POLITICA
Corrupción y MEMORIA!!: los casos que marcaron al kirchnerismo, al peronismo y al gobierno de Alberto Fernández

Durante dos décadas la política argentina estuvo atravesada por escándalos y causas judiciales que expusieron adjudicaciones irregulares, lavado de activos, bolsos con dólares y vacunaciones fuera de turno. Esta nota reúne los casos más emblemáticos —con nombres, decisiones judiciales y estimaciones públicas de perjuicio patrimonial— para que nadie olvide lo que pasó y para que la memoria colectiva sirva como control ciudadano.
1) Vialidad (Santa Cruz) — la causa central contra Cristina Fernández de Kirchner
Qué pasó: La investigación determinó que se adjudicaron obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas vinculadas a Lázaro Báez, en perjuicio del Estado.
Estado judicial: Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por fraude en la causa conocida como “Vialidad”; la condena fue ratificada en instancias y la causa implicó la restitución de montos importantes al Estado. El fallo judicial cuantificó perjuicios por cientos de miles de millones de pesos (cifras públicas aproximadas equivalentes a varios cientos de millones de dólares).
Breve impacto patrimonial: Los tribunales ordenaron devoluciones y embargos; los montos reclamados públicamente superan los cientos de millones de dólares en valores nominales y actualizados según los fallos.
2) La “ruta del dinero” y Lázaro Báez — lavado y concentración de obra pública
Qué pasó: Empresas del grupo Báez recibieron un volumen desproporcionado de obra pública en Santa Cruz y se detectaron maniobras de lavado de activos y transferencias al exterior.
Estado judicial: Lázaro Báez fue condenado en causas de lavado y recibió penas de prisión en distintas sentencias; hubo decomisos, clausuras y peritajes que documentaron transferencias y bienes. Los montos investigados y remitidos a juicio incluyen decenas de millones de dólares y reclamaciones patrimoniales mayores.
Resumen patrimonial público: Las investigaciones judiciales describen bienes, inmuebles y fondos en el exterior atribuidos a Báez y a su grupo empresario; estimaciones periodísticas públicas mencionan fortunas por decenas de millones de dólares.
3) Caso “Ciccone” — Amado Boudou (exvicepresidente)
Qué pasó: Se investigó la intervención para quedarse con la imprenta Ciccone, que tenía contratos para imprimir documentos oficiales.
Estado judicial: Amado Boudou fue condenado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública; la pena dictada en 2018 fue confirmada en instancias judiciales.
Impacto patrimonial: Las pericias y auditorías judiciales detectaron movimientos societarios y beneficios económicos vinculados a la maniobra; la condena y las pruebas forman parte del expediente público.
4) José López — “los bolsos del convento”
Qué pasó: En 2016 José López fue sorprendido intentando ingresar a un convento con bolsos que contenían millones de dólares; el episodio se volvió un símbolo visual de la corrupción.
Estado judicial: López fue procesado y condenado por enriquecimiento ilícito; su patrimonio y los elementos incautados (dólares, joyas, armas) fueron parte de la prueba. Posteriormente hubo penas unificadas ordenadas por tribunales.
Breve impacto patrimonial: Los billetes y bienes encontrados —y la imposibilidad de justificar su origen— fueron el núcleo del caso y llevaron a embargos, multas y condenas.
5) Julio De Vido — el poder sobre la obra pública y las condenas por la tragedia de Once
Qué pasó: Como ministro de Planificación, De Vido manejó grandes partidas de obra pública, energía y subsidios. Fue investigado en múltiples causas, entre ellas su vinculación con la tragedia ferroviaria de Once.
Estado judicial: Fue condenado por administración fraudulenta en la causa que investiga la tragedia de Once y tiene numerosas causas abiertas y procesamientos en otras investigaciones por irregularidades en contrataciones y obras.
Patrimonio e impacto: Peritajes y auditorías señalaron inconsistencias patrimoniales respecto de bienes vinculados a la gestión, y su situación procesal incluye condenas parciales y causas en trámite.
6) Ricardo Jaime — Secretaría de Transporte y múltiples causas
Qué pasó: Jaime fue investigado por recibir dádivas, enriquecimiento ilícito y otras irregularidades vinculadas a contratos y concesiones del transporte público.
Estado judicial: Acumuló varias condenas por hechos de corrupción y defraudación contra la administración pública; sus causas incluyen vínculos con concesionarios y maniobras opacas.
