La vida política estuvo organizada durante las dos últimas décadas alrededor de la polarización kirchnerismo-antikirchnerismo. Esa simplificación, que aglutinaba identidades, la volvía inteligible. Un fenómeno principal de la escena actual es que esa disposición de fuerzas está agotada.

La razón principal es que el kirchnerismo está en crisis. Acaba de perder nada menos que en su base más valiosa de poder, la provincia de Buenos Aires. Su líder está presa y, por lo tanto, concentrada en encontrar estrategias judiciales más eficaces que las que la terminaron encerrando en San José 111. En las últimas semanas comenzó a advertir deficiencias imperdonables en sus planes de defensa. No fue una revelación inesperada. La causa Hotesur-Los Sauces investiga el presunto lavado de dinero y asociación ilícita vinculados a negocios en los que está involucrada su familia.

Es el costo de la legendaria desconfianza de Néstor Kirchner, que sólo colocaba parientes en los directorios de las sociedades que creaba. Todo cambia de color. Además, mientras se aproxima ese juicio oral, los medios se han convertido en un desfiladero de imputados por otro proceso, el de los cuadernos de las coimas, que prodiga semana a semana un anecdotario muy poco edificante.

A esas crónicas arqueológicas se agregan ahora otras más novedosas. El escándalo de la AFA complica al kirchnerismo y sus aliados. Claudio “Chiqui” Tapia es funcionario de la provincia de Buenos Aires debido a que Axel Kicillof lo designó en el Ceamse. El nombre de Sergio Massa aparece cada vez que se relatan las fechorías del intermediario Javier Faroni y del “cajero” Pablo Toviggino. Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete de Kicillof y aliado imprescindible de Máximo Kirchner, emerge cuando se mencionan las maniobras de Sur Finanzas, la mega “cueva” de Ariel Vallejo. Por suerte en las inmediaciones de ese caso deambula el intrépido abogado Mauricio D’Alessandro, íntimo del juez Federico Villena, a quien le fue entregado el expediente.

Además de estos sinsabores, el kirchnerismo está dañado por una gran fisura interna. Cristina Kirchner quedó expuesta a la insubordinación de Axel Kicillof. El gobernador disputa a través de sus aliados el control del PJ provincial, comandado hasta ahora por Máximo Kirchner. Es una discusión de superficie, que oculta una alteración más importante: los intendentes peronistas redescubrieron que, sin un liderazgo indiscutido, el partido queda a merced de su control territorial.

No habría que sorprenderse si avanza un movimiento de provincialización del PJ bonaerense. Es un cambio importantísimo, porque afecta a la entidad política más importante de la Argentina desde que Eduardo Duhalde impidió la segunda reelección de Carlos Menem. De esa matriz nació el kirchnerismo, que fue ganando poder a medida que se convertía en una especie del conurbano.

La ruptura kirchnerista tiene la capacidad, en su dramatismo, de ocultar una situación mucho más extensa y menos estridente. Es el repliegue general del peronismo en el resto del país. En 2011, cuando arrasó Cristina Kirchner para hacerse reelegir, el PJ gobernaba 20 provincias. Hoy gobierna 9. Y en las elecciones del 26 de octubre pasado sólo ganó en 7.

Es una contracción difícil de explicar. El ex senador bonaerense Juan José Amondarain, en un excelente artículo publicado en diciembre pasado ( ), propone una lectura. Él sostiene que en el país ha surgido un nuevo consenso a favor de un orden ortodoxo para la macroeconomía. Que ese consenso no expresa una preferencia ideológica ni supone una idolatría en favor de Javier Milei. Es un consenso nacido del sentido común de las masas. Amondarain propone que la principal víctima de esa concepción es el peronismo. Esa fuerza, dice, pasó de ser proveedora de orden, reformas y gobernabilidad entre los años ’80, ’90 y la crisis de 2001, a convertirse en un “partido productor de crisis”.

Es muy prematuro conjeturar sobre la sucesión presidencial de 2027. Pero hay que hacerlo por la sencilla razón de que los dirigentes que gravitan sobre el juego definen su conducta a partir de las hipótesis que se plantean sobre ese futuro. La disputa de poder actual es difícil de comprender si se suprime ese horizonte.

Es muy probable que las elecciones del 26 de octubre pasado hayan sido la última oportunidad para levantar la consigna “kirchnerismo nunca más”. El motivo es que esa organización se ha deshilachado y ya no presta un servicio esencial: funcionar como la amenaza que puede unificar al campo adversario y, de ese modo, dar sentido épico a la escena. El kirchnerismo carece ya de la densidad que requiere siempre un enemigo.

