LA PLATA.− El gobernador Axel Kicillof citó en esta ciudad a los 135 intendentes bonaerenses para advertirles de la frágil situación financiera que atraviesa el territorio. “Estamos ante una verdadera catástrofe. El gobierno de Javier Milei tiene en la mira a la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

El mandatario estuvo acompañado por intendentes de diversos partidos políticos, la vicegobernadora Verónica Magario, y los ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco.

Ante ellos, anunció que la provincia presentará una nueva demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se restituyan fondos por 1,3 billones de pesos por incumplimientos en la ley de consenso fiscal.

“Nos están robando recursos, pero no aceptamos ninguna extorsión para aceptar leyes dañinas”, denunció Kicillof. Ningún referente de La Libertad Avanza acudió a la Casa de Gobierno.

Recordó que hay siete causas en litigio ante al Corte Suprema de Justicia de la Nación para recuperar los fondos retenidos de Seguridad, de Compensación de transporte público de pasajeros, de Incentivo Docente, de Bosques Nativos, el Compensador para la caja previsional, Boleto Integrado y reclamos por tributos locales en la facturación de gas.

“Vamos a realizar una nueva denuncia en la Corte por incumplimiento consenso fiscal por convenios que ascienden a 1,3 billones de pesos”, afirmó.

El ministro de Economía sostuvo que existe una marcada caída de la actividad en el país y en la provincia. Y fue el encargado de explicar a los municipios la merma de transferencias. “Queremos que vean por qué tienen una caída en los recursos que reciben. Tiene que ver con caída de recaudación y de las transferencias del gobierno nacional. Vemos una situación extremadamente compleja, de riesgo. No estamos viendo perspectiva de que esto vaya a cambiar”, afirmó Pablo López.

El ministro hizo hincapié en la caída de la recaudación nacional por séptimo mes consecutivo –cercano al 10 por ciento interanual–. Y dijo que eso luego se traduce en la coparticipación provincial.

Agregó que la provincia perdió 6,6 billones pesos en coparticipación desde 2023 y que las deudas de la Nación por las obras públicas suman más de 15 billones de pesos. “Llegamos así a más de 22 billones de pesos acumulados en dos años. Esto es una pérdida de recursos equivalente a la mitad del presupuesto anual de la provincia, que este año es de 44 billones de pesos”, dijo.

Entre los intendentes presentes se destacaron Julián Alvarez, de Lanús, y Juan Ustarroz, de Mercedes, alineados con La Cámpora. Entre los radicales se dejaron ver Maximiliano Suescun, de Rauch, y Diego Reyes, de Púan. También asistieron alcaldes del Frente Renovador como Javier Gastón, de Chascomús.

El gobernador les prometió que distribuirá 250 millones de pesos a los municipios en abril, correspondientes al fondo de Emergencia a la Inversión Municipal.

La Comisión de Acuerdos del Senado, con el apoyo del oficialismo y de la oposición dialoguista, le dio luz verde esta tarde a la postulación de la exsenadora por Neuquén Lucila Crexell como embajadora ante el gobierno de Canadá. Su pliego quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión de la Cámara alta.

La nominación de Crexell fue impugnada desde el punto de vista moral y ético por la bancada kirchnerista, quien cargó contra la exlegisladora acusándola de haber canjeado su voto a favor de la Ley Bases, aprobada por el Senado a mediados de 2024, por un cargo diplomático.

La embajadora propuesta rechazó las imputaciones y contraatacó acusando de mentir a los senadores de la bancada kirchnerista. “A mí me dan vergüenza las imputaciones falsas”, replicó Crexell, que recibió durante el debate un fuerte respaldo del resto de los bloques de la oposición, que salieron al cruce del kirchnerismo. Así, su pliego obtuvo dictamen favorable con 13 firmas del total de 17 miembros que tiene la Comisión de Acuerdos.

La presentación de la postulante ante la Comisión de Acuerdos tocó una cota máxima de tensión a partir con la intervención de Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires) quien, a los gritos, le negó a Crexell condiciones para ocupar el lugar y adjudicó su nominación a una negociación espuria.

