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Constitucionalistas advierten que Milei no podrá frenar en la Justicia las leyes que aprobó el Senado

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El Gobierno aseguró que vetará las leyes que el Senado sancionó este jueves. Si luego del veto presidencial, el Congreso logra los dos tercios de ambas cámaras, los proyectos se convertirán en ley y Javier Milei no podrá judicializarlo, según coincidieron los especialistas.

El Senado aprobó la suba de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la reactivación de la moratoria previsional. Por otro lado, dio media sanción a las dos iniciativas de los gobernadores: el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos.

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Leé también: Milei confirmó que vetará el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad

Estos proyectos tuvieron voluntades de la mayoría de la oposición, que se reunió en contra del Presidente y consiguió -en algunos casos- más de 48 votos a favor. Este número representa los dos tercios de la Cámara Alta. Es decir, si Milei veta los proyectos, hay posibilidades de que los bloques -con el apoyo de los gobernadores- logren mantener la ley.

Frente a este panorama, el Gobierno estudia judicializar las iniciativas de la oposición con el principal argumento de que “el superávit fiscal es permanente”.

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Javier Milei, durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. (Foto: AP/ Natacha Pisarenko).

“¿Saben qué? Vamos a vetar. Si el veto se mantiene, no varía el gasto público. Habrá un poco de volatilidad mientras esto dure y se acabó. La otra alternativa es que no consigamos los números para defender el veto porque el germen socialista avanza sobre el cerebro de la gente. Pero si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, aseguró Javier Milei durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Sin embargo, más de un abogado constitucionalista sostiene que esto no es viable.

“La insinuación de Milei como titular del Poder Ejecutivo de llevar a la justicia una ley sancionada por el Congreso no tiene ninguna clase de fundamento constitucional y desconoce el funcionamiento del sistema republicano”, sostuvo Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista.

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Además, agregó: “Sería absurda una causa donde el Estado Nacional demande al Estado Nacional. En la cual, además, el que promueve y contesta la demanda es el mismo órgano: la Procuración del Tesoro de la Nación”.

En la misma línea opinó el abogado Diego Armesto, en diálogo con TN: “Es imposible judicializar. No podés impugnar un proceso constitucional. Es más, si el Presidente dice que va a vetar, está reconociendo el acto constitucional del proceso de formación y sanción de la ley. No podés ir contra una facultad constitucional”.

El Senado aprobó proyectos incómodos para el oficialismo. (Foto:  Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado).
El Senado aprobó proyectos incómodos para el oficialismo. (Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado).

Asimismo, explicó que si los senadores y diputados insisten con los proyectos y logran los 2/3 luego del veto, estos se convierten en ley: “No existe la posibilidad de hacer un planteo judicial para decir ‘miren, ellos están usando una facultad que está en la Constitución y está mal’”.

Leé también: Cómo la oposición logró avanzar en el Senado con las leyes que vetará Milei

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Por último, Mariano Bar aseguró que una persona “siempre puede ir a presentar una demanda ante la Justicia”. No obstante, para el abogado especialista en Derechos Humanos, eso no significa que le den la razón a ese individuo: “Además, directamente te pueden decir ‘mire señor esto que usted presenta ni siquiera lo vamos a tratar porque es ridículo’”.

“Quizás Milei quiera ir a la Justicia y no demandar a nadie, sino pedir -por ejemplo- una acción declarativa o de certeza”, indicó. Este recurso existe para cuando la gente no reclama que se le produjo un daño, sino que existe una ley que quiere que se aclare porque el cómo se está utilizando sí le genera un perjuicio.

Aunque, para Bar, este caso tampoco es aplicable a la situación del Gobierno: “Tampoco corresponde porque ahí la Corte Suprema va a decir que su función es resolver casos contenciosos. No es un órgano asesor jurídico”.

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El Senado aprobó proyectos previsionales y las dos iniciativas que impulsaban los gobernadores para coparticipar los ATN y el impuesto a los combutibles.  (Foto: prensa Senado)
El Senado aprobó proyectos previsionales y las dos iniciativas que impulsaban los gobernadores para coparticipar los ATN y el impuesto a los combutibles. (Foto: prensa Senado)

El ejemplo que mencionó el abogado, y que también trajeron a colación los demás especialistas, fue el de Cristina Kirchner durante la pandemia. En ese momento, la exvicepresidenta le pidió al máximo tribunal que avale la posibilidad de que el Congreso tenga sesiones de manera virtual sin modificar el reglamento.

