A partir del escalofriante asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, emboscado y asesinado a puñaladas por tres adolescentes, el Gobierno decidió acelerar la reforma del Régimen Penal Juvenil en respuesta al reclamo social en favor de la bajar la edad de imputabilidad. Con ese objetivo, impulsó y consensuó con las bancadas aliadas un proyecto que la redujo de los actuales 16 años a 14 años.

La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el jueves último, por una amplia mayoría de 149 votos a favor. Apoyaron el proyecto La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas, Innovación Federal y legisladores provinciales. El peronismo rechazó la iniciativa en general, pero votó dividido en el debate en particular, y el Frente Renovador apoyó el artículo que redujo la edad de responsabilidad penal.

Según los últimos datos publicados por la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre 2017 y 2024 (último año disponible), hubo 55.925 menores de 15 años involucrados en delitos contra la propiedad, y otros 72.439 de entre 16 y 17 años implicados en este tipo de delitos que incluyen robos, hurtos y extorsiones.

A su vez, esa cartera contabilizó en ese mismo período 118 menores de 14 años inculpados por homicidios dolosos, o sea, causados intencionalmente, con conocimiento y voluntad de matar o causar daño grave. Se diferencian del homicidio culposo, que ocurre por negligencia.

De este número de adolescentes responsables de asesinatos, 107 eran varones y 10, mujeres (un caso figura sin especificación de género).

En la gran mayoría de los casos, para los menores de 14 años, los crímenes fueron cometidos con un arma blanca (40%) o con un arma de fuego (39%), lo que refleja la facilidad que tienen los menores para acceder a ellas. En el resto, los homicidios fueron perpetrados por otros métodos, tales como golpes o ahorcamiento.

En cuanto a la franja de jóvenes de 15 a 19 años, hubo otros 2.110 jóvenes acusados de matar a otra persona en el mismo período de 8 años.

Homicidios por provincias

En la distribución geográfica de los homicidios cometidos por menores de 14 años, lidera la provincia de Buenos Aires – la de mayor densidad poblacional – con 41 víctimas a manos de adolescentes en esa franja etaria, entre 2017 y 2024. En el ranking, le sigue Chaco, con 14 casos en ese período.

Hay cinco provincias que no registraron casos de homicidios dolosos cometidos por menores, en esos 8 años: Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego

Según el análisis realizado por Infobae de la base de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, independientemente de la edad de los inculpados, más de la mitad de los homicidios dolosos (53%) suceden de noche (entre las 20 y las 5 de la madrugada). Sin embargo, en el caso de los protagonizados por menores de 14 años, es diferente: el 37% de los 118 homicidios dolosos (el 37%), sucedieron alrededor de las 11 de la mañana.

Robos y hurtos

En cuanto a los delitos contra la propiedad (incluye extorsiones, hurtos y robos, incluyendo automotores, motos y bancos), entre 2017 y 2024, se contabilizaron 55.925 delitos de este tipo cometidos por menores de 15 años. El análisis de los datos muestra que han ido aumentando en los últimos cinco años.

En 2024, sumaron en total 844.512, de los cuales 6.381 fueron protagonizados por menores de 15 años. Si se consideran los delitos cometidos por jóvenes de entre 16 y 17 años, la cifra es de 7.901 hechos.

En 2021 se registró el mayor pico de delitos contra la propiedad cometidos por menores de 15 años de edad: 12.504 casos (el 12% del total de casos con inculpados conocidos).

Los delitos contra la propiedad más frecuentes cometidos por menores de 15 años dentro de los encuadrados como delitos contra la propiedad, son el robo y el hurto.

Menores con causas en la Justicia

En el primer semestre del año pasado, 945 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores. El 87,6% de ellos por hechos sucedidos en ese período, el 9% por denuncias de hechos anteriores, y el restante 3,4% por distintos hechos sucedidos tanto en el período como con anterioridad. Estos datos corresponden al último Informe estadístico elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En comparación con el primer semestre de 2024, hubo un 4,2% más de menores con alguna causa penal abierta en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esos 945 menores de 16 años, el 91% fueron varones. En cuanto a la edad, el 55,9% tenía 16 a 17 años al momento del hecho, un 40,3% entre 13 y 15 años, y un 3,8%, 12 años o menos. Comparado con el mismo período de 2024, se observa un aumento del 16,8% en la cantidad de menores de 16 años, así como en el porcentaje que representan respecto del total de menores con causas (44,1% del total en 2025 frente al 39,9% en 2024).

Según el informe, 746 de esos niños, niñas y adolescentes con causas judiciales en la Justicia Nacional de Menores fueron aprehendidos durante el primer semestre de 2025 por fuerzas de seguridad con competencia jurisdiccional en CABA, e ingresaron al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti”, dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil porteña. Esta cifra es un 2,5% menor a la del primer semestre de 2024.