Efecto patrimonial: Informes periodísticos y judiciales señalaron un incremento patrimonial notable y bienes (inmuebles, embarcaciones, vehículos) que fueron objeto de medidas cautelares.
7) Hotesur y Los Sauces — negocios familiares y alquileres a contratistas del Estado
Qué pasó: Se investigó el presunto uso de hoteles y propiedades de la familia Kirchner como vehículo para recibir pagos o alquileres vinculados a contratistas del Estado.
Estado judicial: Las causas pasaron por varios jueces, con peritajes contables y requerimientos de elevación a juicio; la Corte y otros tribunales determinaron tramos a ser debatidos en sede oral.
Patrimonio: Las declaraciones y pericias oficiales revelaron operaciones y alquileres por montos millonarios en dólares que fueron materia de investigación judicial.
8) “Cuadernos” de las coimas — el mapa de supuestos pagos entre empresarios y funcionarios
Qué pasó: Los cuadernos del chofer Oscar Centeno documentaron presuntas entregas de dinero a funcionarios; la causa involucró a decenas de empresarios y exfuncionarios.
Estado judicial: La causa abrió múltiples líneas de investigación; hubo arrepentidos, elevaciones a juicio en varios tramos y peritajes que buscaron cuantificar movimientos y eventuales maniobras de lavado. La investigación sigue con partes en distintos estadios procesales.
Magnitud: Periodísticamente y judicialmente se estimaron movimientos por decenas o centenas de millones de dólares según los tramos analizados; la investigación continúa en varias instancias.
9) Gobierno de Alberto Fernández (2019–2023): denuncias relevantes y su impacto
Vacunatorio VIP (vacunación irregular)
Qué pasó: En febrero de 2021 se denunció que personas fuera de los grupos priorizados accedieron a vacunas en ámbitos vinculados al Ministerio de Salud; esto provocó renuncias y denuncias penales.
Estado judicial: El hecho motivó la renuncia del ministro Ginés González García, múltiples denuncias e investigaciones sobre la gestión de vacunación y la aparición de listados de vacunados fuera de protocolo.
Impacto sobre la población: Generó un fuerte daño simbólico y político porque ocurrió en plena campaña de vacunación masiva y afectó la confianza pública en la gestión sanitaria.
“Olivos-Gate” — reuniones en la Residencia presidencial durante la cuarentena
Qué pasó: Imágenes y testimonios mostraron reuniones en la Quinta de Olivos durante restricciones estrictas; la polémica tuvo alcance político y mediático.
Estado judicial/político: Se presentaron denuncias y se abrieron causas; el episodio alimentó un debate público sobre el cumplimiento de las medidas por parte de autoridades.
Contrataciones públicas y compras durante la pandemia
Qué pasó: Compras urgentes para atender la pandemia (respiradores, insumos, alimentos) fueron cuestionadas por supuestos sobreprecios, intermediaciones y falta de transparencia en algunos procesos.
Estado: Se iniciaron investigaciones administrativas y judiciales en varios casos; algunos contratos fueron anulados, otros quedaron en la mira de la Justicia y de auditorías.
Caso pólizas / seguros — investigación que involucra a Alberto Fernández (post-mandato)
Qué pasó: Investigaciones judiciales analizaron la contratación de seguros a través de intermediarios privados que cobraron comisiones; se investigó la posible participación de funcionarios y operadores cercanos al poder.
Estado judicial: En 2025 hubo procesamientos y ordenes judiciales que afectaron a exfuncionarios y a operadores vinculados; el propio ex presidente fue procesado en causas relacionadas con estas contrataciones y el trámite judicial sigue su curso.
Impacto: Estas denuncias mermaron la confianza en la gestión y fueron usadas por opositores para cuestionar la ética pública en plena crisis sanitaria y económica.
¿Cuánto costó — estimaciones públicas y montos que aparecieron en fallos?
Vialidad / restitución ordenada: montos reclamados y devueltos por fallos judiciales que, en algunas resoluciones, alcanzan equivalentes en cientos de millones de dólares según la conversión y actualización señalada en los expedientes.
Báez / lavado y activos: investigaciones y sentencias describen transferencias y bienes por decenas de millones de dólares; estimaciones periodísticas públicas ubican patrimonio y operaciones cuantiosas vinculadas al grupo.
Cuadernos: peritajes y sumas referidas en la causa alcanzan decenas o centenas de millones de dólares en movimientos señalados por arrepentidos y documentos.
