Los nombres de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, y el de Martín Menem, su primo, presidente de la Cámara de Diputados, aparecen sobrevolando en media docena de expedientes judiciales que tramitan en la justicia federal donde se investigan compras del Estado e irregularidades en las agencias de PAMI de Chaco, La Plata y Misiones.

La causa principal que puso a los Menem en la mira es la que se abrió en Comodoro Py por una denuncia del abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón, luego de la difusión de audios obtenidos de manera clandestina sobre supuestas coimas en las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que aparecieron primero en el canal de streaming Carnaval, financiado por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y ultraopositor al Gobierno.

Se trata de las expresiones de Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, quien en grabaciones editadas señaló que en las compras de medicamentos se cobraba un 8% de coimas, supuestamente canalizadas a través de la droguería Suizo Argentina, y donde Karina Milei y Lule Menem aparecen señalados como presuntos receptores del 3% de esos sobornos.

Esta causa tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, con Franco Picardi como fiscal.

Los audios fueron grabados hace un año y filtrados en vísperas de las elecciones. No obstante, los hechos a los que se refieren son verosímiles para los investigadores judiciales.

En la causa fueron allanados Spagnuolo; la Andis; el exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, quien en los audios es señalado como el presunto intermediario ubicado por Lule Menem y la droguería Suizo Argentina. También fueron secuestrados los celulares de Spagnuolo, Garbellini y los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería.

El 25 de agosto, Lule Menem calificó las acusaciones en su contra como “una burda operación política del kirchnerismo, y aseguró: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones de la Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”.

Por su parte, en declaraciones al canal A24, Martín Menem calificó a los audios de Spagnuolo como “una monumental operación a dos semanas de las elecciones”, y afirmó: “El contenido es falso y pongo las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei“.

El fiscal Picardi tiene delegada la investigación y analiza con auxilio de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) los expedientes de compra de esos medicamentos. Buscan indicios de irregularidades, ya sea sobreprecios, cartelización o direccionamiento de las compras que corroboren lo que dicen esos audios.

Spagnuolo ya se presentó en el expediente con sus abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze. Lo mismo que los Kovalivker, patrocinados por Martín Magram. La estrategia apunta a anular el caso porque se originó por un audio de origen dudoso.

Este expediente fue el último que apunta a los Menem y a Karina Milei, pero desde hace meses otros casos ya tramitan en tribunales.

Uno en particular se refiere a las licitaciones de Suizo Argentina contra los mismos señalados ahora. Fue investigado por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Casanello, que terminó archivándolo, sin evidencias de que se hubiera cometido delito alguno.

Pero ya se investigaba en tribunales desde julio pasado una causa por un contrato entre la empresa de seguridad Tech Security y el Banco Nación por casi 4000 millones de pesos.

La denuncia fue del dirigente justicialista Juan Ricardo Mussa, y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Acusa a Martín Menem de haber favorecido a Tech Security SRL (empresa de su familia) en la licitación que le permitió obtener un contrato con el Banco Nación por casi 3933 millones de pesos.

Mussa pidió el juicio político de Martín Menem y lo acusó de abuso de autoridad, tráfico de influencias, violaciones de la ley de Ética Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Martín Menem había cedido sus acciones a su hermano Adrián Menem, el 6 de diciembre de 2023. El resto eran de su otro hermano Fernando y de Pablo Vázquez, exjefe de seguridad de River. Hizo la cesión cuatro días antes de asumir como presidente de la Cámara de Diputados.

La empresa fue adjudicataria de licitaciones no solamente con el Banco Nación, sino también con otros organismos públicos, como el Hospital René Favaloro, de Rafael Castillo, por 1.312.819.200 de pesos.

Traslados, seguridad en eventos masivos y custodias personales o patrimoniales son algunos de los servicios que ofrece la firma, que trabajó para la Ciudad, el municipio de Vicente López, el Ministerio de Cultura, el club River y la AFA. Los caminos se cruzan.

El juez Rafecas llamó a declarar a Mussa, que ratificó la denuncia y luego el magistrado le pidió al Banco Nación la información de la licitación para hacerse con los documentos y analizar si hay elementos para avanzar con el caso, dijeron fuentes tribunalicias a .

La otra investigación donde sobrevuelan los nombres de Lule Menem y Karina Milei arrancó en febrero y fue llevada adelante por el fiscal Guillermo Marijuan en una causa que le delegó el juez Casanello.

En esa causa, Marijuan pidió indagar a Pablo Miguel Ansaloni, diputado nacional de la Libertad Avanza; a Julio Cordero, secretario de Trabajo; a Claudio Alberto Aquino, director nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo; a Marcelo Petroni, interventor de Osprera, la obra social de los trabajadores rurales; a Marcelo Agustín Andrada, exsecretario general de la seccional La Plata de la Uatre, y a Aixa Laura Petriati, exsubdelegada por Buenos Aires de ese gremio.