Asimismo, 117 jóvenes tuvieron al menos una medida de privación de libertad o alojamiento en centros socioeducativos de régimen cerrado, de libertad restringida y hospitales.

Este número representa el 12,4% del total de menores con causas judiciales y el 15,7% de aquellos que ingresaron en el CAD. En comparación con el año 2024 se registró un 25,8% más niños y adolescentes con medidas de este tipo.

Apoyo social a la reforma

La baja de la edad de imputabilidad viene recogiendo un fuerte apoyo de la sociedad, según distintas encuestas que midieron el grado de respaldo de la iniciativa que aprobaron los diputados.

Según la consultora Opinaia, el 67% de los consultados se declara “muy de acuerdo” y un 14% “bastante de acuerdo” con la iniciativa, lo que totaliza un 80% a favor. Apenas el 15% de los encuestados la rechaza.

Otra medición, en este caso de Jorge Giacobbe, muestra un 73 % de respaldo al proyecto. Dentro de ese porcentaje, el 63,6% apoya que la edad se reduzca a 13 años – la propuesta original del Ejecutivo -, mientras que 9,5% se inclinan por fijarla en 14, la edad consensuada con bloques aliados.

Por su parte, la firma Isasi/Burdman registró en noviembre pasado un apoyo similar: el 68% de los encuestados se manifestó a favor de la baja de la edad para que los menores sean responsables penalmente, frente a un 29% que la rechazó.

“Este grado de apoyo masivo a la baja de la imputabilidad se viene repitiendo en nuestras mediciones. Lo medimos por primera vez a mediados de 2024 y siempre nos dio casi calcado”, le dijo a Infobae Julio Burdman, uno de los socios de esa consultora.

“Pero hay una contradicción con los datos porque los funcionarios judiciales nos dicen que el delito en mano de menores de edad es bajo. Entonces, ¿por qué tanto nivel de preocupación cuando sería un fenómeno aparentemente menor, según las cifras oficiales?”, se preguntó este experto.

“En realidad, el problema es el desconocimiento de todos. Porque, por un lado, la sociedad se maneja sobre la base de un supuesto, y es que los pibes chorros son un fenómeno masivo sobre todo en las áreas metropolitanas, que requiere una respuesta contundente. Por el otro, no existe información oficial precisa sobre el fenómeno del delito juvenil. Y parte del problema es que la Argentina no produce cifras porque las denuncias son muy bajas. Cuando los fiscales que hemos consultado nos dicen entre 1 y 2%, se basan en las denuncias recibidas. Pero las denuncias son de menos del 10%. Lo único que sabemos es cuántos son los homicidios, pero en materia de robos no existen datos oficiales precisos. Entonces, ante ese vacío de información, se produce esta demanda social”, concluyó Burdman.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

El proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 14 años logró media sanción en la Cámara de Diputados, tras reunir 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y cuenta con el respaldo de bloques como PRO, UCR y La Libertad Avanza. Familiares de víctimas, como Romina Monzón y Virginia —madre y tía de Jeremías Monzón—, así como representantes de organizaciones como Madres del Dolor y USINA de Justicia, asistieron a la sesión en el recinto.

Romina, madre de Jeremías, siguió el debate de la reforma desde uno de los palcos del Congreso y también estuvo afuera hablando con la prensa. “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses asesinaron violentamente a mi hijo. De los tres menores de edad, hoy dos están en libertad sin siquiera tener un antecedente penal”, expresó la mujer al ser consultada por un periodista de TN.

“Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”, aseguró Romina, que impulsaba que el límite del proyecto de ley se fijara en 12 años.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14, sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

Si bien Romina destacó que esta media sanción no cambia nada en el crimen de su hijo “porque la ley no es retroactiva”, hizo énfasis en que “era necesario que esto cambie, porque los liberan como si nada».

“Hablan muchísimo de la reinserción social de gente que decidió asesinar, que decidió matar, que decidió salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”, concluyó la madre de Jeremías.

El crimen de Jeremías Monzón

Hace dos meses, el adolescente de 15 años fue emboscado y sometido a torturas antes de recibir la estocada mortal. El grado de ensañamiento y la participación activa de los implicados, entre ellos una joven de 16 años y dos adolescentes de 14, provocó una importante repercusión. El caso adquirió notoriedad por la grabación del crimen y la posterior viralización de un video con imágenes explícitas, lo que reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de menores en Argentina.

La secuencia de hechos reconstruida a partir de imágenes de cámaras de seguridad, en especial las del estadio del club Colón, permitió a los investigadores establecer los movimientos de la víctima y los implicados. Monzón salió de su casa en Santo Tomé a las 14:30 en bicicleta y cruzó el puente carretero hacia Santa Fe, dirigiéndose al barrio Chalet, donde se encontró con la adolescente señalada como autora intelectual en la casa de la abuela de esta.