“No te dieron ese cargo por tus condiciones ni por tu currículum sino por los votos que les has dado a este Gobierno”, espetó Di Tullio, que alzó la voz cuando la exsenadora intentó responder a sus acusaciones.

La violenta intervención de la senadora kirchnerista provocó la reacción de la radical Carolina Losada (Santa Fe) y de la peronista disidente Carolina Moisés (Jujuy). “Esto es violencia simbólica, estos es disciplinamiento y me molesta mucho que venga de algunas compañeras”, salió en defensa de Crexell la legisladora jujeña, quien no sólo le anticipó su voto “peronista” a favor de darle acuerdo como embajadora ante Canadá, sino que también se quejó porque “se intenta poner bajo sospecha la carrera de una mujer por el solo hecho de aspirar a un lugar de poder”.

Las alusiones al ataque de mujeres al que hizo mención Moisés apuntaron a las intervenciones de Di Tullio y de otra senadora kirchnerista, la riojana Florencia López, quien también le imputó falta de idoneidad moral para ser avalada como embajadora política por haber vendido su voto.

“Usted está imputándome un delito cuando la Justicia ya se expidió y quiero decirle que los fueros no la avalan para decir lo que se le antoje”, replicó Crexell, recordando el fallo del juez federal Daniel Rafecas que ordenó el archivo “por inexistencia de delito” de la denuncia formulada en su contra por el supuesto pago de canonjías por su voto en la Ley Bases.

La misma imputación le había lanzado minutos antes otro kirchnerista, Carlos Linares (Chubut), quien consideró “fundamental” el apoyo de Crexell a favor de la Ley Bases −que en el Senado se aprobó por el voto de desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarruel−, antes de concluir que su nominación como embajadora es la moneda de cambio por aquel respaldo. “Estamos dándole el visto bueno o no a que llegue a una embajada de la envergadura de Canadá por el pago de un favor, y eso es un escándalo”, sentenció.

Cuando pudo pasar al ataque, Crexell le reprochó al kirchnerismo su inconsistencia. “Cuando habla de embajadores honorables pienso en [Sergio] Urribarri”, rememoró Crexell, en referencia al exgobernador de Entre Ríos designado embajador ante Israel y luego condenado por corrupción. Además, mencionó “cuando lo designaron a [Fernando] Pino Solanas como embajador ante la Unesco” que, recordó, “asumió en una boleta con Lilita Carrió y terminó apoyando al kirchnerismo” una vez que ingresó al Senado.

La primera en mostrar su apoyo a Crexell fue la radical Losada, quien le dijo que era “la mejor para el cargo” para el que está propuesta antes de disparar con munición gruesa contra la autoridad moral del kirchnerismo para impugnar la idoneidad de la postulante y asegurar que reaccionaba “por envidia”.

“Lo que más se huele es envidia, cierta situación de envidia. Porque la senadora contó que la Justicia la absolvió y sin embargo la están cuestionando los mismos que dicen que la que está presa con tobillera por chorra, y a la que tres tribunales la condenaron, dicen que es inocente, que debe estar libre”, sentenció Losada en alusión a Cristina Kirchner.

Antes de que el debate se desmadrara por las acusaciones políticas, Crexell tuvo tiempo de hacer una breve introducción en la que habló del “enorme potencial” que tiene la relación bilateral con Canadá, que tiene más de 150 años, porque ahora se ve potenciada “a partir de industrias tan dinámicas como la minería y la energía”.

También destacó “la fuerte relación en materia de seguridad nuclear”, ya que la Argentina tiene reactores de tecnología canadiense, y recordó que ambos países “integran un grupo de trabajo en las Naciones Unidas para reformar el Consejo de Seguridad”.

Terminada la discusión por el pliego de Crexell, la Comisión de Acuerdos dictaminó, sin debate ni resistencias, un paquete de ascensos militares entre los que se destacan los jefes del Ejército y la Armada, y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Se trata de los ascensos al rango superior de los actuales jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente.

También obtuvieron dictamen favorable otros tres pliegos ómnibus con ascensos para 73 contraalmirantes de la Armada, 66 oficiales del Ejército (generales de brigada, coroneles y tenientes coroneles) y 38 efectivos de las Fuerza Aérea (comodoros y vicecomodoros).