Conclusión — memoria, control y cultura republicana
Estos casos forman un mapa que atraviesa gobiernos, ministerios, secretarías y provincias. Algunos protagonistas fueron condenados; otros siguen procesados o apelando; muchos expedientes permanecen en distintas instancias. Los escándalos no solo implicaron pérdida de recursos —también quebraron confianza, salud pública y certeza institucional.
La lección política es clara: transparencia, auditoría ciudadana, tribunales independientes y prensa investigativa son herramientas indispensables para que la plata pública no termine en bolsos, contratos amañados o maniobras societarias opacas. Pedir memoria no es revanchismo: es exigir que la próxima vez el Estado esté al servicio de la gente y no de redes de poder.
«No votaría a un partido que robó sistemáticamente porque la política no es solo un juego de poder, es la responsabilidad de cuidar a un país y a su gente. Cada acto de corrupción roba sueños, oportunidades y esperanza. No es solo dinero lo que se pierde, es la confianza, la seguridad y el futuro de todos. Votar a quienes traicionaron esa confianza sería cerrar los ojos ante la injusticia, sería avalar que el abuso se repita. Mi decisión está basada en respeto por la verdad, por la justicia y por aquellos que esperan que sus líderes los protejan, no que los engañen.»
POLITICA
El fraudulento patrimonio de Sergio Massa: tiene propiedades declaradas por tan solo USD 9.000 y USD 18.000

En medio de la controversia por el departamento de USD 230.000 que adquirió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio de Caballito, se reveló que el ex ministro de Economía, Sergio Massa, declaró una propiedad por tan solo USD 18.000.
La información fue difundida por el periodista Jonatan Viale en el programa “¿La ves?” en TN. Según el conductor, se trataría de “una casa en Tigre de 480 metros cuadrados”, lo que equivale a la irrisoria suma de USD 37,5 por metro cuadrado.
En su editorial Viale apuntó contra la doble vara de los militantes kirchneristas que, mientras cuestionan el patrimonio de Adorni, “no dicen nada” sobre la oscura situación de Massa. Además, agregó que el exministro de Alberto Fernández tiene otro inmueble declarado en Tigre de 525 m2 por USD 9.000 y su esposa, Malena Galmarini, un departamento en San Isidro de 33 m2 por USD 1.200.
Massa declaró un departamento en San Isidro de 480m2 en US$ 18.000
¿Cómo hacen para conseguir esos “precios”? Necesito ese agente inmobiliario, urgente. pic.twitter.com/8mEL4cZWUJ— Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) April 1, 2026
Cómo es la casa de Massa en el barrio privado Isla del Sol
El living, de concepto abierto y con grandes ventanales que integran el jardín, presenta una decoración en tonos neutros con toques de color en objetos seleccionados y una biblioteca. Entre los elementos más llamativos de la propiedad se encuentran un metegol profesional y una colección de cuadros y fotografías que recorren su trayectoria política y momentos íntimos con su familia.
El exterior de la casa está diseñado para el aprovechamiento social, contando con una amplia galería, parrilla y una piscina rodeada de un entorno parquizado. La decoración general mantiene un estilo moderno pero funcional. La propiedad no solo funciona como el refugio personal del exministro y su esposa, Malena Galmarini, sino que también fue escenario de reuniones políticas clave.
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POLITICA
El Gobierno repite que sostiene a Adorni, pero baja su exposición: tensión por la Justica y también por el Congreso

Los malos días de Manuel Adorni -con impacto en continuado sobre el Gobierno- ya suman más de tres semanas. Desde Olivos repiten que Javier Milei y su hermana, Karina, sostienen al jefe de Gabinete, pero hay un cambio en la desbordada línea para tratar de contener el daño: la exposición del funcionario pasó a ser más medida, en tiempo y forma. Fue descartada una nueva conferencia de prensa, después de la realizada hace una semana con frustrado sentido de relanzamiento. Tampoco fueron difundidas fotos significativas, aunque eso en parte podría ser revisado este jueves, en la ceremonia por el 2 de Abril. Y el mensaje resulta paradójico porque son necesarios gestos de apoyo día a día, mientras se pretende escenificar normalidad y trabajo a largo plazo.