A pesar de ello, los ministros de la Corte rechazaron el pedido por unanimidad y sostuvieron que «no correspondía la intervención del Tribunal por la causal de ausencia de caso o controversia». Además, no podían involucrarse en otro poder.

“La Justicia a Milei le va a decir que vaya a su casa, porque esto no es una cuestión que puedan resolver ellos. No dictan leyes ni deciden el contenido de ellas, eso lo hace el Congreso», sentenció Bar.

Y cerró: “Es básico: el Poder Legislativo legisla, y el Ejecutivo ejecuta las leyes. No puede elegir qué leyes ejecuta, las tiene que ejecutar porque esa es su única función».

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Javier Milei, Senado, Jubilaciones, veto, Justicia

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Operativo Puf: anulan el caso donde se investigaba un supuesto complot kirchnerista para perjudicar al fiscal Stornelli

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La Cámara Federal anuló la causa en que se investigaba un supuesto complot de presos kirchneristas para perjudicar el fiscal Carlos Stornelli y dispuso el archivo del caso.

Los jueces de la Cámara Federal actuaron a instancias de un fallo de la Cámara de Casación de Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Daniel Petrone.

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En esta causa, conocida popularmente como el “Operativo Puf”, se investigaba, entre otros, al juez Juan María Ramos Padilla y al diputado Eduardo Valdés.

Eduardo ValdésFernando Massobrio

Se investigó una maniobra para descalificar al fiscal Stornelli, que era quien llevaba adelante la causa de los cuadernos de las coimas contra Cristina Kirchner y exfuncionarios del kirchnerismo.

La decisión puso fin a casi seis años de caso y se dio a continuación de que todas las acusaciones que se realizaron contra Stornelli desde el kirchenrismo fueron desechadas.

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Ahora, la Cámara Federal -a instancias de la Casación- dijo que no estaba claro el objeto procesal. La resolución, firmada por los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, habla de una falta de una hipótesis delictiva identificable.

El juez Juan Ramos PadillaFiscales. gob.ar

El fiscal Franco Picardi había considerado que las escuchas telefónicas de presos K, utilizadas como prueba en la investigación, eran “ilegales” y no podían ser avaladas.

Picardi aplicó la doctrina del “fruto del árbol envenenado” para solicitar la nulidad y/o exclusión de estas trascripciones.

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El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah, quien ya había votado en disidencia por el archivo en marzo de 2021, reiteró que «no se ha identificado a la fecha un objeto procesal claro, en que exista una hipótesis delictiva identificable y concreta“.

Farah enfatizó que la falta de esta “base fundamental constituye un óbice a la pretensión de que se profundice una investigación que, así planteada, carece de un norte específico que le dé sentido y finalidad”.

Dijo el camarista que el caso se apoya en el contenido de las informaciones anónimas que desencadenaron las denuncias.

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Según el magistrado, esta situación refuerza la conclusión de que es “improcedente dar vía favorable a la pretensión de esos actores de mantener abierto un caso judicial”.

Los jueces Pablo D. Bertuzzi y Leopoldo Bruglia adhirieron a esta postura: “Consideramos que este temperamento permite, a su vez, brindar una solución a la controversia suscitada, frente al sistema de reenvíos propuesto por el ad quem que, en el caso, aparece demorando innecesariamente la decisión, en detrimento del derecho del que goza todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal“.

La denuncia del “Operativo Puf” se originó a raíz de las interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora Federico Villena para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, a raíz de la sospecha de que estaba planificando un atentado con explosivos.

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Villena autorizó el pedido de la AFI para escuchar a Segovia en un teléfono público que usaban otros presos. La AFI lo hizo y se lo reportó al juzgado. Pero también se grabaron conversaciones de otros detenidos, que no estaban en foco en la investigación.

