POLITICA
Córdoba | Martín Llaryora anunció un aumento del 84% para las jubilaciones mínimas y la entrega de un bono de $100.000
El gobernador por la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este domingo un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000. Además, confirmó el pago de un bono bimestral de $100.000 para los beneficiarios que perciban haberes de hasta $1.300.000. La medida se da a conocer en medio de la disputa con Nación por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones y tras la amenaza del gobierno de Javier Milei de vetar la ley que incrementó los haberes a nivel nacional.
En un mensaje grabado, que se difundió por la red social X, el jefe provincial informó: “Como ustedes recordarán, logramos ante la Corte Suprema de Justicia que la Nación reconozca parte de la deuda que mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Además, acordamos continuar trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el Gobierno nacional mantiene con nuestra provincia”.
Y ratificó: “Por ello, hoy quiero anunciarles que Córdoba ha recibido parcialmente esos fondos. Y cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan. Por eso, he tomado la decisión de otorgar una suma fija para que ningún jubilado de Córdoba gane menos de $700.000, lo que prácticamente duplica el pago mínimo actual”.
“Además, vamos a otorgar un bono trimestral de $100.000 para todos aquellos jubilados que tengan ingresos de hasta $1.300.000″, sumó Llaryora. Y aclaró: “Esta decisión se mantendrá mientras sigamos recibiendo estos fondos. Y ratifica nuestro compromiso de estar al lado de los que más necesitan”.
Sobre el final del mensaje, el gobernador agradeció el “apoyo de todos los cordobeses, de las instituciones y de los diputados y senadores nacionales que me acompañaron en este justo reclamo”.
Y concluye: “Nunca vamos a dejar de defender los intereses de los cordobeses cada vez que los mismos sean vulnerados. Este logro es una prueba más de, cuando en Córdoba trabajamos juntos con firmeza y unidad, obtenemos los resultados deseados. Vamos a seguir cuidando a Córdoba y a cada uno de los cordobeses”.
La disputa entre Córdoba y la administración nacional por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones tiene un largo recorrido, pero se agravó en 2023. Desde 1996, cuando la provincia decidió no transferir su sistema previsional a la Nación, Córdoba debe afrontar con recursos propios el pago de jubilaciones, mientras que la ley nacional 27.260 establece que el Estado debe compensar el déficit de las cajas no transferidas.
Hasta mediados de 2023, esa compensación se venía realizando con regularidad, aunque la provincia ya venía reclamando diferencias. Pero desde julio de ese año, durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, el envío de fondos comenzó a dilatarse y luego se interrumpió por completo.
La deuda se profundizó aún más a partir de diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei y suspendió formalmente todas las transferencias, bajo el argumento de que primero debía auditar los ejercicios anteriores.
El gobernador Martín Llaryora inició entonces una serie de gestiones formales ante la ANSES y el Ministerio de Economía, que no dieron resultados. Ante la falta de respuesta, acudió a la Corte Suprema de Justicia.
En abril, el máximo tribunal del país citó a ambas partes a una audiencia de conciliación. En esa instancia, el Gobierno reconoció formalmente que existía una deuda acumulada con la Caja cordobesa y propuso como solución transitoria el giro de $60.000 millones a cuenta del ejercicio 2025, pagaderos en 12 cuotas mensuales de 5.000 millones cada una. El acuerdo fue aceptado por Córdoba, aunque con reservas: Llaryora aclaró que se trataba apenas de un alivio parcial y que el reclamo por el monto total continuaría.
Como detalló , la deuda real supera el billón de pesos si se considera el acumulado desde 2019. Para establecer un número definitivo, la Nación y la Provincia acordaron realizar una auditoría técnica conjunta sobre los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024. El resultado de esa revisión será clave para definir si la Nación debe seguir transfiriendo recursos y en qué magnitud.
Mientras tanto, Córdoba advirtió que si no hay avances concretos en ese proceso, volverá a la vía judicial para solicitar una medida cautelar que obligue al Gobierno nacional a retomar los envíos mensuales completos.
