POLITICA
Controversia por una frase de Adorni sobre la importación de jeans: “¿Dónde se pierden puestos de trabajo?”
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, defendió la apertura a las importaciones y relativizó el posible impacto que puede tener sobre el empleo. Durante una entrevista brindada a LN+, para explicar su postura, usó el ejemplo de la compra de jeans que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Por otra parte, explicó que la prioridad del Gobierno es evitar que los argentinos paguen sobreprecios y sostuvo que el ahorro de los consumidores puede dinamizar otras actividades económicas.
La reflexión surgió en el marco de un intercambio televisivo que circulaba en torno a la apertura de importaciones. En ese marco, Adorni indicó: “Nosotros no tenemos que proteger industrias, tenemos que proteger el interés de todos los argentinos. Y hacer eso es evitar que paguen 40% más un caño o una remera cuatro veces más o un jean seis veces más de lo que los argentinos lo pueden comprar en otro lado”.
En ese contexto, Luis Majul planteó una objeción vinculada al empleo. “En el camino se pierden puestos de trabajo”, señaló el conductor. Adorni respondió con un ejemplo hipotético centrado en el precio de la prenda: “Vos vas a comprar un jean acá y te cuesta US$100. Importarlo te cuesta US$25, entonces lo importás. Explicame dónde se pierden puestos de trabajo”.
Tras un breve silencio en el estudio, Majul aseguró que en ese caso no se afectaría en términos laborales a esa industria. Entonces el funcionario completó su razonamiento: “Empieza a trabajar el importador que importa y el consumidor, con los US$75 que le sobran, va a reactivar otro montón de sectores”.
La defensa de Manuel Adorni a las importaciones surgió en el marco de la tensión que habían generado unas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. “Nunca en mi vida compré ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar o algo, la adquiríamos afuera”, había afirmado el mismo lunes por la mañana. Ante esos dichos, empresarios del sector textil señalaron que la afirmación del funcionario representaba una burla.
Por otra parte, Adorni se refirió a la decisión del Gobierno de mantener el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras la renuncia de Marco Lavagna, quien había impulsado un nuevo indicador para medir la inflación. En ese marco, admitió que no se le permitió al saliente titular del organismo implementar el cambio “por instrucción del Presidente”.
“Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”, dijo.
Y explicó: “El cambio de metodología estaba preparado desde hace bastante tiempo, pero dejás de tener base de comparación, suficiente para que el dato no te sirva. Lo que queremos es que la gente no tenga dudas de lo que se hizo en materia inflacionaria. Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos es a falsear datos».
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POLITICA
Lilita Carrió se refirió a las causas de la AFA que involucran a Tapia y Toviggino: “Terminarán presos”
Lilita Carrió habló sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en medio de las investigaciones de la Justicia por presuntas irregularidades en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). “Terminarán todos presos”, dijo en diálogo con ¿La Ves?
Las declaraciones de la dirigente de la Coalición Cívica se dan luego del hallazgo en la AFA de documentos que prueban pagos por $300 millones a Real Central SRL, la empresa que figura como dueña de la mansión ubicada Villa Rosa, Pilar, y que está en la mira de la Justicia. La documentación fue encontrada durante un allanamiento que ordenó el juez Luis Armella y quedó incorporada a las investigaciones en curso.
Leé también: Encuentran en la AFA documentos que prueban pagos por $300 millones a la dueña de la mansión de Pilar
En ese sentido, Carrió festejó que la Justicia y el ARCA estén investigando el caso, aunque agregó: “Con Toviggino no se meten. Toviggino (tesorero de la AFA) es Santiago del Estero, es Gerardo Zamora, y tiene dos senadores y cinco diputados”.
Sus dichos fueron en referencia a la necesidad del oficialismo de mantener aliados en el Congreso para poder tener quorum y avanzar con las reformas planteadas por Javier Milei para este 2026.
El vínculo de Tapia con Toviggino
Las críticas de Lilita Carrió se dieron en medio de la alianza política del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Claudio Tapia.
“Me parece mal que el gobernador de Buenos Aires se enchastre con todo esto”, dijo Carrió. Esto fue así porque el titular de la AFA estableció domicilio en la Provincia para escapar de la Inspección General de Justicia, que tienen en la mira los balances de los últimos años de la entidad por “deficiencia” en la rendición de cuentas.
Si efectivamente lograra establecerse en Pilar, dejaría de ser inspeccionado por la IGJ y pasaría a ser “controlado” por la PBA.
Leé también: Senado: el Gobierno consiguió la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares
En este contexto surge una incógnita sobre quién se hará cargo de la causa. De hecho, el juez de Campana Adrián González Charvay reclamó el expediente y la Cámara Federal de San Martín le concedió la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la mansión de Pilar, que es atribuida a Pablo Toviggino.
