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Crece la polémica por las candidaturas testimoniales: seis intendentes vinculados a Kicillof no asumirían la banca legislativa para la que se postulan

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La implementación de candidaturas testimoniales en el peronismo se revitalizó con el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. La estrategia que el justicialismo implementó en 2009 con nombres como los de Néstor Kirchner (que finalmente asumió la banca de diputado), Sergio Massa o Daniel Scioli, volvió con intendentes y funcionarios que se postulan a cargos que no prevén asumir. Salvo que ahora, en su mayoría, se encolumnan con el gobernador Axel Kicillof.

Existen al menos cuatro casos de jefes comunales del peronismo que se candidatean a concejales, pero seguirán en sus bancas si resultan electos. El número puede ampliarse hasta ocho, si se cuentan cuatro casos más sin confirmación oficial. En total, el peronismo postula como candidatos legislativos a distintos cargos a 14 jefes comunales.

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Seis de estos intendentes disputan la interna peronista del lado del gobernador Kicillof. Se trata de Juan José Mussi (Berazategui), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso) y Mario Secco (Ensenada). En tanto que otros dos jefes comunales, Pablo Zurro (Pehuajó) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) responden políticamente a la expresidenta Cristina Kirchner.

En cambio, habrá seis jefes comunales peronistas que integran las listas legislativas que no serán testimoniales y asumirán las bancas, en caso de ganarlas, y un ministro provincial que también lo hará. No asumiría la actual vicegobernadora Verónica Magario, que se postula a diputada provincial por la tercera sección.

Mario Secco, el intendente de Ensenada que es uno de los candidatos testimoniales del frente Fuerza PatriaSantiago Oróz

En La Libertad Avanza hay dos casos de intendentes que podrían ser testimoniales, pero prometen que tomarán los cargos que les otorguen las urnas. En Somos Buenos Aires, cuatro jefes comunales que se candidatean aseguran que dejarán el gobierno de sus distritos en caso de resultar elegidos legisladores.

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Juan José Mussi, intendente de Berazategui, encabeza la boleta de concejales de Fuerza Patria, pero no asumirá. Desde su entorno recordaron a que, al lanzar la candidatura, explicó que estará al frente de la nómina para que la población sepa cuál es la lista que apoya. “Mis vecinos saben que nunca les miento. Desde que lancé mi lista y mi candidatura a concejal, aclaré que no voy asumir y que es solo para que los ciudadanos de Berazategui sepan cuál es la boleta que apoyo, porque en elecciones legislativas anteriores muchos me manifestaron que hubo confusión”, dijo a medios locales el jefe comunal, que también fue candidato testimonial en 2009, cuando Kirchner implementó la alternativa.

Mussi, el intendente peronista más experimentado de la provincia, transita su sexto mandato (segundo consecutivo) en el municipio; el primero lo ganó en 1987.

Juan José Mussi, intendente de Berazategui

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, tampoco ocupará una banca de concejal. Es candidato testimonial al frente de la boleta de Fuerza Patria. Según pudo saber , intentará plebiscitar su gestión, pero sin asumir la concejalía.

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Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y uno de los principales impulsores de Axel Kicillof en el peronismo, también es candidato testimonial. Encabeza la lista de concejales y no asumirá.

El mismo tenor tiene la candidatura de Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, alineado con Cristina Kirchner, aunque rechazó el mote de “testimonial” para su postulación en el primer lugar de la lista de ediles. “No soy testimonial, no soy falso, no voy a ir al Concejo Deliberante”, dijo en declaraciones al medio local Diario Noticias Pehuajó. “Voy a ser parte con mi prestigio, con mi invicto [electoral], con el agradecimiento a Pehuajó y con las obras”, agregó.

Jorge Ferraresi, intendente de BerazateguiX

Aunque mantuvieron silencio ante la consulta de , fuentes del peronismo indicaron que los intendentes Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y Andrés Watson (Florencio Varela), que encabezan las boletas de concejales en sus municipios, tampoco asumirán. Los tres están alineados con Kicillof. La misma situación testimonial se aplicaría a Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), enrolado con Cristina y cabeza de la lista local de concejales.

