POLITICA
Con las reformas laboral y penal en el centro del debate, comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso
El Congreso inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero. Con una agenda atravesada por las reformas laboral y de la Ley Penal Juvenil que requirió negociaciones políticas, pero que también generaron tensiones y debates con las provincias.
La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero, y habilita el tratamiento exclusivo de los proyectos incluidos en el anexo de la norma. De ese modo, el Gobierno fijó un marco temporal y temático preciso, que limita el margen de maniobra del Parlamento fuera del período ordinario.
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En ese escenario, la Casa Rosada busca avanzar con iniciativas centrales de su paquete de reformas antes de la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. La reforma laboral y la Ley Penal Juvenil concentran la mayor parte de los debates políticos, mientras se mantienen abiertas otras discusiones sensibles, como la modificación de la Ley de Glaciares y la posible sanción de una ley de emergencia por los incendios en la Patagonia.
La estrategia oficial combina reuniones de mesa política, contactos con gobernadores y diálogo con bloques aliados, en un contexto donde los votos todavía no están garantizados, especialmente en el Senado.
Un temario acotado y bajo control presidencial
Entre los proyectos habilitados para las sesiones extraordinarias figuran la Ley de Modernización Laboral, la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario y el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que aún debe ser enviado por el Ejecutivo.
En los últimos días, el Gobierno confirmó la incorporación de la Ley Penal Juvenil y no descartó sumar nuevas iniciativas. En ese marco, cobró fuerza la posibilidad de debatir una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, reclamada por los gobernadores del sur en medio de los incendios forestales y respaldada públicamente por el PRO, un aliado clave de Milei en el Parlamento.
Reforma laboral: el capítulo fiscal condiciona votos
La reforma laboral es el eje central de las extraordinarias, pero también el proyecto que concentra mayores resistencias. El principal foco de conflicto con los gobernadores está en el capítulo tributario, en particular en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta de manera directa en los recursos coparticipables.
El proyecto prevé bajar la alícuota del 30% al 27% para el tramo 2 y del 35% al 31,5% para el tramo 3. Según cálculos hechos sobre la base de las proyecciones del Presupuesto 2026, la baja total de recaudación sería de $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal. En promedio simple, las jurisdicciones recibirían durante 2026 unos $144.000 millones menos por mes.
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Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales en busca de votos, en la Casa Rosada conviven dos posiciones: una que busca sostener el texto sin cambios y otra que admite eventuales ajustes para destrabar apoyos. El oficialismo apunta a lograr la media sanción en febrero, aunque reconoce que las negociaciones siguen abiertas.
En la previa del debate, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió el proyecto y aseguró que “fortalece los derechos de los trabajadores”, al tiempo que sostuvo que la iniciativa apunta a crear empleo formal al reducir costos que hoy desalientan la contratación.
Varios gobernadores dialoguistas que coinciden en los ejes principales de la reforma laboral condicionaron su apoyo a que se establezca un mecanismo de compensación de las pérdidas de recursos que afectarían a sus provincias.
Según pudo saber TN, en Casa Rosada evalúa un esquema de compensaciones paralelas a las provincias para reducir el impacto fiscal de la baja de los fondos coparticipables, que comenzará a regir a partir de 2027 en caso de sancionarse.
Baja de la edad de imputabilidad y debate penal
Otro de los proyectos que el Gobierno busca impulsar en extraordinarias es la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad. La intención original del Ejecutivo es fijarla en 13 años, aunque en Balcarce 50 admiten que podría elevarse a 14 si no se alcanzan los consensos necesarios.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la inclusión del proyecto en el temario a través de su cuenta de X, tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada. En el mismo sentido, Patricia Bullrich afirmó en esa red social: “No más excusas ni dilaciones”, al reclamar el tratamiento de la iniciativa en febrero.
El antecedente inmediato es el dictamen que obtuvo el año pasado en Diputados, cuando un plenario de comisiones consensuó una baja a 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores. Desde los bloques dialoguistas surgieron advertencias sobre la falta de infraestructura y recursos, y desde el PRO plantearon que bajar la edad a 13 implicaría duplicar la población de menores alojados en el sistema.
El oficialismo prevé que el debate comience en Diputados durante la segunda semana de febrero y no descarta que el proyecto llegue al Senado recién en sesiones ordinarias, a partir de marzo.
Mesa política, aliados y presión opositora
En la antesala del inicio formal de las extraordinarias, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para definir la estrategia legislativa. El encuentro fue encabezado por Adorni y contó con la participación de Karina Milei, Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Bullrich y Santiago Caputo.
Bullrich, además, mantuvo reuniones con representantes de los bloques dialoguistas del Senado. Tras esos encuentros, aseguró que el acuerdo por la reforma laboral “está consolidado”, aunque reconoció reclamos puntuales de algunos legisladores.
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En paralelo, el kirchnerismo redobló la presión sobre los gobernadores para que rechacen la reforma laboral. El senador Mariano Recalde aseguró que “hay un pelotón de 15 senadores que todavía no definieron su voto” y respaldó el rol de la CGT en el rechazo al proyecto. Mientras que los gremios combativos anunciaron una movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Senado.
El clima político se tensó aún más tras el cruce entre el Gobierno y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Luego de que el mandatario cuestionara la iniciativa, Adorni y Santilli respondieron en sus cuentas de X con duras críticas, profundizando la confrontación entre Nación y la provincia de Buenos Aires en la previa del debate parlamentario.
Congreso, Congreso de la Nación, sesiones extraordinarias
POLITICA
Mahiques se reunió por primera vez con la Corte Suprema y se comprometió a avanzar con la cobertura de más de 300 vacantes en la Justicia
El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques se reunió hoy con los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en un encuentro que formalizó el vínculo entre el Gobierno y el máximo tribunal en el inicio de la nueva etapa.
