración del “compromiso” del país con la CPI y con el funcionamiento de la Asamblea, especialmente en las negociaciones vinculadas a los Estados en situación de impago.
La investigación sobre Venezuela fue abierta en 2018 y abarca presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Venezuela, Javier Milei, Nicolás Maduro, Corte Penal Internacional
POLITICA
Caso Cuadernos: Sigue la disputa entre jueces por la marcha del juicio y no está claro dónde ni cómo declararán los imputados
A casi un mes de iniciado el juicio por corrupción más grande de los tribunales argentinos, persisten las dudas sobre el formato final que adoptará el curso de un debate que, se estima, demorará varios años.
Desde el comienzo del juicio por los Cuadernos de las Coimas, los jueces del Tribunal Oral N°7 (TOF 7) sostienen que no pueden hacer más para acelerar el proceso y mantienen una puja abierta con sus superiores de la Cámara Federal de Casación, que piden cambios para apurar los tiempos del juicio. Son quienes deberán revisar cualquier decisión del tribunal, incluidas eventuales condenas o absoluciones.
El volumen de la disputa quedó expuesto hace dos semanas, cuando los presidentes de las salas de la Casación convocaron a los jueces del tribunal a una reunión en Comodoro Py para abordar el asunto y el magistrado Germán Castelli, uno de los tres encargados de juzgar a Cristina Kirchner y al resto de los 86 imputados, decidió no ir, aduciendo que bastaba con la presencia de sus pares y que se encontraba trabajando en los fundamentos de las sentencias de dos de las 10 causas que integran el universo Cuadernos.
El objetivo del encuentro fue explicitar las preocupaciones que la Casación guarda sobre la marcha del juicio y pedirles a los miembros del Tribunal que activaran más audiencias semanales, incluso después de haberse aumentado la frecuencia de las audiencias a dos por semana.
Como gesto, los jueces de la Casación eximieron a los del tribunal de nuevos sorteos durante seis meses y les reiteraron a los magistrados Enrique Méndez Signori y Fernando Canero que desde el 10 de diciembre dispondrían de la nueva sala Amia en Comodoro Py, lo que les permitiría rediseñar el cronograma y celebrar allí los debates presenciales, a un ritmo de tres audiencias por semana.
En las últimas audiencias del caso Cuadernos, donde se continuó con la lectura de la extensa acusación fiscal, la expectativa estaba puesta en si el tribunal, tras aquel encuentro, anunciaba alguna modificación en la hoja de ruta, pero los jueces se limitaron a hacer público ante las partes su intercambio con la Casación, mencionando que ya había sido elevado a la Corte Suprema su pedido para disponer de otra sala distinta a la ofrecida. Apuntan a una sala en el Palacio de Tribunales, que es donde el TOF 7 tiene su sede y oficinas.
“Se estará a la espera de las respuestas pendientes, previo a fijar el lugar en que se llevarán a cabo las declaraciones previstas”, dijo Méndez Signori.
No hubo, desde aquel día, ninguna respuesta de la Corte al tribunal, según pudo averiguar .
Críticas a la marcha del juicio
La marcha del tramo principal de la causa Cuadernos fue blanco de críticas durante las últimas semanas, algunas de las cuales provinieron desde el mismo Poder Judicial.
Se escucharon cuestionamientos de miembros del Consejo de la Magistratura y la preocupación de la Corte Suprema sobre el tema cobró total publicidad a través de su miembro más antiguo, Ricardo Lorenzetti.
“Hablemos claro. No puede ser, o no es admisible, un juicio de una megacausa en esos términos. No es admisible para toda la sociedad y no está bien”, dijo, en referencia específica a la virtualidad, en diálogo con Radio Rivadavia.
Lorenzetti sugirió luego que el formato de los juicios debía ser flexible y adaptarse a lo que demande cada uno de ellos.
La envergadura de Cuadernos, sin embargo, con 87 imputados y más de 300 hechos de corrupción a juzgar, parece desafiar los estándares de la Justicia, incluso con la nueva gran sala ofrecida por la Casación.
Es una suerte de anfiteatro en el subsuelo del edificio judicial de Comodoro Py que, con su segundo piso con butacas, contaría con un aforo de 197 personas. Pero aun esas dimensiones parecen apenas suficientes para el juicio Cuadernos.
Al comienzo de cada una de las audiencias celebradas hasta el momento, la secretaria del Tribunal, María Cecilia Chichizola, en un pequeño acto inaugural que suele ocupar los primeros 10 minutos, constata la presencia por lectura de entre 170 y 190 personas, dependiendo de si están o no conectados todos los imputados y sus respectivos abogados.
Ese número no contempla a los secretarios del tribunal, ni a los auxiliares de la fiscal Fabiana León, ni a los del representante de la UIF, Mariano Galpern, como tampoco a eventuales testigos ni a medios de comunicación.
En su primer descargo, además de advertir que arrastran reclamos puntuales para realizar el juicio desde hace seis años, el TOF hizo notar que la sala, por el momento, no es más que una promesa y que estaba ubicada en un lugar -Comodoro Py- donde el tribunal no tiene sus oficinas.
El juez Castelli sostuvo en su último pronunciamiento que, ante tanto reclamo insatisfecho, se había conseguido poner en marcha el juicio “en las condiciones en que se pudo”, en una pequeña, “modesta”, sala de audiencias, con apenas un baño.
