Antes de que la oposición lograse el dictamen de la emergencia pediátrica y ponga presión para discutir en el recinto del Senado el proyecto que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados, la senadora del PRO por la provincia de Córdoba, Carmen Álvarez Riveros, lanzó una polémica frase en el plenario de las comisiones de Salud; de Población; y de Presupuesto que generó cruces con otros parlamentarios.

“Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garraham a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado“, dijo en una de sus primeras intervenciones mientras se discutía la emergencia sanitaria de la salud pediátrica.

La frase se dio en el marco del pedido que hizo la titular de comisión de Trabajo y Previsión Social para reorganizar el sistema sanitario en todo el país. En ese sentido, antes de los polémicos dichos, señaló: «La salud de las provincias están en su mínima expresión. A mí me da vergüenza cuando voy a los hospitales que supieron ser modelo en Córdoba y alguno de los ascensores no anda, porque la gestión, y la gestión en salud argentina, deja muchísimo que desear, mucho más allá de los sueldos».

También pidió que dar el “debate de las competencias” y aclaró: “Es puro del Senado, qué tiene que hacer cada jurisdicción. Es un debate de los senadores que nunca ha sido dado. Por supuesto, lo inmediato es discutir los recursos. Hoy estamos discutiendo los recursos. Quiero que vengan recursos entonces también para Córdoba, cuando atendemos a personas de otra jurisdicción”.

Sus dichos produjo inmediatamente la reacción de otros parlamentarios como Martín Lousteau, quien tomó la palabra minutos después de Álvarez Riveros y reaccionó contra su frase. “Creo que hay otros agraviados, casi insultados en sus palabras”, comenzó.

Y continuó: “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Eso es un país injusto. Entonces, que alguien diga que los niños en Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan, da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso”.

“Aquel que no tiene recursos, un padre angustiado porque su hijo tiene una enfermedad gravísima, le estamos diciendo que no tiene derecho a ser atendido. Entonces, me parece de un nivel de agravio y de violencia inusitado”, añadió.

Por su parte, Lousteau criticó la idea de “una enorme paradoja mental, que es que cada provincia tiene que tener la NASA” y aseveró: “No es así como se organiza un sistema de salud. Precisamente porque hay casos muy específicos que son pocos, pero que la infraestructura básica para poder dar esos tratamientos es carísima. Entonces, no tiene sentido que cada municipio tenga un hospital de alta complejidad”.

En tanto, Álvarez Riveros volvió a tomar la palabra, aclaró que fue malinterpretada y retomó: “Los chicos que se operan en el Garraham no tienen nada que ver en esa discusión. Pero no podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pagado por todos… Y que hay que decir la verdad: ¿a quién le provee más servicios? A la población de Ciudad de Buenos Aires y del AMBA. Esa es la mayoría”.

“¿Por qué la salud es de competencia provincial? Porque es donde están las personas. Es esencial que la salud esté lo más cerca posible. Eso es un concepto muy básico», completó.

Posterior a este debate, el plenario de comisiones firmó el dictamen que “la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un (1) año”.

Uno de los artículos deja en claro que el mecanismo en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

La senadora Carmen Álvarez Rivero recibió duras críticas luego de afirmar que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados”. Los dichos de la legisladora cordobesa ocurrieron en el marco de una reunión conjunta de comisiones en la que se discutió -entre otras cosas- el proyecto de emergencia sanitaria pediátrica, que busca destinar más fondos a hospitales de alta complejidad infantil.

En su intervención desde el Salón Illia del Senado, Álvarez Rivero subrayó que la atención de salud corresponde a las provincias y cuestionó la centralidad del Garrahan. “La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre”, expresó. Y agregó: “Por eso la frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”.

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La senadora también advirtió sobre el impacto económico que, según ella, recae sobre Córdoba al recibir pacientes de otras jurisdicciones: “Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”. Y tras ello sostuvo: “Hay que discutir el sistema de salud en su conjunto. Quiero hacer un aporte: no creo que los niños argentinos tengan derechos a venir a Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.

Las palabras de la integrante del Pro sobre el Garrahan marcaron el punto más álgido de la discusión. La catamarqueña Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) replicó de inmediato tras escucharla: “La verdad, le tengo que decir que creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud”.

En la misma línea, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) sostuvo: “Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado . También la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene carácter constitucional. Una de las cosas que plantea es el acceso equitativo, cercano e inmediato a la salud de los niños, niñas y adolescentes de cada uno de los países”.

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El último en opinar sobre los dichos de Álvarez Rivero fue Martín Lousteau (UCR): “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar en que uno nace. Que alguien diga que los niños en la Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso. Me parece de un nivel de violencia inusitado”.

Lousteau también remarcó que la organización de la salud debe ser nacional y coordinada: “No tiene sentido que cada provincia tenga un hospital de alta complejidad especializado en algo. Para hacer un buen uso de los recursos, hay que tener una organización del sistema sanitario. Es exactamente al revés. Sino sería más deficitario, tendríamos menos capacidad de cubrir, gastos que no rinden lo que deberían rendir”.

Frente al repudio que despertaron sus dichos, la senadora cordobesa intentó luego dar una explicación. “Me parece que fui malinterpretada. Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto”, aclaró. Y completó: “Pero no podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pago por todos… hay que decir la verdad: ¿a quién le proveen más servicio? A la población de Ciudad de Buenos Aires y de AMBA. Esa es la atención mayoritaria”.