Ambos dejaron la bicicleta y caminaron hacia un galpón abandonado frente a la cancha de Colón. A las 15:06, cámaras de seguridad los captaron por la calle Pietranera hacia J. J. Paso, cerca del lugar donde ocurriría el crimen. Minutos antes, los dos menores de 14 años, identificados como cómplices, fueron filmados en el mismo trayecto. Los tres adolescentes cruzaron el túnel que conecta el barrio Chalet y el Fonavi, considerado una zona de riesgo por su peligrosidad.

A las 15:53, las cámaras registraron a los tres adolescentes regresando a la casa de la abuela de la joven, aunque Monzón ya no estaba presente. En esa vivienda, los implicados se higienizaron y descartaron la bicicleta de la víctima. Más tarde, repitieron el trayecto hasta la calle J. J. Paso, acción captada nuevamente por las cámaras de seguridad.

A las 16:55, el grupo se encontró con la madre de la adolescente, le mostró el contenido de una mochila y un video de cuatro minutos en el que se observa la tortura y asesinato de Monzón. Se informó que la madre dio directivas al grupo y les señaló una dirección. Luego, se dirigieron a Parque Sur, donde se deshicieron de la ropa de la víctima. En ese lugar, improvisaron una lápida escribiendo “Jere 18/12/2025” en una baldosa.

La búsqueda de Jeremías Monzón se extendió durante cuatro días, hasta que el 22 de diciembre se halló el cuerpo. La principal acusada fue detenida y enfrenta cargos por homicidio triplemente agravado. Los dos cómplices, al ser menores de 16 años, fueron declarados inimputables y quedaron en libertad bajo una medida de seguridad.

Por otro lado, la madre de la adolescente fue detenida e imputada por participación secundaria; las pesquisas intentan determinar si fue la ideóloga del hecho.

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Las investigaciones aún intentan esclarecer los motivos del crimen. Existen versiones contradictorias, incluidas las declaraciones de la adolescente y su madre, respecto a un video viralizado de contenido explícito que no fue hallado en el celular de la víctima.

Una de las hipótesis es que los agresores habrían cometido un error al culpar a Monzón de compartir dicho video, acción que no habría realizado. Las fuentes del caso explicaron que resta conocer el contenido de los teléfonos móviles incautados, donde se espera hallar nuevas pruebas y posibles indicios sobre el móvil del crimen.

El oficialismo consiguió este jueves en la Cámara de Diputados la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea con 203 votos positivos, 42 en contra y 4 abstenciones. Ahora el tratado deberá pasar por el Senado para comenzar a ser aplicado.

El acuerdo contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y casi todos los espacios provinciales. Pero el dato destacable fue que el peronismo votó dividido: 47 integrantes de Unión por la Patria se manifestaron a favor.

A diferencia de los proyectos de ley, el tratado entre el Mercosur y la UE no podía sufrir modificaciones. Debía ser aprobado o rechazado en su totalidad, lo que simplificó la discusión para el oficialismo.

Cuando el Poder Ejecutivo sumó su tratamiento al temario de las sesiones extraordinarias, explicaron que el objetivo es que Argentina sea el primer país de la región en ratificar parlamentariamente el tratado para poder aventajar a sus socios regionales.

Esto se debe a que el tratado se divide en una parte política y una económica. La parte política quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés político ya que la aprobación por los países europeos deberá esperar hasta que los jueces lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.

Sin embargo, las facultades para avanzar con algunos procesos de integración económica ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y este podrá comenzar a negociar con los países que ratifiquen el acuerdo, por ejemplo, para ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne.

Tanto Brasil como Uruguay enviaron los acuerdos al Congreso. Brasil ya lo dictaminó y lo llevará al recinto después del Carnaval, el 24 de febrero. Mientras que Uruguay se tomará hasta el 27 de febrero para escuchar a todos los sectores productivos involucrados.

Durante el debate, el bullrichista Damián Arabia aseguró el acuerdo “representa el esfuerzo de una gran mayoría de argentinos”. “Cuando un país decide integrarse al mundo, decide crecer. Y cuando decide crecer amplía los horizontes posibles para sus ciudadanos. El desarrollo no es compatible con el aislamiento. Tratándose de un mercado sofisticado, no solo vamos a vender más, sino que vamos a vender mejor”, dijo.

“Este acuerdo también es previsibilidad, reglas claras, alineamiento con los estándares internacionales. En un mundo donde el capital busca un destino seguro, estamos en el lugar correcto”, agregó la diputada Juliana Santillán.