El cuidado para evitar al menos esta semana una presentación ante los medios no tiene que ver exclusivamente con lo ocurrido el miércoles anterior, sino además con el registro en redes sociales. El mensaje de Adorni sobre los números de la pobreza en el 2025 generó una reacción que desdibujó por completo el tema y mostró rechazo extendido al funcionario. Las redes sociales exhiben un dato parcial, agrietado en extremo, aunque muy atendido en el circuito violeta. Las encuestas tradicionales dicen cosas parecidas. Y la reacción de Olivos deja a la vista la magnitud del problema.
El tema del jefe de Gabinete –viajes y patrimonio-, con el agregado del caso $LIBRA y la reactivación de la causa del área de discapacidad, atrapa la atención en el frente judicial. Es un foco que crece, con el añadido de especulaciones de otra naturaleza. Y la preocupación se extiende al Congreso. Allí, resulta incierto el plan de LLA para “recuperar la iniciativa”. Lo único firme es el trámite ahora otra vez acelerado para reformar la ley de glaciares. En la otra vereda, se ven movimientos fuertes pero por ahora desacoplados frente al caso de Adorni. De todos modos, el desafío tiene una fecha que suena lejana ante el desgaste de estos días, pero está agendada: el informe de gestión del jefe de Gabinete ante Diputados, el 29 de este mes. Son dos carriles diferentes.
El informe de gestión llegaría precedido por varias señales llamativas. El lunes quedó cerrado el capítulo de la presentación de preguntas para el funcionario, cuyo número superaría por mucho las marcas anteriores y treparía por encima de las cuatro mil. Resulta un dato nada menor que haya quedado por delante casi un mes hasta el miércoles 29: una mala apuesta inicial a que el paso del tiempo diluya el tema, cuando en cualquier caso lo potenciaría. El camino, por lo demás, es de mínima árido y demasiado largo. Para completar, se agregó un componente de suspicacias internas, según circula en el Congreso.
En principio, se suponía que Adorni iba a tener que presentarse ante el Senado. La explicación: el último informe había sido ante Diputados, pero entonces en boca de Guillermo Francos. El oficialismo prefirió interpretar que el próximo no sería una continuidad, sino el primer informe de una nueva gestión en la jefatura de Gabinete y optó por la Cámara baja. Circularon entonces versiones sobre el arrastre de desconfianzas domésticas en el oficialismo. Otra vez, con referencias directas a Karina Milei. Se habría privilegiado así la Cámara que preside Martín Menem por sobre el manejo de Patricia Bullrich en la otra ala del Congreso.
Como sea, falta mucho, tal vez demasiado, frente al desarrollo de los acontecimientos. Diferentes espacios de la oposición plantearon en Diputados la alternativa de impulsar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar diferentes iniciativas, que arrancan desde el piso de una interpelación. Esa comisión está a cargo de un violeta disciplinado, Nicolás Mayoraz. No parece un camino sencillo. Y el peronismo/kirchnerismo -con pasado propio y denso en materia de corrupción– buscaría motorizar una sesión en el recinto, aunque de momento asoma complicado reunir 129 diputados detrás de ese objetivo.

Se verá cómo sigue, es decir, cómo va impactando el tema en espacios dialoguistas y cómo se mueve la oposición No K. Desde esa heterogénea franja partieron las principales denuncias contra el funcionario, que ya tienen recorrido judicial: desde la exLLA Marcela Pagano a Maximiano Ferraro, Pablo Juliano y Esteban Paulón. Por lo pronto, el oficialismo acaricia la posibilidad de coronar la reforma de la ley de glaciares. A mediados de la semana próxima, lograría dictamen de comisión y de inmediato buscaría sancionar el proyecto, con respaldo activo de los “gobernadores mineros”.
En cambio, más complicado resulta para el Gobierno asegurar proyectos que le permitan recuperar, en escala menor, el manejo de la actividad legislativa. Por supuesto, no se trata ya de sesiones extraordinarias, con agenda determinada sólo por el Ejecutivo. Pero el problema mayor es el clima alimentado por el caso Adorni, también por $LIBRA.
Por supuesto, se agrega que las negociaciones con gobernadores de diferentes espacios estarán marcadas por la situación financiera de las provincias, más delicada incluso que la de fines del año pasado. Ese es un tema para Diego Santilli, atado a la vez a la lapicera de Luis Caputo. La recaudación nacional cayó en marzo por octavo mes consecutivo -con impacto directo en la coparticipación y además, en los fondos discrecionales- y también se deteriora la recaudación local en la mayoría de los distritos.