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Entre los candidatos de Fuerza Patria a la Legislatura bonaerense se encuentran intendentes con mandato vigente hasta 2027 y también funcionarios. Todos prometen asumir. Consultados por , señalaron que asumirán sus bancas, en caso de resultar electos, Diego Nanni (intendente de Exaltación de la Cruz y candidato a diputado por la segunda sección electoral), Alejandro Acerbo (intendente de Daireaux y candidato a diputado por la sexta sección) y Marcos Pisano (intendente de Bolívar y candidato a senador por la séptima sección). Germán Lago, intendente de Alberti y candidato a senador por la cuarta sección, dijo en los últimos días a Radio Provincia que, si resulta electo, va a “asumir con muchísima responsabilidad”.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, confirmó que tomará el cargo de diputada provincial por la tercera sección, si la eligen. El mismo camino, indican fuentes del peronismo, será el del intendente Mariano Cascallares (Almirante Brown), candidato a diputado en la misma sección.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, dejará ese cargo y asumirá la banca de senador provincial por la primera, indicó a una fuente del PJ cercana al funcionario. Es el primer candidato de la boleta.

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En La Libertad Avanza hay dos casos de intendentes que podrían ser testimoniales, pero prometen que tomarán los cargos que les otorguen las urnas. En Somos Buenos Aires, cuatro jefes comunales que se candidatean aseguran que dejarán el gobierno de sus distritos en caso de resultar elegidos legisladores.

Los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza que tienen mandatos como intendentes o legisladores hasta 2027 asumirán sus bancas, en caso de obtenerlas. El espacio lleva a dos intendentes como candidatos, que dejarán sus municipios. Diego Valenzuela (intendente de Tres de Febrero) irá al Senado provincial (se postula por la primera sección), al igual que Guillermo Montenegro (intendente de General Pueyrredón), candidato a senador por la quinta sección.

En estos dos casos, la incógnita parece ser otra: ¿se mantendrán en sus bancas si, tras la elección, Javier Milei los convoca al gabinete nacional?

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Diego Valenzuela, intendente de Tres de FebreroSantiago Filipuzzi

En la tercera sección, la boleta de diputados provinciales que encabeza el excomisario Maximiliano Bondarenko incluye, en el sexto lugar, a la concejala de Almirante Brown con mandato hasta 2027 Leticia Bontempo, quien aseguró a que asumirá en la Legislatura si resulta electa. Se eligen 18 diputados provinciales en esa sección.

Britos y Zamora, junto a Juan Zabaleta, en un encuentro en TigreX

La alianza Somos Buenos Aires (que aglutina a sectores del peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y el GEN, entre otras fuerzas) tiene a cuatro intendentes entre los candidatos a senadores. Son Julio Zamora (Tigre, candidato por la primera sección); Pablo Petrecca (Junín) y Guillermo Britos (Chivilcoy), ambos candidatos por la cuarta sección, y Maximiliano Suescun (Rauch, candidato por la quinta sección). Todos ellos informaron a que asumirían en las bancas. “Si soy electo, asumo, con el compromiso de volver al municipio si me necesitan”, aclaró Britos.


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Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo

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Tras 16 años de trámite, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una demanda colectiva por el ajuste de las jubilaciones y volvió a exigir al Congreso Nacional que nombre al Defensor del Pueblo, cargo que está vacante desde hace más de 15 años.

El máximo tribunal también exhortó al Congreso a legislar sobre los procesos colectivos para darles un camino legal.

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Lo hizo al rechazar la demanda contra el Estado nacional que en 2009 había impulsado Eduardo Mondino, el entonces Defensor del Pueblo, para que a través de un amparo colectivo se hicieran extensivos los alcances del “Caso Badaro”, a todos los haberes de jubilados y pensionados.

El argumento fue que el Defensor del Pueblo no tiene legitimación y cambiaron las circunstancias en estos años.

El camarista Juan Fantini, integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, afirmó ante el fallo: “El fallo era necesario; salió a destiempo, 16 años después; como no se cubre desde hace décadas el cargo de defensor del pueblo y como, en el medio, hubo una reparación histórica, hoy no se puede más que rechazar el planteo”.

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En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que en el trámite que insumió la demanda no solo se habían establecido pautas en la Corte sobre los procesos colectivos sino que, además, una ley había intentado dar respuesta a los jubilados en sintonía con el fallo Badaro.

Por eso, la Corte Suprema sostuvo que el amparo no era la vía admisible sino que, además, ya no estaba claro cuál era el alcance del grupo afectado.

