Tras el golpe propinado con el rechazo de los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte Suprema, el malestar en el Senado con el Gobierno no se aplaca, sino que, por el contrario, parece ir en aumento con relación al manejo de la administración de Javier Milei con el Poder Judicial.

Ese es el clima que impera en varios despachos de la Cámara alta, en los que señalan con indignación la inacción de un Poder Ejecutivo que, en un año y medio, no avanzó en pasos concretos para llenar más de 200 vacantes judiciales.

Es más, en las usinas legislativas más refractarias al Gobierno se tejen teorías conspirativas sobre una supuesta maniobra intencional que tiene por objetivo vaciar a cuentagotas el Poder Judicial hasta reducirlo a un funcionamiento mínimo. Los que así piensan citan el caso de la Auditoría General de la Nación (AGN) que, ante la imposibilidad de poder designar al menos a uno de los seis auditores que nombra el Congreso, el oficialismo prefirió vaciarla a partir de dejar que vencieran los mandatos de todos sus miembros.

Si bien es cierto que la mayoría de las vacantes existían antes de que asumiera Milei la Presidencia, también es verdad que desde el 10 de diciembre de 2023 el Gobierno ha dejado que se incrementaran los cargos judiciales que han ido quedando desiertos. Hoy son 184 solo los cargos de jueces nacionales y federales sin cubrir. La cifra se incrementa hasta romper la barrera de los 200 si se cuentan fiscalías y defensorías oficiales.

“No estamos hablando ya de altos cargos judiciales, como los de la Corte, sino de la justicia de la gente, la de los juzgados federales, la que imparte el orden que el propio Gobierno dice que quiere establecer. ¿Estos [cargos] también van a tener que esperar hasta el año que viene?”, se quejó un senador de la oposición dialoguista, molesto porque el Gobierno, en su reacción tras la derrota legislativa por la Corte, anunció que iba a esperar hasta después de las elecciones antes de hacer un nuevo intento por completar los sitiales vacíos en el máximo tribunal.

En los 16 meses que lleva Milei al frente del Poder Ejecutivo, solo ha enviado a la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), un puñado de pliegos judiciales, tan pocos que se pueden contar con los dedos de las manos. Los únicos destinados a cubrir vacantes fueron los de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, remitidos en mayo del año pasado y rechazados por la Cámara alta en marzo.

Por el contrario, apenas dos días después de haber asumido, con la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Poder Ejecutivo solicitó el retiro de 62 pliegos judiciales remitidos por la administración de Alberto Fernández y que habían quedado sin tratamiento en el Senado, algunos bloqueados por la oposición, pero otros por el propio oficialismo kirchnerista. En ese paquete se encontraba el fallido intento por designar al juez federal Daniel Rafecas como jefe de los fiscales al frente de la Procuración General de la Nación.

“Desde el Ministerio de Justicia analizaremos caso por caso, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei, su jefe de Gabinete y respetando el procedimiento correspondiente para proponer jueces independientes, idóneos, no políticos ni amigos”, rezaba el comunicado de prensa firmado por el jefe de la cartera de Justicia que acompañó el retiro de aquellos pliegos.

Desde aquel lejano 12 de diciembre, el análisis prometido por Cúneo Libarona no ha mostrado avances. Para mayor irritación, en el Senado destacan que a lo largo del año y medio que lleva la gestión libertaria se sucedieron al menos un par de anuncios que dejaron trascender desde la cartera de Justicia que era inminente el envío de los pliegos judiciales a la Cámara alta. Sin embargo, nunca pasaron del trascendido.

“Nada, todas cortinas de humo para tapar o distraer la atención mediática de algún problema de gestión del momento”, masculla bronca un experimentado senador que está siempre atento a la discusión de cargos judiciales y que es, desde el minuto cero, aliado incondicional de todas las propuestas legislativas impulsadas por el Gobierno.

“Típico de Santiago Caputo”, dice otro legislador, en este caso un kirchnerista, que le atribuye al asesor presidencial lo que considera es una estrategia de vaciamiento del Poder Judicial que va en línea con la terquedad que llevó al fracaso de los pliegos de Lijo y de García-Mansilla.

No le faltan argumentos a quienes sospechan de una maniobra intencional. Sobre un total de poco más de mil cargos de jueces a nivel nacional y federal, los juzgados o vocalías en tribunales vacías ya superan las 300. En otras palabras, más del 30% del Poder Judicial se encuentra vacante, sin un magistrado titular designado como establece el mecanismo contemplado en la Constitución Nacional tras la reforma de 1994.

No todo es culpa del Gobierno, ya que el Consejo de la Magistratura todavía no ha avanzado en la realización de los concursos para cubrir 121 cargos, entre ellos muchos juzgados de indudable peso político, como lo cuatro que se encuentran vacantes en Comodoro Py.

Pero la principal responsabilidad descansa en el Poder Ejecutivo y en la cartera de Justicia. Desde que Cúneo Libarona llegó al Ministerio, secundado por Sebastián Amerio, que responde a las directivas de Caputo, el Gobierno retiene en sus manos unas 184 ternas para cubrir otras tantas vacantes en la justicia.

“Tenemos un Gobierno que habla de la Justicia pero que es incapaz de cubrir una vacante, aunque más no sea de un juzgado en Oberá”, se quejó una senadora de la oposición dialoguista, también muy propensa a respaldar las políticas de la Casa Rosada pero cada día un poco más molesta por los desplantes de la administración Milei.

Esta situación se agrava de cara a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal el 11 de agosto en Comodoro Py 2002, donde hay vacantes en todas las instancias y en las fiscalías. Hay preocupación de los fiscales, que se reunieron la semana pasada para reclamar más recursos y la cobertura de las vacantes.

En el fuero Penal económico, en la cámara queda solo dos jueces de seis que integran el tribunal. El presidente de la Cámara, Roberto Hornos, ya pidió que se suspenda la puesta en marcha del nuevo código acusatorio en ese fuero hasta que se cubran las vacantes.

En otros fueros, como el comercial, la preocupación fue en alza la semana pasada, donde la presidenta del cuerpo, Alejandra Tevez, les comunicó a sus funcionarios que estaban al límite. En ese fuero la situación es compleja porque a las vacantes de las vocalías se suman las licencias por enfermedad y las jubilaciones que se prevén, ante la amenaza de que cambie el régimen jubilatorio en el Poder Judicial. De las 18 vocalías, solo hay nueve activas. Con este camino, sin enviar los pliegos al Senado, la Justicia se encamina a una virtual parálisis.