Martín Llaryora,LA NACION,Martín Llaryora,Córdoba,Javier Milei,Conforme a,,En cuánto quedan. El Gobierno oficializó el aumento de los haberes jubilatorios en agosto,,La polémica por la caja. De dónde sale la plata para subir las jubilaciones: la nueva ley sólo aportaría el 10% de la factura,,Era Milei. Qué pasó con el poder de compra y cuál es el haber promedio, que Caputo ubicó en $900.000 para un grupo de jubilados,Martín Llaryora,,Pelea por recursos. Llaryora, Pullaro y Frigerio desafían a la Nación por los fondos que “pertenecen” a las provincias,,Deuda. Moody’s mejoró la calificación crediticia internacional de Córdoba,,El plan oficial. El Gobierno negocia con Córdoba por el futuro de una fábrica de aviones y una central nuclear
POLITICA
El Gobierno buscará modificar por ley las licencias médicas tras eliminar el artículo de la reforma laboral
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, anticipó que el oficialismo buscará modificar las licencias médicas a través de una nueva ley durante el período de sesiones ordinarias.
Tras la polémica por el artículo 44 de la reforma laboral, que finalmente fue eliminado, el senador de La Libertad Avanza explicó que el objetivo es combatir las “licencias exageradas, abusivas” y los “certificados médicos truchos”. Según Abdala, para el Gobierno es prioritario corregir este tema tanto en el sector público como en el privado.
La controversia se originó por una normativa que proponía escalas salariales diferenciadas según el origen de la afección. El texto establecía que si la imposibilidad de trabajar surgía de una “acción voluntaria y consciente” que implicara riesgo, el empleado percibiría el 50% de su salario.
En cambio, si la enfermedad no era consecuencia de tal conducta, correspondía el 75% del sueldo. Los plazos previstos eran de tres meses para trabajadores sin cargas de familia y seis meses para quienes tuvieran familiares a cargo, considerando como nuevo episodio de enfermedad crónica solo aquellos con más de dos años de intervalo.
Bartolomé Abdala
En el plano institucional, Abdala fue reelecto como presidente provisional del Senado durante la sesión preparatoria. La conformación de las autoridades de la Cámara alta reflejó una nueva relación de fuerzas, donde la vicepresidencia destinada a la primera minoría no quedó en manos del Justicialismo, sino de la jujeña Carolina Moisés.
La senadora abandonó el interbloque peronista junto a otros dos legisladores para formar el bloque Convicción Federal. Ante este escenario, Abdala señaló: “Si se rompen ellos, no es nuestro problema”, enfatizando que el oficialismo eligió lo que consideró más apropiado dentro del espacio político.
La nueva estructura de mandos se completa con Carolina Losada (UCR) en la vicepresidencia primera y Alejandra Vigo en la segunda, excluyendo al kirchnerismo de los cargos jerárquicos.
Abdala defendió esta distribución al sostener que “nosotros simplemente votamos gente del mismo espacio político, viendo lo que era lo más razonable para nosotros”. Con estas autoridades definidas, el oficialismo se encamina a tratar la reforma laboral este viernes 27 de febrero, calificándola como una herramienta de gran importancia para “mejorar el crecimiento en la Argentina”.
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POLITICA
El Gobierno limita su ofensiva al plano judicial y no sale a confrontar con la AFA por el paro del fútbol
En medio de un llamativo silencio casi total, el Gobierno buscó hoy mantener distancia del escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que anunció un paro de todas las categorías para la semana próxima, cuando tengan que prestar declaración indagatoria el titular de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino.
La decisión de no confrontar en el plano discursivo se contrapone, sin embargo, a la línea que prima en el Gobierno respecto de su ofensiva judicial y administrativa contra la AFA.
De hecho, este martes vencía el plazo para que tanto la AFA, como la Super Liga, presentaran un pedido de mayores explicaciones que le había hecho la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre una documentación presentada previamente.
Mientras que la Super Liga lo presentó, la jornada cerró sin novedades de la AFA. Si bien podría llegar a presentarla mañana temprano sin mayores contratiempos, las autoridades esperan para ver cómo proceder. Si la AFA no lo presenta, por la tarde podrían conocerse novedades. Así lo confirmaron a fuentes del área.
Se trataría de la primera avanzada después de conocido el paro de la novena fecha del torneo (en este caso de primera división), aunque el plazo ya estaba dado de antemano. La IGJ, junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), constituyen los dos pilares sobre los que avanza el Gobierno legalmente.
