La reforma laboral quedó a un paso de convertirse en ley. Javier Milei logró que uno de los proyectos centrales de su agenda avance a un ritmo inusual: primero obtuvo la aprobación en el Senado; fue votado en la madrugada del viernes en Diputados con modificaciones y pocas horas despues salió el dictamen de mayoría en la Cámara Alta. Ahora se encamina a la sanción definitiva el próximo viernes.

El trámite fue vertiginoso. En sesiones extraordinarias y en apenas un mes, el oficialismo consiguió ordenar una mayoría que parecía esquiva. En la Casa Rosada lo presentan como un éxito de la capacidad negociadora de Diego Santilli y de la flexibilidad que mostró la mesa política del Gobierno, integrada por Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem. La prueba más concreta, subrayan, es que los gobernadores aportaron 24 votos clave para garantizar el avance del proyecto.

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Fue, en ese contexto, una semana casi perfecta para el Presidente. A la dinámica parlamentaria se sumaron señales políticas y económicas que el oficialismo leyó como favorables. Milei recibió elogios de Donald Trump en la reunión del Consejo de Paz; el Banco Central continuó recomponiendo reservas; el dólar oficial bajó a $1410 y la inflación mayorista se ubicó en enero en 1,7%, un dato que, en el Gobierno, consideran que quita presión sobre la evolución de los precios minoristas.

El único hecho que empañó ese escenario fue el cierre de Fate, una decisión empresaria que tuvo fuerte impacto mediático justo cuando se discute la reforma laboral. La coincidencia temporal generó malestar en la Casa Rosada.

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Milei intuye que la determinación de Javier Madanes Quintanilla no solo fue inoportuna, sino que también buscó producir un daño político al Gobierno. La reacción presidencial fue directa: lo acusó de ser “prebendario” y de “cazar en el zoológico”, en una crítica pública que marcó distancia con el empresario.

A partir de ese episodio, en Balcarce 50 resolvieron convocar a una conciliación obligatoria entre la empresa y el gremio para que la fábrica reabra sus puertas y los trabajadores continúen cobrando sus salarios. La decisión fue instrumentada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien llevó adelante la medida administrativa.

La intervención oficial abrió interrogantes. Muchos se preguntaron si no resultaba paradójico que un gobierno libertario cuestionara a un empresario y, en los hechos, coincidiera con la postura del gremio, conducido por el trotskismo. En el oficialismo admiten que el paso del tiempo ayuda a enfriar los ánimos que se caldearon en las primeras horas del conflicto.

En ese marco, circula una versión que el propio Gobierno reconoce no poder confirmar: que los sindicalistas del SUTNA y la empresa mantienen más diálogo del que se conoce públicamente. Según esa hipótesis, la estrategia empresaria sería dejar transcurrir 15 días, tal vez un mes, descomprimir la tensión generada en estos días y luego presentar una oferta indemnizatoria superadora.

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Más allá de la disputa puntual, el episodio dejó una definición política. Milei explicó que ser liberal no implica ser “pro empresa”, sino respaldar el libre mercado. La frase buscó despejar interpretaciones y fijar un criterio: el Gobierno no está dispuesto a cerrar la economía ni a proteger a compañías que no se adapten al nuevo escenario.

La conclusión que transmiten en la Casa Rosada es que las empresas deberán adecuarse para sobrevivir y ganar competitividad.

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En el final de una semana política densa, el oficialismo celebró de madrugada en Diputados y desayunó el viernes con otro avance en el Senado. La reforma laboral terminó con aprobación cómoda en la Cámara baja -podado ya el inviable artículo de las licencias por enfermedad- y apenas unas horas después pasó por comisiones en la otra ala del Congreso, para quedar en los umbrales de la sanción. El Gobierno quedó así a un paso de coronar su mayor objetivo de las sesiones extraordinarias. ¿Cómo? Asoman dos trazos gruesos en ese cuadro: la asimilación del mecanismo de negociación en continuado -que demanda concesiones- y la doble crisis que arrastra el peronismo, expuesta en el núcleo K y en el juego propio de varios gobernadores.

Desde el inicio, todavía en diciembre, había quedado a la vista que la negociación con socios legislativos y gobernadores iba a ser el único camino posible para convertir en ley el proyecto laboral. El tema pasó entonces para febrero, segunda tanda de las extraordinarias, y tal como fue conversado con aliados -también, por vías más reservadas, con algunos jefes sindicales-, hubo modificaciones y tachaduras sobre el texto original. Fueron varias decenas. El último paso -la poda del artículo 44- obligó a un renovado ejercicio negociador. Le dio frutos a Olivos.

El oficialismo expuso pragmatismo, realismo libertario. Pero no ocurrió en un día y, está claro, el interrogante es si termina armando un sistema de alianzas sólido, no necesariamente con traducción electoral. Al menos por ahora, se trata de un ejercicio ley por ley, costoso, que en el caso de los jefes provinciales tiene como eje cuestiones de plata. El marco es conocido. La recaudación viene a la baja desde hace seis meses, el impacto en la coparticipación no es menor y, según fuentes cercanas a gobernadores, la mayoría de los distritos no tiene margen para nuevos ajustes.