El último capítulo de la puja solapada entre la Casación y el Tribunal tuvo lugar la semana pasada, con un pedido particular del juez Castelli a sus superiores de la Casación para obtener una suplencia en otro tribunal, lo que llamó la atención porque uno de los argumentos del TOF es la sobrecarga de trabajo.
La Casación incluyó ese pedido para tratarlo mañana, en su reunión semanal, que se dará en paralelo a la próxima audiencia de Cuadernos, a las 13.30, cuando se continúe con la lectura de la acusación.
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POLITICA
Argentina exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional en Venezuela y pidió el arresto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello
El gobierno de Javier Milei exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, ante el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la narcodictadura de Venezuela, y solicitó que se ejecuten las órdenes de arresto que están requeridas para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, principales jefes del régimen chavista.
El planteo, elevado por el embajador Diego Emilio Sadofschi, representante argentino ante la CPI en La Haya, marcó la apertura de la conferencia anual del tribunal, en la que se debatieron los avances y desafíos de las investigaciones internacionales y la cooperación de los Estados miembros.
Durante su intervención, Argentina se disoció del consenso general de la asamblea, reafirmando su posición crítica e históricamente sostenida frente a la falta de avances concretos en el caso venezolano.
Según remarcó Sadofschi, “la situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata”. El representante argentino sostuvo que, desde que la oficina del fiscal de la CPI anunció en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, “ha habido pocos avances”.
A continuación, denunció: “Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”.
Sadofschi argumentó que la actitud adoptada por Argentina –de no bloquear el consenso en torno a la declaración general de la asamblea– no debía ser interpretada como una concesión para Venezuela: “La decisión de Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión, lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela, es en realidad una muestra del compromiso de la República Argentina con la Corte Penal Internacional y del valor que le otorga a la labor de esta asamblea, incluyendo no precluir las negociaciones en curso para establecer un procedimiento general relativo a la situación de estados parte en situación de atrasos en los pagos”.
En ese sentido, Sadofschi fue terminante: “Permítame enfatizar que Argentina no se siente ni puede ser considerada parte de la decisión que se adopte, disociándose de la misma, y le pido que quede registro de ello en los informes y actas de esta asamblea”.
Al pedir la palabra nuevamente, el embajador subrayó la firmeza de la posición argentina: “La Argentina es y ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras que establecen los Estados partes de esta asamblea, pero no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país. En este marco, la actitud de Argentina de no interponerse a la voluntad de la Asamblea demuestra nuestro compromiso con la Corte Penal Internacional y una reafirmación del llamado a la Corte a tomar medidas concretas y urgentes ante la situación en Venezuela”.
La delegación argentina remarcó que evalúa imprescindible que la comunidad internacional acelere los mecanismos para la ejecución de las órdenes de arresto y no dilate la definición de responsabilidades en materia de crímenes de lesa humanidad. “La República Argentina sigue considerando prioritario que se avance en la investigación y se adopten medidas concretas para poner fin a la impunidad de los máximos responsables del régimen en Venezuela”, sostuvo el embajador ante los demás países presentes.
El planteo argentino suscitó la reacción del representante permanente adjunto de la dictadura chavista en La Haya, Héctor Constant Rosales, quien acusó al gobierno de Milei de “politizar la conferencia” y lo calificó como un “falso defensor de derechos humanos”.
Constant Rosales, que representa a un régimen que usurpó el poder al desconocer los resultados de las últimas elecciones presidenciales, invitó a “concentrarnos positivamente en los trabajos de esta Corte para garantizar que podamos avanzar constructivamente y con un espíritu de solidaridad en los temas que nos resultan comunes”.
Ante estas declaraciones, Sadofschi replicó tajantemente, rechazando “en todos sus términos” las expresiones agraviantes del delegado venezolano y subrayando que Argentina “no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país”.
Sadofschi insistió en que la postura argentina no implica un relajamiento en la exigencia de justicia internacional, sino una reafirmación del compromiso con la Corte, su proceso y los mecanismos multilaterales que hacen posible el avance de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Hizo hincapié en que la situación en Venezuela representa un caso emblemático de inacción internacional que debe revertirse con medidas contundentes, como el dictado de órdenes de arresto contra los principales dirigentes chavistas. La Argentina pidió que su mensaje y disociación quedaran asentados en las actas e informes de la asamblea, subrayando que no puede ser incluida como parte de ninguna resolución que relativice la gravedad del caso venezolano.
La conferencia anual de la Corte Penal Internacional marca una semana clave donde los países miembros debaten los movimientos en expedientes judiciales críticos, como el referido a Venezuela, y discuten cómo mejorar los mecanismos de cooperación para la ejecución de órdenes de arresto contra acusados por crímenes de lesa humanidad.
El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo
Fuera del discurso oficial del embajador ante la CPI, el contexto bilateral entre Argentina y Venezuela está atravesado, además, por la persistente preocupación por el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Caracas. Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, fue arrestado bajo acusaciones infundadas y permanece privado de su libertad bajo condiciones inciertas. Autoridades argentinas y organismos de derechos humanos insisten en la urgencia de su liberación y en la necesidad de que la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional presionen al régimen de Maduro y Cabello para garantizar su integridad y el regreso seguro a su país.
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