Dentro del peronismo, hubo voces muy críticas del acuerdo. El ex canciller Santiago Cafiero aseguró que la negociación que llevó más de 25 años se cerró en 2019 porque el gobierno argentina “se bajó los pantalones y entregó todo”. “Es un mal acuerdo para la industria porque abre indiscriminadamente y consigue rebajas en el 99% de los aranceles agropecuarios. Pero la rebaja arancelaria no otorga acceso a los mercados, porque por ejemplo existen barreras para-arancelarias y salvaguardas, que le permiten a Europa no cumplir este acuerdo”, señaló. Y agregó: “Estamos dejando que se nos defina como exportadores de materias primas, eso no va a generar empleo”.

En la misma línea, el diputado Itai Hagman, cercano a Juan Grabois, argumentó que “existen asimetrías entre los países de productividad y de desarrollo tecnológico, pero en este acuerdo no existe cláusulas para compensar estas asimetrías, por lo tanto se van a seguir profundizando”. “No estamos en contra de hacer acuerdo comerciales, pero las negociaciones tienen que defender el interés nacional”, concluyó.

Sin embargo, una parte importante del bloque Unión por la Patria decidió votar a favor del acuerdo. La posición de este sector, donde se destacan Victoria Tolosa Paz, Germán Martínez, Cecilia Moreau y Agustín Rossi, quedó plasmada en un documento que elaboraron y circularon en la previa del debate. Allí señalaron que la posibilidad de acceder a un mercado de veintisiete países, con elevado poder adquisitivo y estándares de calidad exigentes, representa “una oportunidad significativa para ampliar, diversificar y agregar valor a nuestras exportaciones”.

Asimismo, explicaron que el acuerdo constituye una “herramienta estratégica que, gestionada adecuadamente, puede contribuir a ampliar mercados, fortalecer las economías regionales y mejorar la inserción internacional de la República Argentina”.

Sin embargo, reclamaron que el Gobierno adopte inmediatamente “políticas complementarias de desarrollo productivo, fortalecimiento industrial y promoción de exportaciones que permitan maximizar sus beneficios y mitigar sus eventuales impactos adversos”.

“La experiencia internacional demuestra que la apertura comercial sólo resulta sostenible cuando se articula con instrumentos de política industrial, financiamiento estratégico e innovación tecnológica. Argentina dispone de capacidades consolidadas en sectores como energía nuclear, economía del conocimiento, informática y comunicaciones, que deben ser protegidos y potenciados en el marco de una estrategia nacional de desarrollo”, plantearon.

El ex ministro de Defensa y ex jefe de Gabinete, Agustín Rossi dijo que “es un acuerdo que fortalece el Mercosur, lo consolida como actor económico comercial y lo referencia desde el punto de vista internacional”. También destacó que muchos “compañeros diputados del interior han expresado lo que significa para sus economías regionales”. “En mi Santa Fe la faena de la carne genera 12 mil puestos de trabajo”, concluyó.

¿Qué implica el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea?

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea abarca dimensiones comerciales, políticas y de cooperación, y que origina uno de los espacios económicos integrados más relevantes, con cerca de 700 millones de personas y alrededor del 25% del PIB mundial.

El tratado propone la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles bilaterales, la reducción de barreras no arancelarias y la unificación de regulaciones en áreas como inversiones, propiedad intelectual y estándares sanitarios y técnicos.

Según el Gobierno, el acuerdo permitiría al Mercosur acceder de manera preferencial a uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo, lo que beneficiaría sobre todo a su sector agroindustrial y a la exportación de minerales, alimentos procesados y manufacturas agropecuarias. Para la Unión Europea, el acuerdo fortalecería su presencia en América del Sur y diversificaría sus proveedores estratégicos, especialmente en un contexto de competencia global creciente. Además, las empresas europeas podrían lograr un ahorro anual estimado en hasta 4.000 millones de euros por la reducción de derechos aduaneros, mientras que los flujos de inversión extranjera directa desde Europa hacia el Mercosur podrían duplicarse.

Para el caso argentino, Cancillería prevé que las exportaciones argentinas a la UE crezcan un 76% en los primeros cinco años de vigencia y hasta un 122% en un horizonte de diez años. En particular, destacan que habrá fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería, en particular los proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos.

Sin embargo, desde la oposición advirtieron sobre las asimetrías en la relación. Las manufacturas del Mercosur, como textiles, calzado y metalmecánica, enfrentarán mayor competencia europea. Como contracara, la agricultura europea teme el impacto de la entrada de productos sudamericanos. De ahí las protestas, especialmente en Francia.

Para la Unión Europea, el tratado servirá para reducir la dependencia de Asia y reforzar su influencia en América del Sur. En tanto, el Mercosur podrá diversificar alianzas, reducir la dependencia de China y reposicionarse como actor relevante en el comercio global.

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