Las votaciones de este mes entusiasman a los operadores violetas. Más de 40 votos en el Senado, como ocurrió antes del capítulo de Diputados, reponen en ese imaginario los cálculos para nombrar jueces y hasta para ampliar la Corte Suprema. Se verá. El foco inmediato vuelve a estar puesto en la Cámara alta. Por lo pronto, si no aparece nada extraño en el camino, a fines de la semana que viene sería ley la reforma laboral y también el Régimen Penal Juvenil, como renglones más destacados.

La fragmentación política y, más precisamente, la crisis profunda de los partidos nacionales -y luego, las coaliciones- desdibujó por completo lo que fue JxC y deteriora de manera creciente al peronismo. Impacta a favor del oficialismo, aunque con costos. Se multiplican los interlocutores, a veces con poco. Es un tablero en el que las fichas se cuentan de a una. Dicho de otra forma: cada gobernador pone en la mesa el número de legisladores que le responden y cada espacio aliado o socio hace valer lo suyo en el recinto.

Lo registra Martín Menem desde hace rato y lo anota últimamente Patricia Bullrich. Juega centralmente Diego Santilli con las provincias, operan Karina Milei y, con agenda propia, Santiago Caputo. No quiere decir que las internas estén superadas -algunas, han recrudecido, como ocurre con las ambiciones porteñas-, pero el peso del poder ordena en el Congreso. También, la realidad y la asimilación de cada prueba.

El giro más notorio del oficialismo se produjo en diciembre con el Presupuesto 2026. La caída inesperada de un capítulo gravitante -que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en el área de discapacidad- provocó de entrada una mezcla de ira y cerrazón para reponer el tema, pero rápidamente hubo señales de aceptación de lo ocurrido en Diputados. Con buen número de votos, el proyecto fue sancionado sin esos puntos. Los gobernadores negociaron según sus necesidades -ATN, deudas, fondos para cajas de jubilaciones, en algunos casos- y, para terminar de distender, la reforma laboral pasó para la segunda entrega de extraordinarias.

Los jefes provinciales de buen entendimiento con Olivos volvieron a mostrar sus cartas ahora, con la ley laboral. Terminaron por empujar y sellar un acuerdo con el Gobierno -de mutua conveniencia, en el delicado contexto de recaudación- para dejar de lado el artículo que establecía una baja de ganancias para empresas. Y fueron decisivos para liquidar el artículo de las licencias por problemas de salud. En la misma línea, condicionaron su apoyo los socios del espacio PRO/UCR. Quedó desechada así la idea oficialista de buscar alguna diagonal que evitara la vuelta al Senado. La baja del artículo 44 fue suficiente para no pasar sobresaltos en Diputados. Y terminó de allanar el camino para la sanción de la ley.

Para completar el cuadro, la oposición dura registra crujidos en aumento. El último contraste fue exhibido por los gobernadores. Se afirmó el esquema de jefes provinciales del PJ o aliados, inorgánico pero coordinado, como espacio negociador. Ahí se anotan Salta, Tucumán, Catamarca y, cercanos, Misiones tradicionalmente y Santa Cruz, de manera más reciente. En espejo, el peronismo/K promovió un documento de rechazo a la reforma que destacó la posición de Buenos Aires, Formosa, Catamarca y La Pampa, más un par de aliados. Igual, algunos de ellos tienen puentes con el Gobierno.

Esa declaración, con todo, expuso de hecho que el sello del PJ nacional gravita cada vez menos. Y también, que el quiebre es de una franja del peronismo del interior con el círculo que aún expone la marca de CFK. No es todo. En el Senado, es cada vez más notoria la tensión en el espacio de UxP por desgaste de conducción. Y esto último está asociado al otro factor doméstico, es decir, el trance del núcleo kirchnerista, expresado en la pulseada entre Axel Kicillof y la ex presidente. Doble crisis.

Los operadores del Gobierno festejan en estas horas los éxitos legislativos. No borran sus propias tensiones: de arrastre aunque más contenidas en la superficie, entre Karina Milei y Santiago Caputo; repetidas y sin retorno como en el caso de Victoria Villarruel; algo más novedosas como los recelos con Bullrich, y de manera más visible en este tramo con Federico Sturzenegger. De todos modos, por debajo de la celebración, el foco se corre hacia los nuevos proyectos para tratar de sostener la iniciativa a partir del 1° de marzo. También, hacia la Justicia, ante la posible judicialización de algunos puntos de la reforma laboral. Y no sólo se trataría de los jefes sindicales. Se verá si el impacto político de la sanción de la ley modera reacciones en ese frente, que no se reduce a Comodoro Py.

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