A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, un informe de la Fundación Pensar, del PRO, evaluó los principales resultados del período. En el informe titulado “A mitad de camino”, think tank que preside María Eugenia Vidal destacó como logros centrales la reducción de la inflación y el ordenamiento macroeconómico.

Sin embargo, advirtió que los resultados electorales de octubre, marcados por un amplio triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional, “podrían hacer creer que todo está bien, pero no”.

“Hay pendientes, desafíos no resueltos. El orden macroeconómico por si solo, no alcanza. Hay sectores y lugares del país en donde el día a día es cuesta arriba. Se necesita más trabajo coordinado con las provincias y los municipios. Planificación y método de trabajo sostenidos harán la diferencia. Y volver a tener obra pública. Si esto falta, el cambio real se diluye”, plantean desde el PRO en la introducción del estudio, firmada por la vice del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

En el apartado económico, elaborado por Nicolás Gadano, ex gerente general del Banco Central de la República Argentina, y Bautista Santamarina, analista de Pensar, el informe destaca que el principal éxito del programa de Milei fue la estabilización macroeconómica.

La inflación interanual medida por el INDEC descendió del 211% al 26% en el último bienio, mientras que la política de superávit fiscal, calificado como el “eje del programa económico”, sostuvo la disminución del déficit y la estabilidad monetaria.

De acuerdo con la evaluación de Pensar, la economía nacional exhibió una recuperación tras años de caída, aunque este avance permanece condicionado por desafíos pendientes. Entre ellos, identifican la necesidad de completar la liberalización completa del mercado cambiario (cepo a las empresas) y la acumulación de reservas internacionales, cuya cifra actual ronda los USD -15.000 millones, “por debajo de los niveles en el inicio de la administración”.

A su vez, advierten que la tasa de desempleo formal persiste prácticamente estancada desde 2011, y que el crecimiento económico reciente ha sido liderado por sectores como la minería, la energía y el agro, caracterizados por su baja generación de empleo.

“La reforma laboral puede contribuir, en tanto apunta a corregir algunas de las principales debilidades del mercado de trabajo -altos costos, elevada litigiosidad e inflexibilidad-, aunque resulta poco probable que sus efectos sean inmediatos”, aseguran.

El analista económico Lucas Tettamanti destaca que los ganadores del modelo fueron la minería, la energía y el campo, aunque aclara que la realidad económica del país ha sido heterogénea.

En esa línea, precisa que, entre noviembre de 2023 y el cierre del periodo analizado, la industria y la construcción perdieron respectivamente 42.400 y 62.700 asalariados privados, y que el 75% de la destrucción de empleo formal se concentró en estos dos sectores, principalmente desplegados en grandes urbes.

En contraste, las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz —donde predominan los sectores ganadores del modelo actual— muestran mejor desempeño relativo, mientras que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe resultan más afectadas.

A la hora de analizar la opinión de la sociedad, la consultora Mora Jozami (Casa Tres) plantea que la ciudadanía se siente “esperanzada”.

Por primera vez los sentimientos positivos superan a los negativos, con un 50% de la población manifestando esperanza y el 47% identificando emociones adversas. La confianza en el gobierno, medida por UTDT, aumentó un 17,5% respecto a un año atrás y la aprobación de la gestión presidencial alcanza un 54%, si bien persisten críticas en torno al tratamiento de jubilaciones y personas con discapacidad, señaladas como los principales focos de insatisfacción entre sectores diversos.

Adicionalmente, aunque la inflación dejó de ser el problema principal —su mención pasó del 21% en abril de 2024 al 4% en septiembre de 2025—, la preocupación por la economía y el costo de vida sigue en primer plano tanto en debates públicos como privados.

“El dato distintivo del momento es el clima de expectativa positiva hacia el futuro. Predomina la creencia de que la situación económica puede mejorar el próximo año y se instala la percepción de que el esfuerzo empieza a rendir frutos. La esperanza —más alta que nunca en toda la serie— actúa como un crédito social que sostiene al gobierno”, dice el informe.

Las reformas estructurales aparecen como tareas pendientes. El diputado nacional Fernando de Andreis y el equipo de Pensar enumeran entre las prioridades una reforma laboral integral que reduzca costos y barreras para la contratación, una reforma tributaria orientada a la simplificación y un rediseño del sistema previsional, cuyo déficit representa alrededor del 50% del gasto público nacional.

“El alto costo laboral golpea sobre todo a las pymes, que son las principales generadoras de empleo. Para muchas de ellas, tomar un trabajador se convirtió en una decisión de alto riesgo económico y legal. En los últimos 20 años, los juicios laborales se multiplicaron por 40. En 2003 se iniciaban alrededor de 3.000 juicios al año; en 2025 ya fueron más de 123.000”, aseguró el diputado.

Se menciona además la existencia de 115 impuestos diferentes, de los cuales 85 corresponden a tributos municipales, configurando un esquema percibido como poco eficiente. “Este entramado no solo desalienta la inversión: castiga especialmente a quienes producen y generan empleo”, concluyen.

En el capítulo institucional, Silvia Lospennato, legisladora de CABA, subraya la persistencia de vacancias en el Poder Judicial, con 608 cargos sin cubrir sobre un total de 1.635 (37%). Solo en la Justicia Federal existen 170 vacantes de 485 posibles (35%), mientras que en el Ministerio Público Fiscal la proporción asciende al 46%. Otros problemas señalados incluyen el decreto que restringió el acceso a la información pública, la aplicación incompleta de la ley de ética y pendientes en materia de extinción de dominio y voto exterior.