“Corresponde reiterar la exhortación formulada en Fallos: 339:1077 y Fallos: 339:1562 al Congreso de la Nación para que cumpla con su deber constitucional plasmado en el art. 86 y designe al Defensor del Pueblo de la Nación”, dijo la Corte.

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Asimismo, reiteró la Corte lo que ya había dicho hace 15 años en el caso “Halabi” al Congreso de la Nación para que “se sancione una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos”.

Con las mismas exhortaciones, por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti opinó que “la extensa demora en la resolución de esta causa se debió, fundamentalmente, a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación”.

Y agregó que la Defensoría del Pueblo no tenía legitimación para representar colectivamente a los jubilados afectados.

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Según señaló, “la regla es que los titulares de un derecho a la movilidad jubilatoria pueden accionar individualmente ante la omisión del cumplimiento por parte del Estado y “por consiguiente, el Defensor del Pueblo de la Nación no tiene legitimación para sustituirlos en cuestiones patrimoniales, ya que no hay ninguna ley que así lo establezca”.

También afirmó que los afectados era “personas que no se encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes previsionales” y que “pueden eventualmente ejercer individualmente las acciones que estimen pertinentes en procura de la protección de su derecho a la movilidad previsional frente a las omisiones aquí denunciadas por el pretensor”.

Adolfo Badaro era un conductor de buques que se jubiló en el año 1983 y fue a los tribunales sosteniendo que con la ley de Solidaridad Previsional de 1995 su jubilación había quedado desactualizada, la crisis del fin de la convertibilidad había afectado su ingreso y los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo – con posterioridad a la crisis de 2002- solo tenían repercusión para los jubilados que cobraban la mínima.

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En su demanda, la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Solidaridad Previsional (que contenía las pautas de movilidad) y ordenó el reajuste del haber jubilatorio del actor a partir del 1 de abril de 1995 según el valor Módulo Previsional.

Tanto el jubilado como la ANSES apelaron y en 2006 el caso llegó a la Corte Suprema, que revocó la sentencia y estableció que era un deber del Poder Legislativo reglamentar la garantía de movilidad jubilatoria, fijando un índice de actualización.

El Gobierno de entonces consiguió sancionar la Ley 26.198 que, entre otros puntos, otorgó un aumento del 13%, a ser percibido por todos los jubilados, pero Badaro volvió a ir a la Corte Suprema por entender que esa nueva ley no cumplía con las pautas fijadas por el máximo tribunal en lo relacionado con la comprensión y alcance de la garantía de la movilidad.

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La Corte entonces declaró la inconstitucionalidad del artículo 7°, inciso 2° de la ley 24.463 y estableció, ella misma, las pautas de movilidad: dispuso que la prestación de Badaro se ajuste, a partir del 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Para ese momento, en los tribunales previsionales se agolpaban presentaciones de otros jubilados que estaban en la misma situación inicial que Badaro.

Y el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, en nombre del universo de todos los jubilados y pensionados, promovió una acción de amparo con el objeto de que se condenara al Estado Nacional a adoptar las medidas adecuadas para el cese de la omisión en que habría incurrido al no conceder a las jubilaciones y pensiones la movilidad garantizada por la Constitución Nacional.

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En aquella presentación, solicitó que se dispusiera un ajuste por movilidad en beneficio de los jubilados y pensionados que se encontraban en la misma situación previsional que la examinadas en el caso Badaro.

Ahora, en un voto conjunto, los jueces Rosatti y Rosenkrantz explicaron que a la hora de decidir había que considerar una serie de circunstancias que habían sucedido a lo largo del “largo trámite” de la causa: el desarrollo de los recaudos del proceso colectivo, la vacancia del cargo de Defensor del Pueblo de la Nación y la sanción del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, ley 27.260 (“Ley de Reparación Histórica”) “que tienen un impacto directo a la hora de dictar la presente sentencia”, dijeron.

Según se recordó, la Corte Suprema fijó criterios sobre los procesos colectivos como requisitos para su admisibilidad y trámite.

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Pero la Defensoría del Pueblo nunca pudo evaluarlos: Mondino se fue de ese cargo en 2009 y desde entonces el Congreso Nacional nunca nombró a un sucesor.