Esta carencia desconcierta, antes que nadie, a La Libertad Avanza. Sobre todo porque Milei ejerce la política con una lógica que no puede prescindir de ese enemigo. Si no lo tiene debe encontrarlo. En estos días tantea a ciegas el entorno. Provoca a Luiz Inacio Lula da Silva. La respuesta es una sutil coreografía. Lula no asistirá, el sábado, a la cumbre de Asunción en la que se firmará el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La excusa es formal: en un comienzo Paraguay, que ejerce la presidencia interina, convocó a una reunión de cancilleres. Eso sí: un día antes, Lula recibirá a Antônio Costa, presidente del Consejo de Europa, y a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en Rio de Janeiro, “para dialogar de cuestiones de la agenda global”. Se ve que siente alguna necesidad de exhibir su liderazgo.

En un ring muy diferente, Milei hostiga a “Chiqui” Tapia y, en especial, a Pablo Toviggino, a quien se atribuye la plataforma Carnaval, desde donde se divulgaron los escandalosos audios de Diego Spagnuolo, referidos a presuntas coimas requeridas por Karina Milei y los primos Menem.

A propósito de Tapia y Toviggino: ellos reclaman que los fondos que han manejado de manera tan desvergonzada, no pertenecen al Estado. Son de la AFA y sus clubes. Es “corrupción entre privados”. Sin embargo, las autoridades de ARCA se estarían haciendo una pregunta elemental: cuando esos recursos de la AFA se destinan a bolsillos de particulares, sea para la compra de caballos de salto o para el alquiler de embarcaciones de lujo, ¿el beneficiario de esos giros, que representan un salario indirecto, paga el correspondiente impuesto a las Ganancias? Es una inquietud razonable.

La situación de Tapia es más delicada. Sobre él cabe plantearse si no habrá incurrido en enriquecimiento ilícito porque, a diferencia de Toviggino y gracias a un decreto de Kicillof, es un funcionario público.

Son minucias. Lo relevante es que el kirchnerismo, en un acelerada retracción, está dejando vacío el lugar del enemigo. Aparece entonces una primera incógnita: ¿el Gobierno registrará esa ausencia? ¿O seguirá confrontando por inercia con una entidad que va adquiriendo la inconsistencia de un fantasma? Hay una segunda incógnita: quién ocupará el lugar del adversario.

Esta reconfiguración de la política conduce a una pregunta sobre la economía. Como siempre sucede, la vida material es la gran generadora de nuevos actores. Sin ir más lejos, se puede observar la trayectoria de Milei. Es imposible imaginar su aparición fuera del irritante contexto inflacionario descripto por Amondarain.

La respuesta a ese enigma es problemática. La situación económica presenta una mejoría significativa desde la llegada de Milei. En 2025 el PBI registró un crecimiento de alrededor de 4,3%. Las exportaciones se expandieron 6% y la inversión se incrementó en un 20%, después de haberse derrumbado un 17% en 2024. El salario real mejoró también para todos los sectores. Un 3% para el privado formal y 12,6% para el informal, que había caído 10,9% en 2024. Este último es un detalle muy sugerente cuando se buscan las razones de por qué los candidatos de Milei vencieron en las elecciones nacionales de la provincia de Buenos Aires. Además, el índice de riesgo país ha ido bajando y se ubica en alrededor de 570 puntos básicos.

Este paisaje no es completo. Hay indicadores que inquietan. Por ejemplo, la industria y la construcción no se recuperan. El incremento del PBI obedece sobre todo a la intermediación financiera, que en 2025 aumentó 22%. La minería lo hizo 7,9%. Y el sector hotelero y gastronómico, 12,2%. El comercio mejoró 5,2%, pero con una salvedad: hay una expansión acelerada de las operaciones on line, como sucede a escala global.

Las consecuencias de este desbalance en términos de empleo es que la cantidad de puestos privados formales no mejoró, sino que tuvo una caída, a pesar del aumento del PBI. Sólo aumenta el número de asalariados no registrados.

El otro dato importante es el grado de apertura que registra la economía. Las importaciones se incrementaron en 2025 un 25,7%. Quiere decir que gran parte de la demanda está satisfecha por una corriente importadora. En conexión con esta circunstancia aparecen las restricciones cambiarias. La falta de dólares sigue siendo un problema central del programa de Milei y Luis Caputo. Se advirtió en el trance del pago de deuda de comienzos de esta semana. El Tesoro no pudo acceder al mercado voluntario de crédito. Debió recurrir a un repo con 6 bancos. Un pequeño detalle: uno de ellos fue el Bank of China. Son los mismos chinos que han comenzado, en un desafío oblícuo a los Estados Unidos, a emitir bonos en dólares. Otro detalle, menos pequeño: se notó que ya no está disponible la chequera de Donald Trump, a la que se había pensado recurrir en octubre. Para la fisiología del oficialismo: no sólo falta Cristina Kirchner, entonces.