Lejos de esos avances, en las filas del Ejecutivo eligieron el silencio. “No opinamos sobre el tema” y “es un tema AFA- Justicia”, fueron algunas de las definiciones, lacónicas, desde el corazón libertario ante la consulta de . Fueron en sintonía con las primeras respuestas por la decisión del paro, en el atardecer del lunes.
No es la primera vez que el oficialismo elige esa posición en el caso, en el que deslizan que cualquier declaración política sobre el tema podría derivar en un dolor de cabeza si Tapia o Toviggino reclaman ante organismos deportivos internacionales. Creen que no hay necesidad y que, con lo que ya hay en la Justicia sobre ambos, “es más que suficiente”.
Pese a ese silencio que eligió la administración libertaria en las últimas horas, fuentes de la Casa Rosada dejaron trascender que “no hay una decisión de desacelerar” en la arremetida que en los últimos meses dirigieron contra las autoridades del fútbol argentino.
Las fuentes consultadas afirmaron que se mantiene “la idea de ir a fondo” y en ese sentido apuntaron a que la idea, a través de la ARCA, que presentó en diciembre la denuncia que llevará en los próximos días a Tapia y Toviggino a indagatoria por primera vez, es “seguir adelante, a full”.
La ARCA es querellante en el caso, además de haber sido denunciante por la inexistencia de aportes de la AFA, lo que la convierte en capaz de pedir medidas de prueba o diferentes acciones en el expediente. “Todo lo que encontremos lo vamos a llevar a la Justicia”, definen.
“No hay vuelta atrás”, dijo otra de las fuentes consultadas. A lo que confirmó que a través de la ARCA y la IGJ se seguirá con los caminos iniciados a fines del año pasado.
A la denuncia inicial de ARCA, por la retención indebida de tributos, por la que fueron citados Tapia y Toviggino por el juez en lo penal económico Diego Amarante, el organismo le agregó una presentación a fines del mes pasado, que involucra el presunto uso de facturas apócrifas.
Esto fue denunciado por el organismo luego del cruce de datos con bases de contribuyentes y de un intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. En la Casa Rosada no dudaron, al momento de la presentación, en considerar que el material terminará convirtiéndose en una de las “principales denuncias” contra Tapia y Toviggino.
Ese nuevo escrito, ARCA puso en la mira el uso de facturas presuntamente apócrifas con un monto estimado en más de $376 millones, aunque desde el vamos aclararon que no es la cuantificación final, por lo que podría ascender aún más.
En paralelo a lo que sucederá este miércoles y lo que pasará con la ARCA, el otro dispositivo que está en marcha es el de la IGJ, que discute la sede que la AFA dispuso en Pilar, para eludir sus controles. Eso está en la Cámara de Apelaciones y será objeto de fuertes consecuencias.
“Todo lo que encontramos está en las respectivas instituciones. Es la justicia la que interviene ahora”, completaron en referencia a la denuncia que la ARCA y ese movimiento de la IGJ.
En línea con la premisa de no confrontar políticamente, el único que habló públicamente en las últimas horas fue Daniel Vítolo, titular de la IGJ, quien aseguró en referencia al material que se le reclama a la AFA: “Deben dar muchas explicaciones sobre la utilización de los fondos, el cumplimiento de los objetivos de la asociación civil que ellos dirigen las vinculaciones que tienen con otra asociaciones civiles como es el caso de la Superliga”. Fue en diálogo con la señal TN.
“A nadie le viene bien un domingo sin fútbol. Ni a la AFA, ni al Gobierno, pero si nos enfrentamos es muy fácil explicar por qué no hay fútbol”, dijo una de las voces consultadas. Y sumó: “A diario se conocen noticias de desmanejos. No hay mucha duda de qué pasa”.
En la Casa Rosada también consideraron que “queda en evidencia el corporativismo del fútbol argentino”, que cerró filas para apoyar la decisión en apoyo a Tapia y Toviggino.
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POLITICA
Julián López, ministro de Justicia de Córdoba: “Celebramos la media sanción de la ley de baja de edad de imputabilidad”
En una entrevista en Infobae en vivo, Julián López, ministro de Justicia de Córdoba, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la provincia para implementar la nueva Ley Penal Juvenil: “El aporte incluido en la ley es mínimo en comparación con lo que invirtió Córdoba solamente en infraestructura”.