Ahora la Cámara de Casación debe definir si la causa sigue en manos de González Charvay, como quieren en la AFA, o vuelve a Marcelo Aguinsky, juez en lo penal económico radicado en CABA.
Lilita Carrió, AFA, Chiqui Tapia
POLITICA
La AFA le pagó $300 millones, al menos, a la empresa que figura como propietaria de la mansión de Pilar
La Justicia tiene en su poder documentos que vinculan de manera directa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Real Central, la sociedad que figura como dueña de la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Se trata de órdenes de pago, correspondientes al año pasado, por al menos $300 millones que fueron secuestradas por el juez federal Luis Armella en los allanamientos ordenados en diciembre pasado.
Los documentos, revelados por TN, ponen al descubierto transferencias realizadas en junio de 2025 a favor de Real Central SRL, cuyos titulares formales son la jubilada Ana Lucía Conte y su hijo, el monotributista Luciano Pantano.
La primera orden de pago está fechada el 19 de junio. El comprobante consigna una transferencia por $231.110.000 bajo el concepto “Servicio de logística”, con el número de orden 267894 y estado “Pagado”.
La segunda orden de pago es del 2 de junio. En ese caso, el monto asciende a $70.400.000, también bajo la descripción “Servicio de logística”, con número de orden 267372. En ese documento aparece la firma de Pantano sobre el final del documento, con la leyenda “P/Real Central SRL”.
Los documentos fueron encontrados en un allanamiento ordenado a fines de diciembre por el juez Armella, que incluyó procedimientos simultáneos en distintas sedes de la AFA y en la casa del empresario Javier Faroni por la empresa TourProdEnter, que administró los ingresos de la AFA en el exterior desde diciembre de 2021.
había revelado que otras dos sociedades vinculadas al entorno de Toviggino, Malte y Recomi, hicieron negocios con la AFA. El 27 de enero de 2022, Malte facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.
El que administraba esas dos sociedades era Juan Pablo Beacon. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir LA NACION.
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POLITICA
Socios de la Sociedad Rural hicieron circular una carta que se opone al cuarto mandato de Nicolás Pino
Una fuerte polémica estalló en la Sociedad Rural Argentina (SRA) tras la circulación de una carta firmada por casi 100 socios que rechaza una eventual nueva reelección de su presidente, Nicolás Pino.
El texto denuncia un “retroceso institucional” y una “violación del estatuto”, argumentando que la alternancia es una garantía de salud democrática. Los firmantes sostuvieron que “la conducción actual fijó un límite de tres mandatos, ignorarlo hoy por conveniencia personal carece de integridad”, y advirtieron que los dirigentes no deben preocuparse más por “aferrarse a un sillón” que por promover nuevas voces.
Desde la conducción actual calificaron el contenido de la misiva como “erróneo” y aclararon que aún no se definió si Pino será candidato en las elecciones del 9 de septiembre. El propio presidente explicó que en 2023 se modificó el estatuto para limitar las reelecciones a tres períodos consecutivos y que la IGJ dictaminó que el cambio “empezaba a regir en ese entonces, a partir de la inscripción de la reforma”.
Bajo esta interpretación técnica, si Pino se postulara, este nuevo período se contabilizaría como el tercero y no como el cuarto, ya que la norma entró en vigencia durante su segundo mandato.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, y Luis Caputo
El enfrentamiento interno ocurre en un contexto donde otros dirigentes le reprochan a Pino su cercanía con el Gobierno y exigen un liderazgo más firme ante temas sensibles como las retenciones.
Al respecto, el presidente de la SRA desmintió rumores sobre una quita inmediata de los derechos de exportación tras consultar a Javier Milei y Luis Caputo, quienes le respondieron: “No, Nicolás, lamentablemente no podemos”. Pino señaló que el Ejecutivo ha “recalculado un montón de gastos” para no poner en riesgo el equilibrio fiscal tras los cambios en las reformas laboral, universitaria y de salud.
Finalmente, el Gobierno sostiene que no están dadas las condiciones para eliminar las retenciones debido al impacto en la recaudación y el cumplimiento de metas fiscales. Según el Iaraf, la quita definitiva para el complejo oleaginoso y cerealero tendría un costo de entre USD 1.460 millones y USd 1.600 millones, lo que equivale al 0,25% del PBI.
Mientras tanto, la conducción de la SRA deberá enfrentar desafíos como la alta carga impositiva y las oportunidades que abren los acuerdos comerciales con la Unión Europea-Mercosur y Estados Unidos.
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