Más allá de la controversia, la reunión terminó con la firma de los dictámenes favorables para la emergencia pediátrica y también para el proyecto de financiamiento universitario. Ambos textos ya tenían media sanción en Diputados y quedaron en condiciones de ser discutidos en el Senado en los próximos días.

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La baja en la edad de imputabilidad a 14 años volvió a instalarse en la agenda política. Ante el asesinato de una mujer a manos de dos menores, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de “inútil” al gobernador Axel Kicillof y le pidió al Congreso que debate el proyecto que ya tiene dictamen.

Desde el pasado 6 de mayo, y luego de un extenso trabajo de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, encabezada por la legisladora Laura Rodríguez Machado, se firmó un dictamen de mayoría de la iniciativa que prevé la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El dictamen, con amplio consenso se logró con el respaldo del bloque de La Libertad Avanza y otras fuerzas: el Pro, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, sectores disidentes de Encuentro Federal como Juan Brügge, Alejandra Torres —quien pidió garantizar los fondos para las provincias—, Oscar Agost Carreño, y los radicales críticos de Democracia para Siempre.

Además, se firmaron dos dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria (UxP) y otro del Frente de Izquierda.

La diputada Rodríguez Machado confirmó a TN este martes que el proyecto ya tiene despacho, orden del día y consenso. “Pero ocurre que la oposición, que no es solamente el kirchnerismo, no tiene la voluntad de generar el clima legislativo para que se traten proyectos que sean logros del gobierno nacional. La oposición se encargó que todos los proyectos que han ingresado al recinto sean para corromper el equilibrio fiscal o generar un golpe político en la imagen del Gobierno”, aseguró.

Luego dijo: “Estamos viendo cuándo podremos tratarlo, si no se trata el despacho antes del recambio legislativo no se trata, el despacho cae, y hay que empezar la discusión nuevamente.

La iniciativa destaca los principios de legalidad, debido proceso y derecho a defensa desde el inicio. Se aplica el in dubio pro minoris, interpretando siempre en favor del menor. Establece la proporcionalidad y excepcionalidad de las medidas restrictivas de libertad, priorizando la resocialización y la educación. La privación de libertad es la última instancia y solo se permite en establecimientos especializados. Se garantiza la participación activa del adolescente y su derecho a ser oído, respetando el rol de las familias. Se asegura también celeridad procesal y el derecho del menor a expresar públicamente su situación, si así lo desea.

Uno de los puntos clave del proyecto es el reconocimiento de los derechos de las víctimas como sujetos activos en el proceso penal juvenil. Tendrán derecho a ser escuchadas, contar con patrocinio jurídico, acceder a asistencia psicológica desde el inicio del proceso, participar en mediaciones penales juveniles (siempre con su consentimiento) y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, lo que implicará la revisión por parte de un fiscal superior. También se contempla la responsabilidad civil de los padres o representantes legales del imputado y su participación en la suspensión del juicio a prueba.

Los proyectos como antecedentes

Fueron 12 las iniciativas que trató el plenario de comisiones. Cada uno de los autores a lo largo de varias audiencias explicaron los contenidos de los mismos. El diputado Manuel Aguirre de Democracia para Siempre, sintetizó su proyecto: “Lo primero que puse en los artículos fue la necesidad de crear institutos adecuados para cumplir las sanciones. No pueden ser cárceles. Estos institutos deben contar con herramientas que permitan al adolescente reconducir su conducta, algo que hoy falta”.

Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, impulsó una iniciativa presentada por su espacio desde 2003, que propuso un Régimen Penal para menores con penas progresivas y alternativas a la prisión. “No alcanza con bajar la edad. Hay que garantizar una justicia especial para menores y trabajar en su reinserción”.

Otros proyectos plantearon límites de 14, 15 o 16 años. Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) y Diego Santilli (PRO) apoyaron un sistema de responsabilidad penal juvenil desde los 14 y 15 años, respectivamente.

En Unión por la Patria, Natalia Zaracho defendió mantener la edad en 16 años y se enfocó en la prevención y la no reincidencia. En tanto, los libertarios Carolina Píparo y Álvaro Martínez pidieron penas más duras para menores reincidentes, y este último propuso fijar la edad en 12 años, como en Brasil y México.

Mientras que, el gobierno nacional en su proyecto de ley buscó para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa busca favorecer el derecho de las víctimas y establecer un régimen diferenciado en cuanto al tratamiento de resocialización y a las sanciones penales.

Penalidades consensuadas del nuevo régimen

El nuevo sistema establece sanciones escalonadas, priorizando medidas educativas y restaurativas que promuevan la rehabilitación del adolescente. Entre las medidas complementarias se incluyen: asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral. También sanciones alternativas: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima. La privación de libertad se reserva solo para delitos graves, con un máximo de 15 años de condena, y posibilidad de sustitución parcial tras cumplir dos tercios. Los adolescentes serán alojados en institutos especializados, con personal capacitado y sin contacto con adultos.

El proyecto también contempla la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años, y con el consentimiento de víctima e imputado. La suspensión del juicio a prueba será aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa. En estos casos, el adolescente deberá reparar el daño y realizar tareas comunitarias.

Si se dispone la privación de libertad, el alojamiento será en módulos diferenciados por edad, salud, situación cautelar o punitiva. Se garantizará el acceso a educación, salud, recreación, cultura y religión, y se prohibirá expresamente el contacto con adultos. Todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia.

Régimen Penal de la Minoridad, Diputados, Laura Rodríguez Machado