POLITICA
Crece la polémica por las candidaturas testimoniales: seis intendentes vinculados a Kicillof no asumirían la banca legislativa para la que se postulan
La implementación de candidaturas testimoniales en el peronismo se revitalizó con el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. La estrategia que el justicialismo implementó en 2009 con nombres como los de Néstor Kirchner (que finalmente asumió la banca de diputado), Sergio Massa o Daniel Scioli, volvió con intendentes y funcionarios que se postulan a cargos que no prevén asumir. Salvo que ahora, en su mayoría, se encolumnan con el gobernador Axel Kicillof.
Existen al menos cuatro casos de jefes comunales del peronismo que se candidatean a concejales, pero seguirán en sus bancas si resultan electos. El número puede ampliarse hasta ocho, si se cuentan cuatro casos más sin confirmación oficial. En total, el peronismo postula como candidatos legislativos a distintos cargos a 14 jefes comunales.
Seis de estos intendentes disputan la interna peronista del lado del gobernador Kicillof. Se trata de Juan José Mussi (Berazategui), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso) y Mario Secco (Ensenada). En tanto que otros dos jefes comunales, Pablo Zurro (Pehuajó) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) responden políticamente a la expresidenta Cristina Kirchner.
En cambio, habrá seis jefes comunales peronistas que integran las listas legislativas que no serán testimoniales y asumirán las bancas, en caso de ganarlas, y un ministro provincial que también lo hará. No asumiría la actual vicegobernadora Verónica Magario, que se postula a diputada provincial por la tercera sección.
En La Libertad Avanza hay dos casos de intendentes que podrían ser testimoniales, pero prometen que tomarán los cargos que les otorguen las urnas. En Somos Buenos Aires, cuatro jefes comunales que se candidatean aseguran que dejarán el gobierno de sus distritos en caso de resultar elegidos legisladores.
Juan José Mussi, intendente de Berazategui, encabeza la boleta de concejales de Fuerza Patria, pero no asumirá. Desde su entorno recordaron a que, al lanzar la candidatura, explicó que estará al frente de la nómina para que la población sepa cuál es la lista que apoya. “Mis vecinos saben que nunca les miento. Desde que lancé mi lista y mi candidatura a concejal, aclaré que no voy asumir y que es solo para que los ciudadanos de Berazategui sepan cuál es la boleta que apoyo, porque en elecciones legislativas anteriores muchos me manifestaron que hubo confusión”, dijo a medios locales el jefe comunal, que también fue candidato testimonial en 2009, cuando Kirchner implementó la alternativa.
Mussi, el intendente peronista más experimentado de la provincia, transita su sexto mandato (segundo consecutivo) en el municipio; el primero lo ganó en 1987.
Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, tampoco ocupará una banca de concejal. Es candidato testimonial al frente de la boleta de Fuerza Patria. Según pudo saber , intentará plebiscitar su gestión, pero sin asumir la concejalía.
Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y uno de los principales impulsores de Axel Kicillof en el peronismo, también es candidato testimonial. Encabeza la lista de concejales y no asumirá.
El mismo tenor tiene la candidatura de Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, alineado con Cristina Kirchner, aunque rechazó el mote de “testimonial” para su postulación en el primer lugar de la lista de ediles. “No soy testimonial, no soy falso, no voy a ir al Concejo Deliberante”, dijo en declaraciones al medio local Diario Noticias Pehuajó. “Voy a ser parte con mi prestigio, con mi invicto [electoral], con el agradecimiento a Pehuajó y con las obras”, agregó.
Aunque mantuvieron silencio ante la consulta de , fuentes del peronismo indicaron que los intendentes Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y Andrés Watson (Florencio Varela), que encabezan las boletas de concejales en sus municipios, tampoco asumirán. Los tres están alineados con Kicillof. La misma situación testimonial se aplicaría a Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), enrolado con Cristina y cabeza de la lista local de concejales.