En materia de gestión no económica, el informe registra un aumento del 20% en los episodios de inseguridad denunciados a nivel nacional durante 2025, con Tucumán registrando el mayor incremento (65%).

La inversión pública prevista en infraestructura para 2026 se estima en 0,4% del PBI, por debajo del 1,3% alcanzado en 2023, lo cual —según la Cámara Argentina de la Construcción— solo permite mantener obras en curso, sin capacidad para nuevos desarrollos ni revertir el deterioro acumulado. En educación, la inversión real en el nivel universitario fue la más baja desde 2007 y persiste la necesidad de implementar políticas para modernizar la educación obligatoria y reducir el abandono escolar.

La percepción hacia el futuro, según las encuestas incluidas en el informe, muestra que un 41% de la población espera una mejora en la situación económica para el próximo año, mientras que un 28% prevé estabilidad y un 27% anticipa un empeoramiento.

El informe de la fundación del PRO concluye señalando que, pese a la estabilización de variables macroeconómicas y el cambio de expectativas, la mejora en la vida cotidiana aún no se materializa para buena parte de la sociedad, y que las reformas estructurales e institucionales son ineludibles para sostener el crecimiento y profundizar en la transformación del país.

60 allanamientos en bancos,Miguel Pesce,Banco Central,Conforme a,Miguel Pesce,,»No son una bomba». Pesce hizo una fuerte defensa de las Leliqs y contradijo a Milei,,Disputa. Por tercera vez, la Justicia Federal obligó al Banco Central a venderle dólares oficiales al gobierno de Córdoba,,»Incapaz de controlar la inflación». Pesce, presidente del BCRA, tuvo la peor calificación en un ranking mundial de banqueros centrales

Cerrando el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, y conocida la determinación del Gobierno nacional referido al futuro de la Agencia Nacional de Discapacidad, el titular del bloque kirchnerista, Germán Martínez dijo que “quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad. No es una reestructuración administrativa. Es un plan de impunidad”.

Desde el peronismo, el diputado Pablo Yedlyn presentó un proyecto de declaración “que alerta sobre la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya que se realiza sin un plan integral de transición que garantice la continuidad de las políticas públicas, la preservación documental y la transparencia administrativa.

“Estamos ante una medida que no solo debilita la institucionalidad de las políticas de discapacidad en la Argentina, sino que pone en riesgo la documentación en un área que actualmente es objeto de investigaciones judiciales y periodísticas”, señaló Yedlin. A su iniciativa lo acompañan Germán Martínez, Paula Penacca, Ariel Rauschenberger, Cecilia Moreau, Andrea Freites, Victoria Tolosa Paz, Ana María Ianni, Carlos Castagneto, Julia Strada y Sabrina Selva, entre otros.

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Además, los diputados Juan Marino y Sabrina Selva recordaron que impulsaron y aprobaron, durante este 2025, las interpelaciones del ministro de Salud, Mario Lugones y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por las denuncias en la ANDIS.

“No solo se quedan con la plata de los medicamentos de las personas con discapacidad (3%), incumplen la ley de emergencia, reducen drásticamente las pensiones y no dan explicaciones, sino que ahora directamente disuelven la ANDIS. Cada decisión política de este Gobierno apunta a seguir ajustando a los sectores que peor la están pasando. Una crueldad y un cinismo sin precedentes”, posteó en las redes sociales Sabrina Selva.

Otro de los sectores que mostró cuestionamientos es la Coalición Cívica. La diputada Mónica Frade dijo: “El gobierno, una vez más, utiliza su propia corrupción, no para deshacerse de los corruptos, sino para eliminar Estado. A los primeros, si son propios, los cubre. Durante el 2025, como nunca antes, los discapacitados fueron brutal blanco de abandono y ataque. La disolución del organismo específico para garantizarles protección, anticipa la continuidad de esta ‘política’”, planteó.

Reforma de la ANDIS

El diputado de UxP Juan Marino, en octubre de este año, logró el dictamen de mayoría, en las comisiones de Discapacidad y de Asuntos Constitucionales, de su proyecto de Reforma Democrática de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el mismo estableció que su finalidad sería “democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones”.

Establecía también “control social y prevención de la corrupción: establecimiento de mecanismos efectivos para la fiscalización de la gestión por parte de la sociedad civil, como medida para prevenir y combatir la corrupción y el uso indebido de fondos públicos. Federalismo: articulación permanente con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando sus competencias y promoviendo políticas coordinadas a través del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS)”.

En su artículo 12 se dispone la reincorporación “a todos los trabajadores que desempeñaban tareas en la ANDIS y que fueron despedidos en el período de tiempo que abarca desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la presente ley”.

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El dictamen cayó desde el punto de vista legislativo por el recambio parlamentario en ambas cámaras del Congreso, pero el proyecto tiene plena vigencia para ser tratado a partir del 1 de marzo de 2026.

La postura del Gobierno

Este martes desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni señaló en conferencia de prensa: “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Desde que el organismo fue creado en 2017, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una administración transparente”.

El ministro Coordinador aseguró que a pesar de la medida adoptada “habrá auditorías permanentes y se van a eliminar 16 cargos políticos. Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”.

Discapacidad, Diputados, Manuel Adorni