El contenido de esas conversaciones tomó estado público a través de medios de comunicación. En uno de los audios, el diputado Eduardo Valdés le adelanta a Juan Pablo Schiavi, entonces preso, que “va a haber novedades” y le recomienda “quedarse tranquilo”.

“Bonadio, Stornelli, Puf”, asegura, en alusión a que el juez y el fiscal iban a tener problemas. Esa frase fue la que generó el nombre con el que se conoció esta causa.

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Esas escuchas llegaron en un sobre anónimo a manos de las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvik, que las presentaron en la justicia y se inició el caso, ahora archivado.

El contenido de las escuchas fue admitido como prueba por la propia Cámara Federal, pues en la causa de “La ruta del dinero K” validó la conversación de Lázaro Báez con una mujer cuando le decía que su fortuna no le pertenecía, sino que era de alguien que estaba por encima de él.

Stornelli efectivamente enfrentó múltiples acusaciones que terminaron rechazadas en todos los tribunales y el caso cuadernos está elevado a juicio oral con Cristina Kirchner como la principal imputada.

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Los cuadernos de las coimas,Carlos Stornelli,Conforme a,Los cuadernos de las coimas,,Reto a los jueces. Emplazan al tribunal de “los cuadernos de las coimas” para que agilice el juicio contra Cristina Kirchner,,Sin vuelta atrás. Los cuadernos de las coimas: convocan a una audiencia clave para iniciar el juicio contra Cristina,,Bajo agua. Un país que muestra la extrema pobreza en infraestructura que no soporta ni la lluvia, ni el frío o el calor

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La CGT marchó casi a reglamento, con menos gente que la esperada y algunos guiños al Gobierno

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Antes de la marcha de San Cayetano, en la CGT había entusiasmo por la posibilidad de protestar en la calle contra el Gobierno y algunos dirigentes coincidían en un pronóstico con tono de advertencia: “Vamos a mover a toda nuestra gente”. Sin embargo, la postal que dejó la movilización del 7 de agosto no estuvo a tono con ese vaticinio. Hubo mucha gente, pero no fue la cantidad esperada. Y sólo un puñado de sindicatos que pertenecen a la CGT se destacó por el número de manifestantes.

Sin embargo, para la cúpula cegetista el balance fue positivo. En diálogo con Infobae, uno de sus líderes dijo: “Cumplimos lo que nos habíamos propuesto. No era nuestra marcha, sino que nos sumamos a la que organizaron los movimientos sociales. Pero fuimos todos los que teníamos que ir, llevamos mucha gente y sacamos un documento para fijar nuestra posición».

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Lo cierto es que la participación de la CGT se fue deshilachando con el correr de los días. La propuesta de adherir a la marcha fue aprobada el 21 de julio por la mesa chica ampliada, pero, en el fondo, se pareció más a un recurso para contener a los sectores duros que presionaban por otro paro general contra el Gobierno.

La columna de la CGT caminó una cuadra hasta la Plaza de Mayo (Foto: Jaime Olivos)

Al comienzo, la expectativa era que los sindicatos enviaran manifestantes para que marcharan desde Liniers con los movimientos sociales, que organizan esta movilización a partir de 2016 para reclamar por más trabajo, pero luego hubo un viraje: la CGT se concentraría en Diagonal Sur y Perú para caminar una cuadra a Plaza de Mayo.

El cambio se produjo, como anticipó Infobae, por el temor de que algunos sectores radicalizados increparan a la dirigencia de la CGT para exigirle un paro nacional.

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Aún está fresco el traumático recuerdo de lo que sucedió en marzo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la conducción cegetista de entonces (casi igual a la de hoy) realizó un acto de protesta y no precisó cuándo haría una huelga general, lo que provocó la reacción de un grupo que reclamó que le pusieran fecha al paro e increpó al triunvirato que lideraba la CGT (Héctor Daer, de Sanidad; Carlos Acuña, de estaciones de servicio, y Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento), que tuvo que bajarse del palco entre insultos y empujones de la gente para refugiarse en el Sindicato de Comercio. En los incidentes se robaron el atril con el logo de la CGT.