Entre los candidatos de Fuerza Patria a la Legislatura bonaerense se encuentran intendentes con mandato vigente hasta 2027 y también funcionarios. Todos prometen asumir. Consultados por , señalaron que asumirán sus bancas, en caso de resultar electos, Diego Nanni (intendente de Exaltación de la Cruz y candidato a diputado por la segunda sección electoral), Alejandro Acerbo (intendente de Daireaux y candidato a diputado por la sexta sección) y Marcos Pisano (intendente de Bolívar y candidato a senador por la séptima sección). Germán Lago, intendente de Alberti y candidato a senador por la cuarta sección, dijo en los últimos días a Radio Provincia que, si resulta electo, va a “asumir con muchísima responsabilidad”.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, confirmó que tomará el cargo de diputada provincial por la tercera sección, si la eligen. El mismo camino, indican fuentes del peronismo, será el del intendente Mariano Cascallares (Almirante Brown), candidato a diputado en la misma sección.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, dejará ese cargo y asumirá la banca de senador provincial por la primera, indicó a una fuente del PJ cercana al funcionario. Es el primer candidato de la boleta.
En La Libertad Avanza hay dos casos de intendentes que podrían ser testimoniales, pero prometen que tomarán los cargos que les otorguen las urnas. En Somos Buenos Aires, cuatro jefes comunales que se candidatean aseguran que dejarán el gobierno de sus distritos en caso de resultar elegidos legisladores.
Los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza que tienen mandatos como intendentes o legisladores hasta 2027 asumirán sus bancas, en caso de obtenerlas. El espacio lleva a dos intendentes como candidatos, que dejarán sus municipios. Diego Valenzuela (intendente de Tres de Febrero) irá al Senado provincial (se postula por la primera sección), al igual que Guillermo Montenegro (intendente de General Pueyrredón), candidato a senador por la quinta sección.
En estos dos casos, la incógnita parece ser otra: ¿se mantendrán en sus bancas si, tras la elección, Javier Milei los convoca al gabinete nacional?
En la tercera sección, la boleta de diputados provinciales que encabeza el excomisario Maximiliano Bondarenko incluye, en el sexto lugar, a la concejala de Almirante Brown con mandato hasta 2027 Leticia Bontempo, quien aseguró a que asumirá en la Legislatura si resulta electa. Se eligen 18 diputados provinciales en esa sección.
La alianza Somos Buenos Aires (que aglutina a sectores del peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y el GEN, entre otras fuerzas) tiene a cuatro intendentes entre los candidatos a senadores. Son Julio Zamora (Tigre, candidato por la primera sección); Pablo Petrecca (Junín) y Guillermo Britos (Chivilcoy), ambos candidatos por la cuarta sección, y Maximiliano Suescun (Rauch, candidato por la quinta sección). Todos ellos informaron a que asumirían en las bancas. “Si soy electo, asumo, con el compromiso de volver al municipio si me necesitan”, aclaró Britos.
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POLITICA
La CGT enfrenta una reforma laboral con cambios que no alcanzan y una movilización llena de riesgos
La CGT reaccionó en silencio ante los cambios en la reforma laboral anunciados por Patricia Bullrich. No hubo elogios, obviamente, pero tampoco críticas a ese combo de modificaciones que deja a salvo (pero no tanto) las arcas sindicales a través del mantenimiento limitado de las cuotas solidarias y la eliminación de la rebaja a las contribuciones patronales para las obras sociales.
“Los cambios no nos conforman y seguimos negociando”, admitió un jefe cegetista a Infobae pocas horas antes de una suerte de “supermiércoles” en el que todo indica que se aprobaría la reforma laboral en el Senado y que la zona del Congreso será un termómetro del malestar sindical por el proyecto de Javier Milei.
¿Lo que anunció Bullrich fue fruto de acuerdos con la CGT o un gesto unilateral del Gobierno hacia el poder sindical? El hermetismo de los gremialistas es muy sugestivo. El oficialismo hizo concesiones ante algunos reclamos cegetistas, sobre todo al mantener intactos los fondos para las obras sociales y sostener las cuotas solidarias, aunque seguirán igual que ahora hasta 2028 (luego dejarán de ser obligatorias y no podrán cobrarse sin el consentimiento de los trabajadores) y el descuento no podrá superar el tope del 2% de los salarios.
Otro alivio para la CGT es la eliminación del artículo que quitaba la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical. El nuevo texto, de todas formas, no contempla lo que prevé la ley actual: la recaudación también de “otros aportes”, que abarca a las cuotas solidarias.