En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, López trazó un diagnóstico sobre la situación actual: “Vivimos en un estado de descomposición de la seguridad en general. Cuando hay descomposición social, hay aumento de la pobreza y la indigencia, y automáticamente también aumenta la delincuencia”. El ministro hizo hincapié en el crecimiento de delitos graves cometidos por jóvenes y en la percepción de impunidad que genera en la sociedad.
Reforma en Córdoba y límites del sistema federal
López explicó que Córdoba aprobó a principios de 2025 una reforma del Código de Procedimientos Penal Juvenil: “Se generaron distintas herramientas, sobre todo para jóvenes que vienen de cometer raids delictivos importantes, con dieciocho, veinte ingresos en poco tiempo al sistema correccional”. Relató que, pese a los avances, la aplicación se ve condicionada por las competencias nacionales: “Muchas normas se declaran inconstitucionales y otras son de difícil aplicación cuando el derecho de fondo contrasta con el derecho de forma que pueden aplicar las provincias”.
El ministro argumentó que la baja de la edad de imputabilidad aporta respuestas ante delitos graves: “Celebramos esta media sanción de la ley, para que aquellos chicos que cometen delitos graves puedan encontrar una respuesta del Estado y que sea parte de un régimen diferencial”. Descartó que se trate de igualar el régimen penal juvenil al de mayores: “No es así porque tiene topes, incluso para los años que se le pueden dar a un joven que comete un delito, incluso un homicidio”.
La inversión provincial y los desafíos de infraestructura
Al ser consultado por el financiamiento, López detalló: “El año pasado el gobernador Martín Llaryora anunció la licitación para una obra muy grande, con una inversión de casi 18 mil millones de pesos para este penal juvenil, el campus Papa Francisco, que va a permitir el tratamiento de alrededor de 250 jóvenes”. Destacó que la infraestructura fue pensada para adolescentes entre 16 y 18 años, pero la baja en la edad de imputabilidad obligará a hacer adecuaciones: “Habrá que hacer adecuaciones necesarias para jóvenes de menor edad, entre 14 y 15 años”.
El ministro expresó la preocupación compartida con otras provincias por el escaso acompañamiento nacional: “Sabemos que hay incluido en la ley un aporte que es mínimo, creo que es de 23 mil millones, es mínimo en comparación. Cuento lo que invirtió Córdoba solamente en infraestructura, eso sin contar profesionales, equipos técnicos, infraestructura extra y muchas cuestiones que van a ser necesarias”. Subrayó también la responsabilidad provincial: “Cuando Nación no puede acompañar, las provincias muchas veces toman la decisión de hacerlo eficiente”.
Casos paradigmáticos y la “Ley Joaquín”
López compartió historias que marcaron su gestión en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: “Un joven apodado el Pistolero ingresó y egresó 18 veces del sistema correccional. Provenía de un espacio sin contención familiar ni social. Hasta que cumplió los 16 años no se pudo dictar una pena privativa de libertad, porque la legislación no lo permitía”.
Narró el caso de Joaquín Esperanti, asesinado a los 14 años por un amigo de la misma edad en Laboulaye: “Fue un hecho muy traumático. Hablé mucho con los padres de la víctima. Por ser menor de edad el victimario, la familia ni siquiera pudo constituirse en querellante, no pudo acceder a la prueba, no podía discutir muchas cuestiones procesales”. Este caso derivó en la presentación de la “Ley Joaquín”, destinada a garantizar derechos de las víctimas: “El gobernador la ha firmado y la ha enviado a la Legislatura para garantizar los derechos de las víctimas”.
Sobre el proceso para los menores no imputables, López admitió: “En estos casos, el joven queda a la buena del juez de menores y se lo priva de la libertad sin juicio ni condena justa. La ley que baja la edad de imputabilidad viene a poner una situación de justicia que no existía, donde los victimarios también tendrán la posibilidad de un juicio justo, de declarar, de tener un abogado”.
El ministro defendió la gradualidad de la reforma: “El proyecto aprobado tiene que ver con la proporcionalidad y el gradualismo. En los casos de homicidio o lesiones graves, permite el tratamiento temprano y rápido, hace que el sistema sea más eficiente y evita que los jóvenes entren en un raíl delictivo de mayor crecimiento”.
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