Gerardo Martínez, en la marcha de San Cayetano (Foto: Jaime Olivos)

Ahora, algunos sindicalistas temían la explosiva combinación que se iba a dar en la calle de sectores críticos y hostiles hacia la CGT como La Cámpora, gremios combativos y expresiones de izquierda.

Por eso pasaron de la idea inicial de caminar 15 kilómetros entre Liniers y Plaza de Mayo a recorrer 100 metros hasta donde finalizaría la marcha. Para tener mayores garantías, incluso, los dirigentes de la CGT sólo estuvieron 2 o 3 horas, se acomodaron sobre la calle Hipólito Yrigoyen, cediendo la ubicación principal del acto, y se retiraron antes de que se leyera el documento.

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Esa declaración incluyó duras críticas a las políticas del Gobierno y al estilo presidencial, como cuando señala que “la descalificación, el agravio y la violencia verbal son incompatibles con la democracia y el necesario debate de ideas”. Pero el texto también tiene guiños a la administración libertaria con apelaciones al diálogo y la búsqueda de consensos (a lo que apuestan los líderes cegetistas al participar del Consejo de Mayo).

Hugo y Pablo Moyano, sólo unidos en la pancarta de Camioneros

“Creemos en el diálogo social como herramienta clave y eje central en la búsqueda de consensos que posibiliten la puesta en marcha de políticas superadoras para dejar atrás una crisis que venimos soportando desde hace años y que golpea inequitativamente a la gran mayoría de nuestra sociedad”, afirma el documento, que seguramente no conformó al ala dura de la CGT, que no quiere dialogar con el Gobierno y busca desgastarlo a fuerza de paros.

Entre quienes redactaron el texto figura Gerardo Martínez (UOCRA), del ala dialoguista de la CGT, miembro del Consejo de Mayo y partidario de negociar con Milei para impedir que se avance con una reforma laboral que pondría en peligro al sindicalismo, entre otros puntos.

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Más allá de estos matices, lo que mostró la CGT en la calle este jueves fue un muestrario de datos sugestivos.

Algunos de los sindicatos que llevaron más gente fueron Camioneros, UOCRA, UPCN, UDA y los integrantes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezados por Juan Carlos Schmid y Juan Pablo Brey, junto a ATE y los miembros del ultraopositor Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, entre otros. Pero, como se preveía, impactó la capacidad de movilización de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el gremio de los movimientos sociales que lidera Alejandro Gramajo y que organizó la marcha.

Sergio Romero, de UDA, en la marcha de San Cayetano

En materia de concurrencia de dirigentes, hubo falta con aviso del cotitular de la CGT, Héctor Daer, que este mismo 7 de agosto tuvo comicios en su sindicato, ATSA Buenos Aires, donde no compitió por una nueva reelección.

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En la columna principal de la CGT hubo sindicalistas de perfil más bajo que pasaron a una ubicación destacada, como Cristian Jerónimo (vidrio), Maia Volcovinsky (judiciales) y Jorge Sola (seguro), cuyos nombres, casualmente (o no), circulan como posibles miembros del triunvirato cegetista que se elegiría en el congreso de renovación de autoridades, en noviembre próximo.

El Frente Sindical estuvo presente en la marcha de San Cayetano

La nota destacada la dio Hugo Moyano, por primera vez en mucho tiempo en la columna principal de la CGT, flanqueado por Gerardo Martínez y por Octavio Argüello (Camioneros), el único cotitular cegetista presente en la marcha (además de Daer, tampoco estuvo Carlos Acuña). Detrás del líder sindical estuvo en todo momento su hijo menor, Jerónimo, mencionado como el candidato de Camioneros para la Secretaría de la Juventud de la CGT.

A quien nadie vio en la marcha es a Pablo Moyano, quien había convocado a movilizarse desde un video con ruido ambiente de una cancha de fútbol y vestido con una campera que lleva el escudo del club Camioneros, del que es presidente. ¿No habrá querido cruzarse con su padre, con quien está peleado? ¿O estará concentrado en el partido que su equipo jugará el sábado con Deportivo Paraguayo por el torneo de la Primera C?