Pese a sus reclamos, la CGT no logró quitar del proyecto ni suavizar la estricta reglamentación del derecho de huelga, la obligación de pedir autorización para realizar asambleas sindicales en los lugares de trabajo ni el tope de 10 horas mensuales pagas a los delegados para realizar actividades gremiales, entre otros puntos.
Los planteos de la CGT, además, tampoco se reflejaron en los anuncios de Bullrich sobre la ultraactividad de los convenios (se buscaba que no se cayeran al vencimiento, sino que existiera un período para renegociarlos) y la prelación de los convenios por empresa (aspiraba a que que esos acuerdos no rompieran el piso convencional establecido por los sindicatos con personería).
Toda la civilizada oposición que mostraron los líderes cegetistas ante el avance de la reforma laboral contrastó con la violencia verbal de algunos dirigentes ultraopositores como Rodolfo Aguiar, líder de ATE (“los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte”) y Daniel Yofra, titular de Aceiteros (“vamos a prender fuego el país a través de una huelga por tiempo indeterminado”).
Las repudiables amenazas de ambos dirigentes le darán un contexto inquietante a la movilización de esta tarde ante el Congreso, convocada por la CGT para descomprimir el malestar interno, pero que mostrará en la calle un abanico de posturas radicalizadas que hacen temer una postal semejante a la que soportó Mauricio Macri en 2017 con el debate legislativo sobre la reforma previsional.
¿Funcionará a pleno el aparato sindical para llenar la calle de manifestantes? La anterior concentración contra la reforma laboral, que se hizo el 18 de diciembre en la Plaza de Mayo, mostró una convocatoria poco contundente. Ahora, el clima adverso contra el proyecto oficial es mucho mayor en las filas sindicales, aunque también creció en la CGT el temor a hechos de violencia y a los reclamos de un “paro general ya” de los sectores duros que incomodaría a los dialoguistas de la central obrera que hablan (y seguirán hablando) con el Gobierno.
La actitud de la CGT ante la administración Milei causa debates internos sugestivos. En la última reunión del Consejo Directivo, un líder dialoguista propuso una movilización contra la reforma laboral y descartó un paro general: “El último que hicimos, en mayo, no fue tan bueno”. Y despotricó contra algunos colegas que “hacen un acting de combativos, se graban proponiendo paros de 24 o 48 horas y después no hacen las huelgas”.
El dilema de la CGT es qué hacer para que la crisis profunda que atraviesa el sindicalismo no ponga en evidencia una pérdida de poder sin precedentes. Aun está abierta la herida en el orgullo sindical que dejaron algunos gobernadores que no les contestaron los llamados a los líderes cegetistas o cancelaron sus audiencias con ellos, como sucedió hace una semana.
Algunos gestos del sindicalismo dejan al desnudo la impotencia por no haber podido sumar apoyos políticos suficientes a su rechazo a la reforma laboral del Gobierno. Por eso los irresponsables dichos de Aguiar y Yofra o los inexplicables paros que los sindicatos aeronáuticos harán este miércoles, de 15 a 18, en Aeroparque y Ezeiza, y los metrodelegados concretarán en los subtes de 21 a 23.30: ¿perjudicar a los pasajeros influirá de alguna forma en la votación de la reforma laboral en el Senado?
Es quizás la mejor publicidad favorable que podrían hacerle a la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales que promueve el Gobierno.
Cambios en la reforma laboral que no alcanzan, una movilización callejera llena de riesgos y dirigentes que generan un clima violento o castigan a la gente común son algunas de las piezas de este rompecabezas del sindicalismo que parece imposible de armarse.
Mañana, miércoles 11 de febrero, la Confederación General de Trabajo (CGT) convocó una movilización contra el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a los grupos gremiales de esta área informó que hará paro durante la jornada. En este sentido, muchos usuarios se preguntan cómo funcionarán los subtes durante la jornada.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro publicó un comunicado en el cual se expresa en relación al paro de mañana e indica que el cese de actividades en el subte será a partir de las 21. Este se extenderá hasta el cierre de la jornada, que en la mayoría de las líneas es entre las 23 y 23.30.
