El juez federal de Rosario Gastón Salmain sumó una tercera causa en su contra. Esta vez es por abuso de autoridad, luego de que después de un allanamiento y secuestro de su teléfono celular, el 17 de octubre en la puerta de su casa, en el barrio de Belgrano, el magistrado envió una serie de notas, entre ellas al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para averiguar quién y por qué lo investigaban.

Salmain accedió a información que solo lo pudo hacer en su condición de juez, pero en este caso estaba del otro lado, era él quien estaba siendo investigado por autorizar en diciembre de 2023 a un financista rosarino la compra de 10.000.000 de dólares a precio oficial, por fuera del cepo cambiario que regía en ese momento. Es la tercera causa que enfrenta Gastón Salmain en la justicia federal, a la par del sumario que se abrió en su contra en la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.

El lunes pasado, en el programa que conduce Carlos Pagni, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, tocó el tema de la justicia federal de Santa Fe, que está convulsionada desde hace casi dos años por los casos de corrupción y connivencia con el narcotráfico, a partir de la investigación contra el exjuez Marcelo Bailaque. Rosatti fue cuidadoso en los términos que usó porque estas causas en algún momento arribarán al máximo tribunal. Pero utilizó una frase para describir el fenómeno. Dijo que la propia justicia puso el “reflector” sobre un entramado en el que aparecen “empresarios, medios de comunicación y eventualmente jueces”, también habló de “operadores judiciales”, “influyentes y servicios” de inteligencia. Y delineó por dónde va a pasar el problema con el narcotráfico: “con el lavado de dinero”.

En Rosario actualmente hay un exjuez federal preso, como Marcelo Bailaque, y otro magistrado que está siendo investigado, como Salmain. Y es probable que el año próximo las pesquisas se centren en otros magistrados.

Salmain, además de enfrentar varias causas judiciales en su contra, está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura. En el programa Vale Doble, que conduce Rodrigo Miró en radio Universidad, el magistrado repitió el mismo argumento que su defensa plantea como estrategia: que hay una especie de complot entre medios de comunicación y sectores de la justicia federal para perjudicarlo. “Existe una persecución de inequívoca naturaleza política que se mezcla con lo mediático”, aseguró el magistrado.

Salmain fue imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Según el planteo de los fiscales federales, que fue avalado por el juez de Garantías, Román Lanzón, Salmain utilizó su investidura de juez para procurar indebidamente información en un caso en el que se lo investigaba y por el cual se lo estaba allanando hace poco más de un mes. Lanzón dijo que el caso tiene “gravedad institucional” y pidió que le remitan el legajo al Consejo de la Magistratura de la Nación.

El 17 de octubre pasado, Salmain enfrentó una requisa –una especie de allanamiento– al salir de su domicilio en el barrio porteño de Belgrano, donde efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le secuestraron el teléfono. El magistrado, como ya reveló Aire de Santa Fe, entregó el celular –estaba apagado–, pero no aportó la clave de acceso. Al tratarse de un iPhone 17 es casi imposible con la tecnología que tiene hoy la Argentina peritar ese smartphone sin la clave de acceso.

Los fiscales federales que estuvieron al frente de la apertura de esta causa revelaron que Salmain redactó una nota para averiguar cómo se habían enterado que él estaba en Buenos Aires. También pretendió saber a quién se le había dado la orden de realizar esa requisa para sacarle el celular. Algo similar había hecho unos meses antes con una presentación que hizo en el juzgado de Lomas de Zamora para que le indicaran si estaba siendo investigado, algo que llamó la atención en el mundillo judicial de Buenos Aires.

Los fiscales advirtieron en la audiencia que después de que entregara su celular a los agentes de la PSA en el barrio de Belgrano, Salmain usó su investidura de juez al mandar, el 21 de octubre de 2025, un oficio al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alfredo Gallardo.

Los investigadores querían peritar el celular de Salmain en el marco de una causa en la que fue imputado la semana pasada. Se trata del aval que dio el juez al financista Fernando Whpei a comprar 10.000.000 de dólares en diciembre de 2023 a precio oficial, por fuera del cepo cambiario que regía en ese momento. La sospecha, según la declaración de Whpei como arrepentido, es que el magistrado se habría quedado con un porcentaje equivalente a unos 200.000 dólares.

En la entrevista en Radio Universidad, Salmain dijo algo que a muchos en la justicia federal les pareció descabellado: que pidió esa información porque dudaba que le estaban robando el teléfono. ¿Pensaba que agentes de la PSA le iban a sustraer su celular? En el mundo de los espías y conspiranoicos todo es posible, comentaron en los pasillos de los tribunales de Rosario.

Salmain llamó al propio jefe de la PSA para pedirle precisiones sobre el allanamiento en su domicilio. La maniobra tenía que ver más que conseguir información sobre la investigación en su contra y sembrar miedo entre los agentes.

Los abogados Franco Carbone y Gustavo Feldman plantearon que la acusación contra Salmain era atípica, ya que el magistrado hizo una solicitud de información, algo distinto de una orden, y que tampoco tenía un plazo de respuesta.

El juez Lanzón aceptó el pedido de los fiscales de abrir otra causa contra Salmain y tras citar que se trata de un caso de “gravedad institucional”, ordenó enviar el acta de audiencia y video al Consejo de la Magistratura, donde este juez está siendo investigado.

La causa que más complica a Salmain tiene que ver con la autorización que otorgó al fideicomiso Attila en diciembre de 2023 para adquirir 10.000.000 de dólares a precio oficial, por fuera del cepo.

Salmain está acusado, junto con Whpei y Santiago Busaniche, un escribano oriundo de Santa Fe que se mueve como operador judicial en Comodoro Py, según los fiscales, “de haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de 10.000.000 de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el juzgado federal N°1 de Rosario”.

De acuerdo a la investigación, “para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche, direccionen el proceso judicial dentro del expediente y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA”.

A cambio de ello, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, que tuvo un rol clave en la causa al avalar el pedido de estos fideicomisos, solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.

En la investigación, los fiscales reunieron evidencias que apuntan a que para cumplir con el plan criminal, Salmain se reunió previamente con Whpei –al menos una vez en su despacho laboral– el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo al solicitar que lo demás lo arreglara con Busaniche. Con posterioridad, en el marco del expediente, dictó las resoluciones a favor de Whpei.

El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.

Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron una deuda a sí mismos.

Cuando el Banco Central pidió al magistrado que suspendiera la medida un día después de su autorización, Salmain decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. Los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos, buscan probar si la operación incluyó algún beneficio personal para el magistrado y si se realizaron maniobras irregulares con la divisa, como declaró Whpei en su carácter de arrepentido.

Los registros oficiales indican que la firma adquirió al menos 1.128.850 dólares, que fueron transferidos a la empresa DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. La investigación se aceleró después de que Whpei se presentara como arrepentido en la causa del exjuez Bailaque, donde está acusado de haber participado en una trama de extorsión y corrupción institucional.

El financista rosarino está detenido en su domicilio desde mediados de mayo y su prisión domiciliaria fue prorrogada hasta enero de 2026. En paralelo, Salmain es investigado por otro episodio vinculado al extitular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien también se presentó como arrepentido en marzo pasado.