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Milei y Petro vuelven a acercarse luego de meses de frialdad y distancia

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Lejos, muy lejos, parecen haber quedado aquellos intercambios de insultos y descalificaciones, moneda corriente en aquellos tumultuosos primeros meses de gestión, con Javier Milei en la Casa Rosada y Gustavo Petro como presidente de Colombia. Hoy, ambos países dieron un nuevo paso hacia la reconciliación, al menos en lo que hace al vínculo político y económico bilateral.

Este jueves, el flamante embajador de Colombia en el país, José Roberto Acosta, encabezó los festejos por el aniversario número 206 de la independencia de Colombia. Debajo de un retrato de Simón Bolívar en la sede diplomática en Buenos Aires, Acosta contó que el canciller Gerardo Werthein le había dado, en tiempo récord y el día anterior, su plácet para desempeñarse como embajador. Con gracia, afirmó que las relaciones entre ambos países son “sólidas y fraternas” y que no hay “twitter que nos pueda separar”, en referencia a las redes sociales, a las que son tan afectos ambos presidentes, separados por un océano ideológico, pero unidos –al parecer- por un pragmatismo a prueba de batallas culturales.

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Nadie quiso recordar que, a fines de marzo de 2024, Milei había tildado de “terrorista asesino” a Petro por su participación en organizaciones guerrilleras de izquierda durante su juventud. Declaraciones que derivaron en la expulsión de los diplomáticos argentinos de Bogotá. Tampoco nadie mencionó que el colombiano calificó de “neonazi” al presidente argentino y luego dijo, en diciembre y en una entrevista con Clarín, que Milei era un “potencial dictador”, que sus discursos eran “anacrónicos”, y que su discurso en el G20 de Río de Janeiro había sido “más aplaudido” que el de su par argentino.

Intentando una vuelta de página, el nuevo embajador colombiano habló de “fortalecer” una “relación de hermanos”, citó el histórico encuentro entre San Martín y Bolívar, y hasta reconoció que el himno argentino le parece “emocionante”. Lo escuchaban, en primera fila, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, y su jefe de gabinete, Marcelo Lucco, enviados del canciller Werthein a la celebración, y parte de una concurrencia dónde se destacaron diplomáticos de Chile, Paraguay, Brasil, Cuba, la Unión Europea, Marruecos, entre otros.

“Nos unen recuerdos como el 5 a 0 en la cancha de River, que nunca vamos a olvidar”, bromeó el embajador en relación a aquel partido en las eliminatorias mundialistas de 1993 que terminó en goleada para los colombianos. “Esto es pragmatismo, un trabajo bien hecho”, sostuvieron voces de la diplomacia argentina, dejando de lado las antiguas-y profundas- rencillas.

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No se trata de la primera vez que Petro y Milei intentan recomponer sus ásperos vínculos, que tienen como antecedente un solo saludo, a medias e informal, en esa reunión del G20 en Brasil. Luego de llamar a consultas a su embajador en el país, Camilo Romero, Petro le ordenó al diplomático que regresara a Buenos Aires. “Debe haber un acuerdo básico de civilidad”, dijo Romero a cuando volvió al país, en abril de 2024, con la intención de calmar las aguas.

Pero su estadía en la Argentina duró unos pocos meses, ya que en febrero de este año renunció al cargo, con el objetivo de ser candidato a presidente en 2026, año en el que Petro culminará su mandato. Por el lado argentino, Mario Raúl Verón Guerra continúa siendo el embajador en Bogotá desde mayo de 2024, cuando reemplazó a Gustavo Dzugala, quien pagó los platos por el conflicto entre ambos presidentes.

Milei y Petro, que duda cabe, siguen perteneciendo a mundos distintos. Aliado del norteamericano Donald Trump y del premier israelí Benjamín Netanyahu, el presidente argentino tiene como uno de sus slogans luchar contra los “comunistas” como Petro, quien sostiene un buen vínculo con la Venezuela de Nicolás Maduro y tomó partido por los palestinos en el conflicto de Medio Oriente, además de que suele polemizar con Washington.

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Los más de cien mil colombianos que viven en Argentina, y sobre todo la necesidad de expandir las puertas del comercio parecen haber sido razones suficientes para no alimentar más el conflicto y deponer las armas, al menos por ahora.


había tildado,cuando volvió,Jaime Rosemberg,Conforme a

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