Marijuan no imputó a Lule Menem, pero su nombre aparece mencionado en el expediente. “Nosotros somos Lule y Karina”, dice un chat que Petroni le envió a su asesor de prensa y que el fiscal cita en el dictamen donde pide su indagatoria.

Se trata de una denuncia que planteó José Antonio Voytenco, secretario general de la Uatre. El gremio y su obra social fueron disputados, como botín político y económico, por este gobierno y los dos anteriores.

La causa arrancó con una denuncia contra Voytenco que tramitó en el juzgado federal de Lomas de Zamora de Federico Villena, competencia territorial asignada porque el gremialista tiene una casa en esa jurisdicción.

La fiscal Cecilia Incardona denunció a Villena por intentar quedarse con la causa asignándose una competencia que no le correspondía y finalmente el caso terminó en Comodoro Py.

A la par de esta denuncia, el Gobierno avanzó con la intervención de la obra social de la Uatre, una caja de 10.000 millones de pesos por las compras que realiza.

Desde el entorno de Voytenco señalaron que el operador judicial Guillermo Scarcella, exfuncionario de Daniel Scioli y allegado a Karina Milei, los visitó para tratar de que desistieran de seguir adelante.

Ahora la moneda se dio vuelta: es Voytenco el que denuncia y, con el apoyo de Marijuan, consiguió acorralar a su opositor en el gremio, el diputado libertario Ansaloni.

Otra vez, aparecieron mensajeros, pero al revés, para ofrecer a los imputados por Marijuan una salida para el expediente.

En medio quedaron los contratos de Osprera. Uno que llamó la atención fue con la firma Htech Innovation, suspendido desde que conoció su existencia.

Además del nombre “Tech”, que se repite en otras firmas ligadas a Martín Menem, esta empresa tiene otras cosas en común con la que ganó el contrato del Banco Nación.

Se trata de un contrato otorgado a la empresa de Sergio Andrés Aguirre, un socio de Martín Menem. La decisión de otorgarlo fue del interventor de Osprera, Petroni, el del chat en el que afirma: “Nosotros somos Lule y Karina”.

La empresa Htech Innovation fue constituida por Aguirre en abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder.

Aguirre es socio de Menem (cada uno tiene el 50% de las acciones) en la empresa TR Nutrition, que se dedica a la importación y comercialización “de todo tipo de productos y suplementos orgánicos, naturales y/o dietarios”.

En agosto de 2024, la gestión de Milei, mediante el decreto 720/2024, dispuso la intervención de Osprera, la segunda obra social más grande del país, con 500.000 afiliados.

Htech Innovation fue contratada meses después por la primera interventora designada por el Gobierno en Osprera, Virginia Montero, para realizar trabajos en los sistemas informáticos en la obra social. En noviembre de 2024, recibió dos pagos por $40.251.879 y por $7.733.119. Las facturas que usó fueron las primeras del talonario: la 0000001 y 0000002.

El sitio de investigación El Disenso publicó por primera vez esas facturas y reveló, además, que el 5 de julio, Aguirre y la interventora Montero ingresaron a Casa Rosada para reunirse con Lule Menem.

Hasta que fue suspendido, el contrato de Osprera con Htech Innovation era de entre $16 millones y $20 millones de pesos mensuales. Pero la firma habría facturado más de $150 millones en los nueve meses que duró la contratación.

El Gobierno intervino Osprera tras denunciar un déficit mensual de unos $5000 millones y deudas por $80.000 millones con droguerías y prestadores médicos. En la Casa Rosada niegan que Martín o Lule Menem hayan tenido injerencia en la intervención y rechazan que hubieran existido reuniones para la contratación de Htech Innovation.

Completan el cuadro judicial las investigaciones de la justicia federal de Misiones, Santa Cruz, La Pampa, Chaco y Buenos Aires por supuestos pedidos de los jefes de las delegaciones del PAMI de parte de sus sueldos a los empleados.

La mayoría de las delegaciones del PAMI en las provincias responden a Lule Menem, como parte del despliegue territorial de los hombres de Karina Milei, en tanto que la cabeza del organismo es controlada por el ministro de Salud, Mario Lugones, que se referencia en Santiago Caputo.

“A toda persona que entra en La Libertad Avanza le piden entre un 10% y un 15%”, dijo Viviana Aguirre, extitular del PAMI en La Plata. Dijo que presentó en marzo pasado una denuncia en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla.

En el Chaco, el martes allanaron la sede del PAMI en Resistencia en medio de una investigación judicial por pedido de dinero a funcionarios. Encontraron que se contrató directamente a una empresa de traslados y sepelios que pertenece a Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza del Chaco.

En Santa Cruz, el titular provincial del PAMI, Jairo Guzmán, desplazó al jefe de la sede de Caleta Olivia, Sergio Torres, luego de que este denunciara que le exigían realizar un aporte del 10% de su salario.