Durante la reunión, el eje central fue la situación del sistema judicial argentino, especialmente la necesidad de cubrir más de 300 vacantes en juzgados y fiscalías. Según informó el Ministerio de Justicia, la cartera ratificó el envío al Senado de los pliegos correspondientes para la designación de jueces, fiscales y defensores, con el objetivo de normalizar la integración de los tribunales federales en todo el país. Actualmente, numerosas dependencias judiciales funcionan con subrogancias o estructuras incompletas, lo que dificulta la operatividad del sistema.
La reunión ocurrió en el Palacio de Justicia, poco después de la jura del viceministro Santiago Viola como nuevo integrante, como representante del Poder Ejecutivo, en el Consejo de la Magistratura de la Nación, según pudo confirmar Infobae.
La iniciativa oficial de avanzar con los nombramientos de jueces y fiscales busca mejorar la capacidad de respuesta del Poder Judicial y reducir los retrasos en los procesos, una deuda estructural que se arrastra desde hace años. El uso del sistema de conjueces, previsto en el régimen de subrogancias, fue otro de los temas analizados, ya que se considera una herramienta relevante para garantizar el funcionamiento de los tribunales ante vacancias, licencias o impedimentos de los magistrados titulares.
En una entrevista que publicó Infobae este domingo, el propio ministro había anticipado que mantendría un encuentro con la Corte y también destacó que entre sus prioridades está la cobertura de las vacantes en el Poder Judicial.
Mahiques aclaró que el criterio para esa primera etapa no será político sino de funcionamiento. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, explicó. Entre ellos mencionó al fuero de familia, al civil, al penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara Penal Económica, donde la falta de magistrados ya impacta directamente en el servicio de justicia.
De acuerdo con el comunicado oficial, las partes también coincidieron en la importancia de reforzar la coordinación institucional, cada una dentro de sus competencias, para sostener la independencia judicial, garantizar la seguridad jurídica y preservar el pleno respeto al Estado de derecho. El Ministerio de Justicia destacó que el diálogo con la Corte Suprema se produce en un momento en el que el Gobierno impulsa reformas estructurales en el sistema judicial y busca ordenar la relación con los distintos actores del Poder Judicial.
En este contexto, la cobertura de vacantes se posiciona como una prioridad inmediata para el Gobierno, tanto por su impacto en la eficiencia de los tribunales como por su relevancia política, dado que los pliegos deberán ser tratados por el Senado de la Nación. El avance en la designación de jueces y funcionarios judiciales es parte de una agenda más amplia que apunta a responder a las demandas de mayor transparencia y funcionamiento del sistema judicial argentino.
POLITICA
El Gobierno presentará un paquete de leyes para modificar el Código Penal y el financiamiento universitario
El Gobierno anunció este martes que enviará un nuevo paquete de leyes con reformas e iniciativas al Congreso. Según detalló el jefe de Gabinete y portavoz presidencial, Manuel Adorni, en un posteo en X, la medida incluirá, entre otros temas, una modificación del Código Penal y nuevas normas sobre la propiedad privada.
Tal como detalló el funcionario mileísta, los cambios en el Código Penal “pondrán foco en el endurecimiento de las penas”, mientras que en relación con la propiedad privada se buscará implementar nuevas normas de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y una regularización dominial —el proceso legal para obtener el título de propiedad de una vivienda única ocupada de manera legítima, pública y pacífica— “para la integración socio urbana”.
“Además, se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal», detalló Adorni.
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El Juzgado Nacional de primera instancial del Trabajo N°30 frenó el traspaso de una parte de la justicia del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y la disolución de otra, las cuales formaban parte de la reforma laboral de Javier Milei.
El juez nacional del Trabajo Herman Mendel aceptó una medida cautelar presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio que lidera Julio Piumato.
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De esta manera, el magistrado resolvió “la suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ambito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, integrante como Anexo I de la ley 27.802, hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito”.
Es decir que no declaró inconstitucional la ley, pero sí frenó su aplicación hasta que haya una sentencia definitiva.
La UEJN había pedido declarar inconstitucional la reforma en ese punto, frenar el traspaso del fuero labora y evitar cualquier avance en esa transferencia
De esta manera, la medida judicial que llevó adelante Mendel suspende los artículos 90 y 91 de la reforma laboral que establecían el traspaso de la justicia laboral junto con el acuerdo de transferencia. De igual manera, el Gobierno puede apelar. El juez, ahora, le pidió al Poder Ejecutivo que en tres días presente un informe para contestar la demanda.
Uno de los puntos clave es que, según el magistrado, el proceso de transferencia no habría respetado los mecanismos legales vigentes. En particular, advirtió que el acuerdo “no ha sido compatible con el expreso procedimiento establecido en el artículo 12 de la ley 24.588”, conocida como Ley Cafiero.
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Además, remarcó una omisión central: “Ni siquiera se ha contemplado la imperativa intervención de la Comisión Bicameral”, un paso obligatorio en este tipo de traspasos entre Nación y Ciudad, señaló.
Ahora se va a discutir si es la justicia laboral la que debe resolver esta causa. La Fiscalía le dijo al juez Mendel que debía enviar el expediente al fuero contencioso administrativo federal, donde la Confederación General del Trabajo inició una causa con el mismo reclamo que hasta el momento fue rechazada.
El gremio de judiciales señaló que, entre otros argumentos, la Ley Cafiero de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires fijó el traspaso de la justicia y no la eliminación de una parte, que es lo que se aprobó. También destacó que la normativa vulnera la estabilidad y continuidad laboral de los empleados que representa y que el Congreso aprobó la reforma laboral en sesiones extraordinarias, pero la transferencia no formaba parte del temario, lo que viola ley.
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