Una trama de relaciones de inteligencia y potenciales negocios fue planteada ante la Justicia federal a partir de una denuncia que tiene como protagonistas a Santiago Caputo, el asesor presidencial, y Leonardo Scatturice, el empresario con vínculos con los servicios de inteligencia y los Estados Unidos.

La denuncia, que fue radicada en Comodoro Py por María Eugenia Talerico −exvicepresidenta de la UIF− describe un entramado de contratos, vínculos personales y actuaciones públicas que articulan una presunta red de corrupción, tráfico de influencias y uso ilegal de organismos de inteligencia bajo la órbita de Santiago Caputo.

El punto de partida del caso es un acuerdo firmado el 12 de febrero de 2025 entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la consultora estadounidense Tactic Global, cuya legalidad y finalidad se encuentran bajo cuestionamiento en la denuncia.

Tactic Global es una empresa constituida en Estados Unidos, perteneciente a Scatturice y que tiene entre sus socios a Barry Bennett, un lobista que se presenta como cercano a Donald Trump. Según los registros del Departamento de Estado de Florida citados en la presentación, la consultora fue creada apenas dos meses antes de la firma del acuerdo con el organismo de inteligencia argentino, un dato que es utilizado para cuestionar la razonabilidad y los antecedentes de la contratación.

Uno de los ejes de la trama es el presunto desvío de la misión legal de la SIDE. La denuncia sostiene que, bajo el control político de Santiago Caputo, el organismo habría contratado servicios que no se vinculan con la seguridad nacional ni con la inteligencia estratégica, sino con tareas de lobby político y empresarial. El acuerdo con Tactic Global es presentado como un ejemplo concreto de ese cambio de función.

El contrato firmado el 12 de febrero de 2025 es señalado también como la base de un esquema de “embajadas paralelas”. Según la denuncia, el acuerdo habría habilitado canales informales de comunicación entre las presidencias de Argentina y Estados Unidos, al margen de los circuitos institucionales de Cancillería y de las embajadas oficiales, un dato que se desprende de las funciones atribuidas a la consultora contratada. Son múltiples las fuentes que aseguran que esta fue la vía utilizada para habilitar el salvataje del Tesoro estadounidense previo a las elecciones.

La trama incorpora además la presunta injerencia en política interna por parte de Bennett. La denuncia afirma que el lobista habría realizado acciones destinadas a influir sobre la opinión pública y sobre legisladores nacionales para favorecer reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Ese tipo de intervención está expresamente prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional cuando involucra a actores vinculados al sistema de inteligencia.

Otro dato central del expediente es el crecimiento de los negocios de Scatturice. La denuncia menciona que habría obtenido al menos 21 contratos con el Estado nacional, incluyendo licitaciones de montos elevados en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Educación, a través de su empresa OCP Tech, información que surge de publicaciones del Boletín Oficial.

La relación entre Scatturice y distintos organismos del Estado aparece documentada en adjudicaciones oficiales que forman parte de la base informativa del caso. La denuncia utiliza esos registros públicos para sostener que el empresario amplió su participación como proveedor estatal mientras mantenía vínculos directos con Caputo que, a su vez, influye sobre la SIDE.

La trama descripta en la denuncia incluye también menciones a nombramientos en cargos estratégicos del Estado. En la presentación judicial se señala que el actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Edgardo Vázquez, habría sido recomendado por Scatturice, en un organismo que se encuentra bajo la órbita política de Santiago Caputo, según consta en la reconstrucción de los hechos.

La base informativa de la denuncia no surge de una causa judicial previa, sino de la acumulación de datos provenientes del periodismo de investigación, según describe. El escrito cita crónicas y artículos publicados por medios como , que coinciden en describir los vínculos entre Caputo, Scatturice, Bennett y la contratación de Tactic Global.

Además de las investigaciones periodísticas, la denuncia se apoya en registros públicos internacionales. Entre ellos, se incluyen los documentos oficiales del Estado de Florida que confirman la fecha de constitución de Tactic Global y su estructura societaria, información utilizada para contextualizar la firma del contrato con la SIDE.

Las declaraciones públicas de Bennett también forman parte de la prueba aportada. La denuncia retoma expresiones del propio lobista en medios de comunicación, donde reconoce haber trabajado para consolidar respaldo político y poder en torno a Santiago Caputo, un dato que se incorpora para analizar su rol en relación con la SIDE y el contrato firmado.

Talerico invocó artículos del Código Penal argentino vinculados a los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, así como la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, que prohíbe a los organismos de inteligencia influir en la vida política y social del país.