Antes, en la escala de preocupaciones, el foco de Olivos está puesto en la marcha de los casos que involucran a Adorni y en las novedades del criptogate. Eso mismo motorizó, en simultáneo, especulaciones de tensiones en el fuero federal a partir del desenlace en el Ministerio de Justicia, es decir, a partir de la designación de Juan Bautista Mahiques. Es un momento especial, marcado también por el envío de pliegos para ocupar más de sesenta vacantes en el Poder Judicial. Es el inicio de una movida para completar una lista aún mayor.
La mirada restringida a disputas de esa naturaleza tiene base real, aunque parcial. Algunos problemas que enfrenta el oficialismo podrían ser explicados por decisiones legislativas que permitían imaginar estribaciones ríspidas. Por ejemplo, la advertencia de Cámara para que el Gobierno aplique la ley de financiamiento universitario. También, los amparos otorgados sobre decenas de artículos de la reforma laboral.
Milei encabezará este jueves el acto central por el 2 de Abril. Las miradas apuntarán al lugar de Adorni en la ceremonia, después de la cita en Olivos que buscó vestirlo con tareas para proyectar “el período 2026/2027”. En lo inmediato, esta noche, el Gobierno debería prestar atención al mensaje de la Iglesia Católica sobre el deterioro presupuestario en el área de discapacidad. Llegará desde Mendoza, en la celebración de Jueves Santo, y estará a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo.
POLITICA
En el aniversario de Malvinas, Milei reforzará el reclamo por la soberanía y destacará la alianza de la Argentina con EE.UU.

Javier Milei ultima los detalles del discurso que dará hoy en el acto por Malvinas. El texto combinará política exterior, defensa y gestión interna. En el Gobierno anticipan que mantendrán la estructura de 2024 y 2025: reclamo de soberanía, crítica a las gestiones anteriores y defensa del fortalecimiento militar.
Pero en esta oportunidad se explicitará cómo el alineamiento con Estados Unidos puede fortalecer el reclamo argentino ante el Reino Unido por la soberanía.
El Presidente además hablará del reequipamiento de las Fuerzas Armadas y hará mención a la importancia de mejorar los salarios. Los discursos oficiales de los últimos dos años mantuvieron la línea de que “no hay soberanía sin prosperidad económica ni capacidades militares robustas”.
El acto será a partir de las 10 en Plaza San Martín, en el monumento a los caídos. Se dejará una ofrenda floral. El Presidente estará acompañado de su gabinete y del jefe de Gobierno, Jorge Macri.
En la Casa Rosada sostienen que la estrategia oficial para “recuperar Malvinas” se apoya en profundizar el alineamiento con Washington para contrapesar la presencia británica en el Atlántico Sur. En ese esquema, el oficialismo cree que la centralidad de la Antártida para los Estados Unidos puede darle a la Argentina una ventana de reposicionamiento en la disputa.
Ese enfoque está atado a una agenda concreta de cooperación militar. El Ministerio de Defensa mantiene contactos continuos con el Pentágono con el objetivo de fortalecer y modernizar capacidades de defensa. Nación prevé además enviar al Congreso un acuerdo militar que abarque entrenamiento por parte de fuerzas estadounidenses.
El otro eje del discurso será el reequipamiento, que el Gobierno buscará impulsar a través de un decreto para que el 10% de los ingresos por privatizaciones se derive a la compra de armamento y bienes de capital para el sistema de defensa nacional. Lo confirmó la semana pasada el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo reuniones con funcionarios de Estados Unidos en el Pentágono el 24 de marzo para avanzar en las negociaciones por la compra de helicópteros Black Hawk. El Ejecutivo contempla además nuevas adquisiciones, desde fragatas hasta submarinos que negoció en principio con Francia.
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La Casa Rosada admite también que trabaja en una mejora para los haberes militares después del malestar que generó la decisión de otorgar sumas fijas al personal de las fuerzas federales de seguridad. El decreto 216/2026 oficializó para abril una suma fija no remunerativa y no bonificable de $40.000 para el personal alcanzado y otra suma adicional con montos variables según grado, que en varios casos llega a $300.000.
Economía y Defensa oficializaron este 1 de abril una nueva escala de haberes para el personal militar y la Policía de Establecimientos Navales, con actualizaciones para abril y mayo de 2026. En Balcarce 50 admiten, sin embargo, que la recomposición no alcanzó para desactivar el malestar interno y mantienen en evaluación un bono específico para las Fuerzas Armadas, que todavía no fue oficializado.
Javier Milei, malvinas, Fuerzas Armadas
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