Según confirmó con fuentes de la Unión de Transporte Argentina (UTA) ―el gremio que nuclea los choferes de colectivos―, esta se adhiere a la marcha de la CGT y se movilizará este miércoles hacia la Plaza de los Dos Congresos. De todos modos, a diferencia de otros sindicatos de transporte, no llevará adelante un paro durante la jornada. Esto quiere decir que este miércoles se podrá viajar en colectivo en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
La movilización de la central obrera se dará el mismo día en que el proyecto de ley oficialista será tratado en el Senado. La protesta principal se concentrará en la Plaza de los Dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de las 15. Jorge Sola, secretario general del Seguro y uno de los jefes de la CGT, anunció la medida, destacando su carácter “contundente y multitudinaria”.
Además, se realizarán movilizaciones similares en las sedes de las casas de gobierno en diversas provincias del país, replicando el rechazo a la iniciativa que consideran perjudicial para los trabajadores.
En principio, este miércoles hay trenes en el AMBA. Esto se debe a que el gremio ferroviario La Fraternidad aún no se pronunció sobre la marcha de la CGT y si se adhiere al paro de transporte que convocó la CATT.
Vale recordar que hasta el 28 de febrero inclusive el ramal Tigre del Tren Mitre se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre. En tanto, los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre tiene recorrido limitado, puesto que no llegan a la estación Retiro.
En tanto, el servicio Cañuelas-Lobos de la línea Roca se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías. Por su parte, el ramal Dr. Saénz-M.C.G. Belgrano del tren Belgrano Sur circula con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano por obras.
Por su parte, este miércoles también habrá colectivos en el AMBA. Según informó la Unión de Transporte Argentina (UTA) a , el gremio se adhiere a la movilización de la central obrera y marchará a la Plaza de los Dos Congresos, pero no llevará a cabo un paro.
Los gremios del transporte convocaron a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneo. Así lo confirmó Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CATT, en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Directivo.
En cuanto al paro de transporte, detalló que las actividades que nuclea la Confederación “se van a organizar de manera conveniente”. Según APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), habrá medidas de fuerza entre las 15 y las 18 horas en Ezeiza y Aeroparque, por lo que “estará afectada la operatoria”.
a Confederación General de Trabajo (CGT) convocó una movilización,Según confirmó LA NACION con fuentes de la Unión de Transporte Argentina (UTA),hasta el 28 de febrero inclusive el ramal Tigre del Tren Mitre se encuentra interrumpido,Según informó la Unión de Transporte Argentina (UTA) a LA NACION,Agenda,Paro de transporte,Marcha de la CGT,,Paro de transporte. ¿Hay trenes mañana, miércoles 11 de febrero?,,Medida de fuerza. ¿Hay paro del transporte y ATE mañana, miércoles 11 de febrero?,,Marcha la CGT. ¿Hay colectivos este miércoles 11 de febrero?,Agenda,,Marcha la CGT. ¿Hay colectivos este miércoles 11 de febrero?,,Qué se sabe. Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos en el interior este miércoles 11 de febrero,,Paro de transporte. ¿Hay trenes mañana, miércoles 11 de febrero?
POLITICA
El Gobierno retiró el proyecto para bajar la edad de imputabilidad: lo modificará a los 14 años
El Gobierno decidió modificar el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil enviado al Congreso este lunes, luego de que la iniciativa original estableciera la punibilidad de menores a partir de los 13 años, un punto que no coincidía con el acuerdo alcanzado con la oposición. La nueva propuesta fijará la edad de imputabilidad en 14 años y será enviada nuevamente este martes para su tratamiento en comisiones.
Según fuentes de La Libertad Avanza, “hubo una desinteligencia”. “No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, señalaron desde el oficialismo nacional.
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La estrategia del oficialismo prevé definir primero la composición de las comisiones clave: Familias, Niñez y Juventudes, y Justicia, cuyos encuentros están programados para este martes. La reunión de comisiones con todas las áreas involucradas se realizará el miércoles, y la sesión plenaria en Diputados se concretaría el jueves al mediodía.
El proyecto asigna $23.739 millones para implementar el nuevo régimen, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, e incluye la posibilidad de convenios con provincias para la construcción de nuevas instalaciones.
En cuanto al contenido, establece penas diferenciadas para menores, con un máximo de 15 años de prisión para delitos graves, priorizando la reinserción social. Los menores de hasta 15 años imputados podrán recibir privación de libertad, pero con acceso a educación, atención médica, programas de tratamiento y asistencia psicológica. Para infracciones menores, se prevén sanciones no privativas, tareas comunitarias y reparación del daño.
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