“Esta prolongada vacancia en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación — órgano específicamente legitimado para la tutela de los derechos de incidencia colectiva de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional dificultó sin duda alguna el trámite del expediente, pues el demandante no tuvo oportunidad de acomodar la demanda a los recaudos elementales que surgen de los fallos y acordadas mencionados en el párrafo anterior y que resultan condicionantes para que un proceso colectivo sea admisible y, de este modo, pueda ser tramitado”, dijeron Rosatti y Rosenkrantz.

Es más: señalaron que “si aún por hipótesis se siguiera la posición más favorable para el demandante” para dar por cumplidos los recaudos que hacen a la viabilidad del proceso colectivo y a su legitimación, correspondería, de todos modos, rechazar la vía del amparo” por entender que no era el “carril adecuado” para encausar el planteo.

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A este escenario, dijeron Rosatti y Rosenkrantz, había que sumar otros dos frentes: los afectados que promovieron demandas individuales y tuvieron éxito en estos años, y la sanción de la ley que envió al Congreso el Gobierno de Mauricio Macri de reparación histórica, que buscaba sanear la situación abierta con el fallo Badaro, en donde se dispuso que la movilidad del haber previsional para el período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 debía calcularse con el índice salarial del INDEC para aquellos que adhirieran al programa establecido por esa ley (que incluía la renuncia a reclamos judiciales).

“De lo expuesto surge que la sanción de la Ley de Reparación Histórica modificó las circunstancias existentes en el momento de la promoción de la presente acción, pues el demandado ha ofrecido a cierto universo de beneficiarios la posibilidad de adherirse a un programa para satisfacer en los términos allí fijados el derecho que se intenta hacer valer a través de esta acción”, señalaron Rosatti y Rosenkrantz.


Hernán Cappiello,Conforme a

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Kicillof reconoció que analizó ser candidato testimonial en las elecciones bonaerenses: “La dirigencia tiene que poner el cuerpo”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reveló que analizó ser candidato testimonial en las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre. “Me lo ofrecieron, estuve dispuesto a serlo porque sé lo que está en juego. La dirigencia política tiene que poner el cuerpo, dentro de lo legal”, afirmó el mandatario.

En la misma línea, Kicillof hizo hincapié en su compromiso con la campaña. “Me la estoy cargando al hombro, como si lo fuera”, aseguró en diálogo con CNN Radio en referencia a la posibilidad trunca de haber integrado una lista.

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“A nadie le va bien con Milei, con excepción de grupos minúsculos. Ante esta situación de mucha gravedad, hay que ponerse al frente”, subrayó. Y remarcó: “Está en peligro la democracia”.

La campaña bonaerense está polarizada entre Javier Milei y Axel Kicillof. (Foto: AFP/Gobierno PBA).

En otro tramo de la entrevista, el Gobernador apuntó contra el Presidente: “Estamos en un momento que si Milei gana las elecciones lo que va a hacer es de una gravedad que me complica contarlo”.

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Además, se refirió al escándalo por presuntas coimas en la ANDIS: “Se vienen acumulando hechos, denuncias, algunas muy escandalosas. Soy respetuoso porque no me gusta que me lo hagan a mí como lo hicieron y no quiero con temas judiciales en medio de una campaña andar tirando de más”.

“Al Gobierno se le están viendo las costuras. Es un plan económico que se aplicó varias veces en la Argentina, el de estabilización, de ajuste. Es el de la tablita de Martínez de Hoz”, indicó Kicillof. “Esto ya pasó”, sentenció.

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“No es la única manera de estabilizar la inflación, destruir la historia y los salarios de la gente. Si no hay guita en el bolsillo la inflación deja de existir, es obvio. Pero no es el camino”, explicó. Aunque aclaró: “Tuvimos 4 años de gobierno anteriores a Milei que fueron muy desafortunados”.

“Veo a un Gobierno muy nervioso, se nota cuando hablan. Y tiene razones, porque no encuentran explicación para este hecho de público conocimiento (en referencia a la investigación por presuntas coimas en la ANDIS). Estuvieron 4 días callados y eso que tienen un ejército de tuiteros”, expresó el mandatario bonaerense.

“Tiene que ir a consensuar, en vez de hacer barbaridades. Va contra todo, contra la soberanía nacional. Es un desastre lo que está haciendo”, sentenció Kicillof.

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Axel Kicillof, Elecciones, Candidaturas

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La justicia electoral castigó a un partido por hacer publicidad encubierta

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La Cámara Nacional Electoral confirmó la sanción a un partido político que contrató espacios radiales y televisivos para hacer campaña electoral encubierta como entrevistas periodísticas.