El cuadro explica que entre las prioridades del Gobierno comience a estar la compra de reservas, que implica convivir con un peso menos apreciado. Ya se corrigió el régimen de bandas. Pero no se tomó una decisión crucial para la atracción de inversiones: el levantamiento del cepo cambiario para las empresas. Para expertos como Miguel Kiguel esa medida sería más urgente, por ejemplo, que la reforma laboral.

Este relevamiento sintético de la situación material hace juego con la escala de prioridades de la ciudadanía. Según el último estudio de Hugo Haime, esas preocupaciones tienen un aire de familia con las que aparecieron durante el ciclo menemista, cuando ya se advertía un retroceso de la inflación. Hoy la corrupción lidera el ranking con 40%, seguida por problemas económicos: bajos salarios (27%) y pobreza y miseria (23%). Con valores similares aparecen seguridad (21%) junto a Educación (21%) y desocupación (20%). La inflación cayó al 13%.

En esos números podrían estar los insumos de un plan para un nuevo agente político. Es decir: son la materia prima para el surgimiento de un nuevo opositor. Interpelan a Mauricio Macri, quien se resiste a que su partido termine siendo subsumido por LLA. Ese riesgo aparece, sobre todo, en la ciudad de Buenos Aires, que es la colina más preciada. La gestión de Jorge Macri sufre el torniquete fiscal del gobierno nacional, que no termina de normalizar los flujos de la coparticipación. Y ahora se enfrentará a una adversidad judicial.

En una de las últimas reuniones de gabinete de diciembre, el propio jefe de Gobierno anunció a sus colaboradores que se deben preparar para un fallo condenatorio de la Corte Suprema en una causa por corrupción que él arrastra desde su gestión como intendente de Vicente López. El indicio de esa sanción apareció cuando los jueces del máximo tribunal, que están dos a uno en contra de Macri, convocaron a conjueces para dictar el fallo.

Una curiosidad: ¿es por este calvario judicial que se considera conveniente la expulsión de Karina Burijson del equipo municipal? Es una funcionaria que acompaña al alcalde desde los albores de su gestión al otro lado de la General Paz. A esta Karina, también poderosa, le atribuyen una desviación: en el lenguaje de ese maestro del budismo zen que es Daniel Angelici, “la pretensión de cobrar multas a los que cruzan no en rojo, sino en verde”.

La ambivalencia económica también desafía al radicalismo, cuyo naufragio como fuerza nacional contrasta con el dominio de cinco provincias: Santa Fe, Mendoza, Chaco, Corrientes y Jujuy. Un desafío para la nueva conducción de Leonel Chiarella.

Sin embargo, la ecuación económica plantea un acertijo, sobre todo, al peronismo. El reto de los próximos años para el que quiera ocupar el lugar de la alternativa al proyecto de Milei está bastante claro. Y es el que, según Amondarain, debería resolver un PJ renovado. Se trata de incorporar los valores de la estabilización macroeconómica, sobre todo el equilibrio fiscal, pero, al mismo tiempo, ofrecer una voz a las víctimas de esa estabilización. Es decir, formular un programa que se haga cargo de la destrucción del tejido productivo sin ceder a un reflujo inflacionario.

La pregunta se podría formular de esta otra manera: qué fuerza política o qué candidato está en condiciones de enfrentar a Milei sin repudiar los méritos por los que Milei es apreciado, que son sobre todo los de la modernización de la economía. Un primer test para responder este interrogante será la discusión de la reforma laboral. Va a ser interesante identificar a quienes planteen una alternativa o a quienes, sin más, la bloqueen.

Para calibrar la importancia de estas cuestiones ayuda proponer un escenario electoral. Es un ejercicio, mucho más que hipotético, audaz. Formulada esa prevención, se pueden establecer dos premisas para imaginar el futuro. Casi todas las encuestas, empezando por la ya citada de Haime, prevén para 2027 la alta probabilidad de un ballotage. Milei es un caso atípico frente a sus antecesores. En vez de ir deteriorándose desde un momento inicial estelar, él mantiene una popularidad estable. Es un encanto aceptable, pero no le garantiza la reelección sin segunda vuelta, al menos por ahora. Por supuesto, este perfil podría cambiar. En especial si Milei demuestra tener la plasticidad necesaria para asimilar la nueva agenda que va remodelando las preocupaciones del electorado.

La otra premisa es que el kirchnerismo, que en términos conceptuales incluye a Kicillof, podría quedar tercero en una primera vuelta electoral. Es el indicio más elocuente del cambio de época.