Se trata del Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal. La Cámara Electoral se pronunció sobre su apelación contra la sanción impuesta en primera instancia por violaciones al régimen de publicidad electoral en las elecciones primarias de 2023.

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El castigo por esa falta es no recibir fondos públicos por una elección y rechazar su declaración de gastos de campaña del 2023.

El Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal realizó contrataciones de espacios en radio y televisión que fueron presentados como entrevistas periodísticas, pero que en realidad constituyeron publicidad electoral paga.

El tribunal electoral destacó que esta práctica no sólo viola directamente la prohibición de adquirir tiempo en radio y televisión para promoción electoral, sino que genera múltiples efectos perjudiciales asociados.

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Por ejemplo, dijo la Cámara, daña la transparencia y equidad de las campañas, otorga ventajas indebidas y alimenta la desinformación al inducir a error a los electores sobre el carácter de la comunicación.

En este sentido, la regulación legal de las campañas electorales propicia que todos los partidos políticos y candidatos tengan acceso a los medios de comunicación y sean tratados en igualdad de condiciones.

Por eso, una distribución más equitativa de los espacios en radio y televisión favorece a quienes tienen menores posibilidades, a los partidos emergentes y a quienes disienten de los oficialismos partidarios, destacó el tribunal.

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En el caso, el partido alegó en su defensa que se vio obligado a estas contrataciones por problemas técnicos con los espacios gratuitos asignados por la Dirección Nacional Electoral, y argumentó que se trató de “un servicio de difusión a través de periodistas particulares” y no de publicidad electoral propiamente dicha.

Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral rechazó estos argumentos, señalando que la concertación dirigida a utilizar una actividad periodística para promover candidaturas, encubriendo su carácter oneroso, no solo lesiona la regulación legal sino que “agrava la entidad de la ilicitud cometida”.

La sentencia, firmada por unanimidad por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, establece que la propaganda encubierta lesiona el principio del voto informado, ya que los ciudadanos requieren información completa e imparcial para tomar decisiones electorales.

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Los jueces lo consideraron un “fraude a la ley”, por tratarse de “propaganda encubierta”.

Entre los elementos probatorios que confirmaron la infracción, se identificaron facturas explícitas bajo rubros como “Publicidad para campaña de Diputados del Partido Demócrata Cristiano” en diversos medios radiales y televisivos.

Por eso, destacó que más allá de los elementos que podría requerir la acreditación de publicidad electoral encubierta cuando no se encuentra verificado un pago (ya sea porque no se produjo o porque se lo hizo subrepticiamente) en el presente caso, la adquisición de los espacios en radio y televisión está fuera de duda.

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La Cámara también advirtió sobre los desafíos que presentan las redes sociales y plataformas digitales, donde las posibilidades de realizar publicidad encubierta “se multiplican exponencialmente”.

En este sentido, señaló que la creación y coordinación de cuentas falsas, la contratación de “influencers”, “streamers” o “creadores de contenido”, la promoción paga disfrazada de contenido orgánico, el uso de inteligencia artificial y otras herramientas para influir −o manipular− las deliberaciones político electorales, generan posibilidades de propaganda más opacas y, a menudo, más potentes que las de algunos medios tradicionales.

En ese contexto, la sentencia reseña una serie de iniciativas que el Tribunal viene impulsando desde el año 2018, para mitigar los efectos perjudiciales que las nuevas formas comunicacionales pueden generar sobre la transparencia y equidad del proceso electoral.

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La resolución confirmó la desaprobación del informe final de campaña y la pérdida del derecho a recibir fondos para financiamiento público de campañas electorales por una elección.


Hernán Cappiello,Justicia Federal,Elecciones 2025,Conforme a,,Fentanilo contaminado: el oficialismo busca trabar la creación de una comisión investigadora en Diputados,,¿Triunvirato o un solo jefe? La CGT activa el proceso de renovación de autoridades con el desafío de evitar una fractura,,»No sería Presidente». Kicillof reaccionó ante la denuncia de fraude electoral lanzada por Milei,Justicia Federal,,Fentanilo contaminado. “Tengo 30 trabajadores al borde del suicidio” y otras frases del dueño del laboratorio ante el juez,,Presuntas coimas: es preciso conocer toda la verdad,,“Una incógnita”. La Mesa de Enlace espera que el Gobierno defina el rumbo del INTA

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