Lo que todavía no se sabe es si hay alguien en condiciones de construir el segundo puesto. Alguien con cabeza ortodoxa y corazón productivista. Existe un cuadrante imaginario en el que ese ejemplar exótico podría convertirse en el próximo presidente.

EL CALAFATE.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Daniel Mariani, ordenó que el Poder Judicial se abstenga de liquidar el incremento salarial dispuesto ayer por un sector del tribunal que se encuentra presidido por la vocal Reneé Fernández: la medida, que generó el rechazo de la gobernación, estableció una suba escalonada del 42% hasta octubre, lo que llevaría los sueldos de algunos miembros de la Corte provincial hasta los $24 millones.

Mariani asegura que la medida se tomó sin contar con la mayoría mínima del cuerpo y la decisión es “inexistente y carente de toda validez”.

La resolución dada a conocer hoy deja a la vista el doble comando dentro de un Poder Judicial fragmentado por una profunda crisis político-institucional desatada en agosto del año pasado, cuando la Legislatura aprobó la ampliación del TSJ elevando el cuerpo de cinco a nueve miembros, medida que, salvo Mariani, fue desconocida por los otro cuatro vocales del Tribunal, cercanos al kirchnerismo.

Este miércoles, a primera hora de la mañana, una resolución firmada por Mariani en su carácter de presidente de la Corte provincial, ingresó al sistema informático del TSJ y notificó al sector de Administración General del Poder Judicial que no liquide el aumento de sueldos.

También denunció que el libro de registro de Resoluciones del cuerpo se encuentra retenido y se priva a la Presidencia de acceso al mismo. Por esa razón, sostuvo, la resolución de hoy no cuenta con detalle de tomo, registro y folio.

La medida de Mariani determina que la resolución que dispuso el aumento –con fecha del 30 de diciembre y que se dio a conocer ayer– es nula, dado que no cuenta con el respaldo de quorum necesario y solo lleva la firma de cuatro de los nueve miembros que integran el máximo tribunal.

En agosto pasado, la Legislatura aprobó elevar de cinco a nueve los vocales máximo tribunal provincial. Los cuatro nuevos jueces propuestos por el gobernador Claudio Vidal asumieron en el cargo y formaron una mayoría presidida por Mariani, pero no fueron reconocidos por los cuatro miembros antiguos. La actividad judicial quedó técnicamente bloqueada.

El aumento de 42% acumulativo hasta octubre que se autoasignó el poder judicial y que llevará los sueldos de algunos jueces hasta los 24 millones de pesos generó un fuerte repudio del gobierno provincial. Vidal acusó a los jueces de estar “atrincherados en sus privilegios” después de haber sido “cómplices del saqueo” durante 30 años, en alusión al kirchnerismo.

La pauta salarial para el sector judicial que se conoció ayer establece subas del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026 y del 3% mensual acumulativo entre agosto y octubre, garantizando de antemano una mejora sostenida del poder adquisitivo de los magistrados y funcionarios muy por encima de la inflación proyectada para 2026.

La resolución que dispuso el aumento lleva la firma de solo cuatro –Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta– de los nueve vocales que integran la Corte provincial. Por esta razón, la resolución emitida por Mariani esta mañana asegura que el aumento fue firmado “por un órgano que no está debidamente integrado ni cuenta con la mayoría prevista en la ley orgánica de la justicia y la Ley 3949 (vigente hasta que exista sentencia firma que disponga lo contrario)”.

El 17 de diciembre pasado, los cuatro vocales que ahora dispusieron el aumento de sus sueldos habían declarado inconstitucional la ampliación de la Corte. En ese caso convocaron a un juez subrogante para completar la mayoría de cinco.

Ese fallo fue apelado tanto por los nuevos vocales de la Corte como por la Fiscalía de Estado del Santa Cruz, por lo que la decisión no se encuentra firme.

En la resolución de este miércoles, Mariani también deja asentado que la misma carece de registro “en virtud que los libros de registros de resoluciones se encuentran retenidos y se priva a la Presidencia de acceso a los mismos”.

En octubre pasado, el Tribunal Superior de Justicia quedó atrapado en su propio laberinto. Dos presidentes firmaron como tales en un mismo día, mientras uno (Mariani) tomó la jura de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, la otra (Fernández) ordenó por memorándum dirigido a todos los jueces que se abstengan de acatar las directivas emitidas por el otro presidente.

Desde entonces, la actividad en el máximo órgano judicial de Santa Cruz está trabada y los cuatro vocales cercanos al kirchnerismo intentan bloquear el ingreso de los magistrados propuestos por Vidal en un intento por mantener el poder del máximo órgano judicial de la provincia.

Daniel Mariani y Reneé Fernández son las caras visibles de la escalada del conflicto entre el kirchnerismo y Vidal, que hoy arrojó otra postal de una crisis institucional grave y de final incierto.